Nacional

sábado 24 jul 2021 | Actualizado a 04:44

Joven implicada en acusación a Morales por estupro revela que declaró presionada

Señala que fue detenida acusada de terrorismo y sedición y en esa circunstancia se le quitó el celular con que se acusa al expresidente; manipularon el contenido del aparato, afirma.

El viceministro Guido Melgar anunció proceso a Evo Morales por 'estupro'. Foto: APG

/ 21 de agosto de 2020 / 16:59

En una carta de este 21 de agosto, dirigida a la Defensora del Pueblo, la joven que según el gobierno fue víctima de estupro por parte del expresidente Evo Morales revela que su declaración del 13 de julio ante la Fiscalía de Cochabamba fue dada bajo presión, amenazas y sin abogado; que se le decomisó celulares y se los usó sin su autorización ni conocimiento.

En la referida declaración, la joven habría “revelado” elementos clave para la acusación que hoy se hace al exmandatario, como el hecho de que ella viajó a Argentina y México y que en ese momento mantenía una relación sentimental con Morales.

En la carta a la defensora Nadia Cruz, la joven relata que ella y su hermana fueron detenidas  el domingo 12 de julio en Sacaba por siete efectivos policiales, que al momento de intervenirla le sacaron fotos, les quitaron sus celulares y las trasladaron a la ciudad de Cochabamba. “Ahí nos revisaron todo el cuerpo, me sentí humillada y maltratada”. La noche de ese domingo —narra— nos trasladaron a la Fiscalía de Sacaba, donde se nos acusó “por delitos de funcionarios públicos, siendo que mi hermana y yo nunca hemos sido funcionarias públicas y no entendíamos lo que pasaba”.

El lunes 13 (fecha con que está signada la declaración de la joven ante la Fiscalía), cuenta, tras tenerlas en celdas de la FELCC todo el día, “sin comer ni beber nada”, en la oficina del DACI (Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia) se le acusó de ser “cómplice de sedición y terrorismo bajo órdenes de Evo Morales”.

Y he aquí, textual, la parte de su carta a la Defensora, en que denuncia la presión y las amenazas para declarar: “Señora Defensora, he sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían que diga; ‘di que eres su chica de Evo, que viajaste a México y Argentina’, me dijeron que si no decía todo lo que ellos me imponían me iban a procesar por sedición y terrorismo. Me obligaron a declarar bajo presión, sin abogado, solo los agentes y la policía, en ese momento me sentí muy mal, amenazada y acosada; lloré mucho de impotencia, en todo momento me dijeron que me iban a enviar a la cárcel de La Paz, como a mi hermana mayor”.

Solo el martes 14 de julio —prosigue la joven— fueron llevadas al juzgado, donde se determinó su libertad. “Nos liberaron porque no pudieron demostrar que cometimos algún delito”, señala en su carta.

En su misiva, también hace notar cómo desde el 6 de julio, en que por primera vez fue detenida y acusada de terrorismo y sedición, se les sustrajo el celular, que se lo llevó a La Paz para investigarlo. Fue cuando empezó, dice, “campañas en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales en contra mí y de mi familia, un periodista de acento extranjero amenazó con publicar un material que le dio la Policía, fotografías y conversaciones que supuestamente habrían encontrado en mi celular pero mi celular lo tiene la policía”.

Y la joven termina acusando: “La Policía y el Ministerio de Gobierno han difundido esta información, tergiversándola, mintiendo y manipulando mi información privada para montar audios y fotografías”.

El jueves, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció el inicio de una querella por el caso contra Morales, a quien acusó de «estupro» y «trata de personas». Afirmó que «el Ministerio de Justicia recibió, en días anteriores, denuncias anónimas del caso».

“Vamos a ser fieles observadores y coadyuvantes de este proceso. De ser cierta toda la información, vamos a solicitar que se le imponga a Morales la pena máxima”, advirtió el funcionario, quien mostró el documento de la demanda.

(21/08/2020)

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Del Castillo revela que pertrechos fueron entregados a la Policía en la residencia argentina

Del Castillo informó que en los depósitos policiales se trató de “esconder” las municiones rotulando sus envases con otras denominaciones.

Parte del material antidisturbios mostrado este lunes por el ministro Eduardo del Castillo. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 19 de julio de 2021 / 12:33

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que las municiones antitumultos que llegaron irregularmente de Argentina (bajo la cobertura de otro material legalmente internado) fueron entregados a efectivos policiales bolivianos en predios de la residencia de la embajada de ese país en La Paz.

El ministro detalló que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, un contingente policial llevó “personal diplomático argentino” del exhotel Radisson al aeropuerto de El Alto; allí ya había aterrizado el avión Hércules trayendo al grupo uniformado Alacrán, el que tras bajar del avión descargó cajas plásticas, de madera, embaladas “con estopines, municiones y otros”.

“Este personal uniformado (Alacrán) indicó que la coordinación ya se había realizado con el comandante general de la policía boliviana (Yuri Calderón)”, detalló Del Castillo.

Lo peculiar vino después, reveló: Una vez que a las siete de la mañana del 13 de noviembre se trasladó el material a la residencia de la embajada argentina, en esta legación “uniformados de Argentina realizan la entrega a la Policía Boliviana una cantidad (del material antidisturbios) los efectivos reciben, sin ningún tipo de documentación, cajas de municiones, cajas de proyectiles, cajas de granadas, para la Policía Boliviana, y gran parte fue entregada a la Fuerza Aérea, sin ningún tipo de documentación”.

También puede leer: El Gobierno investiga si el ‘material faltante’ del envío argentino fue usado en ‘masacres’: https://bit.ly/3hVilxD

Como parte de la indagación que se está haciendo del destino que finalmente tuvo la munición enviada desde Argentina en 2019, en los depósitos de la Policía Bolivia se vio que de alguna manera se trató de “esconder” dicho material, añadió.

Mostrando fotografías, reveló que se intentó esconder la munición rotulando sus contenedores con otras denominaciones. “De manera dolosa, de manera malintencionada, habrían tratado de esconder estas municiones dentro de las instalaciones de la Policía Boliviana, donde en una bolsa de cuero tiene un letrero que dice ‘guantes’, cuando en su interior se encontraba las municiones que ingresaron a nuestro país de manera irregular”, destacó el ministro.

“Solo para la Policía Boliviana, de manera irregular, sin cumplir con la normativa vigente, ha ingresado cerca de 27.000 cartuchos de perdigón de goma, 28 gases aerosol, 55 granadas CN, 53 granadas de gas H y 19 granadas de gas CS”, informó.

Se presume que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) recibió una mayor cantidad del material antidisturbios, “aunque no se ha constatado de que sea el mismo tipo de material”.

El ministro identificó a los tres máximos responsables en Bolivia del ingreso irregular del material contra disturbios: el comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Terceros; el comandante de la Policía, general Yuri Calderón, y el embajador de Argentina (Normando Álvarez).

Los tres pudieron haber vulnerado los artículos 6, 26, 28, 29 de la Ley 400, y los artículos 29 y 50 de su reglamento.

De la Ley 400, de Control de Armas de Fuego, el artículo 6 se refiere a la información que deben dar la Policía y las Fuerzas Armadas sobre el uso e inventario de las armas y munición que tengan; el 26, que las entidades llamadas a autorizar “la internación temporal” de armamento y municiones son el Ministerio de Defensa y la Cancillería; el 28 trata exclusivamente de la referida autorización a las representaciones diplomáticas; y, el 29 norma la donación de armas y municiones extranjeras, señalando que la única entidad que puede recibir dichos obsequios es el Ministerio de Defensa.

Del Castillo además ratificó que lo ocurrido en noviembre de 2019 consistió en dos ingresos de armas y municiones, uno legal y otro irregular, doloso. El primero fue la llegada oficial de Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Argentina, junto con su dotación de reglamento. Y, uno segundo, irregular, lo que el Ministerio de Seguridad argentino en su denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y otros, calificó de práctico contrabando.

La referida denuncia si bien admite que es un hecho a precisar mejor, habla del ingreso irregular de 70.000 cartuchos antidisturbios (balines), y del traslado encubierto de poco más de 600 granadas de mano de gas de hostigamiento y 100 spray de gas pimienta.

La acusación en que se derivará por estas irregularidades contra los oficiales Terceros y Calderón, y el exembajador Álvarez, es de “tráfico ilícito de armas” (artículo 149 del Código Penal), apuntó Del Castillo en la conferencia. La pena para ambos uniformados (por ser parte de la fuerza pública armada) puede llegar a 30 años de prisión sin derecho a indulto.

El material antidisturbios, “se presume”, dijo Del Castillo, fue utilizado en los operativos en Sacaba y Senkata. Una vez que las cifras de que habla la denuncia contra Macri en Argentina son mayores a las que hoy dio a conocer el ministro; “presumimos”, dijo, “que el cargamento ilegal, una gran parte fue a la Policía Boliviana; otra gran parte fue a la Fuerza Aérea, y (en cuanto a) la otra parte, la diferencia, estamos investigando dónde se encuentra o si esta fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, concluyó.

Por lo menos preliminarmente, Del Castillo adelantó que, habiendo sido encontrada una parte de la munición en los depósitos de la Policía, lo que obviamente no se usó en la represión, “habrá que ver si el material destinado a la Fuerza Aérea sí fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata”, aseveró.

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OBLIGACIÓN DE LOS PARTIDOS DE ADECUARSE A LA LEY

Todas las organizaciones políticas tienen hasta fin de año para reformar sus estatutos.

/ 18 de julio de 2021 / 18:18

El punto sobre la i

El Movimiento Al Socialismo (MAS) pareciera ser el único, pero al final tienen que hacerlo todos los partidos: hasta fin de año deben adecuar sus estatutos a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, la que fue promulgada el 1 de septiembre de 2018. Es esta misma ley que lo define así: en su Disposición transitoria tercera determina que “todas las organizaciones políticas deberán adecuarse a las disposiciones de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2021”; o sea, los partidos tenían tres años y tres meses para proceder con dicha adecuación.

Y se trata de los estatutos, el documento que norma la vida orgánica del partido, porque precisamente el objeto de la Ley 1096 (que está en su primer artículo) es regular “la constitución, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria del Estado Plurinacional de Bolivia”.

En relación a la anterior norma que regulaba a las organizaciones políticas (la Ley de Partidos Políticos de junio de 1999) ciertamente lo nuevo de la Ley 1096 es el énfasis que esta norma pone en la “democracia interna” de los partidos, que con la nueva ley se regula este fundamento de la vida partidaria. En el artículo 1 de la antigua Ley de Partidos Políticos se definía que el “alcance” de la norma era regular “la organización, funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como sus relaciones con la sociedad y el Estado”.

LOS ESTATUTOS. De los nueve partidos que a la fecha están inscritos en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tienen alcance nacional (MNR, PDC, FRI, MAS, UCS, UN, FPV, PAN-BOL y DEMÓ- CRATAS), algo dice la fecha en que protocolizaron u oficializaron su estatuto, desde la cual está vigente.

Así, la última fecha de protocolización, ante el “notario de primera clase Carlos Huanca Ayaviri” del estatuto del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) es el 7 de marzo de 2012; y el 1 de junio de 2000 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por su lado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) registra que su estatuto fue aprobado en su VIII Congreso Nacional Ordinario efectuado en Cochabamba los días 25, 26 y 27 de marzo de 2012.

El Frente de Unidad Nacional (que es como figura su nombre oficial en su estatuto), lleva como fecha “actualización” el 28 de abril de 2014.

Por su parte el Frente Para la Victoria (FPV) tiene como fecha de la protocolización de su estatuto el 8 de enero de 2014. En tanto que el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) lleva como fecha de protocolización el 10 de mayo de 2016.

Finalmente, la organización cuyo nombre completo (que figura en su estatuto) es “Movimiento Demócrata Social – ‘Demócratas’” señala que su documento fundamental “fue reformado por el Congreso Nacional el 5 de diciembre de 2015”, fecha desde la cual está vigente.

Del Frente Revolucionario de Izqierda (FRI) y de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los otros dos partidos de alcance nacional reconocidos por el OEP, si bien en sus estatutos no figura la fecha de aprobación, la resolución de reconocimiento de su personería jurídica está fechada el 27 de julio de 1987 en el caso del FRI, y el 28 de septiembre de 1989 cuando se trata de UCS.

Hay que hacer notar que todos los estatutos son anteriores a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (2018); o sea, los documentos se enmmarcan en la antigua Ley de Partido Políticos de 1999.

Por la necesidad de ponerse a punto con la nueva Ley de Organizaciones Políticas, precisamente el 4 de agosto se prevé que tenga lugar el Congreso Ordinario del MAS. Su actual presidente, el exmandatario Evo Morales, resumió en tres las tareas del partido azul en dicho congreso: la “adecuación” del estatuto del MAS a las normas del TSE; “el aspecto disciplinario”, y “la parte económica”.

Si bien entre la Ley de Partidos Políticos de 1999 y los estatutos que se enmarcan en esa norma y la nueva Ley de Organizaciones Políticas de 2018, hay un similar objeto, la estructura de los partidos y su funcionamiento, no dejan de ser significativos algunos rasgos de la nueva norma a la que tendrán que adecuarse los partidos hasta este fin de año.

Cuando en la antigua Ley de 1999 el rol de la Corte Nacional Electoral se lo cita según la circunstancia y aspecto que corresponde, en la 1096 de 2018 hay todo un artículo (el séptimo) sobre las “atribuciones del Órgano Electoral Plurinacional”.

Aparte de las tradicionales facultades de otorgar la personería jurídica, o “sustanciar los procedimientos y llevar registro del reconocimiento, otorgamiento, extinción y cancelación” de dicha personalidad, se especifica, por ejemplo, que la autoridad electoral podrá “validar y administrar el registro de militantes”; “supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos en la elección de sus dirigencias y candidaturas”; “vigilar y fiscalizar en todas las fases de los procesos electorales, el cumplimiento de las normas vigentes en relación a la participación de las mujeres en las candidaturas de acuerdo a lo establecido en la ley”; “vigilar el cumplimiento de los estatutos de las organizaciones políticas en relación a la equidad de género, la equivalencia de condiciones, principios de paridad y alternancia en los órganos e instancias dirigenciales”; o “considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia”.

En sus estatutos, las organizaciones políticas también deberán asumir su “acción diferenciada” en relación al tipo de democracia en que toque actuar, si en la representativa o en la directa y participativa (la comunitaria no es propia de la participación política a través de partidos).

En la norma de 2018 a la que tendrán que adecuarse las organizaciones políticas se especifica el “registro de militantes para constitución y actualización”, de lo cual destaca que ahora la base de la militancia es el padrón electoral, que la actualización del registro de militancia debe ser realizada “al menos una vez por cada periodo constitucional y hasta un año después de las elecciones subnacionales”; también se señala que los padrones de militantes de los partidos son públicos; por eso, el TSE “implementará un módulo de consulta personal en su portal web, para que las y los ciudadanos puedan acceder a los datos de su registro propio”; y habrá “un padrón biométrico único de militantes de las organizaciones políticas”.

Una de las mayores adaptaciones que deberán ejecutar los partidos ahora es el referido al “régimen de despatriarcalización”.

La despatriarcalización deberá correr en el hecho de que en los estatutos de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas deberá incorporarse “un régimen interno de despatriarcalización para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional”.

Asimismo, en el partido deberá haber una “instancia encargada de implementar el régimen de despatriarcalización”, la misma que por estatuto “deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario”.

Luego, desde el estatuto, se deberá “establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y procedimiento o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia”.

Para las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se determina que éstas “garantizarán la complementariedad de hombres y mujeres”.

En la “declaración de principios”, la nueva Ley 1096, al margen de la orientación ideológica que tenga cada partido, establece un piso mínimo emergente de la nueva Constitución. Algunos de estos principios son:

– Reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia y de la democracia intercultural y paritaria en sus diferentes concepciones y prácticas.

– Respeto a la plurinacionalidad y la diversidad cultural, jurídica, económica, institucional y lingüística de la sociedad boliviana.

– Respeto a las cosmovisiones, sistemas, saberes, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

– Respeto y reconocimiento al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

– Rechazo al racismo y toda forma de discriminación.

– Rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer, y de manera particular al acoso y violencia política.

– Rechazo a toda forma de disgregación o separatismo que atente contra la unidad e integridad del Estado Plurinacional de Bolivia.

En lo relativo a la democracia interna, la mayor novedad de la nueva Ley de Organizaciones Políticas sin duda son las “elecciones primarias de candidaturas de binomio presidencial”.

Lo nuevo de la Ley de septiembre de 2018, como ya se adelantó en recientes elecciones, es lo que la norma llama “fortalecimiento público” a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

El fortalecimiento público es un fondo “administrado por el Órgano Electoral Plurinacional”, y consiste en “subvenciones indirectas en periodos electorales para el acceso a propaganda en medios de comunicación e impresos en elecciones generales y para la formación y capacitación de sus dirigencias y militancia en años no electorales”.

Se aclara, sin embargo: “El fortalecimiento público que, por cualquier razón, no fuera utilizado por la organización política a la que corresponde, será debidamente informado en los estados financieros anuales del Tribunal Electoral correspondiente”.

En el uso que el partido haga del tiempo de promoción de las candidaturas, no deja de ser significativo el hecho de que si de un 100%, la mitad se destina a promocionar el binomio presidencial, el otro 50% será para la propaganda del resto de las candidaturas, pero, he aquí un detalle: “de este tiempo y espacio, al menos la mitad será destinada a candidatas mujeres, incluyendo mujeres indígena originario campesinos”.  

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Golpe de García Meza: Fue la Fiscalía la que incumplió en completar los procesos

El Ministerio Público no continuó con las investigaciones

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto- Archivo-Lucio Flores.

/ 17 de julio de 2021 / 11:36

Han sido los ministerios públicos, pero también la voluntad política, los que en estos años de democracia han impedido no solo hacer justicia, sino también fortalecer la democracia, destaca Juan del Granado, uno de los abogados del juicio de responsabilidad a Luis García Meza y sus colaboradores.

Fue una “tarea que incumplió el Ministerio Público, 20, 30 años de incumplimiento, de la tarea de continuar con las investigaciones; por tanto, está pendiente esa indagación para completar la lucha contra la impunidad dictatorial de García Meza.

Ahora, Del Granado extiende esta agenda contra la impunidad ya no solo a las dictaduras, sino a lo que llama las tendencias autoritarias en democracia.

“Está absolutamente impune la dictadura de Banzer, de Barrientos; pero debo decírtelo, sin ningún ánimo partidario, están impunes varios delitos contra los derechos humanos, contra la dignidad y la libertad, (cometidos) durante estos últimos 30 años de vida democrática”.

DÉFICIT.

En la vida democrática del país (desde 1982), el abogado, antiguo líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), se refiere a violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos que habrían desarrollado lo que él llama “autoritarismo gubernamental” de regímenes constitucionales.

Estoy hablando de las masacres de Amayapampa y Capasirca, las que hubo en el gobierno de Paz Estenssoro; la muerte de tantos ciudadanos en el Octubre Negro, y durante el gobierno de Evo Morales, las graves violaciones en Chaparina, Huanuni, en los Yungas y, cómo no, las últimas ocurridas en Sacaba y Senkata”.

Es bueno que en fechas como ésta (41 años del golpe de Estado de García Meza del 17 de julio de 1980) se recuerde que “los bolivianos tenemos pendiente esta agenda de continuar y consolidar la lucha contra la impunidad autoritaria y dictatorial”.

Ahora, si hay algo que ha impedido continuar con la consecución de justicia en los casos de la dictadura, asevera Del Granado, es la “precaria institucionalidad” de la justicia boliviana, y si no se resuelve esto, “vamos a tener una recurrencia de esas violaciones”.

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Golpe de García Meza: Justicia para Carlos Flores en Corte-IDH

En la dictadura hubo 26 desapariciones; la muerte de 9 dirigentes miristas

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto: Archivo-Lucio Flores

/ 17 de julio de 2021 / 11:28

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) está a punto de emitir su decisión final acerca de la desaparición de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR) y diputado nacional cuando el 17 de julio de 1980 fue victimado junto con el dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz en la antigua sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en El Prado paceño, informa su hermana, Olga Flores Bedregal.

“Si es que se logra (la sentencia que se espera), el Estado será condenado por la desaparición forzada de Carlos Flores; éste es un delito continuo, en tanto no aparezca la víctima; el Estado boliviano será responsable de que hasta el día de hoy se siga practicando un crimen de lesa humanidad, cual es la desaparición forzada de personas”, destaca la activista.

Aparte de la tortura y el asesinato del sacerdote y periodista Luis Espinal, ocurridos en marzo de 1980, también está pendiente la desaparición de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Si bien la Comisión de la Verdad (2016-2019) pudo obtener indicios de que los restos del líder socialista están en el Cementerio General de La Paz, con otra identidad, hasta el momento no se ha iniciado ninguna labor para dar con dichos restos mortales.

Cuando la Comisión de la Verdad entregó su informe al presidente Luis Arce, en marzo de 2021, reveló que en 19 años de dictaduras hubo 6.800 personas que fueron perseguidas, detenidas y torturadas, y al menos 140 represores ordenaron y ejecutaron delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en el golpe de García Meza y durante su gobierno de facto, se determinó que hubo 26 desapariciones forzadas. El 15 de enero de 1981, nueve dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron asesinados en la calle Harrington.

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Después de 41 años, aún hay ‘pendientes’ que dejó la dictadura

El golpe de Estado y la dictadura de García Meza, sin ser el último, fue el más claramente identificado con el narcotráfico y hechos de corrupción desde el Estado

Detención. Luis García Meza tras ser detenido en Brasil. Foto: Archivo-AFP

/ 17 de julio de 2021 / 11:21

Pese a haber pasado 41 años del golpe de Estado encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez (1980), y 28 del juicio de responsabilidades que los condenó (1993), aún hoy existen asuntos pendientes, deudas para la democracia boliviana.

Dos testigos cercanos de ambos hechos (del golpe y su enjuiciamiento), Olga Flores Bedregal y Juan del Granado Cossío, y pese a las diferencias que tienen sobre la percepción de los mismos, coinciden en que no son pocas ni menores las cuestiones pendientes, y “pendientes” no solo por el interés histórico, sino por la consecuencia práctica que alcanza a nuestros días de democracia.

Cuando Olga Flores era presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), en 1993, impulsó la publicación del libro Acusación a la dictadura del narcotráfico, que fue una suerte de versión de los familiares de lo que en verdad debió ser el juicio a la dictadura garciamecista.

El texto “contiene información muy importante; ahí detallamos la lista de paramilitares; la Corte determina que deben seguirse procesos ordinarios, pero nunca se ha cumplido”. Una muestra de esta falencia, por ejemplo, asegura Flores, es que “nunca se dio de baja a García Meza” y otros responsables de la represión.

Crítica con la Comisión de la Verdad que investigó 18 años de dictaduras, Flores reclama que no se haya abierto completamente los archivos clasificados de las Fuerzas Armadas. Se tuvo acceso, aseguró en marzo de 2021 la presidenta de la Comisión, Nila Heredia, aunque en verdad solo fue a una parte. “Las FFAA deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la Comisión no ha logrado digitalizar toda o la mayoría”, dice.

Lo mismo, se puede considerar deuda la falta de reparación de que son objeto las innumerables víctimas de las dictaduras, reclama Flores. La reivindicación de las víctimas fatales de Sacaba y Senkata en 2019 “es respetable”, afirma, pero esto no debiera hacer olvidar a las víctimas de las dictaduras, empezando por los movilizados en las carpas de El Prado.

Generales. En julio de 1980, el nuevo gobierno se caracterizó por ser casi solo de militares. Foto- Archivo-Lucio Flores.

COLECTIVO.

Otra limitación que la activista encuentra es que, como se dice en el referido libro, hay una fuerte “individualización”, personalización, de la dictadura en los acusados: “Al final, todo era (culpa) de Arce Gómez, Batman y Robin, para decirlo en criollo”, bromea Flores. Con esto se pierde la perspectiva, alega, de que las asonadas son procesos conspirativos, de responsabilidad colectiva; por qué, por ejemplo, no se juzgó a todo el gabinete del gobierno de facto de entonces, reclama Flores.

Por su parte, Del Granado, abogado de la parte civil en el proceso contra Meza, no deja de llamar la atención sobre que ése fue, en su momento, “el único juicio de responsabilidades que se hizo a las dictaduras de la (Doctrina de) Seguridad Nacional que asoló al continente”. Fue un esfuerzo colectivo, “una gran cruzada nacional por la justicia” que duró nueve años. “Esa significación no la debemos desmerecer”.

En el juicio, recuerda Del Granado, “además de García Meza, se condenó a 46 de sus principales colaboradores, con penas que van desde los 30 años de presidio sin derecho a indulto a penas menores, como los delitos económicos”.

Ahora, sobre el alcance del juicio a la dictadura, no hay que olvidar —dice el abogado— que su origen fue el pliego acusatorio (de febrero de 1984) y el auto de procesamiento emitido por el congreso de la ápoca; “ese auto si bien acusó a la dictadura por al menos 45 delitos, obviamente no abarcó todo el accionar de la dictadura de la época”.

Por ejemplo, recuerda Del Granado, en el juicio “no se acusó el asesinato previo de Luis Espinal, que fue responsabilidad de los golpistas; no se encaró el caso de narco, especialmente porque no había pruebas suficientes en ese momento; no se llevó adelante una investigación de las masacres en Caracoles y en Viloco en 1980; no se investigó la desaparición forzada de muchísimos compañeros, cinco del MIR histórico, desaparecidos hasta el día de hoy, y quedaron pendientes investigaciones fundamentales, como el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal”.

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