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viernes 7 may 2021 | Actualizado a 12:16

Copa advierte a Áñez con promulgar dos normas si ella no asume la responsabilidad

Las leyes de diferimiento de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre y la de uso del dióxido de cloro como tratamiento alternativo al COVID-19 fueron sancionadas por el Legislativo, y el plazo para su promulgación vence esta semana.

La senadora Eva Copa, este lunes, en su retorno a la Asamblea Legislativa. Foto: Captura de video del Senado

/ 24 de agosto de 2020 / 15:11

Eva Copa retomó sus labores presenciales como presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, tras haber permanecido aislada 45 días por su contagio con COVID-19. Advirtió este lunes a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, que si no promulga dos normas que solo esperan su firma, ella asumirá esa responsabilidad.

La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) remarcó que esta semana se cumplen los plazos para la promulgación presidencial de las leyes de diferimiento de créditos bancarios hasta el 31 de diciembre y la que autoriza el uso del dióxido de cloro como tratamiento alternativo contra el coronavirus en el país.

Ambas normativas fueron sancionadas por el Legislativo. “Estamos esperando los plazos, una de las leyes cumple el plazo de los 10 días el día miércoles y si no la va a promulgar, lo voy a tener que hacer yo el día jueves”, remarcó la legisladora, quien indicó que Áñez se dedica a hacer campaña en vez de pensar en la población.

“La ley de las clínicas privadas no fue promulgada cuando hay mucha gente que necesita la atención hospitalaria, igual la ley de (diferimiento) de créditos tampoco fue promulgada por intereses bancarios”. Al menos ocho normas sancionadas por la Asamblea provocaron roces con el Ejecutivo, según una nota de prensa del Senado.

Incluso algunas fueron enviadas por el Gobierno al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que pasen por una revisión previa de constitucionalidad. Copa calificó a estas decisiones de Áñez como “chicanas jurídicas”, ya que eran leyes que no tuvieron como proyectista al Ejecutivo. “Exhortamos al TCP que no se preste a eso”.

(24/08/2020)

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The Intercept: El DOJ de EEUU amenazó a analistas del MIT que objetaron informe de la OEA sobre ‘fraude’ en Bolivia

La revista accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021, en los que una abogada litigante del Departamento de Justicia hostigó y amenazó con una citación a Jack R. Williams y John Curiel, que afirmaron que no hubo “fraude” en los comicios bolivianos de 2019.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio Quemado, tras proclamarse presidenta. Foto: Álvaro Valero

/ 6 de mayo de 2021 / 16:04

Una publicación de la revista electrónica The Intercept revela que Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), fueron amenazados por una abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por su estudio que objetó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un “fraude” en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia.

Las pruebas del hostigamiento son correos electrónicos obtenidos por este medio dirigido por el reconocido periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, como fuente.

«COMPLICIDAD» DE TRUMP

“Los correos electrónicos a los analistas muestran la complicidad de la administración de Donald Trump” con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia, señala la presentación de la publicación. Este material muestra “la existencia de la investigación del Departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019”, complementa.

The Intercept indica que se instaló un “régimen golpista” entre el 12 de noviembre de 2019 —cuando renunció Evo Morales y Áñez se proclamó presidenta después de recibir la banda presidencial de manos de los militares— y el 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia tras ganar en las elecciones del 18 de octubre de ese año, con un respaldo del 55,10% de la votación.

El actual gobierno y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, quien resultó asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Anunció su dimisión el 10 de noviembre de ese año, después de la estocada dada por un polémico informe previo de la OEA, que alimentó el discurso de sus opositores sobre un “fraude” en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Entonces, los resultados electorales habían dado la victoria al jefe del MAS, sin la necesidad de una segunda vuelta con su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue el primero en arengar un “gigantesco fraude”. Las banderas del supuesto “fraude” provocaron que Morales deje el país el 11 de noviembre de 2019; se asiló primero en México y luego obtuvo refugio en Argentina.

Al respecto, The Intercept publica que “el régimen golpista de corta duración llegó al poder siguiendo un guión claro: en las semanas previas a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición bombeó propaganda interminable a través de las redes sociales y las redes de televisión, advirtiendo que el actual presidente Evo Morales haría explotar un fraude generalizado para ganar la reelección”.

El MAS afirma que la contundente victoria de Arce de 2020 demuestra que no hubo irregularidades en el proceso electoral de un año antes. Inclusive se activó un proceso de investigación bautizado como “golpe de Estado”, que derivó en la detención de Áñez y dos de sus exministros, quienes fueron encarcelados por seis meses mientras duran las pesquisas de la Fiscalía, en los penales de Miraflores y San Pedro, respectivamente.

El informe preliminar y la posterior “auditoría” de la OEA han sido objeto de críticas por parte de organizaciones y especialistas internacionales. Países como México o Argentina han puesto en duda la idoneidad del uruguayo Luis Almagro para dirigir la entidad. Y el gobierno de Arce eligió recién al exministro Héctor Arce como embajador ante la OEA, con la misión específica de que haga rendir cuentas a Almagro sobre su “injerencia” de 2019.

DOS ANALISTAS HOSTIGADOS

Precisamente Williams y Curiel fueron dos de las voces que objetaron el documento de la OEA sobre los comicios bolivianos. En febrero del año pasado, mediante un análisis estadístico publicado en The Washington Post, ambos especialistas, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, indicaron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”. Un estudio que sacó ronchas en Bolivia.

El gobierno de Áñez se estrelló contra los especialistas del Laboratorio de Ciencias y Datos Electoral del MIT, al igual que la OEA, que reafirmó que hubo una “manipulación dolosa” en las elecciones de marras y que se notó una parcialización del tribunal electoral; eso sí, no mencionó la palabra “fraude” en las casi 100 páginas de su informe. The Intercept asegura que el análisis trajo consecuencias tanto a Williams como Curiel.

La revista devela que tres días antes de los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia, “los investigadores recibieron la primera de las solicitudes del Departamento de Justicia (de Estados Unidos). La abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y dijo que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación criminal”.

Ese correo electrónico provocó que Curiel le aclarara que “se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo”. George admitió posteriormente su error, y le indicó que se refería a Bolivia. Eso sí, afirma The Intercept, la abogada estadounidense “nunca proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, cuya existencia no se había informado previamente”.  

“Tenemos algunas preguntas sobre el informe de datos y le agradeceríamos que nos hiciera saber cuándo estará disponible para hablar con nosotros por teléfono antes del 6 de noviembre de 2020”, escribió George a los analistas, continúa la revista electrónica, que accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, posteriormente vino un hostigamiento que recurrió a un tono amenazador.

Ello sucedió cuando Williams explicó a George que su indagación se basó en datos públicos, disponibles. La respuesta provocó que George amenace con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”, aunque luego bajó sus decibeles, aclarando que no era necesaria una entrevista. “Simplemente estoy tratando de averiguar” si el artículo publicado en el diario estadounidense “incluye su investigación y es una copia auténtica” e “incluye la investigación exhaustiva que usted y el señor Curiel condujeron”.

The Intercept trató de hablar con el portavoz del DOJ, Joshua Stueve, quien evitó hacer comentarios. Pero una “fuente familiarizada con la investigación” afirmó que lo sucedido “asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior”; además que la “amenaza de citación fue una medida extraordinaria”, porque el DOJ “tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno” de Estados Unidos.

FUERA DEL PROTOCOLO

Paralelamente, un exabogado litigante del DOJ indicó a The Intercept que los correos son inusuales en estos casos. “Generalmente, la OIA reclutaría al FBI u otra agencia de investigación para ejecutar una solicitud de MLA entrante, como una entrevista voluntaria con un testigo o una investigación como esta. Es inusual que un abogado de la OIA lo maneje”. Añadió que la interacción con medios requiere un aval de los jefes del DOJ.

“Hay todo un conjunto de protocolos onerosos para los abogados litigantes que buscan información de una organización de medios, y la decisión de seguir adelante se tomaría en altos niveles del Departamento de Justicia. Esta solicitud en particular no es su investigación criminal corriente, por lo que puede estar bastante seguro de que recibió una exposición de muy alto nivel”, declaró la fuente que pidió mantenerse en reserva.

La publicación de la revista electrónica señala que dos días antes de los comicios del 18 de octubre de 2020, “el ecosistema mediático de la derecha estaba una vez más plagado de afirmaciones de que la votación sería manipulada, pero el esfuerzo fracasó la segunda vez, ya que el MAS ganó de manera aplastante. Morales, entonces todavía en el exilio (en Argentina), no se postuló, pero su protegido Luis Arce ganó el 55% de los votos”.

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Exdirectores de Entel aclaran que no participaron en el proceso de contratación de empresa ‘fantasma’

Sobre el caso de un supuesto desvío de $us 390.000, señalan que los miembros del Directorio, según la normativa, deben conocer los procesos por un monto igual o superior a $us 2 millones, y aprobar los procesos por un monto igual o superior a $us 5 millones.

/ 6 de mayo de 2021 / 12:17

Mediante un comunicado, exintegrantes del Director de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA) aclararon que desconocían el proceso de contratación de una empresa “fantasma” en Perú, lo que es investigado por la Fiscalía por el supuesto desvío de $us 390.000 y que llevó a la detención del exgerente general Eddy Luis Franco.

“Los exdirectores (de la estatal telefónica) NO fuimos informados ni participamos de los procesos de contratación que se mencionan en la denuncia de contratación de una empresa de mantenimiento, donde se desviaron a cuentas particulares la cantidad de $us 390.000 (dólares americanos)”, señala el documento al que accedió La Razón.

Y aclaran en el comunicado que “la normativa de adquisiciones específica que deben ser de conocimiento del Directorio los procesos de contratación cuyo monto sea igual o superior a los $us 2 millones y deben ser aprobados por el Directorio los procesos de contratación cuyo monto sea igual o superior a los $us 5 millones”.

El miércoles, Franco, exgerente de la empresa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y durante la gestión de Iván Arias como ministro de Obras Públicas, fue detenido a la espera de su audiencia cautelar. La Fiscalía adelantó que pedirá su detención preventiva en la cárcel por seis meses, acusado de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

El 21 de abril, Carola Gabriela V. F., exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, fue la primera persona en ser detenida por la transferencia de recursos a una “empresa fantasma”, representada por César Antonio G. P., para que supuestamente asuma la revisión de la instalación de la red de fibra óptica de  Bolivia en los nodos en Perú.

“El Directorio y la Síndico cumplieron permanentemente su rol fiscalizador, a través de la solicitud de auditorías específicas, además de las que corresponde por norma realizar periódicamente”, continúa el comunicado de los exdirectores, quienes se brindan a aportar con toda la información y su conocimiento para aclarar esta denuncia.

Asimismo, destacan su apego a la lucha contra cualquier irregularidad que atente contra la economía de Entel. “El Directorio actuó de manera diligente y expedita al desvincular al Sr. Elio Montes, a solo siete días de haber posesionado al Directorio, debido a indicios de malos manejos, los cuales se evidenciaron” con auditorías solicitadas para tal fin.

El caso de Montes fue descubierto en febrero del año pasado, por lo cual fue retirado y luego acusado de conducta antieconómica, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contribuciones, y ventajas ilegítimas al facilitar el pago ilegal de finiquitos por un total de Bs 800.000 a personal que contrató y que trabajó por corto tiempo. Está prófugo.

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Primer conflicto para Arias, vecinos protestan con vigilia en la subalcaldía Periférica

Dirigentes afirman que hay un compromiso del nuevo Alcalde de La Paz para que un vecino asuma la dirección de esa subalcaldía y denuncian que Arias nombró a una persona que fue declarada “no grata” en el macrodistrito.

Foto: Pedro Luna

/ 6 de mayo de 2021 / 10:28

Iván Arias empieza su gestión como alcalde de La Paz con problemas desde distintos frentes. Este jueves, juntas vecinales instalaron una vigilia en la subalcaldía Periférica del municipio de La Paz, exigiendo que el burgomaestre honre su compromiso para que los pobladores del macrodistrito definan a la autoridad a cargo de esa dependencia.

“Tenemos un derecho consolidado territorialmente para la administración de la subalcaldía, nos turnamos de manera orgánica (los distritos) 11, 12, 13. Entonces, antes de la campaña firmamos un acuerdo con el alcalde actual, de que hay compromisos que se deben respetar”, indicó a La Razón Radio el dirigente vecinal Eulogio Aruquipa.  

El representante dijo que 150 juntas vecinales son parte de la movilización. “Hubo compromiso de que la subalcaldía sea administrada territorialmente por un dirigente vecinal que conozca el Macro, sin embargo, el señor alcalde está designando una persona que fue declarada no grata en el Macro Periférica. Se está convirtiendo en un dictador”.

Arias asumió funciones el lunes. Al día siguiente, denunció una “arremetida” contra su persona, con una citación judicial (que fue suspendida), la “toma” de subalcaldías (entre ellas precisamente la de Periférica) y un “Concejo enguerrillado”. Puso en la mira al Gobierno y a los concejales opositores del  Movimiento Al Socialismo (MAS).

El vocero presidencial salió a responder y le pidió que deje de mirar “fantasmas” y se dedique a gobernar. Similar posición fue expresada por el coordinador de la bancada del MAS en el Concejo, el excandidato César Dockweiler, quien negó las acusaciones y le dijo a Arias que sufre “una pesadilla”, tal vez “un resabio de sus planes maquiavélicos de 2019, porque estuvo es ese proceso del golpe de Estado (en el mandato de Jeanine Áñez)”.

Aruquipa aseguró que se firmó un compromiso con el nuevo alcalde. “(Ahora) enviamos muchas notas, no nos quiere escuchar, por esa razón estamos instalando esta vigilia hasta que el señor Alcalde nos escuche. Nos tilda de masistas, no lo somos, sino cívicos, dirigentes vecinales. Aquí estamos presentes 150 juntas vecinales”, remarcó el dirigente.

Y envió un mensaje. “Señor Alcalde escúchanos, no somos masistas, no estamos en tu contra, somos cívicos, dirigentes vecinales, lo único que queremos es que nos escuches. Usted ha entrado a ser alcalde y ha dicho que iba a escuchar a los vecinos, trabajar con ellos, pero se está convirtiendo en un dictador, estamos exigiendo lo que nos corresponde por derecho”.

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El Gobierno frena a Camacho y ofrece un trabajo coordinado a subgobiernos

El gobernador de Santa Cruz advirtió al presidente Arce. El vocero presidencial indicó que ante los intentos de repetir escenarios como en 2019, cuando se derrocó a Evo Morales, los sectores sociales están alertas y “también saben defenderse”.

El vocero presidencial Jorge Richter y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

/ 5 de mayo de 2021 / 08:52

La respuesta del Gobierno a la amenaza de Luis Fernando Camacho no se dejó esperar. “Los sectores sociales también saben defenderse”, le dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, quien subrayó que el Gobierno coordinará, pero sin advertencias.

El lunes, cuando las nuevas autoridades subnacionales en el país asumieron sus cargos, el común denominador fueron los mensajes que llamaron a la unidad, la reconciliación, el trabajo coordinado contra la pandemia y para salir de la recesión económica… pero en Santa Cruz, el gobernador Camacho retó al presidente Luis Arce. 

Le exigió dejar la “persecución” y la “asfixia económica” a su región. “Si no cambia la actitud hacia Santa Cruz, si continúa con el amedrentamiento y la persecución, si nos sigue lastimando con medidas económicas que nos asfixian, lo único que nos queda es defendernos y usted sabe que lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien”.

En entrevista con La Razón, Richter dijo que desde diciembre el Gobierno ha demostrado su intención de buscar el diálogo y el consenso. “Pero eso no significa asumir una posición de debilidad o falta de convicción en lo que son sus objetivos y en lo que es su estructura de pensamiento y la posición política que debe ser firme respecto de los sucesos de impacto en el país, hablamos de 2019”.

El oficialismo defiende que en noviembre de 2019 se llevó a cabo un “golpe de Estado” contra la presidencia de Evo Morales, con las protestas que fueron protagonizadas precisamente por Camacho, quien dirigía el Comité Cívico cruceño, y que desembocaron en la renuncia presidencial, con el apoyo de un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Richter ofreció a los gobernadores y alcaldes recientemente posesionados, sobre todo los opositores, a trabajar bajo la lógica de la complementariedad, en temas compartidos como la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, mediante un diálogo con el Presidente o los ministros.

“Se tiene que trabajar con los gobiernos que se acaban de conformar y no importa el color partidario ni el pensamiento político, sino el interés de los ciudadanos. Lo que no corresponde es que de inicio, determinadas instancias de gobierno, departamentales o municipales, instalen una lógica de advertir y amenazar, con unas formas de combatir que en los hechos son una alusión directa al golpe de Estado de 2019”, añadió.

Ante ello, remarcó el vocero, “la respuesta ha sido clara: los movimientos sociales, las clases populares, los movimientos campesinos, originarios, el conjunto de los trabajadores obreros, las clases urbanas populares… todos estos sectores hoy asociados al MAS también saben defenderse y ya están alertas ante cualquier intento de reedición de los sucesos de 2019, no va a ocurrir aquello”.

Eso sí, señaló que ese no es el camino que busca el Gobierno, sino el de la construcción de consensos para un Estado distinto. Y también aclaró que el mensaje anterior es dado sobre todo a Camacho, quien fue “la voz disonante” del día de la posesión de las nuevas autoridades, al amenazar al presidente Arce.

Alertó que así las cosas, se estaría intentando nuevamente escenarios como el de 2019. “La respuesta a eso no es aceptable para el Gobierno, eso tampoco los movimientos sociales se lo van a aceptar y se estará también preparado para una respuesta si es que se llegara al caso. La respuesta es defender el proceso político social y popular que hoy tenemos en el país”.

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El alcalde Arias denuncia ‘arremetida’, el MAS le pide rendir cuentas a la Justicia y empezar a gobernar

El Alcalde de La Paz fue citado a una audiencia para este martes a las 15.00. Señala que hay una amenaza del Gobierno para no dejarle trabajar, con apoyo de sus concejales. El MAS le aclara que no hay persecución como en el gobierno de Áñez, en el que Arias fue ministro.

/ 4 de mayo de 2021 / 13:45

Primer día de funciones, primera pulseta. El alcalde de La Paz, Iván Arias, denunció este martes que se activó una “arremetida” en su contra con una nueva citación judicial, la “toma” de subalcaldías y un “Concejo enguerrillado”. El MAS negó las acusaciones y le pidió que no se escude en su cargo y que rinda cuentas a la Justicia y empiece a gobernar.

En una conferencia, Arias señaló que el lunes en la tarde le llegó una citación para una audiencia, para este martes a las 15.00, sobre una supuesta “designación irregular” cuando fungió como ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Eso sí, dijo que asistirá a la Fiscalía y que “no se escapará”.

“Nos llegó una citación a audiencia. Se nos acusa de nombramientos ilegales (de cuando era autoridad gubernamental), cuando en realidad lo que hicieron es montar unas firmas que no correspondían, quieren establecer una culpabilidad en un cargo que es de libre nombramiento y que no necesita (de lo) que dicen que (debe) tener”, argumentó.

Ante ello, el sucesor de Luis Revilla anunció la suspensión de la posesión de su gabinete, programado para las 10.30 de este martes, y que la hará el miércoles “pase lo que pase”, ya que ahora ahora “tenemos que preocuparnos de temas judiciales y me da pena que el Poder Judicial una vez más se preste al juego político y a los designios del poder central”.

Eso no fue todo, también denunció que empezaron las “tomas” en subalcaldías, como de la Periférica y de Cotahuma. “Nos quieren generar una situación de caos, lo que no pudieron ganar en las urnas lo quieren ganar ahora generando convulsión”, y criticó a los concejales del MAS por no asistir a su posesión del lunes en el Teatro Municipal.

La respuesta vino del coordinador de la bancada del MAS en el Concejo, el excandidato César Dockweiler, quien expresó que la ciudadanía esperaba que Arias comience su gestión, con obras, y no así con quejas. “Ve mucho Avengers”, señaló, en alusión al empleo del alcalde de la imagen de los superhéroes de la franquicia de Marvel en su campaña.

“Sufre de una pesadilla, seguro es un resabio de los planes maquiavélicos que llevó a cabo en 2019, porque él estuvo en ese proceso del golpe de Estado (de Áñez). Cree que todos somos de su misma condición. Pero se equivocó. No se nos pasó por la cabeza ser parte de su gobierno o de tener un espacio, solo cumplir una tarea legislativa”, remarcó.

Dockweiler demandó a Arias que no se preocupe, en un contacto con la red ATB, pero le emplazó a no escudarse en su cargo para no responder ante la Justicia por sus actos en el mandato transitorio de Áñez. “Ellos han hecho persecución política, sin el debido proceso, ahora está citado por presuntos actos de corrupción, tiene que asistir y responder”.

Sobra la inasistencia de los concejales del MAS a la posesión de Arias, Dockweiler aclaró que no tenían obligación, ya que fueron a la posesión y el juramento oficiales que se llevaron a cabo el lunes en el Tribunal Departamental de Justicia. “No pueden asistir a sus actos de festejo, a sus actos partidarios, nuestros concejales fueron donde corresponde”.

Asimismo, el exgerente de Mi Teleférico negó cualquier intención de los concejales opositores para emprender una arremetida contra el alcalde de la agrupación Somos Pueblo. “Haremos una gestión propositiva y de fiscalización en el Concejo, en pro de la mejor ciudad. Que (Arias) deje sus pesadillas sobre que estamos en contra de su gestión”.

Y remarcó que los problemas que surgen en subalcaldías se dan porque son pugnas de las estructuras que apoyaron el proyecto de Arias y que ahora le están cobrando su respaldo electoral, al tener en su alianza una “juntucha” de exmilitantes del Movimiento Sin Miedo (MSM), de Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, y de otros partidos.

Ante esta situación, Dockweiler le pidió al exministro de Áñez que comience a hacer gestión, que es eso lo que esperan su partido y la ciudadanía. “Que empiece a gobernar con el respeto a la norma en casa, en su partido. Cumplir con todo lo que se comprometió para tener mejores días en La Paz, inclusive dijo que entregaría una obra por día”.

En su conferencia, Arias subrayó: “Quiero decirles que no nos hundirán, no nos humillarán, yo trabajaré por La Paz y qué pena que tengamos que empezar así. ‘La Paz en paz’ es mi lema, pero no es la paz de los cementerios ni el silencio de las cárceles. He sido elegido para gobernar La Paz y la voy a gobernar, voy a poner todo mi empeño ante esta arremetida”.

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