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Tuesday 21 May 2024 | Actualizado a 02:53 AM

Bachelet expresa preocupación por la falta de esclarecimiento de muertes en Sacaba y Senkata

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU presentó su informe sobre la fase postelectoral de 2019, en la que estableció graves violaciones de derechos humanos.

/ 24 de agosto de 2020 / 10:55

La jefa de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCDH), Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes en Sacaba y Senkata en 2019, luego de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet, según cita la nota de prensa sobre la presentación del documento de la ONU.

Informe

En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.

Lea el informe: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

El documento se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. “Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias”, señala la nota de prensa.

“Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos”, dijo Bachelet.

El informe se concentró en las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró que de acuerdo a los testimonios ofrecidos “por las autoridades y las víctimas y testigos revelan inconsistencias, que deberían ser aclaradas exhaustivamente”.

“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama la OACNUDH.

Sacaba y Senkata

De acuerdo a información preliminar, el informe señala durante las operaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, el 15 de noviembre, murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas, y en Senkata, el 19 de noviembre, fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.

Imagen de la gasificación y represión a colcaeros y colonizadores en el puente Huayallani, Sacaba. Foto: APG

Al respecto, OACNUDH señaló que “el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en Sacaba y Senkata y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes”.

Sin embargo, concluyó que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.

Entonces, sobre Sacaba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios que los manifestantes se dispararon entre ellos, y su par de Defensa, Luis Fernando López, aseguró sobre la represión en Senkata que “el Ejército no disparó ni un cartucho”.

El Decreto 4078

Sin embargo, el informe recuerda que “los acontecimientos de Sacaba y Senkata tuvieron lugar en los días posteriores a la promulgación del Decreto Presidencial 4078 de 14 de noviembre de 2019”.

“El decreto recibió críticas por actores internacionales en cuanto incluía disposiciones vagas que limitaban, en determinadas circunstancias, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los actos cometidos al hacer uso de la fuerza durante sus intervenciones en apoyo de la policía”, insiste.

Un militar se aprestar a disparar a manifestantes en Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Finalmente, el informe de la OACNUDH recuerda que el decreto fue abrogado el 28 de noviembre “luego de la adopción de algunas medidas positivas de distensión y el cese significativo de las protestas”. La abrogación del decreto  eliminó los obstáculos formales para investigar la conducta de las Fuerzas Armadas”, añade.

Bachelet, expresidenta de Chile, afirmó que «las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales”.

“Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”, dijo.

Esclarecimiento

Como también lo advirtió Bachelet, el informe consideró que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.

Para esa tarea sugirió “asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial” y también la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.

Pero también observó que “que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles”. Y en ese sentido, consideró que “la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

También cuestionó la participación de grupos irregulares en tareas que corresponden a institucionales del Estado. Se debe “asegurar que grupos de individuos no desempeñen funciones de seguridad propias del Estado”, señala.

Previamente a la represión de Sacaba, la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intentó disuadir las movilizaciones, al punto de detener y golpear a dirigentes y manifestantes. Tanto la ONU como la CIDH también observó las actuación de este grupo irregular en protestas recientes, como en K’ara K’ara. Durante los últimos conflictos, este mismo grupo intentó disuadir las protestas en La Paz y Cochabamba.

La CIDH también consideró en uno de los primeros informes del caso que en Sacaba y Senkata hubo masacre, una violación sistemática de derechos humanos, y Human Rights Watch también se sumó a las denuncias de violación de derechos humanos durante la fase postelectoral en el país.

El viernes, Amnistía Internacional presentó también su informe y señaló que en fase postelectoral de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos y que los hechos se encuentran en la impunidad. Además, cuestionó la persecución a activistas durante los conflictos, de los que atribuyó al gobierno de Morales.

Similar criterio fue expresado por la OACNUDH. “En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, señala el informe de la oficina de Bachelet.

(24/08/2020)

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La Procuraduría resta legalidad a conminatoria de la Cámara de Senadores

El procurador también reiteró que “una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional".

El procurador César Siles y el subprocurador Gustavo medina brindan una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 21:25

Tras un análisis sobre la conminatoria del Senado a la Procuraduría General del Estado para que se constituya en “posición de garante” en torno a la resolución constitucional sobre la prórroga de magistrados de las altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se determinó que esta instancia legislativa “no tiene (y) no reconoce la figura de las conminatorias”.

La Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa emitió una opinión especializada que establece que “las resoluciones camarales constituyen disposiciones obligatorias en el ámbito de la propia Cámara de Senadores, como bien refiere el artículo 163 del citado reglamento… no se tiene la tipología posible para conminatorias sobre interpretación de vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del Tribunal Constitucional, entre instituciones públicas, puesto que excede los límites impuestos por el legislador reglamentario” (sic). 

El procurador César Siles señaló que la Subprocuraduría realizó una interpretación “normativa exhaustiva” de las facultades del Senado para una comprensión “eficaz del sentido y alcance de dicho acto legislativo”.

Lea más: La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

Indicó que este análisis concluyó en que “los actos de gestión de la Cámara de Senadores que están previstos en su normativa, la Constitución (Política del Estado), en el reglamento de las cámaras de Diputados y de Senadores no tienen, no reconocen la figura de las conminatorias. Ellos tienen otros actos de fiscalización a su alcance para poder ejercer sus prerrogativas”.

El procurador hizo referencia a la Resolución Camaral 13/2023-2024, del 1 de febrero de 2024, emitida por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa, en la que establece: ”Conminar a la Procuraduría General del Estado, en ejercicio de sus atribuciones se constituya en posición de garante para resguardar los intereses del Estado en virtud a la vulneración de la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, este último en virtud al principio de separación de poderes (Art. 12-CPE) y la posible responsabilidad internacional del Estado que puede generarse por los efectos jurídicos no vinculantes de la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023 de 22 de diciembre de 2023 con la autoprórroga del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” (sic).

Siles señaló también que ya emitió su posición respecto a la vinculatoriedad, eficacia o validez de los fallos del TCP, es decir, no se puede negar su carácter vinculatorio para todos los servidores públicos, autoridades e incluso particulares. “Una sentencia constitucional, una declaratoria constitucional únicamente puede ser modificada por otra sentencia, por otra declaración constitucional”.

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Respuesta a Morales: Alcón dice que cuando uno tiene acusaciones corresponde llevar a la Fiscalía

El viceministro Mamani calificó este lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra el narcotráfico.

La viceministra Gabriela Alcón es entrevistada por la prensa.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 19:31

Tras las acusaciones del expresidente Evo Morales al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, de “extorsionar y estar implicado” con el narcotráfico, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló este lunes que “cuando uno tiene elementos, argumentos, documentos y denuncias, lo que tiene que hacer y lo que corresponde (es) llevar ante el Ministerio Público” para que siga la investigación respetiva.

“Lo que hace (Evo Morales) últimamente es todo lo contrario. Difamar, calumniar y generar en un espacio mediático y no donde tiene que ir una investigación, que es en las instancias judiciales. Lamentamos aquello y bueno, seguramente, desde el Ministerio de Gobierno se tomarán las acciones respectivas”, señaló la viceministra.

El domingo, en su programa de radio Kawsachun Coca, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al viceministro Mamani de “extorsionar y estar implicado” en el narcotráfico. Incluso indicó que sus compañeros de su federación le dijeron que “están preocupado por la vida de Jaime Mamani”. 

En conferencia de prensa, el viceministro Mamani calificó este lunes de infundadas las denuncias que hizo Morales, más por el contrario pidió que coadyuve en la lucha contra ese ilícito.

Lea más: Mamani: Me sorprende que el expresidente hable como si conversara con los narcotraficantes

“El señor Morales me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, asimismo indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro, estas aseveraciones totalmente infundadas quiero desmentir categóricamente”, señaló Mamani.

Añadió “me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”.

Los entredichos entre Morales y Mamani se originaron el viernes, cuando la autoridad señaló que en el municipio de Villa Tunari agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico destruyeron cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína.

“Lamentablemente este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos. Ahora, en nuestra gestión, a la cabeza de nuestro presidente Lucho estamos trabajando incansablemente para liberar del narcotráfico a este bello municipio de Villa Tunari”, dijo.

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Autoridades bolivianas expresan sus condolencias al pueblo iraní tras la muerte de su presidente

La madrugada de este lunes se confirmó el deceso del presidente iraní y sus acompañantes.

Población iraní enciende velas en memoria del presidente iraní Ebrahim Raisi.

Por Boris Góngora

/ 20 de mayo de 2024 / 17:42

La Cancillería, el vicepresidente David Choquehuanca y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, lamentaron el fallecimiento del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, tras la caída de su helicóptero, en la que también se encontraba su comitiva.

“Bolivia envía sus más sentidas condolencias al Líder Supremo Ayatollah Alí Khamenei, al valiente pueblo iraní, a su Gobierno y a las familias de los fallecidos, en estos momentos de profundo pesar”, escribió la Cancillería, en un comunicado.

El vicepresidente también escribió desde sus redes sociales y expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de Raisi, “en el trágico accidente aéreo que sufrió junto a su Ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahiyan, y parte de su comitiva”.

“Enviamos nuestras condolencias al Líder Supremo Ali Jamenei, al Gobierno, a los familiares, y a todo el pueblo iraní”, escribió la autoridad.

Lea más: Arce lamenta el deceso del presidente de Irán y se solidariza con ese país

El presidente del Senado extendió sus condolencias al pueblo iraní y a las familias del presidente Raisi y su comitiva, tras el trágico accidente aéreo que ocurrió este fin de semana.

«Nuestras más profundas condolencias al pueblo iraní y a las familias del presidente Ebrahim Raisi, del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, y del gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, por su irreparable pérdida. Que encuentren paz y consuelo en estos tiempos difíciles, y que el espíritu de unidad y fortaleza los acompañe», expresó el legislador desde sus redes sociales.

El domingo, altos funcionarios del gobierno iraní informaron sobre el accidente del helicóptero en el que viajaba Raisi. El incidente tuvo lugar en la región noreste del país, específicamente en la zona montañosa de Varzeqan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, bajo condiciones meteorológicas sumamente desfavorables, y la madrugada de este lunes se confirmó el deceso de su presidente y sus acompañantes.

Raisi fue presidente de Irán desde el 5 de agosto de 2021, tras ganar los comicios celebrados el 18 de junio de ese año. Nació en 1960 en la ciudad de Mashhad, al noreste de Teherán (capital).

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Mamani: Me sorprende que el expresidente hable como si conversara con los narcotraficantes

Mamani desmiente a Evo Morales y dice que el 67% de las fábricas de droga estaban en Villa Tunari

El viceministro Jaime Mamani y Evo Morales

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 20 de mayo de 2024 / 16:38

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, desmintió al expresidente Evo Morales sobres sus declaraciones respecto de su supuesta vinculación con el narcotráfico.

“El señor Morales se atreve a decir que estoy implicado en narcotráfico. Me acusa de extorsionar a narcos y de perseguir a otros, e indicó que los narcos me matarían cuando deje de ser viceministro. Estas aseveraciones, totalmente infundadas, (las) quiero desmentir categóricamente”, dijo este lunes en una conferencia de prensa.

Así, Mamani respondió al exmandatario que en su programa dominical de radio Kawsachun Coca. “Sabe qué dicen nuestros compañeros de base: ‘este Jaime Mamani, qué estará haciendo cuando no sea viceministro, los narcos van a matarlo’. ¿Por qué?, les digo, (responden) ‘de unos, saca plata y a otros persigue y ambos los va a asaltar’, dicen, sus compañeros, de su federación, compañeros de base, preocupados por la vida de Jaime Mamani”, dijo Morales el domingo.

Jaime Mamani

“Me sorprende que el expresidente (Morales) hable como si él conversaría con narcotraficantes o si estaría involucrado en este delito”, dijo Mamani sobre esa supuesta amenaza.

El antecedente de esos entredichos se originó el viernes, cuando el viceministro Mamani informó de la destrucción de cinco fábricas de cinco laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, además de 36 fábricas de pasta base de cocaína en el municipio de Villa Tunari, Cochabamba.

“Este municipio turístico fue secuestrado por el narcotráfico por la permisibilidad de otros gobiernos”, dijo en conferencia de prensa.

El viceministro Mamani informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Evo Morales

Según los cuadros que presentó la autoridad, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

“En nuestra gestión, tomamos el control de lugares, donde en más de 14 años las fuerzas del orden no habían ingresado y, precisamente, uno de esos lugares es el municipio de Villa Tunari”, cuestionó el Viceministro.

Además, Mamani responsabilizó a Morales en caso de que “pasara algo” con él o su familia.

En la exposición, el funcionario expuso también el cuadro de calor de la lucha contra el narcotráfico.

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La Procuraduría insiste en que la reelección indefinida no es un derecho humano

La Convención Americana no reconoce a la relección indefinida como un derecho protegido, según dijo en conferencia de prensa el subprocurador Manuel Medina.

El edificio de la Procuraduría General del Estado,

Por Daniel Zenteno

/ 20 de mayo de 2024 / 14:25

Con un análisis jurídico especializado de una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Procuraduría General del Estado ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

“Se ha podido establecer de manera clara y precisa que la reelección presidencial indefinida no se encuentra expresamente protegida como un derecho autónomo dentro de la Convención Americana”, informó este lunes el subprocurador Manuel Medina en conferencia de prensa.

La Procuraduría informó a los medios algunos análisis especializados, que hicieron énfasis en la relección indefinida.

Puede leer: ¿Evo inhabilitado? La Sentencia 1010/2023 no falló sobre el caso

El subprocurador presentó el Análisis Jurídico Especializado 04/2024, a través del cual enfatizó en que no existe en la Convención Americana ningún derecho a la reelección.

Sentencia 1010/23

“Con la Sentencia Constitucional 1010/23 se ha realizado el control de convencionalidad, que no es otra cosa que compatibilizar la Convención Americana de Derechos Humanos con las normas internas de nuestro país”, afirmó.

La Sentencia Constitucional 1010/23 se trata de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre las elecciones judiciales. En su parte resolutiva, concluye que es necesaria una nueva convocatoria para elegir a los altos cargos del Órgano Judicial.

Si bien la sentencia aborda teorías y derecho comparado sobre la reelección indefinida, no emite ningún fallo respecto de la materia.

Morales

Morales ganó las elecciones, bajo el Estado Plurinacional, en 2009 y 2014. En 2019 se presentó como candidato, pese a que la Constitución establece un máximo de dos mandatos. Lo hizo al amparo de una sentencia del TCP de 2017 que reivindicó la reelección como un derecho humano.

Aunque ganó las elecciones, la oposición denunció esos comicios como fraudulentos y Morales tuvo que renunciar ante la crisis política que se vivía.

Uno de los argumentos que utilizó Morales para su repostulación fue el artículo 23 de la Convención Americana. Éste establece que todos los ciudadanos tienen el derecho “de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

De acuerdo con Medina, se interpretó que el artículo promovía un “derecho humano a la repostulación”. Entonces, a través de un fallo del TCP, Morales se presentó como candidato a las elecciones del 2019.

“Con la Sentencia 084/2017 se disponía la inaplicabilidad de una parte de la Constitución. Con el argumento de que la Convención Americana, en su artículo 23, reconocía la relección indefinida”, criticó Medina.

Sin embargo, en 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretaría este artículo, ante su ambigüedad y el pedido de otros países.

Reelección

Es así que emitió la Opinión Consultiva 28/21. En ella, la Corte-IDH determinó que la reelección presidencial no es un derecho que pueda ser protegido. Concluye que la Corte tiene el deber “de evitar que una persona se perpetúe en el poder”.

Medina enfatizó en el cumplimiento obligatorio de lo que establece la Convención.

“Nuestro país, al haber ratificado, mediante una ley, la Convención Americana de Derechos Humanos, este instrumento internacional ya forma parte de nuestra normativa interna y es de cumplimiento obligatorio y vinculante”, insistió.

Pese a que la Sentencia 1010/2023 falla sobre las elecciones judiciales y no explícitamente sobre la reelección, toma en consideración la Opinión Consultiva de la CIDH. Por lo tanto, al haber sido emitida por el TCP, se reconoce como legítima la postura de la Corte-IDH respecto a la reelección, dijo.

Debido a que, en criterio de Medina, se podría interpretar que el rechazo a la reelección indefinida solo aplica para cargos de magistrados, el Análisis Especializado 04/2024 señala que la prohibición de la reelección es “contra todos o referente a todos”.

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