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viernes 5 mar 2021 | Actualizado a 00:30

Bachelet expresa preocupación por la falta de esclarecimiento de muertes en Sacaba y Senkata

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU presentó su informe sobre la fase postelectoral de 2019, en la que estableció graves violaciones de derechos humanos.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Por Rubén Atahuichi

/ 24 de agosto de 2020 / 10:55

La jefa de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCDH), Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes en Sacaba y Senkata en 2019, luego de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet, según cita la nota de prensa sobre la presentación del documento de la ONU.

Informe

En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.

Lea el informe: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

El documento se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. “Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias”, señala la nota de prensa.

“Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos”, dijo Bachelet.

El informe se concentró en las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró que de acuerdo a los testimonios ofrecidos “por las autoridades y las víctimas y testigos revelan inconsistencias, que deberían ser aclaradas exhaustivamente”.

“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama la OACNUDH.

Sacaba y Senkata

De acuerdo a información preliminar, el informe señala durante las operaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, el 15 de noviembre, murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas, y en Senkata, el 19 de noviembre, fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.

Imagen de la gasificación y represión a colcaeros y colonizadores en el puente Huayallani, Sacaba. Foto: APG

Al respecto, OACNUDH señaló que “el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en Sacaba y Senkata y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes”.

Sin embargo, concluyó que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.

Entonces, sobre Sacaba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios que los manifestantes se dispararon entre ellos, y su par de Defensa, Luis Fernando López, aseguró sobre la represión en Senkata que “el Ejército no disparó ni un cartucho”.

El Decreto 4078

Sin embargo, el informe recuerda que “los acontecimientos de Sacaba y Senkata tuvieron lugar en los días posteriores a la promulgación del Decreto Presidencial 4078 de 14 de noviembre de 2019”.

“El decreto recibió críticas por actores internacionales en cuanto incluía disposiciones vagas que limitaban, en determinadas circunstancias, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los actos cometidos al hacer uso de la fuerza durante sus intervenciones en apoyo de la policía”, insiste.

Un militar se aprestar a disparar a manifestantes en Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Finalmente, el informe de la OACNUDH recuerda que el decreto fue abrogado el 28 de noviembre “luego de la adopción de algunas medidas positivas de distensión y el cese significativo de las protestas”. La abrogación del decreto  eliminó los obstáculos formales para investigar la conducta de las Fuerzas Armadas”, añade.

Bachelet, expresidenta de Chile, afirmó que «las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales”.

“Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”, dijo.

Esclarecimiento

Como también lo advirtió Bachelet, el informe consideró que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.

Para esa tarea sugirió “asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial” y también la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.

Pero también observó que “que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles”. Y en ese sentido, consideró que “la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

También cuestionó la participación de grupos irregulares en tareas que corresponden a institucionales del Estado. Se debe “asegurar que grupos de individuos no desempeñen funciones de seguridad propias del Estado”, señala.

Previamente a la represión de Sacaba, la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intentó disuadir las movilizaciones, al punto de detener y golpear a dirigentes y manifestantes. Tanto la ONU como la CIDH también observó las actuación de este grupo irregular en protestas recientes, como en K’ara K’ara. Durante los últimos conflictos, este mismo grupo intentó disuadir las protestas en La Paz y Cochabamba.

La CIDH también consideró en uno de los primeros informes del caso que en Sacaba y Senkata hubo masacre, una violación sistemática de derechos humanos, y Human Rights Watch también se sumó a las denuncias de violación de derechos humanos durante la fase postelectoral en el país.

El viernes, Amnistía Internacional presentó también su informe y señaló que en fase postelectoral de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos y que los hechos se encuentran en la impunidad. Además, cuestionó la persecución a activistas durante los conflictos, de los que atribuyó al gobierno de Morales.

Similar criterio fue expresado por la OACNUDH. “En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, señala el informe de la oficina de Bachelet.

(24/08/2020)

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Encuestas, debates y redes sociales, elementos centrales en la campaña a las subnacionales

La vacunación contra el COVID-19 a personas fuera de la lista priorizada y la violencia contra las mujeres fueron otros dos temas abordados en el programa de La Razón y Extra.

Los periodistas Junior Arias, José Pomacusi y Freddy Morales con la directora de La Razón y Extra Claudia Benavente en el programa Piedra, Papel y Tinta.

/ 5 de marzo de 2021 / 00:03

Encuestas, debates y redes sociales fueron parte central en el proceso de campaña electoral rumbo a las elecciones de este domingo, cuando los bolivianos elegirán a más de 4.000 autoridades departamentales y municipales, según análisis de periodistas.

“La mejor herencia (de estas elecciones) son los debates”, sintetizó el periodista cruceño José Pomacusi en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta”.

Mientras que para el periodista Freddy Morales, “las elecciones serán un segundo examen para las encuestadoras”. Su colega Junior Arias consideró que “las campañas se han trasladado a las redes sociales”.

“El año pasado tuvimos remedos de debates”, acotó Pomacusi en referencia a las elecciones presidenciales de octubre donde los debates tomaron un cariz de pregunta-respuesta sin preguntas o cuestionamientos entre los candidatos.

Asimismo, apuntó que un debate debe ser un “streape tease” político y desenmascarar a los postulantes charlatanes y violentos. “El debate es un ejercicio de respeto al ciudadano que emite su voto”.

Morales consideró que las encuestas tendrán en las elecciones del domingo “un segundo examen” para ver si en realidad se hacen en favor de quien paga ese trabajo.

“La manera tan grosera como han venido actuando las encuestadoras para beneficiar a algún candidato es inadmisible”, cuestionó el periodista.

Arias aseveró que las subnacionales dejan en claro dos aspectos: que las campañas se trasladaron a las redes sociales, un “elemento tremendamente poderoso”.

“El otro punto es el tema de las encuestas, hay que ver qué pasa el domingo y si las encuestadoras realmente han hecho bien su trabajo, si han aplicado bien las estadísticas o si otra vez se van a equivocar (…) Alguien decía que más fácil es contratar una encuestadora que tratar de demostrar su plan de gobierno. Esperemos que el domingo se acerquen a los datos que se dieron”, sostuvo.

Vacunas VIP y violencia contra la mujer

La vacunación contra el COVID-19 a personas fuera de la lista priorizada y la violencia contra las mujeres fueron otros dos temas abordados en el programa de La Razón y Extra.

Pomacusi afirmó que no le sorprende que haya una «vacunación VIP» en Bolivia, y advirtió que el Gobierno debería preocuparse por sancionar ese tipo de irregularidades.

Arias precisó que se debería identificar y sancionar a los implicados en “vacunaciones irregulares” contra el virus.

Morales afirmó que hay un intento de politización del tema de «vacunaciones irregulares», apuntando al Gobierno.

En relación a la violencia hacia la mujer, Morales afirmó que hay sectores de la sociedad a quienes no les interesa esta problemática.

Pomacusi recordó que en Bolivia existe una ley para luchar contra la violencia a la mujer, pero sostuvo que falla la comunicación para hacer conocer derechos y campañas informativas.

Arias centró su observación en el poder económico que tienen los autores de la violencia contra la mujer y el poco miedo a la justicia, porque gracias a su “poder económico” pueden estar impunes por agresiones a sus parejas.

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Diputados aprueba ley para canalizar Bs 43 MM a facilitar el acceso a la educación

Los recursos provienen de saldos no ejecutados del PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) hasta el 31 de diciembre del 2020.

El pleno de Diputados

/ 4 de marzo de 2021 / 22:28

Los recursos económicos serán destinados a tareas como la elaboración de material educativo digital e impreso. La dirigencia de padres de familia reclamó que muchos de sus afiliados no tienen condiciones para acceder a la educación a distancia

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de transferencia de Bs 43 millones para elaborar material educativo digital e impreso, pagos de servicios a Entel y la Agencia Boliviana Espacial con la finalidad de contribuir al acceso a la educación en el Sistema Educativo.

El ministro de Educación, Andrián Quelca, explicó en el plenario de Diputados los objetivos y alcances de la iniciativa legal que “autoriza la inscripción y transferencia de recursos que contribuyen al acceso a la educación de las y los estudiantes del Sistema Educativo».

Los recursos provienen de saldos no ejecutados del PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) hasta el 31 de diciembre del 2020.

“Es importante que las y los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a las diferentes modalidades educativas de atención a través de herramientas educativas escritas, medio de difusión tradicional (televisión y radio), o por la vía digital que permitan continuar con su formación integral, desarrollar sus potencialidades, capacidades intelectuales, teóricas, científicas, tecnológicas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional de Bolivia”, refiere un boletín institucional.

La norma pasó al Senado para similar trámite. Las clases educativas empezaron en febrero bajo alternativas de modalidad presencial, semipresencial y a distancia en medio de la pandemia. Padres de familia reclamaron porque no hay condiciones para acceder a las clases a distancia debido a que muchos no cuentan con acceso a internet o aparatos celulares o computadoras.

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La Justicia envía a la cárcel a los siete universitarios detenidos por la tragedia en la UPEA

Los cinco varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y las dos mujeres al penal de Obrajes. Los siete firmaron la convocatoria a una asamblea que acabó el martes en una tragedia

/ 4 de marzo de 2021 / 21:31

Al final de una audiencia de al menos ocho horas, la Justicia decidió enviar este jueves a la cárcel con detención preventiva a los siete dirigentes universitarios que convocaron a una asamblea que acabó con la trágica muerte de siete estudiantes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Los cinco varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y las dos mujeres al penal de Obrajes de La Paz. Fueron aprehendidos el miércoles y tras prestar su declaración informativa se los imputó y remitió a una audiencia de medidas cautelares.

Se trata de Pablo C., Vladimir P., Wilson Q., Javier Yapu, Sergio B., Fanny V. y Nayeli Ch. El juez Ángel Medoza del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Pena de El Alto valoró que hay riesgo de obstaculización de la investigación, por lo que decidió enviar a los imputados a la cárcel por cuatro meses.

Fueron acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó de la imputación y de la solicitud de detención contra los dirigentes que firman la convocatoria a un ampliado de los estudiantes de la Carrea de Administración de Empresas de la UPEA.

«Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría de los sospechosos, la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la Universidad Pública de El Alto, entre otros elementos que consideró la autoridad jurisdiccional, asimismo, se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización», explicó Cossío.

Los siete universitarios cayeron el martes de más de 16 metros al ceder la baranda de seguridad de un quinto piso, cuando decenas de estudiantes se concentraron en el lugar debido a un conflicto por el control del centro de estudiantes.

Wilson Q. es identificado como uno de los dirigentes que azuzó a subir al quinto piso tras la asamblea realizada en el patio principal.

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La Fiscalía pide a Migración activar una Alerta Migratoria contra la exministra Roca

La exministra de Salud Eidy Roca fue imputada por la Fiscalía en la investigación abierta por la denuncia de compra de sobreprecio de 324 respiradores chinos

La exministra de Salud Eidy Roca.

/ 4 de marzo de 2021 / 20:58

La exministra de Salud Eidy Roca tiene una Alerta de Migración en su contra, por lo que será detenida si pretende abandonar Bolivia. La Fiscalía imputó a la exautoridad en el gobierno de Jeanine Áñez por la compra con supuesto sobreprecio de 324 respiradores chinos durante la primera ola del COVID-19.

El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, confirmó que la exministra no podrá salir de Bolivia y que se espera la audiencia de medidas cautelares para determinar la situación legal de la acusada por delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Conforme establece procedimiento, sí, hemos requerido a Migración (la Alerta Migratoria)”, aseguró Cossio, reportó Unitel.

Según la denuncia, hay un sobreprecio de al menos $us 6 millones en la adquisición de los equipos que fueron calificados por expertos como simples ventiladores y no respiradores para atender a pacientes críticos de COVID-19.

Roca descartó que haya participado del proceso de compra, aunque la Fiscalía aseguró que sí fue parte.

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Servicio social y no tener deudas con el Estado, nuevos requisitos para el funcionario público de carrera

Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador, es uno de los cuatro nuevos requisitos que deben cumplir los actuales y futuros funcionarios públicos para formar parte de la carrera administrativa, según dispone el decreto 4469.

Atención. Oficinas de Impuestos Nacionales en la avenida Montes, de la ciudad de La Paz. Foto: Pedro Laguna

/ 4 de marzo de 2021 / 17:30

Los servidores públicos para acceder a la carrera administrativa también deberán aprobar el Curso de Inducción al Servicio Público que se dictará en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador, es uno de los cuatro nuevos requisitos que deben cumplir los actuales y futuros funcionarios públicos para formar parte de la carrera administrativa, según dispone el decreto 4469.

El nuevo requisito implica que “los servidores pondrán sus aptitudes, destrezas y conocimientos técnicos, personales y/o profesionales al servicio de la sociedad, de forma solidaria, responsable y complementaria, conforme al planeamiento y prioridades establecidas por los diferentes niveles de gobierno, teniendo en cuenta las necesidades de su entorno”.

Mientras que los restantes tres nuevos requisitos están referidos a “haber finalizado satisfactoriamente el Curso de Inducción al Servicio Público a ser impartido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional”; “no tener obligaciones pendientes con el Estado establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados”, y “no contar con registro en la Contraloría General del Estado, por resolución ejecutoriada que establezca responsabilidad administrativa, cuya sanción haya sido la destitución”.

La ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2021 determina la incorporación de “criterios adicionales de selección en el proceso de reclutamiento para servidoras y servidores públicos de la Administración Pública del Estado Plurinacional”.

El artículo 234 de la Constitución Política del Estado establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere contar con la nacionalidad boliviana; ser mayor de edad; haber cumplido con los deberes militares; no tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento; no estar comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos en la Constitución; estar inscrita o inscrito en el padrón electoral y hablar al menos dos idiomas oficiales del país.

Según la Ley del Funcionario Público, hay en la administración pública funcionarios electos, designados, de libre nombramiento, de carrera e interinos.

Los criterios adicionales para la contratación deberán ser respaldados con la presentación de la documentación respectiva.

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