Nacional

Tuesday 19 Mar 2024 | Actualizado a 06:10 AM

Núñez se estrella contra partidos y dice que comisión explorará desde el lunes diálogo con sectores

Les pide a los frentes que no asistieron a la convocatoria de la presidenta Áñez a que “revelen su agenda”, si no quieren elecciones seguras en un tiempo razonable. Dice que no se entrará en polémica ante los pedidos de renuncia de Áñez a su candidatura.

/ 9 de agosto de 2020 / 13:36

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se estrelló este domingo contra los partidos que no asistieron al diálogo convocado por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y les pidió que “revelen su agenda” si no están de acuerdo con realizar elecciones seguras en un tiempo razonable. Dijo que la Mandataria no está ahora para polémicas ante los pedidos de renuncia a su candidatura.

“Denunciamos ante el pueblo y la comunidad internacional la falta de honestidad de dirigentes que llevan a cabo medidas de presión inhumanas y criminales. Digan la verdad, los propósitos criminales que tienen. El MAS y los otros partidos que respondan si quieren elecciones en un tiempo razonable y con medidas seguras, o que revelen su agenda”, señaló la autoridad.

La invitación de Áñez contó con la respuesta del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia, y de los partidos ADN y PAN-BOL, y del transporte pesado. La Presidenta apuntaba a un pacto para confirmar la fecha de las elecciones, lo que permita el levantamiento de los bloqueos.

Varias vías del país se encuentran cerradas en protesta a la suspensión de los comicios, del 6 de septiembre al 18 de octubre, una medida asumida por el TSE. Los dirigentes de las protestas no asistieron a la convocatoria de Áñez, así como los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, ni los candidatos presidenciales del MAS, CC, Creemos, Libre 21 y FPV.

Núñez aseguró que se priorizará el diálogo antes de asumir una intervención a los bloqueos. Y anunció que hoy se conformará la comisión planteada por Áñez para explorar un diálogo con todos los sectores políticos y sociales. “Esperamos que en las primeras horas de mañana nos podamos reunir para plantear posibilidades de acercamiento”, remarcó el ministro.

En la reunión, surgieron pedidos para que Áñez renuncie a su candidatura, lo que desinflaría el conflicto. Núñez indicó que el Gobierno no entrará en polémica. “No nos preocupan ahora las elecciones, sino la vida, reactivar la economía. No vamos a entrar a otra polémica que no sea el hablar de la salud y la vida de todos los bolivianos, la democracia está en riesgo”.

(09/08/2020)

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José Luis Caballero: La polarización se refleja en la imposibilidad de una reforma judicial

En las judiciales, pide aplicar el modelo constitucional previsto, de forma eficaz y efectiva

José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por Miguel Gómez

/ 15 de marzo de 2024 / 06:43

José Luis Caballero, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator país para Bolivia, atendió a La Razón tras la presentación del informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia. Hace énfasis en la polarización, como un freno a las avances normativos y de respeto a los derechos humanos, incluso de la ansiada reforma de la Justicia.

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Polarización

— El informe es un documento con el cual Bolivia se puede mirar al espejo en el tema de derechos humanos…

— Exactamente. Los informes de país después de la visita in loco en todo el mandato de la Comisión tienen justamente ese componente. Es una mirada que favorece el diálogo y permite a la sociedad y al Estado, y a sus instituciones, poderse mirar al espejo. Es un diálogo continuado, incluso después de la visita in loco de hace un año, pues el informe sigue teniendo tejido dialogante con la sociedad boliviana. Y es así, un espejo.

— A nivel macro, ¿cómo se puede evaluar la situación de los derechos humanos en Bolivia?

— Lo que pienso es que ha tenido una incidencia estructural muy fuerte en el marco normativo y en la toma de conciencia. Y esa incidencia tiene algunos ejemplos muy importantes: en el ejercicio del reconocimiento de los derechos en la Constitución, Bolivia tiene una de las cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos más acabadas de la región. Bolivia ha hecho una clara apuesta por quitar, digamos, el modelo patriarcal de desigualdad de género… hay temas muy importantes como la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación… Además, Bolivia optó por la votación judicial, que es una parte diferenciada en la región, una manera de entender también el sistema de elección de quienes imparten justicia.

Pero por otro lado tiene un marco de oportunidades muy importante, radicados en la polarización, que el informe lo advierte muy bien como un fenómeno que está marcando la continuidad de las relaciones políticas, institucionales, entre el Estado, entre amplios sectores sociales. Entonces, esta polarización impide que puedan seguirse construyendo los retos normativos institucionales de relaciones y de respeto a los derechos humanos que nosotros estamos viendo a través del informe y que estamos efectivamente mandándole como un espejo al Estado y como un espejo a la sociedad, porque la polarización se refleja en la imposibilidad de realizar una reforma judicial importante, en trabajar la disidencia política como eso, no como una lógica de enemigos-enemigos…

— La polarización es histórica en Bolivia, pero tuvo un punto de inflexión en la crisis de 2019…

— En este informe hay una ubicación de contexto, lo que pasa en 2019 es precisamente un reflejo de esa problemática elevada de tono con una incidencia en márgenes que no deben estar presentes, que significan la violencia y la violación de derechos humanos. Y lo que pasa en la última parte de 2019 mereció también una intervención no paralela, porque la Comisión no actúa de forma paralela en los mecanismos, digamos concatenada pero sí independiente en algunos sentidos, que es este ejercicio importante y solvente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que advirtió el tema de la polarización. Y usted lo dice bien, de hecho el informe empieza advirtiendo el tema de la polarización y hay una recomendación específica que tiene que ver con el diálogo, con estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales, resolución pacífica de conflictos…

— Un tema álgido es el sistema de justicia, cómo ve los avances en el tema en un marco en que las elecciones judiciales quedaron suspendidas en 2023.

— Pienso que la Comisión debe advertir qué modelo se ha dado el pueblo de Bolivia y a través de su ejercicio constitucional para procesar el tema de la Justicia. En ese sentido, lo que tiene que hacer Bolivia, y la Comisión no se pronuncia en un modelo u otro, pero sí tiene Bolivia que proceder a la realización efectiva y eficaz del modelo constitucional previsto. Eso es importante, como lo advertimos en su momento: que Bolivia lance, a través de criterios muy objetivos de su marco legal, la preselección, selección y nombramiento de las autoridades judiciales. Pero que se realice, eso lo estamos instando con una mirada de independencia judicial, fortalecimiento institucional para la democracia. Lo que tiene que acontecer es que en el corto plazo se acate la Constitución, la Constitución ampliada como Bolivia misma la aceptó a través del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho radicado en tratados internacionales. Y en ese sentido debe actualizar esto.

Pero también hay que realizar una reforma integral que pueda también ir adelantando o superar todas las cuestiones estructurales que nos han hecho llegar por la sociedad civil, y que también la propia Comisión ha advertido incluso antes de la vigencia de la Cosntitución, es decir, desde que estuvo en la visita in loco de 2006: fortalecimiento de la carrera judicial y de la Fiscalía, que tenga racionalidad, autonomía, independencia, revisión de los programas para reducir la mora procesal… Tiene que Bolivia mirarse al espejo en el sentido de tener la prisión preventiva como una medida cautelar cuando no es posible llevar adelante otras. Se tiene que mejorar además las condiciones de las cárceles. Que haya recursos judiciales efectivos, para que haya revisión del debido proceso. Hay que fortalecer la jurisdicción indígena campesina a través de una reforma de ley de deslinde jurisdiccional con consulta previa…

— ¿Cómo se coordinará el seguimiento a las recomendaciones de este informe?

— Se lo va a acompañar, porque la Comisión ha ido teniendo cada vez más conciencia de su mandato en esto del seguimiento a recomendaciones. Tenemos por ejemplo 32 recomendaciones que, como lo dije en diciembre, son 32 que no son estancos, sino dialogantes, que se envuelven entre sí, pero hay que ir avanzando en ellas y dando matices de cumplimiento. La Comisión no podría lanzar el informe y olvidarse de las 32 recomendaciones, no haría justicia a su mirada ni a su propio trabajo, por eso seguirá a través de un mecanismo de seguimiento, cómo cumplir este informe y cómo acompañar a la sociedad especialmente, a la sociedad en esta mirada de espejo, tiene que estar empoderada en la sociedad. Quien tiene que desmontar la polarización y hacerse cargo de su historia es la sociedad, el Estado es una estructura, los gobernantes vienen y van.

PERFIL

Nombre: José Luis Caballero Ochoa

Profesión: Abogado

Es mexicano. Fue elegido comisionado en la reunión del Consejo Permanente de la OEA del 5 de septiembre de 2023; su mandato es hasta 2025.

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La Fiscalía retoma el caso Lava Jato y hay 25 investigados

El expresidente Carlos Mesa protesta y denuncia una ‘represalia’

Una comisión del Ministerio Público de La Paz está a cargo de las indagaciones en el caso

Por Miguel Gómez

/ 14 de marzo de 2024 / 06:23

El caso Lava Jato vuelve a tomar protagonismo en el país. La Fiscalía retomó las investigaciones de supuesta corrupción en la adjudicación de proyectos carreteros a constructoras brasileñas. Hay al menos 25 investigados que fueron funcionarios entre 2004 y 2007.

El martes, una convocatoria ante la Fiscalía levantó polvareda en Comunidad Ciudadana (CC), alianza opositora dirigida por el expresidente Carlos Mesa. El diputado Carlos Alarcón, quien fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa (2003-2005), fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.

Al salir del Ministerio Público, en La Paz, denunció que se reactivó el proceso tras cinco años, luego que una comisión legislativa halló indicios para una denuncia penal en 2018, en un informe que menciona a Mesa. Alarcón apuntó al Gobierno de desempolvar el caso como una “represalia” porque CC busca cesar de sus cargos a los magistrados prorrogados.

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Lava Jato

El caso Lava Jato es considerado la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil. Develó una arquitectura colosal para la corrupción y el lavado de dinero, que salpicó a varios países. Uno de los tentáculos estaba compuesto por constructoras brasileñas que pagaban “coimas” a funcionarios de otras naciones para ganar licitaciones públicas. Las compañías implicadas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, entre otras. Según las investigaciones, toda la red movió ilegalmente más de $us 8.000 millones. 

En cuanto a la citación de Alarcón, la investigación gira en torno a la constructora Camargo Correa. Al respecto, el asambleísta aclaró que en la gestión de Mesa no se desembolsó un peso para la carretera encargada a esa compañía, y dijo que el contrato se reactivó en la gestión del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y los pagos se realizaron en el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Ayer, Mesa emitió también su protesta por la reactivación de las indagaciones. Al igual que Alarcón, indicó que todo responde a una “represalia” y aclaró que es la segunda vez que se abre el proceso, ya que en la primera ocasión no hubo ninguna prueba en su contra. “Es la decisión de la injusticia… Muestra una actitud de venganza por nuestras denuncias permanentes de irregularidades”, remarcó, en Correo del Sur Radio.

Investigación

Ante estas versiones, salió al paso el fiscal José Rodríguez, quien es parte de la comisión que investiga el caso. Explicó que hay al menos 25 exfuncionarios públicos en la mira, quienes ocuparon cargos entre 2004 y 2007, y que se indaga el presunto pago de sobornos de firmas brasileñas para adjudicarse las carreteras Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Los delitos del proceso en cuestión son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. “La comisión de fiscales, en uso de sus atribuciones y competencias, vio pertinente citar a exfuncionarios que ejercieron cargos públicos durante los hechos que se investigan”, subrayó el fiscal.

Tras lo sucedido con Alarcón, pidió que su citación “no sea mal interpretada ni usada con fines políticos”. Por ello, aclaró que el caso se inició tras una investigación legislativa que evidenció que mediante el decreto 27693 se ordenó al extinto Servicio Nacional de Caminos la licitación de obras del tramo Roboré-Puerto Suárez, pero se modificaron tramos y se suprimieron ítems para consolidar un proyecto de $us 97,1 millones.

“Camargo Correa y Odebrecht, con sus asociadas bolivianas ARG Ltda., e IASA, lograron una presunta participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado boliviano desde el 2004 al 2007 mediante acuerdos, presuntamente irregulares, con autoridades y servidores públicos, como también personas privadas y naturales”, señala la Fiscalía.

(14/03/2024)

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En Santa Cruz, concejales aprueban declaratoria de emergencia por inundaciones en Montero Hoyos

El martes, Fernández señaló que la zona está en riesgo de quedar bajo el agua por el desborde del río Grande, afectado por las precipitaciones pluviales pese a las tareas de contención que realiza el gobierno municipal.

Autoridades visitaron Montero Hoyos este miércoles. Foto: Facebook de Jhonny Fernández

/ 13 de marzo de 2024 / 16:52

Tal como lo solicitó el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, los concejales determinaron este miércoles la declaratoria de emergencia por las inundaciones que golpean al distrito municipal 15, Montero Hoyos.

El martes, Fernández señaló que la zona está en riesgo de quedar bajo el agua por el desborde del río Grande, afectado por las precipitaciones pluviales pese a las tareas de contención que realiza el gobierno municipal.

La situación es preocupante en Montero Hoyos, ya que se registró una rotura en los diques de contención, lo que pone en riesgo a familias y sembradíos. Por ello, el alcalde hizo la declaratoria de emergencia, a la espera del aval del Concejo para aprobar una ley.

Lea más: La Alcaldía de El Alto desviará el agua de rebalse de Milluni para evitar desborde del río Sek’e

Este miércoles, se informó que el rebalse del agua dañó entre 30 y 40 hectáreas de producción. Fernández y el viceministro de Defensa Civil se encuentran en la región para evaluar las labores de ayuda y de prevención.

Montero Hoyos

En medio, el Concejo cruceño dio su visto bueno a la declaratoria de manera unánime, con 11 votos, con lo cual se abren las puertas a la habilitación de partidas presupuestarias y la agilización de compras y contratos sin licitación de por medio.

“De acuerdo a la normativa nacional, en este tipo de casos, queremos manifestarles que vamos a declarar emergencia en esta zona de la ciudad porque, a pesar de los esfuerzos, el turbión está causando daños a los diques de contención y poniendo en riesgo varias familias”, dijo Fernández, el martes.

Las lluvias provocan desastres en todo el país. El municipio de La Paz es una de las regiones más afectadas, donde las precipitaciones pluviales han ocasionado desborde de ríos con daños en viviendas, vías e incluso decesos. Ante ello, la Alcaldía declaró emergencia y alerta roja.

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A dos días del juicio, más dudas que certezas sobre el traslado de Camacho a Santa Cruz

A las 13.30 del lunes está convocada la audiencia para que el Gobernador se siente en el banquillo de acusados, dentro el caso Decretazo, por el cual la Fiscalía pide seis años de cárcel.

El gobernador Luis Fernando Camacho, cuando salió de Chonchocoro para su revisión médica.

/ 9 de marzo de 2024 / 12:44

A dos días del juicio oral del gobernador Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, su traslado desde La Paz sigue en duda, aunque su defensa asegura que ello está garantizado.

A las 13.30 del lunes está convocada la audiencia para que el Gobernador se siente en el banquillo de acusados, dentro el caso Decretazo; por el cual la Fiscalía pide seis años de cárcel.

El viernes se conoció un informe del director del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, del miércoles 6, remitido al director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Lea más: Director de Chonchocoro a Camacho: No se puede informar día, hora y medios para su traslado a Santa Cruz

El documento fue elaborado ante la solicitud de Camacho, mediante un memorial, para que se le informe sobre la fecha y la hora, y en qué vuelo, será llevado a Santa Cruz para su proceso.

Juicio de Camacho

“En el marco de la normativa vigente, protocolos de conducción, se debe informar que por razones de seguridad y precautelando la integridad física del privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca y del personal policial designado como escolta, no se puede brindar información sobre el día, la hora y menos mediante qué medios de transporte se dará cumplimiento a la disposición de la autoridad jurisdiccional”, señala el informe que está firmado por Gonzales.

Para el abogado de Camacho, Martín Camacho, esta es una aceptación de que se realizará un operativo policial para que el Gobernador retorne a suelo cruceño para su juicio.

Entonces, Camacho fue aprehendido y trasladado a La Paz, en el caso Golpe de Estado I, que indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

“Se cumplió la ley! Se cumplió la resolución jurisdiccional. El @ElgobernadorLfc Viena a SCZ para estar de forma presencial en el juicio por el caso ‘decretazo’. Gloria a Dios!!!”, escribió Martín Camacho en su cuenta de la red X.

Sin embargo, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de Régimen Penitenciario, más aún porque tanto su director como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijeron que un informe de Inteligencia policial definirá si hay garantías para el traslado de Camacho.

Informe policial

El viernes, el comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez, anunció que el informe ya fue entregado a Limpias, “para que ellos hagan lo que el informe establece y la ley determine”.

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El caso Decretazo indaga la decisión de Camacho para delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Ello sucedió en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.

Para ello, promulgó el Decreto Departamental 373. Sin embargo, tal como reza el Estatuto Autonómico cruceño, ante la ausencia del Gobernador, su Vicegobernador asume el cargo.

Pero no sucedió así. El vicegobernador Aguilera denunció entonces que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” de la Gaceta Departamental cruceña.

Asambleístas opositores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron la denuncia. La Fiscalía acusa al Gobernador del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

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Director de Chonchocoro a Camacho: No se puede informar día, hora y medios para su traslado a Santa Cruz

El abogado de Camacho, Martín Camacho, afirmó que con la respuesta de Gonzales ya no hay dudas de que su defendido volverá a Santa Cruz para sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Decretazo.

El gobernador Luis Fernando Camacho, cuando salió de Chonchocoro para su revisión médica.

/ 8 de marzo de 2024 / 19:58

El traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz, para afrontar su juicio por el caso Decretazo, continúa en puntos suspensivos. El gobernador del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, indicó que no puede brindar datos del cumplimiento de la orden judicial.

Así lo señala un informe de Gonzales al director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, para que sea remitido a Camacho. Esto, ante la solicitud de información sobre su traslado a la capital oriental, donde el lunes, a las 13.30, comenzará el juicio oral contra su persona.

“En el marco de la normativa vigente, protocolos de conducción, se debe informar que por razones de seguridad y precautelando la integridad física del privado de libertad Luis Fernando Camacho Vaca y del personal policial designado como escolta; no se puede brindar información sobre el día, la hora y menos mediante qué medios de transporte se dará cumplimiento a la disposición de la autoridad jurisdiccional”, señala el documento remitido por Gonzales.

Lea más: La Justicia amplía por 120 días más la detención preventiva de Camacho por el caso 36 días de paro

Esta respuesta surge ante la pregunta que figura en un memorial del Gobernador, del 26 de febrero. “Pueda su autoridad (Limpias) como Director Nacional de Régimen Penitenciario informar para qué fecha y hora y en qué vuelo se ha dispuesto el traslado de mi persona acompañado de dos escoltas a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en cumplimiento del auto interlocutorio de fecha 31 de enero de 2024 emitido por el Tribunal 8vo de Sentencia de Santa Cruz” (sic).

Chonchocoro

El tribunal dispuso la llegada de Camacho a suelo cruceño y rechazó que el juicio pueda llevarse a cabo de manera virtual; tal como propuso el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien remarcó que el traslado puede provocar protestas y movilizaciones similares a las que comenzaron el 28 de diciembre de 2022, cuando el Gobernador fue aprehendido.

Asimismo, reveló que los internos de la penitenciaría cruceña de Chonchocoro rechazaron recibir a Camacho.

No obstante, el abogado de Camacho, Martín Camacho, afirmó que con la respuesta de Gonzales ya no hay dudas de que su defendido volverá a Santa Cruz para sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Decretazo.

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Este proceso indaga la decisión de Camacho de delegar su cargo al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en marzo de 2022; durante su viaje a un encuentro de gobernadores en Brasil. Para ello, promulgó el Decreto Departamental 373.

Sin embargo, tal como reza el Estatuto Autonómico cruceño, ante la ausencia del Gobernador debe asumir su Vicegobernador, en este caso Mario Aguilera; quien denunció entonces que no fue notificado con el reemplazo y que el decreto había sido “bajado” de la Gaceta Departamental.

El Ministerio Público presentó la acusación formal contra Camacho, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Además, pide una sentencia de seis años de cárcel.

El Gobernador está con detención preventiva en La Paz, por el caso Golpe de Estado I. Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

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