Cívicos cruceños exigen renuncia de Romero y rechazan el 18 de octubre para elecciones
La Asamblea de la Cruceñidad le dio 48 horas al Gobierno para levantar los bloqueos en Santa Cruz, bajo la amenaza de una autoconvocatoria de la población para hacerlo. Además, advirtió con procesos al Legislativo, si no aprueba los créditos de organismos internacionales.
La Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz se estrelló este martes contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y exigió su renuncia, además de rechazar el 18 de octubre como fecha para las elecciones. Y dio un plazo de 48 horas al Gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas.
El encargado de leer el documento de la primera asamblea virtual de esta entidad fue su presidente, Rómulo Calvo. “Exigir al Ministerio Público que dé celeridad al proceso iniciado por el comité cívico contra Evo Morales y todos los dirigente del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano”, señala el primer punto.
El segundo exige a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, y su gabinete “hacer cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley”, activando todos los mecanismos legales que les faculta la Constitución, “gobernando para todos, sin hacer cálculos políticos”.
La tercera exigencia del comité cruceño es la renuncia de Romero, “por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del país, ya que debía actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida de los bolivianos. El TSE deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos”, remarcó Calvo.
Al respecto, el pronunciamiento señala que se debe demostrar el saneamiento del padrón electoral, y el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea sobre el “proceso electoral fraudulento” de octubre de 2019.
Además, rechaza el 18 de octubre para las elecciones y exige dejar abierta la fecha hasta que una comisión científica recomiende lo más conveniente ante la pandemia del COVID-19.
“Destituir a todos los funcionarios del TSE que hubieran trabajado en el proceso fraudulento de 2019, incluyendo a los del exterior. Exigir a la Fiscalía y al Poder Judicial un informe actualizado del estado de los procesos por el fraude en las elecciones de 2019”.
Calvo afirmó que el Legislativo también está en la mira, y se le exige despojarse de su “conducta partidista y mezquina”, por lo cual debe dar autorización a los préstamos de organismos internacionales para luchar contra la pandemia y lograr la reactivación económica, aparte de garantizar el 10% del presupuesto del país para el área de salud, bajo la amenaza de que los asambleístas sean procesados por incumplimiento de deberes y atentado contra la salud pública.
Y para el Gobierno, “damos un plazo de 48 horas para que de manera inmediata levante los bloqueos de todo el departamento; caso contrario, el pueblo cruceño, en su derecho a la legitima defensa, se autoconvocará a movilizaciones en todas las carreteras del departamento donde no hay libre circulación”.
El caso de la muerte del del interventor de Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, quien cayó el sábado del piso 15 de un edificio en el que están oficinas de la exentidad, genera estupor, dudas y arrestos.
La Policía investiga, en medio de estupor y arrestos.
Indicios de delitos financieros, créditos vinculados en la mira, cinco exejecutivos tras las rejas… Día que pasa surge más recelo sobre lo que pasó en el Fassil. El deceso de Colodro lo alimenta más.
A 32 días de su posesión, el 26 de abril, el cadáver del interventor fue encontrado en vía pública, a los pies del edificio Ambassador, en la avenida San Martín, en la zona Equipetrol de la capital oriental.
Un informe de Radio Patrulla 110 de Santa Cruz señala que el hecho ocurrió a las 21.25 del sábado. “En el lugar se tomó contacto con el Sr. Carlos Hugo Herrera González de 52 años, que es supervisor de guardia de seguridad de la empresa Tigre Cruceño” (sic).
Y continúa: “Se había percatado de una persona tendida en el piso aparentemente sin signos vitales, al llegar se observa una persona de sexo masculino de aproximadamente 55 años tendido en el piso, en posición cúbito viendral, el mismo no tenía signos vitales” (sic).
Era Colodro. Así, se suma un capítulo más de dudas sobre el banco intervenido, que tiene a cinco de sus exejecutivos en la cárcel de Palmasola, con detención preventiva. Están en la mira por delitos financieros y la Fiscalía tiene a otros 11 exaltos cargos en carpeta para declaraciones.
Las interrogantes no paran de florecer. Todo comenzó cuando la entidad tuvo problemas de liquidez para atender a sus clientes, lo que provocó un bloqueo al retiro de sus ahorros. Ante ello, intervinieron las autoridades, con una denuncia.
La otorgación de millonarios créditos overlimit a prestatarios que no presentaron respaldos de pago es una de las posibles irregularidades. Posteriormente, el canal DTV mostró una nómina de más de medio centenar de empresarios cruceñas que supuestamente desviaron créditos, que ascienden a más de Bs 2.000 millones, a una cuenta de Santa Cruz Financial Group.
Estupor
Colodro colaboraba en las investigaciones. En una de sus últimas medidas, el fallecido interventor anunció el viernes que los trabajadores del Fassil iban a poder cobrar lo que se les debe a partir de hoy, con la venta de bienes de la desaparecida entidad financiera. Y se iba a definir su situación laboral desde mañana.
Eso quedó truncado. Ayer, a las 07.30 se conoció los resultados de la autopsia. Fueron comunicados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien explicó que Colodro murió por “shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación”.
Señaló que la Policía recolecta todos los indicios posibles sobre lo sucedido. Dijo que se procederá a entrevistas con el “círculo cercano e interno” del interventor, o sea sus entornos familiar, laboral y social. También reveló que se halló en el lugar una presunta “carta póstuma” de dos planas, a la cual se realizará una prueba grafológica para determinar si fue suscrita por Colodro o una tercera persona.
“Se deben realizar las pericias para determinar la veracidad y los presuntos móviles que lo llevaron a realizar la carta. Hasta ahora todas las hipótesis son válidas para la Policía, y vamos a ir descartando una a una para llegar a la verdad de los hechos. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué hay detrás de la muerte de Colodro”.
Indicó que se solicitó un análisis complementario a los datos de la autopsia para verificar si hay lesiones previas a la caída del interventor. Al respecto, el abogado de la familia del fallecido, Jorge Valda, subrayó que el cuerpo presenta “múltiples hematomas y lesiones”, por lo cual no se descarta torturas.
GUARDIAS
“Estos extremos tienen que ser investigados”, pidió el jurista, quien incluso señaló que a Colodro le faltaba un globo ocular. Valda se convirtió ayer en una de las fuentes principales sobre los avances de la investigación, que ya comenzó con las declaraciones.
La Policía consiguió el DVD con material de las cámaras de seguridad. Valda añadió que seis personas ya brindaron testimonio, entre ellas la esposa de Colodro. Develó que hubo al menos cuatro arrestos de efectivos de seguridad del edificio, uno de ellos el guardaespaldas.
Expresó sus dudas sobre este personal, ya que no se dio cuenta de lo sucedido con el interventor, y dijo que era el primer día de trabajo de uno de ellos. O sea, se abren más interrogantes y se espera que sean despejadas con el pasar de los días. Las autoridades anunciaron para hoy una conferencia sobre el caso.
Del Castillo dice que se analizará supuesta carta póstuma de Colodro y se interrogará a su ‘círculo cercano’
La autopsia determinó que el interventor del Banco Fassil falleció por "shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación". Se revisará si hay lesiones previas a su muerte.
El ministro Eduardo del Castillo, en la conferencia de este domingo. Foto: Roberto Guzmán
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que el interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, falleció el sábado por «shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación». Reveló que una supuesta carta póstuma será analizada y que se interrogará a su “círculo cercano”.
El resultado de la autopsia y del informe del médico forense se conocieron a la 07.30 de este domingo. Del Castillo remarcó que la Policía está en la búsqueda de más indicios sobre lo sucedido en el edificio Ambassador de Santa Cruz, donde funcionan las oficinas del desaparecido Banco Fassil, y que se recolectan pruebas documentales.
Asimismo, se procederá a las entrevistas con el “círculo cercano e interno” de Colodro, o sea sus entornos familiar, laboral y social. La autoridad también reveló que se halló en el lugar una carta presuntamente póstuma de dos planas, a la cual se realizará una pericia para determinar si fue suscrita por el interventor o una tercera persona.
“Se deben realizar las pericias para determinar la veracidad y los presuntos móviles que lo llevaron a realizar la carta. Hasta ahora todas las hipótesis son válidas para la Policía, y vamos a ir descartando una a una para llegar a la verdad de los hechos. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué hay detrás de la muerte de Colodro”, complementó.
Además, la autoridad indicó que se solicitó un análisis complementario a los datos de la autopsia para verificar si hay lesiones previas a la caída del interventor, quien había sido posesionado el 26 de abril ante las irregularidades halladas en la desaparecida entidad financiera.
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El presidente Arce exige una pronta investigación que esclarezca la muerte de Colodro
El cuerpo del interventor del Banco Fassil fue encontrado el sábado en la avenida San Martín, tras caer del piso 15 del edificio en que funcionan las oficinas de la entidad. Asumió su cargo el 26 de abril.
Ante la conmoción causada por la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, el presidente Luis Arce exigió una pronta investigación que esclarezca lo sucedido en el edificio Ambassador de la zona Equipetrol de Santa Cruz.
“Enviamos nuestras sentidas condolencias a la familia y seres queridos del hermano Carlos Alberto Colodro, quien estaba ejerciendo como interventor del Banco Fassil. Su fallecimiento nos deja consternados, exigimos una pronta investigación que esclarezca las causas de este hecho”, escribió el Mandatario en sus redes sociales.
El cuerpo de Colodro fue encontrado el sábado en la avenida San Martín, tras caer del piso 15 del edificio en que funcionan las oficinas de la desaparecida entidad financiera. Asumió su cargo el 26 de abril, tras hallarse irregularidades en el Fassil.
La autopsia realizada este domingo determinó que falleció por “shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que se pidió un informe para saber si las lesiones son anteriores a su caída y reveló una supuesta carta póstuma que será analizada.
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Colodro falleció por ‘shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación’
El Ministro de Gobierno dijo que se verificará si hay lesiones previas a su caída del edificio y reveló que se analizará una supuesta carta póstuma firmada por el interventor del Banco Fassil.
La Policía realiza las investigaciones en el edificio Ambassador, en Santa Cruz. Foto: APG
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que el interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, falleció por «shock traumático, laceración múltiple de órganos internos y politraumatismo por precipitación». Y se pidió un análisis para saber si las heridas son anteriores a su caída del piso 15 del edificio Ambassador de la ciudad de Santa Cruz.
Ese fue el resultado de la autopsia y del informe del médico forense, realizados la mañana de este domingo. Del Castillo remarcó que la Policía están en la búsqueda de más indicios sobre lo sucedido en el edificio donde funcionan las oficinas del desaparecido Banco Fassil, y que se recolectan pruebas documentales.
El fallecido interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro. Foto: APG
Asimismo, se procederá a las entrevistas con el “círculo cercano e interno” de Colodro, o sea sus entornos familiar, laboral y social. La autoridad también reveló que se halló en el lugar una carta presuntamente póstuma de dos planas, a la cual se realizará una pericia para determinar si fue suscrita por el interventor o una tercera persona.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Foto: Roberto Guzmán
“Se deben realizar las pericias para determinar la veracidad y los presuntos móviles que lo llevaron a realizar la carta. Hasta ahora todas las hipótesis son válidas para la Policía, y vamos a ir descartando una a una para llegar a la verdad de los hechos. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué hay detrás de la muerte de Colodro”, complementó.
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La seguridad de Camacho: Tenía 45 personas distribuidas en dos anillos de resguardo
El ministro Eduardo del Castillo reveló datos sobre la detención de 2022, en su interpelación.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es trasladado a prisión.
Miércoles 28 de diciembre de 2022. A las 14.15, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, firmaba la ejecución de la orden de aprehensión en su contra. Su equipo de 45 personas distribuidas en dos anillos de seguridad, no pudieron evitarlo.
Hoy se cumplen cinco meses de lo sucedido, cuando el hombre fuerte de la oposición regional contra el Gobierno fue capturado en un operativo sorpresivo de la Policía. El mandamiento emitido por la Fiscalía llevaba dos meses sin poder cumplirse, desde el 31 de octubre. Y se transportó a la autoridad a la ciudad de La Paz.
Una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) la esperaba. Más aún, la comisión de fiscales que varias veces Camacho había eludido, sea con su inasistencia a las convocatorias o inclusive por la presión de sus simpatizantes para que no declare, como ocurrió en julio del año pasado en la capital oriental.
PODER.
Se lo imputó por el delito de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, aquel que fue abierto por Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), a finales de 2020, apenas cerró las cortinas el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, a quien Camacho ayudó a llegar al poder tras la caída del presidente Evo Morales.
Dos días después de su detención, el exmandamás del Comité pro Santa Cruz fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, con detención preventiva de cuatro meses. Desde allí dirige a la Gobernación cruceña, en medio de polémica, tras haber sido “blindado” en su cargo por la Asamblea Legislativa Departamental mediante una ley.
Funcionarios del gobierno departamental y seguidores de Camacho protagonizaron protestas por lo sucedido. Lo catalogaron como un “secuestro”, dijeron que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza. Y más. Todo esto fue rechazado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su interpelación realizada el martes.
La autoridad aclaró, ante la Asamblea Legislativa, que el Gobernador sabía de la orden de aprehensión, que fue emitida por la Fiscalía para que sea ejecutada por la Policía. Remarcó que la Policía elaboró un plan que resguardó la integridad y la seguridad física de las personas involucradas, ya que la detención fue en vía pública.
Martes 12 de noviembre de 2019. Áñez tomaba las riendas del Estado en una polémica sesión en el Legislativo. Hoy, la exsenadora está encarcelada precisamente por ello, en el caso Golpe de Estado II. La Fiscalía la acusa de haber llevado a cabo una sesión sin quórum y no haber respetado el reglamento del Senado. Se la condenó a 10 años de prisión, en primera instancia.
CÍVICO.
Camacho fue su aliado, porque empujó al derrocamiento del entonces presidente Morales, en medio de denuncias de fraude en las elecciones que le dieron por ganador en octubre para una nueva reelección. El entonces cívico dirigió las protestas, que se alimentaron de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
Más tarde, Camacho, en una bocanada de sinceridad que fue plasmada en un video, admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, había “cerrado” con efectivos policiales y militares para que permitan esto. Es todo ello lo que investiga el caso Golpe de Estado I.
Martes 23 de mayo de 2023. En su interpelación por el arresto del Gobernador, el ministro Del Castillo respondió 11 preguntas lanzadas por asambleístas de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). El acto legislativo fue empañado por un bochorno entre diputadas del oficialismo y la oposición, que llegaron a los golpes. Al final, la autoridad fue ratificada.
La noticia fue el escándalo. Pero hay algo que pasó casi desapercibido. El informe de Del Castillo sobre el equipo de seguridad que tenía Camacho hasta ese 28 de diciembre de 2022, el cual fue desnudado por un documento de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, en concordancia con uno del Departamento Nacional de Planeamiento y Operaciones.
Ese día se organizó el operativo meticulosamente. No era para menos. El Gobernador tenía 45 personas a cargo de resguardarlo, “algunas con entrenamiento militar y con autorizaciones de porte de armas de fuego”. Se desplazaban en caravanas de entre tres y seis vehículos “de alta gama y cilindrada, todos con vidrios obscuros”.
“Estos elementos fueron analizados para dar cumplimiento a la orden de aprehensión”, dijo Del Castillo. “De esto no se habla… Se pudo evidenciar que el equipo tenía instrucción policial, gente entrenada en Israel, capacitada en el (equipo de élite) SWAT (de Estados Unidos) y probablemente en la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”.
De los 45 integrantes, continuó el ministro, había cuatro choferes. El primer anillo de seguridad comprendía hasta ocho personas, y la restante treintena estaba en el segundo círculo. Del Castillo describió a siete miembros (ver cuadro de la otra página). “Algunos ejercían y ejercen cargos en la Gobernación” de Santa Cruz, remató.
“Estos sujetos armados… pudieron haber impedido el trabajo de la Policía y la Fiscalía”. Asimismo, reveló que Camacho tiene seis armas que figuran en el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (REAFUC), y que las primeras fueron inscritas precisamente en el gobierno de Áñez, cuando el ministro era Arturo Murillo.
Todo este equipo no pudo impedir la aprehensión del Gobernador, quien ya sufrió varios reveses judiciales a la hora de buscar su libertad. Más aún, se le amplió la imputación por los delitos de financiamiento al terrorismo, seducción de tropa, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa… Y su detención preventiva en la cárcel fue extendida por cuatro meses, hasta el 28 de agosto.
Camacho en la FELCC, antes de ir a Chonchocoro.
Seis procesos en su contra y varios reveses judiciales
Los reveses judiciales han golpeado al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde que fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022, al presentar recursos para defenderse sin estar tras las rejas. El último sucedió el jueves 25 de mayo, cuando la Justicia le rechazó una nueva acción de libertad.
Tienes seis procesos abiertos en su contra. El principal es el caso Golpe de Estado I, que investiga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Por esta investigación se encuentra en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, acusado de terrorismo, seducción de tropa y otros delitos.
Otro es el caso Decretazo, por el cual es sindicado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. La denuncia es de marzo y se refiere al Decreto Departamental 373 que evitó que el Vicegobernador asuma en su lugar, cuando él realizó un viaje al exterior.
La polémica comenzó tras la decisión de que la Gobernación esté al mando del secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, y no así el vicegobernador Mario Aguilera. Lo llamativo es que la norma fue posteriormente retirada del sistema de la Gaceta Departamental.
El tercero es el caso Carro Bombero, por los delitos de incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue abierto en agosto de 2022 y se vulneró las normas de licitación pública. Hay sospechas de un sobreprecio y el vehículo hasta el momento no fue entregado.
PARO.
Otro proceso es por los 36 días de violencia en el paro por el Censo, en Santa Cruz. Se lo acusa de terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo y discriminación, entre otros. Los hechos ocurrieron entre octubre y noviembre del año pasado, cuando la medida de presión dejó cuatro muertos, heridos y violaciones a los derechos humanos.
La quinta investigación es por el caso llamado Acuíferos, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Cosntitución y las leyes, por supuestos asentamientos ilegales en el parque Lomas de Arena, que es un territorio protegido. Por último, está una denuncia de violación; Del Castillo ofreció a la víctima colaboración de parte del Ministerio de Gobierno y la Policía. Camacho indicó que esto es una calumnia.
