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Monday 26 Sep 2022 | Actualizado a 23:52 PM

Bachelet expresa preocupación por la falta de esclarecimiento de muertes en Sacaba y Senkata

La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU presentó su informe sobre la fase postelectoral de 2019, en la que estableció graves violaciones de derechos humanos.

/ 24 de agosto de 2020 / 10:55

La jefa de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCDH), Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes en Sacaba y Senkata en 2019, luego de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», dijo Bachelet, según cita la nota de prensa sobre la presentación del documento de la ONU.

Informe

En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.

Lea el informe: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf

El documento se basó en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades. “Entre las violaciones de los derechos humanos documentadas se incluyen asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias”, señala la nota de prensa.

“Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos”, dijo Bachelet.

El informe se concentró en las masacres de Sacaba y Senkata, como calificó antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y consideró que de acuerdo a los testimonios ofrecidos “por las autoridades y las víctimas y testigos revelan inconsistencias, que deberían ser aclaradas exhaustivamente”.

“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama la OACNUDH.

Sacaba y Senkata

De acuerdo a información preliminar, el informe señala durante las operaciones entre la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, el 15 de noviembre, murieron nueve personas y más de 100 resultaron heridas, y en Senkata, el 19 de noviembre, fallecieron otras 10 personas y al menos otras 30 terminaron heridas.

Imagen de la gasificación y represión a colcaeros y colonizadores en el puente Huayallani, Sacaba. Foto: APG

Al respecto, OACNUDH señaló que “el Gobierno negó que las fuerzas de seguridad hubieran utilizado armas de fuego en Sacaba y Senkata y afirmó que algunos de los manifestantes dispararon causando todas las muertes”.

Sin embargo, concluyó que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.

Entonces, sobre Sacaba, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a los medios que los manifestantes se dispararon entre ellos, y su par de Defensa, Luis Fernando López, aseguró sobre la represión en Senkata que “el Ejército no disparó ni un cartucho”.

El Decreto 4078

Sin embargo, el informe recuerda que “los acontecimientos de Sacaba y Senkata tuvieron lugar en los días posteriores a la promulgación del Decreto Presidencial 4078 de 14 de noviembre de 2019”.

“El decreto recibió críticas por actores internacionales en cuanto incluía disposiciones vagas que limitaban, en determinadas circunstancias, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por los actos cometidos al hacer uso de la fuerza durante sus intervenciones en apoyo de la policía”, insiste.

Un militar se aprestar a disparar a manifestantes en Senkata, el 19 de noviembre de 2019. Foto: APG

Finalmente, el informe de la OACNUDH recuerda que el decreto fue abrogado el 28 de noviembre “luego de la adopción de algunas medidas positivas de distensión y el cese significativo de las protestas”. La abrogación del decreto  eliminó los obstáculos formales para investigar la conducta de las Fuerzas Armadas”, añade.

Bachelet, expresidenta de Chile, afirmó que «las investigaciones independientes, imparciales, transparentes y exhaustivas arrojarán luz sobre lo sucedido, abriendo la puerta a la verdad, la justicia y las reparaciones integrales”.

“Esto es esencial no solo para curar las heridas de las víctimas, sino también las de la sociedad”, dijo.

Esclarecimiento

Como también lo advirtió Bachelet, el informe consideró que “la falta de rendición de cuentas y la falla del Estado en empezar a atender los retos de larga data que la reciente crisis puso en evidencia, contribuyen a potenciar la polarización existente y la violencia”.

Para esa tarea sugirió “asegurar que la Fiscalía General del Estado sea plenamente imparcial” y también la creación de una Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos”.

Pero también observó que “que el mantenimiento del orden público esté reservado primariamente a los cuerpos policiales civiles”. Y en ese sentido, consideró que “la participación de las Fuerzas Armadas debe excluirse o realizarse de manera extraordinaria, regulada, subordinada a las autoridades civiles y fiscalizada por órganos civiles competentes”.

También cuestionó la participación de grupos irregulares en tareas que corresponden a institucionales del Estado. Se debe “asegurar que grupos de individuos no desempeñen funciones de seguridad propias del Estado”, señala.

Previamente a la represión de Sacaba, la llamada Resistencia Juvenil Cochala (RJC) intentó disuadir las movilizaciones, al punto de detener y golpear a dirigentes y manifestantes. Tanto la ONU como la CIDH también observó las actuación de este grupo irregular en protestas recientes, como en K’ara K’ara. Durante los últimos conflictos, este mismo grupo intentó disuadir las protestas en La Paz y Cochabamba.

La CIDH también consideró en uno de los primeros informes del caso que en Sacaba y Senkata hubo masacre, una violación sistemática de derechos humanos, y Human Rights Watch también se sumó a las denuncias de violación de derechos humanos durante la fase postelectoral en el país.

El viernes, Amnistía Internacional presentó también su informe y señaló que en fase postelectoral de 2019 hubo violaciones a los derechos humanos y que los hechos se encuentran en la impunidad. Además, cuestionó la persecución a activistas durante los conflictos, de los que atribuyó al gobierno de Morales.

Similar criterio fue expresado por la OACNUDH. “En las primeras semanas de la crisis, durante el anterior Gobierno, OACNUDH observó que la policía no cumplió con su deber de protección. En este contexto, se produjeron tres muertes causadas por enfrentamientos o agresiones entre manifestantes”, señala el informe de la oficina de Bachelet.

(24/08/2020)

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El caso Terrorismo se cerró en 2020 porque el ministerio de Murillo dejó de ser denunciante

Murillo calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

El ministro de Gobierno en el mandato de Áñez, Arturo Murillo. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:53

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, el denominado caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

Calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

Lea más: Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva

Asimismo, el entonces ministro de Gobierno confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

«Hemos trabajado, se ha retirado las acusaciones y ahora el Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema. Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso, por este trabajo”, agregó Murillo en la oportunidad.

Lea más: Arturo Murillo confirma el cierre del caso Terrorismo II de 2009

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).

Esa madrugada de 2009, inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branco Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos.

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Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero luego fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil, se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En mayo de 2018 fue condenado, en ausencia, a 12 años de cárcel por extorsión.

Hasta 2019, el Gobierno fue el principal acusador en este caso, pero tras la renuncia de Evo Morales, durante una crisis política-social, la situación cambió.

Áñez asumió la presidencia del país. Los jueces ciudadanos y jueces renunciaron y dejaron, prácticamente, paralizado el proceso que llevaba más de 10 años de investigación.

El entonces ministro Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Gobierno se retiró del caso como parte acusadora.

La noche de este lunes, el Gobierno ratificó que el caso fue archivado “arbitrariamente” durante el gobierno Áñez.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que hace esa afirmación luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, el documento señala que respecto al Informe Final de la CIDH, en este proceso registrado como CASO 13.546, “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

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Viceministro Silva: La venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal

Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:41

El viceministro de Defensa y Derechos del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal; la afirmación fue hecha luego de que cocaleros afines a Arnold Alanes reanudaron la comercialización en las afueras del mercado de Villa El Carmen.

“La ley señala claramente que los únicos mercados reconocidos son el de Adepcoca, en la ciudad de La Paz, y en Cochabamba, el del Chapare, después no reconoce ningún otro mercado, por lo tanto la venta de este producto en cualquier otro punto que no esté autorizado es ilegal”, explicó la autoridad, según una publicación de Radio Éxito.

Lea más: El bloque de Alanes reanuda la venta de coca fuera del mercado de Villa El Carmen

Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

“No les estoy obligando, no les estoy pidiendo que vengan a vender, pero es la necesidad  y tiene que entender el pueblo boliviano, tienen que entender las autoridades de Estado que esto sí o sí va a pasar”, afirmó Alanes.

El bloque de Alanes fue sacado por la fuerza del centro de abasto de Villa El Carmen, el 8 de septiembre, por cocaleros afines al dirigente Freddy Machicado, que califican de “ilegal” ese mercado.

Tras esa toma violenta, ese centro de abasto quedó precintado luego de los incendios y destrozos que sufrió por parte del bloque contrario a Alanes.

Actualmente, Machicado está recluido en la cárcel de San Pedro, justamente por ese caso; junto a él hay más dirigentes procesados y otros, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, emitidos por la Fiscalía que inició una investigación de oficio al respecto.

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La Fiscalía dice que aún no tiene elementos para ampliar pesquisas del caso ABC contra Nina

En el marco de estas investigaciones, el presidente de la ABC brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

El presidente de la ABC, Henry Nina. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:39

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, aún no será incluido en la investigación de la presunta coima de Bs 18 millones para adjudicar la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

La información fue ofrecida este lunes por Javier Gorena, fiscal que investiga este caso en que se involucró a funcionarios y autoridades de la estatal ABC y a Jin Zhengyuan, el representante de la constructora china Harbour Engineering Company (Chec), quien ya fue detenido preventivamente.

Lea más: La Fiscalía recaba declaraciones de seis implicados en el caso coimas en la ABC

“A la fecha no se cuenta con elementos que aún permitan a la comisión de fiscales poder ampliar la investigación contra el señor Henry Nina y si en su momento surgieran estos elementos, se va a proceder conforme a derecho, se lo va a convocar a declarar en calidad de denunciado”, afirmó Gorena.

En el marco de estas investigaciones, Nina brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

Este lunes, se prevé la declaración de otras personas contra quienes se amplió la investigación y están siendo procesados, tanto en Sucre como en La Paz.

A principios de este mes, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció irregularidades en la adjudicación de esta obra, pues se habría beneficiado a la firma china gracias a una presunta coima.

En ese marco, se determinó indagar todas las actividades y contratos que suscribió esa empresa extranjera con el Estado boliviano, desde el inicio de sus actividades en el país.

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Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: Ministerio de Justicia

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:05

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ratificó que el caso Separatismo y Terrorismo fue archivado “arbitrariamente” en 2020, durante el gobierno transitorio Jeanine Áñez.

“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala parte de un comunicado de esa cartera de Estado.

Lea más: Arturo Murillo confirma el cierre del caso Terrorismo II de 2009

El documento agrega que esas acciones son “objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”.

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

En ese marco, “el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, agrega la nota.

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El Ministerio de Justicia emitió este documento la noche de este lunes luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la CIDH.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa.

Entonces, la administración de Evo Morales denunció que ese grupo irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores cruceños para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. En 2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado debido a que el Ministerio de Gobierno, al mando de Arturo Murillo, retiró la denuncia.

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¿Fue legal la elección del Defensor?, experto dice que se cumplió reglamento, pero que se desacató fallo judicial

El abogado Franklin Gutiérrez observó que los legisladores opositores debieron estar presentes en la sesión de la Asamblea siendo que se trató de un día hábil.

Foto: Captura

/ 26 de septiembre de 2022 / 20:46

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez consideró este lunes que en la elección del Defensor del Pueblo, el 23 de septiembre, se cumplió con los reglamentos establecidos en el Órgano Legislativo para el cambio de agenda, aunque observó desacato al fallo de la Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz que estableció diálogo y concertación para esa designación.

«Claro, pero yo veo que es un pacto forzado la elección del Defensor del Pueblo, por qué cuando planteé la Acción de Cumplimiento la Sala Constitucional Cuarta hizo un razonamiento claro, estableció que deberían concertar porque la elección del Defensor debe ser concertada tanto por el oficialismo como por la oposición», sostuvo al programa de La Razón por streaming Piedra, Papel y Tinta.

Gutiérrez insistió en que esta determinación judicial no se cumplió.

«Primero debería agotarse la concertación, el diálogo; que estén reunidos oposición y oficialismo para llegar a una concertación. Yo calificó este acto como un pacto forzado que de cierta manera lanza un Defensor del Pueblo que no goza del 100% de la legitimidad», indicó.

Gutiérrez argumentó que la oposición presente en la sesión legislativa no recurrió a reclamar el dictamen del fallo judicial. «Ellos deberían haber conocido el fallo constitucional que establecía claramente que para la elección del Defensor del Pueblo debía haber una concertación y un diálogo».

En julio, la Sala Cuarta Constitucional dispuso que si en 70 días la Asamblea Legislativa no designa a las autoridades del Estado como el Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos, lo podrá hacer el Presidente del Estado.

El viernes 23 de septiembre, Pedro Francisco Callisaya Aro fue elegido como nuevo Defensor del Pueblo ante la ausencia de 34 legisladores de la oposición que asistieron a los actos protocolares por un nuevo aniversario de Santa Cruz.

Gutiérrez observó que los legisladores opositores debieron estar presentes en la sesión de la Asamblea siendo que se trató de un día hábil y no feriado.

«Los legisladores de Santa Cruz tienen primero el compromiso con el país y ellos deberían estar sesionando», dijo.

Observó, además, que el orden del día puede ser modificado ante una urgencia o emergencia.

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