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domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 09:24

Bachelet expresa preocupación por la falta de esclarecimiento de muertes en Sacaba y Senkata

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU presentó su informe sobre la fase postelectoral de 2019, en la que estableció graves violaciones de derechos humanos.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de agosto de 2020 / 10:55

La jefa de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCDH), Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes en Sacaba y Senkata en 2019, luego de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet, según cita la nota de prensa sobre la presentación del documento de la ONU.

Informe

En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.

Lea el informe: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

El documento se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. “Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias”, señala la nota de prensa.

“Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos”, dijo Bachelet.

El informe se concentró en las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró que de acuerdo a los testimonios ofrecidos “por las autoridades y las víctimas y testigos revelan inconsistencias, que deberían ser aclaradas exhaustivamente”.

“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama la OACNUDH.

Sacaba y Senkata

De acuerdo a información preliminar, el informe señala durante las operaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, el 15 de noviembre, murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas, y en Senkata, el 19 de noviembre, fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.

Imagen de la gasificación y represión a colcaeros y colonizadores en el puente Huayallani, Sacaba. Foto: APG

Al respecto, OACNUDH señaló que “el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en Sacaba y Senkata y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes”.

Sin embargo, concluyó que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.

Entonces, sobre Sacaba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios que los manifestantes se dispararon entre ellos, y su par de Defensa, Luis Fernando López, aseguró sobre la represión en Senkata que “el Ejército no disparó ni un cartucho”.

El Decreto 4078

Sin embargo, el informe recuerda que “los acontecimientos de Sacaba y Senkata tuvieron lugar en los días posteriores a la promulgación del Decreto Presidencial 4078 de 14 de noviembre de 2019”.

“El decreto recibió críticas por actores internacionales en cuanto incluía disposiciones vagas que limitaban, en determinadas circunstancias, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los actos cometidos al hacer uso de la fuerza durante sus intervenciones en apoyo de la policía”, insiste.

Un militar se aprestar a disparar a manifestantes en Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Finalmente, el informe de la OACNUDH recuerda que el decreto fue abrogado el 28 de noviembre “luego de la adopción de algunas medidas positivas de distensión y el cese significativo de las protestas”. La abrogación del decreto  eliminó los obstáculos formales para investigar la conducta de las Fuerzas Armadas”, añade.

Bachelet, expresidenta de Chile, afirmó que «las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales”.

“Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”, dijo.

Esclarecimiento

Como también lo advirtió Bachelet, el informe consideró que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.

Para esa tarea sugirió “asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial” y también la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.

Pero también observó que “que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles”. Y en ese sentido, consideró que “la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

También cuestionó la participación de grupos irregulares en tareas que corresponden a institucionales del Estado. Se debe “asegurar que grupos de individuos no desempeñen funciones de seguridad propias del Estado”, señala.

Previamente a la represión de Sacaba, la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intentó disuadir las movilizaciones, al punto de detener y golpear a dirigentes y manifestantes. Tanto la ONU como la CIDH también observó las actuación de este grupo irregular en protestas recientes, como en K’ara K’ara. Durante los últimos conflictos, este mismo grupo intentó disuadir las protestas en La Paz y Cochabamba.

La CIDH también consideró en uno de los primeros informes del caso que en Sacaba y Senkata hubo masacre, una violación sistemática de derechos humanos, y Human Rights Watch también se sumó a las denuncias de violación de derechos humanos durante la fase postelectoral en el país.

El viernes, Amnistía Internacional presentó también su informe y señaló que en fase postelectoral de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos y que los hechos se encuentran en la impunidad. Además, cuestionó la persecución a activistas durante los conflictos, de los que atribuyó al gobierno de Morales.

Similar criterio fue expresado por la OACNUDH. “En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, señala el informe de la oficina de Bachelet.

(24/08/2020)

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

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La marcha de las víctimas de 2019 deja en la Casa Grande su pliego dirigido a Arce

El dirigente Roberto Jucumari, entre lágrimas, cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

El dirigente Roberto Jucumari rompió en llanto. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 15:44

Una delegación de la marcha de las víctimas de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) llegó la tarde de este sábado hasta la Casa Grande del Pueblo, en la ciudad de La Paz, para dejar su pliego petitorio dirigido al presidente Luis Arce.

Los marchistas no detallaron el contenido del documento, pero, de manera general, aseguraron que solo piden justicia. 

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación), me duele mucho; (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

El dirigente Roberto Jucumari. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

Las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, comenzaron el 19 de octubre con una marcha de protesta en demanda de justicia desde la localidad de Caracollo, en Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz.

Según Jucumari, la movilización prevé llegar a la sede de Gobierno el próximo lunes. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –cuyo saldo fue 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

Reclamo a periodistas

Jucumari también cuestionó que los periodistas no hagan cobertura de la marcha, como suelen realizar sobre otras movilizaciones en el país.

“Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista”, apuntó.

Respuesta del Gobierno

El director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio.

“El Gobierno tiene la total predisposición y mantiene la intención de atención permanente a toda petición que sea legítima; nosotros vamos a analizar el pliego, vamos a valorar cada una de las solicitudes”, afirmó.

Aunque anticipó que “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”.

Tito Tornero responde a marchistas. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

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Arce y Castillo hablarán del mar, el desvío del río Mauri y otros en gabinete bilateral

“El 30 será el encuentro presidencial y el VI Reunión Binacional Bolivia y Perú”, dijo el vicecanciller Freddy Mamani.

El vicecanciller Freddy Mamani, en La Razón. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 13:15

El Gobierno confirmó este sábado la visita a Bolivia del presidente del Perú, Pedro Castillo, quien tiene previsto reunirse con su homólogo boliviano, Luis Arce, el 30 de octubre, para abordar al menos cinco asuntos bilaterales.

El vicecanciller Freddy Mamani, anunció que entre los puntos que abordarán ambos gobiernos en las comisiones, entre el 29 y 30 de octubre en Bolivia, están el energético, recursos hídricos y el desvío de las aguas del río Mauri, el más sensible, entre otros.

El 29 será una reunión técnica entre todos los profesionales de ambos países para la revisión de los ejes temáticos. “Y el 30 será el encuentro presidencial y el VI Reunión Binacional Bolivia y Perú”, dijo Mamani en declaraciones a radio Cepra.

Ratificó que el objetivo del encuentro, al igual que los cinco primeros, es fortalecer las relaciones de amistad y cooperación con Perú.

El desvío de las aguas del río Mauri es un tema sensible del encuentro binacional. Mamani explicó que en Puno se hicieron algunas acciones legales. El 8 de enero se anunció que Perú tenía todo listo para desviar las aguas que nacen en ese país.

“Probablemente no lleguemos a un acuerdo a nivel técnico, pero ese tema es uno de los más sensibles para nosotros”, aclaró el vicecanciller.

El desvío alcanza a 350 litros por segundo y amenaza con causar una catástrofe para decenas de comunidades aymaras, quechuas, urus y chipayas.

Otro de los temas que está en la agenda bilateral es la apertura del paso fronterizo San Lorenzo- Extrema, en la frontera de Bolivia, a través de Pando, con Perú.

Ilo

Mamani recalcó que Bolivia tiene muchas dificultades para la salida de la carga boliviana por Chile, es por ello que busca otras opciones como el puerto de Ilo.

“Una de las alternativas es el puerto de Ilo, en ese contexto se está trabajando”, aseveró.

En junio del 2019, los gobiernos de Evo Morales y Martín Vizcarra suscribieron 12 acuerdos y 92 compromisos bilaterales para la dinamización de la agenda común.

En 1992 Bolivia y Perú firmaron un acuerdo para el establecimiento de una franja al sur de Perú, que se extiende cinco kilómetros, a favor de Bolivia.

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Arce: En el Congreso de EEUU avanza ley en la que piden informe del rol de la OEA en justas en Bolivia

El embajador Héctor Arce informó que en la ley que se aprueba en el Congreso de EEUU se fija un plazo de 120 días para remitir ese informe al Legislativo

El embajador Héctor Arce. Foto de archivo: La Razón.

/ 22 de octubre de 2021 / 22:56

En el Senado de Estados Unidos se ajustó la redacción de un acápite referido a Bolivia, en un proyecto de ley de asignaciones, y se instruyó al Departamento de Estado solicitar un informe sobre el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia y remitirlo en un plazo de 120 días al Congreso, informó el embajador Héctor Arce.

Este interés de Washington por lo ocurrido en Bolivia está en un proyecto de ley de asignaciones que fue aprobado en la Cámara de Representantes (Diputados). También se aprobó en una comisión del Senado, pero con ajustes en la redacción que pone énfasis en el papel de la OEA y fija plazos, explicó en una entrevista con el canal estatal.

“En el Senado se ha aprobado una redacción mediante la que se conmina al Departamento de Estado solicitar información sobre lo ocurrido en Bolivia en las elecciones de 2019, el rol de la OEA y remitir esa información, además de la violación de los derechos humanos, y remitir todas esta información al Congreso de Estados Unidos en un plazo de 120 días”, precisó.

Un informe preliminar de la OEA denunció irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 que agravó una crisis arrastrada con denuncias de fraude electoral. La protesta cívica, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Estudios externos descartaron el informe de la OEA.

Justamente este viernes, en la sede del organismo, se realizó el evento denominado “¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos”, que expuso los estudios que cuestionaron el trabajo de la secretaría de Luis Almagro.

“Para desgracia de Francisco Guerreo, de Luis Almagro, de Carlos Mesa, de Luis Fernando Camacho, este es un tema que está muy lejos de ser cerrado”, afirmó Arce en alusión a la carta de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA en la que rechazó la invitación a participar del evento de este viernes, porque ese “es un tema cerrado”.

Arce, embajador ante la OEA, informó que la Secretaría General no remite los elementos técnicos de la auditoría que realizó en las elecciones de 2019 a la delegación boliviana, pese a las siete solicitudes hechas a la fecha.

“Es el secreto mejor guardado del mundo”, cuestionó.

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