Nacional

domingo 16 may 2021 | Actualizado a 23:43

Amnistía Internacional denuncia impunidad sobre la represión postelectoral en Bolivia

La organización también lamentó las acciones del gobierno precedente de Evo Morales, del que recordó que puso en entredicho la labor de instituciones y personas respecto de la defensa de derechos en el país.

Una escena de la represión en el puente Huayllani, Sacaba, el 15 de noviembre de 2020. Foto: APG

/ 21 de agosto de 2020 / 14:57

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el jueves impunidad en Bolivia en los casos de violación de derechos humanos durante la represión militar-policial después de las elecciones anuladas de octubre de 2019.

En un informe “Para sanar la pandemia de impunidad”, sobre los sucesos posteriores a la crisis que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la sucesión de Jeanine Áñez, la organización además hizo recomendaciones respecto de la crítica situación del país a los candidatos inscritos para las elecciones del 18 de octubre.

Un jefe militar impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 14 de noviembre de 2020. Foto: Óscar Ortiz

“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, según una nota de prensa de la organización de derechos humanos.

Al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de abril y cuyo contenido libraba a los militares de una eventual proceso penal por sus acciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana intervinieron una gigantesca columna marchistas en Huayllani, Sacaba (Cochabamba), el 15 de abril. La represión terminó inicialmente con una decena de fallecidos.

El 19 de abril, otra movilización, esta vez en la zona de Senkata, en El Alto, también fue reprimida por las fuerzas combinadas. Otra decena de muertos fue el resultado de las acciones. Los manifestantes habían bloqueado la salida de carburantes de la planta de la zona y el Gobierno consideró que la movilización tenía características de sedición y terrorismo.

Las movilizaciones se habían iniciado después de la dimisión de Morales, en reclamo por su retorno y en protesta contra el gobierno transitorio. Una crisis política se había desatado por las irregularidades en las elecciones halladas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había sido secundada por conflictos previos durante 21 días, propiciados por movimientos y organizaciones detractores de Morales y su gobierno.

Impunidad

En su informe, basado en investigaciones propias, Amnistía Internacional contabilizó al menos 35 fallecidos  y 883 en esas protestas. “Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”, señala el documento.

Insistentemente, el gobierno de Jeanine Áñez consideró que la intervención policial-militar no usó armas letales en ambos hechos. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, repitió el 10 de agosto el ministro de Defensa, Luis Fernando López, al anunciar la caravana de transporte de oxígeno medicinal de Santa Cruz a La Paz en pleno bloqueo de carreteras.

El informe Para sanar la pandemia de impunidad: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1828712020SPANISH.PDF

En contrapartida, la organización también cuestionó la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado. “En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, recordó.

Ministerio de Justicia

“Hicieron declaraciones que ponían en entredicho la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y suscitaron dudas respecto de la obligación de las autoridades bolivianas de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, dice el informe.

Al respecto, el Ministerio de Justicia rescató este viernes esta parte del documento para recordar el papel de Morales y su gobierno en los hechos.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, dijo Justicia en un comunicado de prensa.

Amnistía Internacional se refirió también a las agresiones contra defensores de derechos humanos, como Waldo Albarracín, cuya vivienda fue quemada durante la crisis, como la de la periodista Casimira Lema, el entonces ministro César Navarro o el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.

“En ese sentido, Bolivia ha fallado en su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de garantizar un ambiente seguro y propicio para realizar su labor y ejercer su derecho a defender los derechos humanos”, dice el texto.

Periodistas

También se refirió a las agresiones a periodistas, locales e internacionales, en la crisis. “El gobierno interino ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”, afirma el informe.

Luego de los conflictos, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, advirtió con procesar a “pseudo periodistas sediciosos”. Con “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Lo que hacen estos periodistas, en algunos casos bolivianos y extranjeros, que estén causando sedición en el país tienen que responder a la ley boliviana”, advirtió.

“Tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, advierte Amnistía Internacional.

Recordó que en esta cuarentena por la expansión del COVID-19 en el país las acciones se repiten y consideró que los “decretos 4199, 4200 y 4231, entre otros, que, con la justificación de enfrentar la pandemia, pretenden silenciar a aquellas personas que cuestionen sus políticas”.

Sobre este contexto de crisis, la organización describió que en Bolivia existe “un ambiente de creciente polarización e intolerancia, de actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y de falta de confianza en las autoridades bolivianas para impartir justicia independiente”.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales. Ello, para desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares”, complementó.

Cree que es un paso fundamental que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya creado un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos.

Además, con vistas a las elecciones generales del 18 de octubre, ahora validadas en la Ley 1315, promulgada por Áñez, Aministía Internacional recomendó a los ocho candidatos presidenciales “a que se comprometan públicamente con una agenda de derechos humanos para los próximos cinco años, asegurándose que sus propuestas de gobierno avanzan en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que Bolivia voluntariamente ha contraído”.

Las elecciones fueron un último motivo de conflicto en el país. La Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron movilizaciones contra la postergación de los comicios dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El bloqueo de carreteras de 12 días perjudicó el transporte y el gobierno señaló que la medida impidió el traslado de oxígeno y medicamentes para pacientes con COVID-19 especialmente para las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro.

Por esos hechos, el Ministerio de Justicia instauró procesos contra los dirigentes de la movilización y contra Morales, entre otros.

(21/08/2020)

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Arce expresa solidaridad con Palestina y llama a la ONU a detener violencia

"Debemos unir esfuerzos para que las niñas y niños vivan libres, y crezcan en #paz”, escribió Arce en su cuenta de la red social Twitter.

El presidente Luis Arce en una conferencia de prensa. Foto: Btv.

/ 15 de mayo de 2021 / 18:26

El presidente Luis Arce expresó este sábado su solidaridad con Palestina y llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a detener la violencia en Medio Oriente, donde la mayoría de las víctimas son niños.

“Expresamos nuestra profunda solidaridad con el pueblo palestino. Hacemos un llamado a la @ONU_es para detener esta agresión y se respete el derecho de autodeterminación de #Palestina. Debemos unir esfuerzos para que las niñas y niños vivan libres, y crezcan en #paz”, escribió Arce en su cuenta de la red social Twitter.

Desde la Cancillería se emitió un comunicado en el cual se recordó que Palestina conmemora hoy el “Día de la Nakba”

“Esta conmemoración se ve teñida por muerte y destrucción en Palestina en medio de ataques por parte del ejército israelí, un genocidio nunca visto, donde las principales víctimas son niños”, señala el comunicado.

Leer además: Israel destruye oficinas de prensa internacional en Gaza y enviado de EEUU llega para negociaciones

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CIDH y Bolivia acuerdan ampliar plazo para las investigaciones sobre los hechos de 2019

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) investiga los hechos de violencia y la violación de derechos humanos tras las anuladas elecciones de octubre de 2019.

Operativo militar en Sacaba, Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019.

/ 15 de mayo de 2021 / 12:08

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Bolivia acordaron ampliar por dos meses el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que continúe las investigaciones sobre los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos tras las anuladas elecciones de octubre de 2019.

El Grupo, que depende de la CIDH, inició su labor el 23 de noviembre de 2020 y debido a la pandemia del COVID-19 se vio restringida la movilidad de sus miembros y la realización de reuniones para cubrir su agenda en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro, según reportó Erbol.

Durante ese periodo, el GIEI acumuló más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales y unas 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales.

Los investigadores mantienen además reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, partidos políticos, personalidades públicas, miembros del gobierno, fiscales, jueces y ex autoridades.

En este contexto, el Gobierno y la CIDH acordaron la prórroga del mandato del GIEI Bolivia, no sólo por las dificultades que impuso la pandemia, sino también por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, los que necesitaron de plazos razonables para compilar la información.

Con la publicación del Informe Final, previsto para julio de 2021, el GIEI dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y sus recomendaciones para coadyuvar a las autoridades bolivianas en los temas de promoción de la justicia y de garantía de reparación a las víctimas, en los plazos establecidos en el Acuerdo y Protocolo.

Julián Burger, experto miembro del GIEI Bolivia, agradeció el apoyo y confianza de varias instituciones y personas y expresó su disposición de continuar escuchando más testimonios en estos últimos meses de la investigación. (15/05/2021)

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La Fiscalía admite denuncia contra el expresidente del TSE Salvador Romero

El diputado del MAS Ramiro Venegas informó que presentó la denuncia porque el expresidente del TSE no presentó informes al Legislativo sobre las declaraciones de la vocal Rosario Baptista

El expresidente del TSE, Salvador Romero

/ 14 de mayo de 2021 / 21:33

La Fiscalía admitió una denuncia contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero por incumplir sus deberes al no haber respondido al Legislativo sobre las observaciones de la vocal Rosario Baptista a las elecciones de octubre y su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) de una auditoría.

El diputado del MAS Ramiro Venegas presentó la denuncia a informó que la Fiscalía iniciará la investigación para establecer responsabilidades.

Romero renunció a la vocalía y a la presidencia del TSE, cargo que ocupó tras haber sido designado por la expresidenta Jeanine Áñez.

“Es un proceso iniciado por incumplimiento de deberes, que tenía un fondo sobre la vocal Baptista que había hecho algunos comentarios de vicios de nulidad en la última elección, eso se tiene que aclarar”, explicó.

Venegas anunció que se ampliará la denuncia contra la vocal que después de observar las elecciones en las que ganó Luis Arce retrocedió y retiró la carta enviada a la OEA para pedir una auditoría.

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Envían a la cárcel al exviceministro Guido Melgar por el caso Segip

El exviceministro Guido Melgar es investigado por la denuncia vinculada a la solicitud de información de forma irregular al Segip. Melgar dijo que su “delito es tratar de luchar contra la corrupción”

Guido Melgar es conducido a oficinas policiales, el jueves. Foto: APG

/ 14 de mayo de 2021 / 21:12

El exviceministro de Justicia Guido Melgar fue enviado este viernes a la cárcel de San Pedro de La Paz por la denuncia derivada del acceso de forma irregular a datos de más de 500 personas registradas en el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Melgar deberá cumplir una detención preventiva de cuatro meses en la cárcel en la que también están los exministros Álvaro Coimbra y Gustavo Rodríguez por el caso “golpe de Estado”. De inicio estará aislado como parte de las medidas de bioseguridad para evitar casos COVID-19.

Fue aprehendido el jueves tras prestar su declaración informativa. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció en diciembre de 2020 el irregular acceso a hojas prontuariales de 592 personas en el gobierno de Jeanine Áñez, por lo que anunció la presentación de una denuncia penal.

Del Castillo reveló en ese entonces que Melgar solicitó esa información y se la facilitó, pese a que el funcionario Wilson Ramos, de la Unidad de Dactiloscopia de entonces, le recordó que las normas del Segip no lo permitían.

Tras su aprehensión, Melgar aseguró que su “delito es tratar de luchar contra la corrupción” y que en ese entonces solo gestionó ante el Segip el número de las cédulas de identidad de un grupo de 592 personas.

“Hay un consejo del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (Star-Gira) que aprobó las listas y lo único que hice fue solicitar al Segip el número de carnet de identidad de las personas, nada más, ese es mi delito, tratar de luchar contra la corrupción”, sostuvo en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

En esa lista estaban nombre de diferentes exautoridades, incluso de la hija del exvicepresidente Álvaro García.

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Los excandidatos del MAS Ruiz y León asumen cargos en Autonomías y Fancesa

En el balotaje del 11 de abril en Tarija y Chuquisaca (además de La Paz y Pando) Ruiz perdió la gobernación de Tarija frente a Óscar Montes y León la de Chuquisaca ante Damián Condori.

Álvaro Horacio Ruiz juró como nuevo Viceministro de Autonomías

Por Paulo Cuiza

/ 14 de mayo de 2021 / 18:50

Álvaro Ruiz y Juan Carlos León, excandidatos del Movimiento Al Socialismo a las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca, respectivamente, asumieron en las últimas 24 horas cargos en el Viceministerio de Autonomías y en la Fábrica Nacional de Cementos SA (Fancesa).

Ruiz juró este viernes como nuevo Viceministro de Autonomías. “Gracias por confiar en mí. Bolivia vive uno de los momentos especiales, mientras nuestro gobierno se preocupa de salir de la crisis económica, de salud (…) y es ahí donde tenemos que apoyar; necesitamos un nivel de coordinación muy importante con los gobiernos departamentales, municipales, regionales y las autonomías indígenas”, sostuvo.

La nueva autoridad aseveró que trabajará para recuperar a esa Bolivia que se caracterizaba por la estabilidad y que quedó “destrozada” por el “el golpe de Estado” que llevó al poder a Jeanine Áñez.

Mientras que León fue designado como uno de los nuevos cuatro directores de Fancesa. Fue elegido por el alcalde Enrique Leaño, quien acreditó a dos representantes en el Directorio de la fábrica de cemento.

Juan Carlos León, el excandidato del MAS a la Gobernación de Chuquisaca.

Junto a León fueron designados, por el lado de la Alcaldía de Sucre, José Luis Ríos Pérez como Director y Marcelo Poveda como síndico económico.

En el balotaje del 11 de abril en Tarija y Chuquisaca (además de La Paz y Pando) Ruiz perdió la gobernación de Tarija frente a Óscar Montes y León la de Chuquisaca ante Damián Condori.

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