Nacional

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 18:28

Murillo amenaza con procesos e intervención de bloqueos ‘en cualquier minuto’

Algunos ministros del gabinete de Jeanine Áñez ofrecieron una rueda de prensa en la ciudad de Cochabamba para pedir que las organizaciones sociales dejen de bloquear para dar paso a los insumos médicos varados en las vías.

/ 7 de agosto de 2020 / 10:47

Arturo Murillo y Yerko Núñez, en la conferencia de prensa del jueves.

En conferencia conjunta con otros colegas suyos, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con procesar a alcaldes y dirigentes, de los que dijo que están identificados, que propician bloqueos en distintas carreteras del país.

Habrá “operativos que se harán en cualquier minuto”, afirmó otra vez el funcionario, quien aseguró que en la línea de las protestas se encuentran alcaldes, como la de Vinto, y dirigentes. “Todos los que están identificados, van a ser procesados”, aseguró.

Murillo apuntó especialmente a la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, y a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, de propiciar las movilizaciones, incluso ofreciendo alimentación a los movilizados. “Están haciendo saquear camiones en carretera”, no son solo asesinos que quieren matar gente por falta de medicamentos, sino también ladrones, dijo el ministro.

Adelantó que el Gobierno procesará a las autoridades locales y dirigente que propician las protestas por crímenes de lesa humanidad, sedición y terrorismo. “No perseguimos a políticos, hacemos justicia por el pueblo”, reivindicó Murillo.

Luego, furibundo, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que a los movilizados les interesa más la política que salvar vidas. “Vamos a emplear lo que dice la Constitución: primero la vida, y vamos a cuidar la vida de los bolivianos”, advirtió.

«A los dirigentes y militantes del MAS, dirigidos por Evo Morales y Luis Arce, les interesa más la política y generar caos, pero no salvar vidas. El Gobierno trabaja 24/7 para cuidar la vida de las personas», insistió.

La noche del jueves, el expresidente evo Morales, a quien apunta el Gobierno de organizar las protestas, denunció que la administración de Jeanine Áñez ya tiene listo el decreto para la actuación de las Fuerzas Armadas en los conflictos.

En noviembre del año pasado, ante una situación similar, el Gobierno tuvo que apelar a un decreto, el 4078 luego abrogado, para la intervención de las movilizaciones. La norma había dispuesto inmunidad penal a los militares.

El resultado de la represión en Huayllani, Cochabamba, y Senkata, en El Alto, fue una treintena de fallecidos y decenas de heridos, aunque el Gobierno insistió en que las muertes fueron causadas por los propios movilizados.

“Paremos estos bloqueos que tanto daño le hacen al país”, exclamó Núñez.

Así como están “asaltando camiones, sean valientes para afrontar lo que se viene”, advirtió Murillo.

El miércoles, al salir de la reunión con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Gutiérrez, afirmó que el órgano electoral y el Gobierno “están subestimando la fuerza del pueblo” y anunció que “si tocan un punto de bloqueo” con la intervención, los movilizados abandonarán los cortes de ruta y se trasladarán a La Paz de forma “contundente”.

Los bloqueos comenzaron el lunes por decisión de la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad, contra la postergación de las elecciones del 6 de septiembre. De forma autónoma, el TSE dispuso la modificación de la fecha para el 18 de octubre, decisión que incluso fue considerada como “un juego infantil” por Áñez en su discurso sobre el aniversario patrio, el jueves.

(07/08/2020)

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Ortiz dice que Murillo toma decisiones en el Gobierno y que presiona para compra de camionetas por Bs 35 MM

El exministro de Economía describió al ministro Arturo Murillo como una persona que “le mete nomás”. No se puede, dijo, hacer gestión de gobierno en base a caprichos como “lo hace el ministro Murillo”.

/ 28 de septiembre de 2020 / 18:25

Ortiz durante una rueda de prensa

Por Paulo Cuiza

Horas después de su destitución, el exministro de Economía Óscar Ortiz aseguró que la presidenta Jeanine Áñez dejó el futuro del gobierno y del país en manos del ministro Arturo Murillo, a quien acusó de presionar para acelerar contrataciones como la compra de un lote de camionetas por Bs 35 millones que llegarán en 2021.

“Yo creo que hay un problema muy serio, y es que la presidenta Áñez le ha entregado el futuro del gobierno y del país y al ministro Murillo, que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes”, sostuvo Ortíz.

Las diferencias entre ambos se hicieron públicas en las últimas horas, luego de la destitución de Ortiz. El propio Murillo reconoció la situación y la atribuyó a la actitud regionalista del exministro, en alusión a los cuestionamientos a la devolución de acciones nacionalizadas por la estatal ENDE a la privada ELFEC-Cochabamba.

“Qué tiene que ver con regionalismos una compra de camionetas por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión”, afirmó Ortiz.

Además, describió a Murillo como una persona que “le mete nomás”. No se puede, dijo, hacer gestión de gobierno en base a caprichos como “lo hace el ministro Murillo”.

(28/09/2020)

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Con argumentos de rechazo arranca audiencias de la Corte-IDH sobre la reelección

Representantes del Gobierno de Jeanine Áñez y de organizaciones de la sociedad civil esgrimieron sus argumentos para rechazar la reelección presidencial como un derecho humano

/ 28 de septiembre de 2020 / 18:01

Un adulto mayor emite su voto en una pasada elección.

Por Carlos Corz

Este lunes empezaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la reelección indefinida. Autoridades y representantes de la sociedad boliviana comparecieron ante los jueces y justificaron el rechazo a la repostulación indefinida avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el amparo del derecho político a ser elegido del Pacto de San José de Costa Rica.

El representante de la Academia Boliviana de Estudios Constituciones, Jorge Asbún, y el constitucionalista José Antonio Rivera coincidieron en que no hay base jurídica internacional que respalde esa figura. “La limitación a la reelección presidencial no restringe los derechos humanos, un presidente no puede exigir derechos políticos en contra de las demás personas”, explicó Rivera.

El trámite lo activó el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, a solicitud de cívicos y políticos bolivianos que rechazaron la reelección indefinida que permitió al expresidente Evo Morales postularse por cuarta vez consecutiva, pese a un referéndum que rechazó la reforma constitucional para un nuevo mandato presidencial en febrero de 2016.

Según el subprocurador de Defensa y Representante Legal del Estado, Alejandro Roda, no es un derecho humano el que un presidente se postularse indefinidamente. Además, recordó que la propia Constitución Política del Estado “establece una prohibición expresa de la reelección indefinida para evitar la perpetuación de una sola persona en el poder”.

Desde un punto de vista más humano, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, contó en la audiencia virtual que personalmente le dijo a Morales que respete lo establecido en la Constitución. “Evo, por favor yo te lo pido”, recordó que le dijo.

Luego que el referéndum de 2016 rechazara la reforma para una nueva postulación de Morales, partidarios del MAS llevaron el caso al control constitucional bajo el argumento de que las limitaciones establecidas en la Constitución vulneraban el derecho político a ser elegido del entonces presidente.

Sustentaron ese argumento en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica sobre el derecho a ser elegido, que ahora está en cuestión en la audiencia. Con ese aval, se volvió a postular en las justas de octubre de 2019, que fueron anuladas tras una crisis por denuncias de fraude, un paro cívico, un motín policial y la sugerencia militar de dimisión.

Las audiencias se extenderán hasta el miércoles y la Corte tomará una posición sobre la opinión consultiva planteada por Colombia, país al que acudieron cívico porque fue garante del pacto político que dio paso a la nueva Constitución Política de Bolivia que no establece la repostulación indefinida.

(28/09/2020)

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Hay una falsa expectativa sobre el recurso admitido en La Paz contra el MAS

El mismo tema que le piden tratar a la Sala Constitucional de La Paz lo viene analizando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, y, por jerarquía, primero debe pronunciarse el TCP.

/ 28 de septiembre de 2020 / 15:55

El candidato presidencial del MAS, el exministro Luis Arce.

Se está creando una falsa expectativa sobre el recurso de cumplimiento presentado por la senadora Carmen Eva González contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, coinciden dos abogados constitucionalistas.

El sábado 26, el abogado de la senadora González, Jorge Tamayo, anunció que la referida Sala Constitucional había “admitido” la acción de cumplimiento para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a anular la personería jurídica del MAS por la “difusión” de una encuesta interna en julio. El jurista informó además que la sala convocó a audiencia el lunes 5 de octubre, a las 11.00, para considerar el referido recurso.

Respecto de la audiencia programada para el 5 de octubre, la senadora González afirmó que deberá ser en esa instancia que la Sala Constitucional ordene al TSE aplicar el artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley 026, de Régimen Electoral, y anular la personería jurídica del MAS por la referida “difusión de encuestas”.

El abogado constitucionalista Iván Lima Magne precisó a La Razón que lo que ocurrió, en rigor, no fue una “admisión” del recurso, sino más bien una “recepción” del trámite. “Lo que ha habido es una recepción del recurso por parte de la sala, que ha fijado audiencia para el 5 de octubre”, señaló.

Si bien la Sala Segunda recibió el caso, que por lo demás es su obligación regular, al hacerlo y programar una audiencia “todavía no ha decidido nada”, destacó Lima. Es obligación de los jueces de esta sala definir todos los aspectos de un caso en una audiencia, que es lo que se está haciendo.

Sin embargo, en coincidencia con el abogado Franklin Gutiérrez Larrea, la mañana de este lunes en medios televisivos, Lima señaló que la principal razón para no generar una falsa expectativa de lo que pueda hacer el 5 de octubre la Sala Segunda es que el tema de litigio (la aplicación del artículo 136) ya viene siendo tratado por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia superior a las salas constitucionales departamentales.

“El Tribunal Constitucional en este momento está atendiendo la consulta sobre la misma temática que exige que se cumpla Carmen Eva González; ella pide que se aplique urgentemente el artículo 136, numeral 3; pero ese artículo está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional en Sucre”, destacó Lima.

En la consideración del recurso de cumplimiento, previsiblemente la Sala Segunda interrogará al TSE por qué no aplica el referido artículo 136, y éste le dirá que no puede hacerlo porque en este momento su competencia respecto de dicha norma está suspendida, en espera de la decisión del Tribunal Constitucional, argumentó Lima.

Para Gutiérrez Larrea, la Sala Segunda no tiene opción. “La Sala en La Paz es inferior a la de Sucre. Una sala constitucional no puede sobreponerse a un cuestionamiento que tiene el Tribunal Constitucional sobre la misma norma; ellos (los jueces de la Sala Segunda) pueden viabilizar la acción de cumplimiento de forma administrativa, pero no se van a pronunciar en el fondo, porque alguien les va decir ‘si ustedes van a fallar, y van a obligar al Tribunal Electoral a que se vaya a pronunciar, éste les va decir lo mismo, que yo tengo un candado, he sido notificado con una acción de inconstitucionalidad concreta y no me puedo pronunciar; y ese candado tiene que resolverse primero en Sucre’”, describió la situación el abogado constitucionalista.

A la fecha, el Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad del artículo 136, en su parágrafo 3, tanto por un recurso concreto como por uno abstracto, ambos presentados por el MAS.

Es el recurso de inconstitucionalidad concreta lo que en este momento impide pronunciarse al Tribunal Electoral, pues tras recibirlo por parte del MAS, la ley (el Código de Procedimiento Constitucional) le obliga a pronunciarse al respecto y enviar el trámite al Tribunal Constitucional en Sucre; mientras éste no se pronuncie, el TSE no puede hacer nada.

El TSE, como primera entidad aludida por el recurso de inconstitucionalidad concreta, debía enviar el expediente al TCP manifestando su acuerdo o su rechazo al argumento del MAS, partido que señala que el artículo 136, en su numeral 3, es inconstitucional.

En su fallo, el TSE expresó que sí existen dudas razonables sobre la constitucionalidad del referido artículo, el cual dispone que a la sola difusión de encuestas por parte de un partido, el órgano electoral deberá anular su personería jurídica.

Cuando el TSE envió el caso al TCP, hizo notar que la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional sobre el artículo 136 iba a afectar o beneficiar tanto al MAS como a Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, pues los dos últimos tenían similar denuncia.

La alianza que postulaba a Jeanine Añez a la presidencia (Juntos) se retiró de la contienda electoral.

(28/09/2020)

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Luego de las crisis de gabinete, juran los ministros Marinkovic, Tejerina y Quiroga

Este lunes se supo de la destitución de Óscar Ortiz y renunciaron Óscar Mercado y Abel Martínez.

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:57

Los nuevos ministros: Gonzalo Quiroga, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina. Foto: Álvaro Valero-La Razón

Apenas a unas horas de haber destituido a un ministro y recibir la renuncia de otros dos, la presidenta Jeanine Añez, posesionó a sus reemplazantes: Branco Marinkovic en la cartera de Economía, Alvaro Tejerina Olivera en la de Trabajo y a Gonzalo José Quiroga Soria en Planificación del Desarrollo (cargo que ocupaba Marinkovic).

No se posesionó al ministro de Desarrollo Productivo, que también había quedado acéfalo.

Como una auténtica crisis de gabinete, este lunes se conoció, primero, de la destitución del ministro Ortiz y, luego, la renuncia de los ministros de Trabajo, Oscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez.

«Estoy nombrando como ministro de Economía a una persona que toda su vida se dedicó a crear empleo», dijo la mandataria en ocasión del acto de posesión.

Añez recordó que su gestión la dedicó a la economía y a la salud.

Si bien los ministros renunciantes no aclararon la causa de su alejamiento, Ortiz señaló que se va por diferencias profundas con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, especialmente sobre la forma en que el Órgano Ejecutivo está llevando adelante la «devolución» de acciones de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) a accionistas de la Empresa de Fuerza y Luz de Cochabamba (ELFEC).

Ortiz dijo que él no firmará normas que vayan contra la ley, en referencia a decretos que se presentaron en el gabinete sobre ELFEC.

El exprocurador José María Cabrera adelantó la semana pasada que varios ministros no estaban de acuerdo con la forma de privatización de las referidas acciones.

(28/09/2020)

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Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa ‘Evo Cumple’

Respuesta de La Razón y Extra a las recientes denuncias falsas que señalaron que estos periódicos fueron adquiridos con recursos del programa de inversión social 'Bolivia Cambia, Evo Cumple'.

/ 28 de septiembre de 2020 / 00:39

El galpón de La Razón y Extra, en Colinas Santa Rita, Auquisamaña, La Paz.

Por La Razón

Nuestros periódicos y nuestro principal accionista, Carlos Gill Ramírez han venido enfrentando una incesante campaña de desprestigio, iniciada hace varios meses. En varios medios de comunicación se han publicado afirmaciones y denuncias falsas por parte de políticos y algunos periodistas, referidas a su supuesta participación en una organización criminal que se habría constituido por empresarios bolivianos y extranjeros para tomar por asalto algunos medios de comunicación de prestigio del país, habiendo  supuestamente  ejercido presión en ellos, aprovechando de la fuerza del poder estatal para amedrentar, intimidar y extorsionar a sus propietarios, para obligarlos a vender los mismos por cifras ínfimas, con relación a su verdadero valor de mercado y, en algún caso, sin pagar un centavo.

Por lo visto, todo lo anterior no bastó y los detractores de nuestros periódicos, al no obtener resultados con dichas mentiras, en los últimos días, una vez más, pretenden afectar La Razón, Extra y su principal accionista, se vieron afectados con la tergiversación de la realidad del contenido de un Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con base en dicho informe, se hicieron nuevamente especulaciones y se difundieron falsos supuestos, orientados a desinformar y desprestigiar. Esto ocurre específicamente cuando se afirmó y denunció hace pocos días que La Razón y Extra habrían sido adquiridos con recursos del programa de inversión social “Bolivia Cambia Evo Cumple”, financiado en parte con créditos venezolanos.

De esta manera, nuevamente se trata de mezclar al periódico y su accionista mayoritario en operaciones que no son inherentes a ninguno de nuestros negocios.

Por ello, una vez más y en apego a la ética empresarial y periodística, se hace necesario que expliquemos la realidad, con pruebas documentales, sobre la compra  de nuestros periódicos.

Tenemos que mencionar lo siguiente sobre el Grupo PRISA y la Banca de Inversión Violy & Company, asesora en la operación de compra de los periódicos:

—El Grupo PRISA S.A. (Promotora de Informaciones S.A.) es una compañía multimedia de comunicación española. Es el mayor grupo de medios de comunicación de contenidos informativos, culturales y educativos en España e Hispanoamérica, con presencia en radios, canales de televisión, prensa escrita y editoriales. Esta empresa era la anterior propietaria del 99,7525% de las acciones de Comunicaciones el País S.A. (dueña del periódico La Razón) y del 99,9658% de Información Extra S.A. (dueña del periódico El Extra).

—Violy & Company es una firma internacional de consultoría financiera de renombre mundial, con experiencia única en los mercados iberoamericanos en asesoría de grupos familiares y empresas multinacionales. Presta los servicios de revisión y evaluación de estrategias empresariales, análisis de valoración, formulación de estrategias para transacciones de venta y búsqueda de compradores.

La compañía Violy & Company fue contratada por el Grupo PRISA al momento en que decidió desinvertir en varios países entre ellos Bolivia, para la búsqueda de posibles compradores de su inversión, específicamente  de los diarios La Razón y Extra en Bolivia.

Además, realizó la estructuración para la venta y los análisis exhaustivos de las condiciones de la transacción y también de la capacidad, solvencia y prestigio a nivel mundial que debía contar la empresa compradora. Por lo que, del análisis pertinente, se invitó al Sr. Carlos Gill Ramírez, dado su prestigio a nivel internacional, para participar en la compra de los referidos diarios, efectuando al mismo tiempo todos los trabajos de asesoría necesarios para llevar a cabo dicha adquisición con éxito.

En esos momentos (octubre de 2009) tanto el Grupo PRISA como el Sr. Carlos Gill Ramírez, eran clientes de dicha Banca de Inversión.

Lo anterior se acredita con  la carta expedida por Violy Mccausland en Nueva York, en  fecha 28 de enero de 2020, en la que en su parte pertinente textualmente señala:

“(….) que su firma estuvo contratada por el grupo español PRISA para la búsqueda de posibles compradores de los diarios La Razón y El Extra en Bolivia. De esta forma ofreció al Dr. Carlos Gill Ramírez la compra de los referidos diarios, efectuando todos los trabajos de asesoría necesarios para llevar a cabo con éxito dicha adquisición. Siendo que para la época tanto el Grupo PRISA como el Dr. Carlos Gill Ramírez eran clientes de nuestra Banca de Inversión. Haciendo conocer, que el Dr. Carlos Gill Ramírez es un empresario honesto, íntegro y altamente comprometido con el desarrollo de los países en los cuales efectúa su actividad empresarial, en los cuales siempre ha efectuado su labor bajo criterios de responsabilidad social y empresarial para lograr la sostenibilidad social y económica que preside y de las comunidades donde desarrolla su actividad”.

La desinversión de Grupo PRISA en el negocio de medios de comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia, se llevó a cabo en el contexto de una reestructuración global de los negocios del grupo.

Esta venta se hizo en un proceso público a valores de mercado a través de un proceso de intercambio de acciones del grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., poseedor a su vez de las acciones de los diarios La Razón y Extra. El Grupo PRISA, a cambio, adquirió un paquete de acciones de V-ME-Media, Inc. de propiedad del Sr. Carlos Gill Ramírez, comprometiéndose igualmente a aportar contenidos a dicha empresa de la cual ambos grupos, hasta la fecha, se mantienen como accionistas minoritarios.

Asimismo, la carta 1336 Libro Indicador N° 2020 Sección B, de fecha 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General y del Consejo de Administración de PRISA Internacional, expresa y textualmente señala que:

“La desinversión de PRISA en el negocio de Medios de Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia se llevó a cabo en el contexto de una reestructuración global de los negocios del grupo. Esta venta se hizo en un proceso público a valores de mercado a través de un proceso de intercambio de acciones del grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., poseedor a su vez de las acciones de los Diarios La Razón y PRISA, a cambio adquirió un paquete de acciones de V-ME-Media Inc., comprometiéndose igualmente a aportar contenidos a dicha Empresa de la cual ambos grupos hasta la fecha, se mantienen como accionistas minoritarios. Es importante destacar, que la Sociedad V- Me Media, Inc. posee la red de televisión V-ME en los Estados Unidos de América, la cual  ofrece una alternativa de calidad a las familias latinas que viven en dicho país (…) Finalmente queremos dejar sentado también que, PRISA únicamente vendió al  grupo del  Sr. Carlos Gill Ramírez La Razón y El Extra, lo cual  ocurrió en el  mes de octubre del  año 2009 (…) Así PRISA no vendió al  grupo del  Sr. Carlos Gill Ramírez la televisora ATB,  la misma se efectuó en el mes de enero de 2009 a un grupo empresarial  totalmente distinto, por lo que ambas compra ventas no están  en forma alguna relacionadas, y ocurrieron en momentos históricos distintos.”

Con el contenido de dichos documentos se demuestra de manera contundente lo siguiente:

a) El Sr. Gill Ramírez solamente compró las acciones de La Razón y El Extra mediante un intercambio de acciones, no habiendo existido entrega de dinero de por medio.

b) PRISA no vendió al Sr. Carlos Gill Ramírez la red de televisión ATB, aclarándose además que se vendió a un grupo empresarial totalmente distinto.

c) El Sr. Gill Ramírez nunca tuvo intención de compra sobre ATB, ya que cuando se relacionó con el Grupo PRISA, las acciones de la cadena televisiva ya habían sido vendidas, es decir, se vendieron en el mes de enero de 2009 y el Sr. Carlos Gill Ramírez compró La Razón y Extra en octubre de 2009, es decir en fechas y tiempos totalmente distintos.

d) Las dos ventas realizadas por el Grupo PRISA no están relacionadas de ninguna forma entre sí. Una transacción no tiene absolutamente nada que ver con la otra.

Asimismo, otra especulación que quiere dañar de manera sistemática a nuestros medios de comunicación y a nuestro principal accionista, que vale la pena sea aclarada y desvirtuada para poner fin a esta campaña de desprestigio con la difusión de información falsa, es la referida a que el Sr. Carlos Gill Ramírez habría constituido la Fundación Siglo XXI para recibir recursos del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”.

El Informe de la UIF dice que esta Fundación recibió recursos de manera ilegal de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Textualmente señala: “Se ha podido detectar que los recursos provienen de la Embajada de Venezuela en Bolivia ($us. 143.316,00), fueron a parar a la Fundación Siglo XXI (constituida por Carlos Gill para encargarse de fomentar la exportación de textiles bolivianos).” 

Resulta que de una simple revisión del Acta de Fundación y de la Resolución Prefectural RAP N°047/96 a cargo del Prefecto del Departamento de La Paz, Lic. Germán Quiroga Gómez de fecha 13 de marzo de 1996, se evidencia claramente  que el Sr. Gill Ramirez, no sólo no fue socio fundador, sino que en fecha 22 de agosto del 2008, cuando renuncian todos sus asociados y se procede a la inclusión de tres nuevos socios, tampoco figura el Sr. Carlos Gill Ramírez entre ellos.

Con lo anterior se demuestra que el Sr. Carlos Gill Ramirez no tuvo y no tiene ninguna participación en la Fundación Siglo XXI y, por lo tanto, tampoco participó ni pudo haber participado en la disposición de los recursos con los que contaba dicha Fundación.

Esta malsana campaña en contra de nuestro diario se constituye en una flagrante violación a los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa, situación que será denunciada ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de tal forma que se garantice nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones, ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.

Por otro lado, a partir de ahora nuestro medio ejercerá legalmente su derecho a proteger su imagen y reputación por los medios legales que sean necesarios.

(28/09/2020)

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