Nacional

lunes 20 sep 2021 | Actualizado a 19:15

Amnistía Internacional denuncia impunidad sobre la represión postelectoral en Bolivia

La organización también lamentó las acciones del gobierno precedente de Evo Morales, del que recordó que puso en entredicho la labor de instituciones y personas respecto de la defensa de derechos en el país.

Una escena de la represión en el puente Huayllani, Sacaba, el 15 de noviembre de 2020. Foto: APG

/ 21 de agosto de 2020 / 14:57

La organización no gubernamental Amnistía Internacional denunció el jueves impunidad en Bolivia en los casos de violación de derechos humanos durante la represión militar-policial después de las elecciones anuladas de octubre de 2019.

En un informe “Para sanar la pandemia de impunidad”, sobre los sucesos posteriores a la crisis que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la sucesión de Jeanine Áñez, la organización además hizo recomendaciones respecto de la crítica situación del país a los candidatos inscritos para las elecciones del 18 de octubre.

Un jefe militar impone la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 14 de noviembre de 2020. Foto: Óscar Ortiz

“Bolivia enfrenta una grave crisis sociopolítica, que pone al país en una encrucijada. La única opción viable para salir de esta crisis es poner los derechos humanos de todas las personas en el centro de las respuestas. De lo contrario, se condena a la población, sobre todo a los grupos históricamente marginalizados, a una espiral de violencia y de continuas violaciones a sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, según una nota de prensa de la organización de derechos humanos.

Al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de abril y cuyo contenido libraba a los militares de una eventual proceso penal por sus acciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana intervinieron una gigantesca columna marchistas en Huayllani, Sacaba (Cochabamba), el 15 de abril. La represión terminó inicialmente con una decena de fallecidos.

El 19 de abril, otra movilización, esta vez en la zona de Senkata, en El Alto, también fue reprimida por las fuerzas combinadas. Otra decena de muertos fue el resultado de las acciones. Los manifestantes habían bloqueado la salida de carburantes de la planta de la zona y el Gobierno consideró que la movilización tenía características de sedición y terrorismo.

Las movilizaciones se habían iniciado después de la dimisión de Morales, en reclamo por su retorno y en protesta contra el gobierno transitorio. Una crisis política se había desatado por las irregularidades en las elecciones halladas por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había sido secundada por conflictos previos durante 21 días, propiciados por movimientos y organizaciones detractores de Morales y su gobierno.

Impunidad

En su informe, basado en investigaciones propias, Amnistía Internacional contabilizó al menos 35 fallecidos  y 883 en esas protestas. “Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas y sancionadas, y permanecen en la impunidad”, señala el documento.

Insistentemente, el gobierno de Jeanine Áñez consideró que la intervención policial-militar no usó armas letales en ambos hechos. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, repitió el 10 de agosto el ministro de Defensa, Luis Fernando López, al anunciar la caravana de transporte de oxígeno medicinal de Santa Cruz a La Paz en pleno bloqueo de carreteras.

El informe Para sanar la pandemia de impunidad: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1828712020SPANISH.PDF

En contrapartida, la organización también cuestionó la actuación del gobierno de Morales y de su entorno político, involucrados también en la crisis de octubre y noviembre del año pasado. “En diferentes momentos de la crisis postelectoral, altas autoridades del gobierno anterior emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, recordó.

Ministerio de Justicia

“Hicieron declaraciones que ponían en entredicho la labor de las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil y suscitaron dudas respecto de la obligación de las autoridades bolivianas de proteger y garantizar el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, dice el informe.

Al respecto, el Ministerio de Justicia rescató este viernes esta parte del documento para recordar el papel de Morales y su gobierno en los hechos.

“Este informe de esta organización contiene información relevante sobre las violaciones de derechos humanos durante la crisis postelectoral. Amnistía Internacional señala que, en diferentes momentos de dicha crisis, altas autoridades del gobierno, incluido el expresidente Morales y sectores afines a él, emitieron declaraciones que contenían llamados a ejercer acciones violentas y amenazas de cercar ciudades si los paros continuaban”, dijo Justicia en un comunicado de prensa.

Amnistía Internacional se refirió también a las agresiones contra defensores de derechos humanos, como Waldo Albarracín, cuya vivienda fue quemada durante la crisis, como la de la periodista Casimira Lema, el entonces ministro César Navarro o el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez.

“En ese sentido, Bolivia ha fallado en su obligación de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y de garantizar un ambiente seguro y propicio para realizar su labor y ejercer su derecho a defender los derechos humanos”, dice el texto.

Periodistas

También se refirió a las agresiones a periodistas, locales e internacionales, en la crisis. “El gobierno interino ha creado un clima de miedo y censura a través de sus pronunciamientos y ha puesto en la mira a aquellos periodistas y comunicadores sociales que son críticos de su gestión”, afirma el informe.

Luego de los conflictos, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, advirtió con procesar a “pseudo periodistas sediciosos”. Con “aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición se va a actuar conforme a la ley. Lo que hacen estos periodistas, en algunos casos bolivianos y extranjeros, que estén causando sedición en el país tienen que responder a la ley boliviana”, advirtió.

“Tal hostigamiento podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país, al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud”, advierte Amnistía Internacional.

Recordó que en esta cuarentena por la expansión del COVID-19 en el país las acciones se repiten y consideró que los “decretos 4199, 4200 y 4231, entre otros, que, con la justificación de enfrentar la pandemia, pretenden silenciar a aquellas personas que cuestionen sus políticas”.

Sobre este contexto de crisis, la organización describió que en Bolivia existe “un ambiente de creciente polarización e intolerancia, de actos de estigmatización, discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y de falta de confianza en las autoridades bolivianas para impartir justicia independiente”.

“Bolivia requiere de un mecanismo independiente con personas expertas internacionales. Ello, para desentrañar la verdad y brindar justicia y reparaciones a las víctimas y sus familiares”, complementó.

Cree que es un paso fundamental que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya creado un Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para el esclarecimiento de los hechos.

Además, con vistas a las elecciones generales del 18 de octubre, ahora validadas en la Ley 1315, promulgada por Áñez, Aministía Internacional recomendó a los ocho candidatos presidenciales “a que se comprometan públicamente con una agenda de derechos humanos para los próximos cinco años, asegurándose que sus propuestas de gobierno avanzan en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que Bolivia voluntariamente ha contraído”.

Las elecciones fueron un último motivo de conflicto en el país. La Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron movilizaciones contra la postergación de los comicios dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El bloqueo de carreteras de 12 días perjudicó el transporte y el gobierno señaló que la medida impidió el traslado de oxígeno y medicamentes para pacientes con COVID-19 especialmente para las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro.

Por esos hechos, el Ministerio de Justicia instauró procesos contra los dirigentes de la movilización y contra Morales, entre otros.

(21/08/2020)

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Justicia de Chile revoca la detención y dicta arresto domiciliario a los tres militares bolivianos

Los tres militares deberán permanecer en la comuna de Pozo Almonte. Son acusados de robo con intimidación y porte ilegal de armas. Se los capturó cuando luchaban contra el contrabando

Foto: RRSS

/ 20 de septiembre de 2021 / 16:56

Los tres militares bolivianos detenidos en Chile fueron beneficiados este lunes con arresto domiciliario, luego que la Corte de Apelaciones revocara la detención preventiva que se les había impuesto tras ser detenidos en la zona de frontera en medio de denuncias de robo con intimidación y porte ilegal de armas.

“SE REVOCA la resolución dictada en audiencia de once de septiembre de dos mil veintiuno que decretó la medida cautelar de prisión preventiva respecto de Jaime Hervas Fuentes, Nijer Ponce Flores y José Edilberto Bautista Carvajal, y en su lugar se sustituye por las medidas cautelares de arresto domiciliario que fijarán dentro de la comuna de Pozo Almonte”, establece la resolución judicial.

La decisión fue tomada por la Corte de Apelaciones de Iquique. La defensa puso como domicilio de los acusados un hotel.

El 11 de septiembre, la Justicia chilena dispuso la detención preventiva en la cárcel de Alto Hospicio de los tres militares capturados el 7 del mismo mes en un operativo de Carabineros tras una denuncia de robo.

A diferencia de la acusación, el gobierno de Bolivia aseguró que los militares fueron detenidos mientras ejecutaban un operativo de lucha contra el contrabando y que, precisamente, el denunciante es una persona vinculada a la ilícita actividad.

La administración de Luis Arce anunció gestiones diplomáticas en procura de lograr la libertad de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

“En fallo unánime (causa rol 386-2021), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Güiza Gutiérrez, Mónica Olivares Ojeda y Andrés Provoste Valenzuela– revocó la resolución dictada el pasado 11 de septiembre por el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte”, destaca un reporte del Poder Judicial de Chile.

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Richter considera que Camacho no fue a la Expocruz por su ‘inconsistencia de pensamiento’

El funcionario afirmó que pudo visualizar a una diputada de Creemos durante los primeros gritos en el discurso de Arce en la Expocruz.

El vocero presidencial Jorge Richter. Foto: Oswaldo Aguirre-La Razón.

/ 20 de septiembre de 2021 / 15:15

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este lunes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, optó por no participar de la apertura de la Expocruz por su “inconsistencia de pensamiento y de formación democrática”.  

La Expocruz fue inaugurada el viernes con presencia del presidente Luis Arce y la autoridad departamental opositora al Gobierno nacional no asistió al evento empresarial más importante de su región alegando que ya tenía una agenda cerrada desde hace varios días para estar en la Chiquitanía.

Sin embargo, Richter dijo que hubiera sido “verdaderamente importante” que esté Camacho en el mismo escenario que la autoridad nacional a quien de manera permanente se refiere de forma “agresiva y con adjetivaciones” y hubiera sido la oportunidad para que se exprese de frente al Presidente con todo lo que piensa y dice por los medios de comunicación y las redes sociales.

No obstante, estuvo ausente “por la falta de consistencia para poder decir las cosas de frente, mirando a los ojos y en presencia de la otra persona, ese es el tema”, agregó en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

El funcionario gubernamental remarcó que en política no solamente hay que caminar por los medios con “declaraciones altisonantes” porque igual “hay que saberlo decir cuando está la otra persona delante”.

Entonces, “ese era el momento y también hubiese tenido que escuchar la respuesta del presidente Arce sin lugar a dudas, pero cuando la inconsistencia de pensamiento, de formación democrática, es tan evidente, pues lo que la persona hace es escurrirse de estos momentos para no enfrentar esa responsabilidad”, remarcó.

Arce, durante su extenso discurso en la inauguración de la Expocruz, se volvió a referir a la crisis de 2019 y remarcó que se deben “dejar atrás las acciones políticas irresponsables impulsadas por pequeños grupos e intereses mezquinos”.

“Que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni el dar nombres de empresarios en tarimas poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, no con rupturas del orden constitucional, ni gobiernos de facto (…), pues una vez más se ha confirmado a dónde nos lleva ese camino”, acotó el Jefe del Estado en medio de gritos a su favor y en contra.

Richter señaló que Arce, antes de llegar a esa parte de su discurso, mencionó el tema de la salud y cuando hizo esa referencia “empezaron los primeros gritos y usos de adjetivos” en una muestra de falta de respeto a la investidura presidencial.

“Ahí empezaron los primeros gritos irreverentes hacia la autoridad presidencial, hacia la institucionalidad presidencial ¿De parte de quiénes? Yo pude visualizar (…) a una diputada de Creemos que ya la vi varias veces manejarse en esos términos en distintos medios (y es así que) ella gritaba ‘mentiroso’, ella gritaba ‘dónde están las vacunas Sputnik V’”, contó.

Mientras Camacho, mediante su cuenta en Twitter, consideró que el Presidente solo fue a la Expocruz “con un discurso politiquero”. “No dijo nada del castigo a nuestras exportaciones agropecuarias, ni de los avasallamientos, causantes de la marcha indígena que avanza a Santa Cruz”, remarcó.

“Hasta se hizo faltar el respeto cuando insistió con su discurso del ‘golpe’. En el acto del 24 (de septiembre), organizado por nuestra Gobernación, le vamos a decir al Gobierno que nosotros no aceptamos mentiras y que los cruceños defenderemos siempre nuestra democracia. A ese acto, sí podrá asistir todo el pueblo cruceño. ¡Yo no me voy a callar!”, anticipó el Gobernador.

Sin embargo, Richter sostuvo que de “frente a los micrófonos, en solitario y ante la muchedumbre, no es muy difícil envalentonarse”. Además, “hay hechos que no se pueden soslayar y ocultar, ni tampoco solamente decirnos las cosas que queremos escuchar”, apuntó el Vocero.

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El conflicto cocalero se agrava en La Paz, con toma de sede, intervención de la Policía, arrestos y enfrentamiento

A la 01.00 se produjo la toma de las instalaciones de Adepcoca en la zona de Villa Fátima, por la cual se acusa al grupo liderado por Elena Flores. La Policía intervino y hay seis detenidos del bloque de Armin Lluta, quien está “desaparecido”.

Fotos: Rodwy Cazón

/ 20 de septiembre de 2021 / 14:38

La toma de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) agravó el conflicto entre los sectores de Elena Flores y Armin Lluta, que derivó en una intervención policial, detenciones y enfrentamiento en un ampliado. Incluso se desconoce el paradero del dirigente Lluta, de acuerdo con su abogada.

A la 01.00 se produjo la toma de las instalaciones en la zona de Villa Fátima, por la cual se acusa al grupo liderado por Flores. La Policía intervino y hay seis detenidos del bloque de Lluta. La abogada de Lluta, Evelín Cossío, dijo a La Razón que el dirigente estaba en la sede al momento de la toma y que por ahora esta desaparecido.

El enfrentamiento en el ampliado de Elena Flores. Video: Roberto Guzmán

Asimismo, un ampliado que realizaba Flores en la cancha de Kalajahuira terminó en enfrentamiento entre sus seguidores, unos exigían la posesión de la nueva directiva de los cocaleros yungueños, mientras que otros demandan la realización de nuevas elecciones.

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Abogada abrirá proceso por destrozos en Adepcoca y dice que Lluta está ‘desaparecido’

Evelin Cossío acusa al sector de la dirigente Elena Flores de haber liderado la toma de la sede de los cocaleros de los Yungas en el barrio de Villa Fátima. Advierte que Lluta estaba en el lugar y que no se sabe su paradero.

El dirigente cocalero Armin Lluta.

/ 20 de septiembre de 2021 / 14:11

Evelin Cossío, abogada de Armin Lluta, dirigente cocalero de los Yungas, informó a La Razón que tramitará una denuncia contra Elena Flores y otras personas acusadas de la toma de la toma de la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) la madrugada de este lunes.

“Estoy haciendo las gestiones necesarias para formalizar la denuncia en contra de la señora Elena Flores y las personas que han sido identificadas anoche, se habría cometido el delito de porte de explosivos, asimismo quiero denunciar que los dirigentes me han comunicado que estas personas también portaban armas de fuego”.

Agregó que la mañana de este lunes cinco dirigentes de esa organización fueron arrestados por la Policía y conducidos al módulo policial de la terminal interprovincial de Minasa.

Cossío enfatizó que tomó contacto con dirigentes que se encontraban descansando el momento de la toma, quienes le informaron que cerca de la medianoche un grupo de 30 personas liderado por Flores arremetieron contra esa infraestructura de la zona de Villa Fátima utilizando cachorros de dinamita.

Entre los que se encontraban en el lugar estaba Lluta, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, dijo la abogada, quien teme que su defendido haya sido secuestrado.

Efectivos policiales con equipo antimotín se encuentran en la zona resguardando el edificio de Adepcoca para evitar enfrentamientos entre grupos afines a Lluta y Flores, ambos dirigentes de los productores de la hoja de coca de los Yungas.

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El Gobierno apunta a la ‘estabilización’ de los cultivos de coca en 22.000 hectáreas

En 2020, de 11.000 hectáreas programadas para la erradicación, apenas se llegó a 1.700, aseguró el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani.

/ 20 de septiembre de 2021 / 13:51

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, señaló este lunes que el Gobierno trabaja en lograr la «estabilización» de la producción de coca en no más de 22.000 hectáreas, tal como dispone la Ley General de la Coca.

En entrevista con el programa por streaming La Razón Radio, Mamani aseguró que cada año se proyecta un promedio de racionalización y erradicación de 11.000 hectáreas.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos acusó a Bolivia de no haber realizado los esfuerzos suficientes en la lucha contra el narcotrafico, y le «alentó» a que cuide los mercados legales de la hoja de coca y erradique la producción ilícita.

Este llamado de atención, aparte de ser rechazado por la administración del presidente Luis Arce, no comprende lo que en realidad pasa en la lucha contra el narcotráfico, dijo Mamani. «No puede haber reducción de cultivos de coca por arte de magia».

En promedio, en el país se erradica entre 8.000 y 11.000 hectareas. Si en el informe de la UNODC, apuntó Mamani, se dice que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 15% de los cultivos, esto sobre todo fue por la falta de voluntad política del gobierno transitorio de Jeanine Añez. «En 2019, a los dos días del golpe de Estado, han paralizado las tareas de racionalización y erradicación de los cultivos de coca; ha faltado erradicar 1.800 hectareas de coca «.

Peor fue la situación en 2020, subrayó Mamani. «De las 11.000 proyectadas apenas han erradicado 1.700 hectáreas»; por eso, dijo la autoridad, la UNODC cataloga a lo sucedido en 202O como «uno de los peores» incrementos de cultivos en los últimos 10 años.

Por lo demás, Mamani apuntó que «el único organismo internacional reconocido (en el monitoreo de los cultivos de hoja de coca) es la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

Para la gestión 2021, se proyecta la erradicación de 9.000 hectáreas, de las cuales se avanzó 6.240, detalló el viceministro.

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