Nacional

martes 22 sep 2020 | Actualizado a 09:36

El Gobierno dice que Huarachi se queda solo en los bloqueos

Las organizaciones sociales contabilizaron hasta la noche del jueves 175 puntos de cortes de ruta en el país; el viceministro Israel Alanoca afirmó que los cercos bajaron en 50%.

/ 14 de agosto de 2020 / 10:21

El viceministro Israel Alanoca, en conferencia de prensa este viernes. Foto: ABI

Al día siguiente de la promulgación de la Ley 1315, que blinda las elecciones hasta el 18 de octubre, el Gobierno consideró que la intensidad de los bloqueos bajó a la mitad y que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, se queda solo en el conflicto.

El dirigente está «totalmente solo en este momento, él ya debería deponer sus acciones porque tiene que actuar con responsabilidad”, dijo la mañana de este viernes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, quien analizó así el impacto de la legalización de la fecha de los comicios, dispuesta con anterioridad por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Por más que una persona tenga el derecho legítimo a la huelga y a la protesta, estos derechos acaban cuando empiezan (a tocar) los derechos de otros y aquí han ocurrido actos contrarios a la Constitución, a las leyes y esos actos van a tener que ser investigados, procesados y sancionados”, advirtió el funcionario.

Las protestas se activaron desde el 3 de agosto, al influjo de la COB y el Pacto de Unidad, en rechazo a la postergación de elecciones para el 18 de octubre. Hasta la noche del jueves, las organizaciones contabilizaron 175 puntos de bloqueo en la mayoría de las carreteras del eje troncal del país.

“De aproximadamente 130 bloqueos que aún había en toda Bolivia, hasta el día de ayer nos han informado que más del 50% ya ha cesado y eso a nosotros nos genera alegría, porque la misma gente se dio cuenta que estos bloqueos no nos llevan a nada, sino incluso a propagar más el coronavirus”, dijo Alanoca.

Luego de casi dos semanas de bloqueos, la Asamblea Legislativa sancionó ayer la ley que convalida la fecha establecida por el TSE. Más tarde, la presidenta Jeanine Áñez promulgó la ley, 1315, que ratifica comicios para el 18 de octubre.

Aunque la Asamblea Legislativa consideró que está en manos del TSE la resolución de la crisis, la noche del jueves el organismo electoral confirmó que las elecciones del 18 de octubre serán “definitivas, inamovibles e impostergables”.

(14/07/2020)

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Con procesos en la Justicia, Reyes Villa dice ahora que volverá antes del 18 de octubre

El exprefecto se fue hace tres semanas a Estados Unidos, apenas se reactivó un proceso por supuesta corrupción, en el cual se determinó su arraigo. Días después fue beneficiado por un “desarraigo judicial”.

/ 22 de septiembre de 2020 / 08:34

Manfred Reyes Villa, cuando retornó en enero al país.

Manfred Reyes Villa abandonó intempestivamente el país, nuevamente, el 1 de septiembre, en medio de la reactivación de un proceso por supuesta corrupción y el arraigo dictado por un juez en Cochabamba. Se benefició de un “desarraigo judicial” y se fue a Estados Unidos. A tres semanas de ello, señaló ahora que volverá antes de las elecciones del 18 de octubre.

“Los 15 o 20 procesos que tengo son políticos. Yo retorné en enero, luego salí de nuevo por la boda de mi hija”, señaló el exlíder del desaparecido Nueva Fuerza Republicana (NFR). Cuando se fue hace 10 años, lo hizo asfixiado por los juicios y sentencias por irregularidades en su gestión como prefecto cochabambino. Volvió en enero con la intención de quedarse, afirmó.

Sin embargo, la demanda de mala administración en la construcción de la represa Kecoma, con un proceso que ya se alista para el juicio oral, provocó, en agosto, que un tribunal de sentencia determine su arraigo y que se presente cada 15 días ante la autoridad fiscal y tener dos garantes. Por ello sorprendió que días después Reyes Villa obtenga un “desarraigo”.

Primero dijo que se ausentaba por motivos de salud, luego se lo vio en fotos en la boda de su hija. “Para mis detractores y perseguidores políticos a quienes les molesta que alguien tenga mérito por trabajar de verdad: mi salida del país es temporal, no se hagan ilusiones ni fantasías con mi ausencia, yo regresé a #Bolivia para quedarme, les guste o no (sic)”, escribió en Twitter.

Este martes, en una entrevista con la Red ATB, ratificó su posición de que todos los procesos en su contra son políticos. “Estaré muy pronto en Bolivia, estaré la subsiguiente semana, para llegar el 18 de octubre en el reinicio de la democracia”. Y ratificó su apoyo a la candidatura del exdirigente cívico cruceño Luis Fernando Camacho, de Creemos. “Es un proyecto nuevo”.

Reyes Villa volvió en enero, tras 10 años y en medio de sentencias y juicios abiertos en su contra. “El que nada hace, nada teme, por eso estoy aquí”, dijo a su retorno, decisión que tomó al igual que otros políticos autoexiliados que se declararon perseguidos en el gobierno de Evo Morales, como el exprefecto tarijeño Mario Cossío o el excívico cruceño Branko Marinkovic.

El excandidato presidencial tiene al menos 15 procesos en contra por casos que involucran a su gestión prefectural, de los cuales siete cuentan con sentencia condenatoria y están pendientes de ser ejecutados, según los datos que la Gobernación de Cochabamba, por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, contratos lesivos al Estado, entre otros.

Los delitos que pesan sobre el exprefecto por el caso de la represa Kecoma son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Está en la mira por la modificación de un contrato sin el aval de un consejo técnico, durante su gestión como máxima autoridad de Cochabamba, lo que derivó en una represa con bastantes deficiencias, con un supuesto daño económico al Estado.

Ante el viaje de Reyes Villa, el Gobierno salió de inmediato a aclarar que no hay nada ilegal. El director de Migración en Cochabamba, Samir Aliss, confirmó que el excandidato tenía la autorización judicial para tramitar un “desarraigo temporal”, por lo cual no tenía ningún impedimento para abandonar el país, según una nota de la agencia estatal ABI.

“Es importante mencionar que aquí no funcionan las llamadas de castigos o amenazas de quienes gobiernan, pues hay independencia de los poderes», indicó el funcionario, que ratificó lo dicho por el director general de Migración, Marcel Rivas, quien sostuvo anteriormente que Reyes Villa no tenía un arraigo en su contra a la hora de partir hacia Estados Unidos.

(22/09/2020)

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Candidato Camacho: ‘Con el dolor de mi alma, votamos con miedo’ en 2019 por Mesa

El exdirigente cívico y candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, explicó que en las elecciones de 2019 no había otro candidato que podría hacerle frente al MAS. Era, dijo, “lo mejor de lo peor que podíamos tener”

/ 21 de septiembre de 2020 / 23:54

A la izquierda el candidato de Creemos durante un acto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Por Carlos Corz

El candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, reveló que en las elecciones de 2019 votó “con el dolor de su alma” por Carlos Mesa, porque estuvo motivado por lo que llamó el “voto miedo” para evitar que Evo Morales permanezca en el poder.

“Tengo que decirlo que sí (voté por Mesa), con el dolor de mi alma, es la realidad, votamos con miedo y en 21 días tuvimos que tener la valentía de decir: se acabó”, confesó en una entrevista en PAT sobre la situación de las elecciones anuladas de 2019.

En esas justas, dijo, no había otra opción para evitar que el MAS de Morales permanezca en el poder por más tiempo. “Casi todos los bolivianos tuvimos el gran dolor de votar con los ojos cerrados”, era “lo mejor de lo peor que podíamos tener”.

Camacho aseguró que ahora hay opciones para garantizar que Morales no volverá al poder e insistió en que Mesa no es garantía para frenar al partido que gobernó por cerca de 14 años.

El exlíder cívico lideró las protestas de 21 días que sumados a otros hechos derivaron en la dimisión de Morales, quien ahora se encuentra en Argentina.

Se encuentra tercero en la preferencia electoral, según la encuesta de Jubileo. La encuesta de ATB y Uno, elaborada por Focaliza SRL, también ubica a Camacho en tercer lugar con el 10,2%, detrás del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, con el 28,7%, y Mesa con el 19,7%.

(21/09/2020)

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De 35 muertos en el conflicto post-electoral, el Gobierno indemnizó a 11 familias con Bs 100.000

Un informe oficial da cuenta que la mayoría corresponde a Senkata, donde hubo 10 muertos por herida de bala. También se informó que se acomodó a 17 personas en puestos de trabajo

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:26

Disturbios en Senkata antes de la represión militar, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Durante las jornadas de violencia post-electoral de 2019 perdieron la vida 35 personas y 500 resultaron con heridas de diversa gravedad. Hasta este lunes se tiene el reporte del pago de Bs 100.000 a cada familia, principalmente de Senkata, de 11 víctimas mortales, además de la ubicación de 17 personas a igual número de fuentes de trabajo.

El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, informó de lo hecho hasta el momento en el marco del decreto 4176 aprobado en marzo de 2020 y que establece el incremento de la indemnización de Bs 50.000 a Bs 100.000 para familias de quienes perdieron la vida durante los hechos violencia y convulsión social octubre-noviembre.

Las jornadas de mayor violencia se dieron en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba. En Senkata perdieron la vida diez personas por impacto de bala y en Sacaba nueve, también por impactos de bala. En ambos casos hubo intervención de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, a las que se les eximía de responsabilidad por sus acciones. Esa disposición fue anulada.

“Ese monto (Bs 100.000) ya ha sido asignado y depositado a 11 familias, principalmente de Senkata”, explicó y no precisó a cuántas personas heridas llegó la indemnización que estableció el Gobierno en función del grado de invalidez derivado de las heridas provocadas en las jornadas de violencia post-electoral.

Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 se desataron una serie de hechos de violencia. Los cívicos iniciaron un bloqueo de caminos denunciando fraude electoral. La situación se agudizó hasta sumar un motín policial y la sugerencia militar de dimisión. Evo Morales, dimitió.

La semana pasada, un grupo de víctimas de la violencia en Senkata llegó hasta la plaza Murillo con la intención de reunirse con autoridades de Gobierno para exigir justicia, ya que a más de diez meses de lo ocurrido no hay responsables. Policías los sacaron de la plaza con violencia, entre ellos estaba el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.

De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en esos hechos de violencia se registraron 35 muertos y 500 heridos. Inicialmente se aprobó el decreto 4100 que no solo establecía una indemnización menor, Bs 50.000, sino la prohibición de hacer denuncias internacionales de recibir el dinero. La norma fue cuestionada y anulada.

Vargas informó que también se acomodó en 17 personas, no precisó si eran víctimas o familiares, en puestos de trabajo de la administración pública.

También recordó que se ayuda en los trámites de declaratoria de herederos a los beneficiarios, además dijo que el Gobierno tiene la obligación de correr con los gastos de curación de los heridos hasta su restablecimiento, entregar alimentos y devolver los recursos económicos de aquellos gastos médicos que hayan hecho.

(21/09/2020)

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Juntos de Áñez se disuelve y anula más de 200 candidaturas

La agrupación Juntos hará conocer en próximas horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su decisión de disolución, en consonancia con el anuncio de anulación de la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:08

Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina, el binomio de Juntos, durante un acto de campaña en Cochabamba el 13 de septiembre

Por Carlos Corz

A cuatro días de haberse oficializado la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura, la alianza Juntos decidió este lunes su disolución y anulación de las más de 300 candidaturas para el Legislativo. La decisión será comunicada en las próximas horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo que se disipan las dudas sobre en qué quedaban las candidaturas legislativas.

Una reunión de la directiva nacional tomó la decisión, que es consecuencia del anuncio de Áñez de dimisión a su candidatura, junto a su candidato vicepresidencial Samuel Doria Medina, a días de haberse conocido la encuesta de Jubileo, que la ubicó en el cuarto lugar de la preferencia electoral, después de Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (CC) y Luis Fernando Camacho (Creemos).

“A partir de este 21 de septiembre queda disuelta la alianza Juntos y por tanto todas las candidaturas, el binomio y más de 300 candidatos quedan fuera de la carrera electoral”, explicó el vocero de la alianza Edwin Herrera en la red Unitel.

La alianza nació en enero, cuando Áñez sorprendió con el anuncio de su candidatura a la Presidencia, pese a que lo negó en reiteradas ocasiones. Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, Demócratas del gobernador Rubén Costas, Sol.Bo del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y la agrupación del gobernador de Tarija, Óscar Oliva, eran parte de la alianza.

A pesar de la decisión tomada, en la papeleta electoral permanecerá la franja de la alianza Juntos.

Costas planteó que cada frente que inscribió la candidatura de Áñez debe “orientar” el voto de sus militantes y simpatizantes.

“Entendemos que, tras la renuncia a la candidatura, cada organización debe orientar, o no, libremente el voto de sus militantes y simpatizantes”, sostuvo.

Herrera informó que en la reunión de este lunes no se trató el tema de a quién se apoyará en las elecciones del 18 de octubre.

(21/09/2020)

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Murillo anuncia un juicio contra el exprocurador, ahora como ‘persona particular’

El Ministro de Gobierno se expresó molesto por las acusaciones de José María Cabrera, que consideró infundadas “todo el fin de semana”.

/ 21 de septiembre de 2020 / 21:02

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que llevará a estrados judiciales al exprocurador general del Estado  José María Cabrera por las presuntas acusaciones que éste hizo en su contra, pero como a un “particular”.

“Creo que en lo que vamos a terminar es viéndonos en la justicia”, anunció la tarde de este lunes Murillo en declaración a radio Panamericana, en referencia a Cabrera. Él “tendrá que demostrar todas las acusaciones que ha hecho contra mí durante todo este fin de semana”, añadió.

Murillo consideró que hay «periodistas entre comillas» que le “acusan y acusan”, pero que están protegidos por la Ley de Imprenta. Con Cabrera es otra cosa, siendo éste un “particular”.

“Está bien que yo me calle ante las acusaciones de algunos periodistas entre comillas, que acusan y acusan, pero como son periodistas, tienen el Tribunal de Imprenta, qué se yo; entonces, ni los miro. Pero ya una persona particular que venga hacer acusaciones, va a tener que demostrar las acusaciones que ha hecho, puesto que son graves, y uno no puede ir por la vida difamando a las personas; eso no lo voy a permitir”, aseveró el ministro.

La Razón trató de obtener la respuesta del exprocurador, pero no tuvo éxito.

Entre las acusaciones “de todo este fin de semana” acaso estén las que publicó ayer domingo el suplemento Animal Político de La Razón, en una entrevista con Cabrera.

Allí, el exprocurador afirmó que Murillo, al impulsar la “privatización” de una parte de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con la “devolución” de acciones de ELFEC (Cochabamba) estatizadas en 2010, generó la omisión de importantes procedimientos propios de un cambio de razón social, de propiedad, de dichas acciones: de lo públicas que son hoy día a privadas que pueden ser mañana.

“Observamos la omisión de muchos procedimientos. ¿Por qué un ministro que no es del ramo, el ministro de Gobierno, está planteando una iniciativa en el área energética, saltando y prescindiendo del Ministerio de Energía? Aquí, no se cuentan con los trámites más elementales, como informes jurídicos y técnicos que respalden y avalen esa iniciativa. Se aplicó el llamado ‘procedimiento rápido’, que es para otras cosas mucho más sencillas; en lo de ENDE, es un caso que amerita el tratamiento por la vía ordinaria de un decreto supremo”, destacó Cabrera a este suplemento.

Si ha sido abusiva la nacionalización de las acciones de ELFEC hace 10 años, si fue una confiscación, como ahora se aboga, Cabrera insiste en que decir si eso fue o no legal no le corresponde al Órgano Ejecutivo, ni a este ni al que venga, sino a un juez.

Y sí, Cabrera afirmó que Murillo, con su accionar en el caso ENDE, pretende saltarse la Constitución y las leyes: “Lo que sí es de mi preocupación y de interés nacional es que existan autoridades que pretendan actuar por encima de la Constitución y la ley, como el ministro Arturo Murillo, y además con graves daños a intereses nacionales”.

En relación al caso de la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos a fines de 2019, el exprocurador, aparte de matizar que esto fue lo que puso “furioso” al ministro, denunció que Murillo no respondió “ni con un solo papel” el “requerimiento procuradurial” que la Procuraduría General del Estado le hizo llegar el 24 de junio de 2020. El Ministerio de Gobierno no lo hizo, como sí lo hizo el Ministerio de Defensa, remarcó en la entrevista con este medio.

Aquí también la exautoridad señala a Murillo de incumplir la ley: “Murillo no está por encima de la Constitución y la ley; si no cumple, comete el delito de impedir y estorbar el ejercicio de funciones públicas, el de obstaculizar la justicia y el incumplimiento de deberes”.

Es más, la anterior semana, al cumplirse el plazo de espera sin respuesta de parte de Murillo, Cabrera, en su calidad de Procurador, le mandó un nuevo requerimiento: “El miércoles 16 la Procuraduría ha emitido el segundo requerimiento [para Murillo], que es el paso previo para la denuncia por la comisión de dichos delitos”, destacó el ahora exfuncionario.

En Panamericana, Murillo también dijo (algo que ya había señalado antes) que Cabrera “se ha metido y ha tenido reuniones con el MAS, y lo vamos a demostrar”, que por eso “él no ha actuado en defensa del Estado, ha actuado políticamente”, y que le “ha mordido la mano de quien le ha dado de comer”, o sea, a la presidenta Añez.

Como se apunta en la entrevista con Animal Político, el 4 de septiembre, hace apenas dos semanas, Cabrera presentó nada menos que en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, una denuncia contra el líder del MAS, Evo Morales (junto con al ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi) por delitos de lesa humanidad.

Si bien varios juristas no están de acuerdo en absoluto con este proceso en la CPI, Cabrera lo hizo a nombre del Estado boliviano, del gobierno transitorio de Añez.

En la entrevista, el exprocurador también recordólas “ocho carpetas Cóndor, más de mil documentos emitidos por diferentes instituciones” que recopiló la Procuraduría para establecer su propia acusación por el “fraude” electoral de 2019, donde “se ha encontrado —dijo Cabrera—  hallazgos serios de comisión de delitos de corrupción en 13 personas, funcionarios públicos y particulares”.

(21/09/2020)

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