Nacional

martes 15 jun 2021 | Actualizado a 22:03

Luis Arce: Ni el MAS ni el binomio tienen que ver con la vida privada de Morales

El candidato deploró que se utilice la imagen de una mujer con intencionalidad política.

El binomio Luis Arce-David Choquehuanca, en conferencia de prensa pasada.

/ 24 de agosto de 2020 / 14:38

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, afirmó este lunes que ni su partido ni el binomio tienen que ver con las supuestas relaciones privadas del expresidente Evo Morales (2006-2019), destaca la prensa oficial masista

Arce Catacora, además, calificó de deplorable el uso de la imagen de la mujer, cualquiera sea su edad, en temas políticos, como se viene haciendo a la fecha.

“Ése es un ámbito absolutamente personal, individual de acuerdo al derecho y de acuerdo a la Constitución Política del Estado; el MAS no tiene nada que ver en esto, peor la candidatura, y ahí se ve justamente la intencionalidad política, que a propósito esfuerzan en alargar lo que se pueda la medida para que nos pueda salpicar a nosotros como binomio y eso es absolutamente inconcebible, no se puede aceptar ese tipo de actitudes”, cuestionó el candidato en una entrevista con la red Bolivisión.

Aprovechó el espacio y “deploró” a los detractores del MAS por el manejo político de la imagen y dignidad de la mujer en tiempos de campaña política “Realmente están pisoteando los derechos de la mujer”, aseveró Arce Catacora.

El domingo, en una charla con radio Kawsachun Coca, Morales deslizó también un comentario parecido. “Qué procesos más habrá (contra mí). No comparto el uso de compañeras en cuestiones políticas”, afirmó.

Sobre la fotografía en la que aparece Arce con Morales y la supuesta pareja del exmandatario, respondió que es una toma en Buenos Aires, Argentina, este 2020, donde accedió a posar con varias personas que le solicitaron.

“Imagínese que tuviera que preguntarles a todos los que me piden salir en una foto qué antecedentes tienen, es un absurdo”, señaló.

Lamentó la guerra sucia que utilizan los contrincantes del MAS para buscar cualquier pretexto con tal de afectar su candidatura.

“Esas fotografías no dicen nada, ahí se ve claramente la intencionalidad política de pretender involucrarme; yo no la conozco a la señorita que está en la foto, puede estar en muchos actos de masas y eso no lo puedo controlar”, agregó.

Asimismo, explicó que Morales salió electo como jefe del MAS en un congreso en Montero (Santa Cruz) y para removerlo tendrían que hacerlo de la misma manera, tal cual establece el estatuto del MAS .

Recordó que Morales también fue elegido en Cochabamba en otro acto político como jefe de campaña y ese mecanismo interno también debería utilizarse para alejarlo de ese cargo, siempre y cuando las organizaciones sociales así lo determinen.

“Tenemos mecanismos internos partidarios para definir las dirigencias, lo demás son simples especulaciones y criterios personales de cada dirigente”, enfatizó el exministro de Economía.

(24/08/2020)

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¿‘FRAUDE’?, ES EL MOMENTO DE QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS QUE TIENEN

Volvió el debate sobre si en 2019 hubo fraude, sobre si el informe de auditoría de la OEA es una prueba plena.

Vuelve el debate sobre los comicios de 2019. Lima explica que no hay ‘auditoría’ de la OEA y que no se anularon los resultados electorales

/ 13 de junio de 2021 / 19:26

EL PUNTO SOBRE LA i

Quienes están convencidos de que hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y encima desconfían de la Fiscalía para llevar el caso, tienen la opción legal de ser ellos mismos, mediante una “acusación particular”, de instalar un proceso contra quienes crean responsables, interpela a la oposición el ministro de Justicia, Iván Lima Magne. “Si tienen las pruebas del supuesto fraude, es hora de que las presenten, que sustenten su acusación”, demanda el abogado.

—¿Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—El contexto en que se hace la auditoría de la OEA es de convulsión social; necesitábamos que un tercero dirima el conflicto que vivía el país. Lo relevante del convenio con la OEA es la palabra ‘vinculante’; siempre se discutió si se puede ceder atribuciones propias del Tribunal Electoral a un órgano externo; pero el Gobierno de Bolivia, de manera amplia, para lograr la paz social acepta este efecto vinculante. Una imprecisión que hay sobre el informe de la OEA tiene que ver con su naturaleza jurídica. Lejos de ser una auditoría o un documento equivalente a una resolución del Tribunal Supremo Electoral, es un documento sui géneris; no entra en ninguna categoría jurídica, porque es suscrito entre el país y la OEA en el marco del derecho internacional público. No es un documento que podamos equiparar a una auditoría como hace nuestra Contraloría o a una pericia de la Fiscalía.

—En todo caso, dio a que luego se anulen las elecciones de 2019. Por qué dice que el informe de la OEA no es una auditoría?

—No se han anulado los resultados de la elección; la Ley transitoria de realización de elecciones (24 de noviembre de 2019) no dice que se anuló las elecciones, tampoco que hubo fraude en la elección; es una ley por la que, evidentemente con apoyo del Movimiento Al Socialismo, se ‘deja sin efecto legal los resultados de la elección’, que es una cosa completamente diferente a decir que ha habido un fraude o a reconocer que hubo una irregularidad; no se usa la palabra nulidad, ni la palabra fraude; por mérito del acuerdo vinculante entre la OEA y Bolivia, se deja sin efecto legal los resultados, no la elección; a raíz de eso, como un acuerdo político, se cesa a los vocales electorales y se convoca a la elección. Eso es un acuerdo político, y de ninguna manera refleja un reconocimiento del MAS de que hubiera habido un fraude. En el Código Penal no hay el delito de fraude electoral; la auditoría (de la OEA) que pretenden es una pericia, aunque muchos ya le dan un carácter de sentencia; no es tal, es un instrumento de derecho internacional público en el que el gobierno se comprometió a darle efecto vinculante, y el MAS honró ese compromiso al dejar sin efecto legal los resultados de la elección.

—¿El informe de la OEA puede ser presentado como prueba para una acusación fiscal?

 —Definitivamente no. El documento de la OEA habla de la ulterior judicialización de los indicios encontrados; es lo que reitera: una ulterior judicialización determinará si los indicios que ellos identifican constituye una prueba. El informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral. Esos dos elementos, en palabras de la OEA deben ser judicializados en ulteriores procesos; y no emite conclusiones al respecto. Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas. El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude. El segundo elemento, y que se está investigando, tiene que ver con la quema de información, de listas índice, de tribunales electorales. Cómo ha hecho cada tribunal departamental para recuperar la información. En el país, para la elección se emitieron nueve copias de cada acta, cada partido se quedó con una, lo mismo que el notario y el tribunal departamental. Así, la información que se tenía en diferentes niveles, en el TREP, en las actas y lo que tenía cada partido, le ha permitido a cada tribunal departamental realizar el cómputo. Si Mesa y su partido cuestionaban alguna de las actas, lo que correspondía era volver a revisar la votación; esto no ha ocurrido. Ninguna de las observaciones que ha realizado la OEA o quienes dijeron que hubo fraude es consistente; todas se refieren a errores aritméticos, de llenado; (pero) hechos completamente subsanados o subsanables. Si hay algo relevante en el proceso electoral boliviano es el principio de preclusión, cuando habla el jurado electoral, se cierra el debate, y lo único que hay que lograr es que ese resultado del jurado se incorpore en el cómputo departamental y luego nacional. La pregunta que se le debe hacer al señor Mesa es ¿por qué sus delegados no han impugnado ningún acta, en las mesas de jurados, en los tribunales departamentales o en el Supremo Electoral?

—Esta semana en Beni se dictó el sobreseimiento de los exvocales electorales de ese departamento. ¿No se los había sobreseído a principios de 2021, como anunció el fiscal general Juan Lanchipa?

—No hay ninguna contradicción. Lo que ha anunciado el Fiscal General es que los fiscales de investigación de los casos habían dictado sobreseimientos en todos los departamentos; pero de inmediato, ciudadanos, vocales, incluso la Procuraduría, impugnaron ese sobreseimiento. Lo que ha ocurrido luego, y a eso me refiero con el anuncio del Beni en esta semana, es que los fiscales departamentales han confirmado aquel sobreseimiento, excepto en Oruro, pero por un problema de la pandemia.

—¿Qué incidencia tendrá esto en el proceso a los exvocales del TSE?

—Esto es muy relevante para el Tribunal nacional, porque lo que hace el TSE es básicamente sumar las nueve actas de los cómputos departamentales y darle al país el resultado nacional. Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE. Ya corresponde que este fiscal se pronuncie, sea por una acusación, sea por el sobreseimiento.

—El fiscal Lanchipa dijo que la investigación contra los exvocales del TSE se cerrará con una “pericia informática internacional”, que diga cómo fue el manejo informático de los resultados.

—Es importante tener una pericia, pero, como dije antes, todo lo que tiene que ver con el uso de los sistemas informáticos, el TREP, los servidores, tiene que ser contrastado con las 35.000 actas, porque el sistema boliviano (de cómputo) es manual. Es accesorio, puede dar tranquilidad al país para entender qué ocurrió con el corte del TREP o la información de los servidores; sin embargo, es solo uno de los elementos más que tiene que evaluar el fiscal a tiempo de dictar sobreseimiento o acusación. Con todo, creo que el escenario en este momento está muy cercano a que en el país tengamos certeza de lo que ha ocurrido en la elección de 2019. Y eso es lo que pone nervioso al señor Mesa y a muchos miembros de la oposición, debido a que no han logrado, en un año que han estado en el gobierno, probar la existencia de un fraude. Un año para que el señor Murillo o el señor Mesa puedan presentar todas la pruebas del ‘fraude monumental’.

—Aunque siempre se quejaron de la lentitud de la Fiscalía.

—Aquí viene un aspecto fundamental en el análisis del proceso penal, que tiene que ver con la ‘acusación particular’. Si bien lo normal o usual es que la Fiscalía presente un juicio y sostenga la acusación, cuando alguien cree que la Fiscalía está actuando indebidamente, que no está presentando una acusación por falta de pruebas, negligencia o parcialización, puede presentar su acusación particular. Estoy seguro de que lo van a hacer. Si el señor Mesa dice que hubo un “fraude monumental”, él debiera presentar una acusación particular, y es lo que le he reclamado a su bancada en el acto de interpelación. Si creen que hubo fraude, si creen que tienen las pruebas para sostener la existencia de un fraude, presenten la acusación particular; lleven el caso ustedes, sin fiscal; el Código Penal se los permite. Ahí el pueblo de Bolivia va a saber quién miente, quién no tiene ni una sola prueba para sostener una acusación. Porque también tienen que estar conscientes de que si su acusación particular es declarada infundada, sin mérito, habrán cometido acusación o denuncia falsa, pasarán de acusadores a acusados; porque no puedes acusar a vocales, a familias, a personas que han hecho un trabajo adecuado y digno, de haber cometido un fraude cuando no existe una evidencia de tal fraude. Si don Carlos Mesa cree que tiene pruebas, lo invito a que presente su acusación particular, es lo mínimo que se espera del líder de la oposición en Bolivia. Ha habido gente que ha estado durante meses detenida en cárceles del país sin que hubiera hecho nada que implique una responsabilidad penal. Y eso ha sido resultado de la acusación del señor Mesa. Es un momento de buscar la verdad; ahora es el momento para que nos muestren las pruebas que tienen, y el informe de la OEA no es ninguna prueba.

—En octubre del año pasado, días antes de las elecciones, el exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría presentó una investigación del IDIF que documentaría el fraude a través de la intervención de 20 mexicanos en el sistema informático.

—Esta investigación a la que se refiere es una investigación de teorías de conspiración que no se sustenta en hechos legales, que no encuentra relación de causalidad, lógica, entre el acto electoral y el arribo de estos ciudadanos al país. Lo que hubo fue una conferencia de prensa muy histriónica, pero no hay relación de causalidad, no han presentado ninguna prueba. Todos sus argumentos no son más que una teoría de conspiración; por ello, usted no va a encontrar un requerimiento fiscal ni ninguna decisión judicial sobre los argumentos del señor Santamaría. No es un informe serio. Es un tema que no nos merece comentarios por su falta de seriedad.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón     

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‘FRAUDE’, INFORME DE LA OEA, SOBRE TODO INDICIOS

Volvió a la agenda el debate sobre si en 2019 hubo o no ‘fraude’; aún está pendiente revisar lo que realmente pasó.

Ante la Asamblea, el ministro Lima dijo que no hay una sola prueba. Un análisis sobre el contenido del estudio de la gestión Almagro

Por Iván Bustillos

/ 6 de junio de 2021 / 17:56

EL PUNTO SOBRE LA i

Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.

 (*) IVÁN BUSTILLOS es periodista de La Razón

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MURILLO ACUSADO EN EEUU, POSIBLE ‘CASTIGO MENOR’

En comparación con las masacres de Sacaba y Senkata, por ejemplo, el caso en el país del Norte es relativamente menor.

Lavado de dinero y soborno, delitos por los cuales Murillo puede ser condenado en EEUU. ¿En qué quedarían sus casos en la Justicia de Bolivia?

Por Iván Bustillos

/ 30 de mayo de 2021 / 19:41

EL PUNTO SOBRE LA i

Entre el viernes 21 y sábado 22 de mayo, en los estados de Florida y Georgia de Estados Unidos fueron detenidos, primero, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de la presidenta Jeanine Añez, Sergio Méndez; y, luego, el propio exministro Arturo Murillo. Luego vino la detención de los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld. A los cinco se les acusa por lavado de dinero y soborno utilizando el sistema financiero estadounidense. “El exministro de Gobierno y otro funcionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano, y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, señala el comunicado de prensa del 28 de mayo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Tras identificar a los cinco detenidos, el referido comunicado de prensa revela que el “plan de soborno” ocurrió entre noviembre de 2019 y abril de 2020. “Durante ese tiempo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia, Méndez, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno de Bolivia y otro funcionario del gobierno boliviano”, destaca el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Específicamente, complementa el comunicado, “las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”.

El jueves 27, el abogado de la víctimas de Octubre de 2003, Thomas Becker, que coadyuva en el caso abierto contra Murillo y otros, informó que los acusados Bryan Berkman y Luis Berkman pagaron una fianza conjunta de $us 850.000 para defenderse en libertad; en tanto que a Philip Lichtenfeld y Sergio Méndez se les impuso detención preventiva; en el caso del exministro Murillo la audiencia en que se definirá su situación será recién el lunes 7 de junio. Becker adelantó que es muy posible que también se le ponga en detención preventiva “por el riesgo de fuga” del acusado.

Becker señaló al programa de La Razón por internet, La Razón Radio, que si bien el delito de lavado de dinero puede llegar a 20 años de prisión y el de soborno a 15, generalmente no se llega a dichos topes, pues mucho depende de la negociación que pueda haber entre la Fiscalía y la defensa del acusado.

En el presente caso, dada la evidencia que el Departamento de Justicia tiene contra Murillo y otros, lo más seguro es que se les abra causa, pero el curso del proceso ya dependerá de “otros factores legales”, advierte el abogado Becker: El juez “tiene que analizar si hay suficiente prueba para avanzar con un juicio; yo creo que hay bastante prueba, tiene información directa, llamadas de WhatsApp con palabras directas, tiene la transferencia de fondos a bancos. Hay bastante prueba. Lo que puede pasar es que el gobierno, el fiscal puede negociar con el demandado, y decirle que ‘si tú mañana dices que eres culpable, no vamos a pedir 15 años por soborno, vamos a pedir 3 años”. Si el acusado no acepta, se va a juicio y allí se decide la sentencia, detalló el abogado estadounidense al programa La Razón Radio.

Pero he aquí lo que pasa en la práctica: “La verdad es que es muy raro que alguien reciba 20 años por el lavado de dinero o 15 años por soborno; es lo máximo (dichos topes), pero generalmente no pasa”.

Un “caso criminal”, que no “civil” como fue la demanda contra Gonzalo Sánchez de Lozada, la causa contra Murillo y otros, prevé Becker, máximo puede durar dos años, aunque, revela, es “una prioridad” para el actual gobierno estadounidense. “Yo creo que es una prioridad, porque es un caso especial, que fue comenzado por el Departamento de Seguridad Nacional. Es una prioridad para los Estados Unidos. También ellos entienden que afecta las relaciones con Bolivia y otros países: una persona involucrada vivía en Argentina, algunos acusados supuestamente están involucrados en tráfico de armas; es un caso que afecta a muchas personas y otros países, y yo creo que puede ser una prioridad para este gobierno”, detalló el abogado.

Una prioridad, pero para el interés boliviano, apenas “un paso”, de los menores, en la justicia que se debe ejercer contra Murillo y otras autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, remarca Becker, coincidiendo con el actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.

A momento de anunciar, el viernes 28, que Bolivia busca el retorno del exministro, su extradición desde Estados Unidos, a través de dos conductos: Interpol o la cooperación “entre Estados”, Del Castillo remarcó la importancia de los “otros delitos” de Murillo y compañía.

“Estamos siguiendo dos conductos regulares. Si bien es cierto que ha cometido delitos en Estados Unidos por lavado de dinero al haber usado fondos de corrupción en cuentas de bancos en Estados Unidos, en Bolivia ha cometido una serie de delitos. Estamos solicitando dos caminos alternos: uno a través de Interpol y otro a través de la vía de cooperación entre Estados”, dijo la autoridad.

El abogado Becker ratifica que habiendo comenzado los procesos por lavado de dinero y soborno en Estados Unidos, “en Bolivia hay muchos más delitos, en que lo más importante son las masacres, pero están conectados; yo creo que el Gobierno (de Estados Unidos) entiende esto, entiende que el Gobierno de Bolivia va presentar un exhorto suplicatorio pidiendo la extradición (de Murillo y otros); en este momento todo es muy delicado, no es un caso normal”.

El jueves 27 de mayo, en conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló que el trámite de extradición de Murillo ya fue iniciado por el Ministerio Público el 21 de enero de 2021, como parte del caso denominado Gases lacrimógenos, precisamente por el supuesto sobreprecio del material de represión no letal por el que hoy día Murillo y cuatro personas están acusados en Estados Unidos.

Aún más, Lanchipa anunció que también se dispuso llevar a cabo “todas las acciones procesales destinadas a las recuperación y repatriación, en favor del Estado boliviano, de todos los activos, dineros y valores que se hubieren generado como resultado de actos ilícitos”.

El caso del sobreprecio de los gases lacrimógenos avanzó en el país. Hay que recordar que en enero de 2021 el ministro de Gobierno Del Castillo informó que tras realizar varias auditorías se evidenció un sobreprecio de más de Bs 7 millones en la compra de dichos gases, de equipos de seguridad así como hechos de corrupción en la contratación de empresas proveedoras de insumos para la Policía durante las gestiones de los exministros Arturo Murillo y Fernando López (de Defensa).

En anteriores gestiones, un proyectil de largo alcance CAL37/38 MMCS costaba Bs 189, dijo, pero durante las gestiones de Murillo y López, ese mismo artículo fue adquirido a Bs 270, o sea, con un sobreprecio por proyectil de Bs 81.

Las auditorías, señaló entonces Del Castillo, detectaron direccionamiento en las contrataciones a la empresa Bravo Tactical Solutions (la implicada en la acusación del Departamento de Justicia contra Murillo) y un sobreprecio total de Bs 7.150.000.

En cuanto a los “otros casos” contra Murillo, aparte de los Gases lacrimógenos, en su conferencia el fiscal general Lanchipa precisó que hasta el momento hay nada menos que nueve procesos investigativos abiertos contra el exministro Murillo.

“El Ministerio Público activó nueve procesos en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo, que tienen que ver con delitos relacionados a uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, legitimación de ganancias ilícitas, entre otros”, detalló la Unidad de Prensa de la Fiscalía.

Fuente. Ministerio Pùblico

En una recopilación hecha por La Razón (y publicada el viernes 28), se precisa que los casos abiertos son:

1. Acusación a una inocente por el robo de la bebé Samantha.

2. Persecución contra el comandante de la Policía (cuando no lo era) Jhonny Aguilera.

3. Robo y quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales.

4. Muertes en Sacaba y Senkata.

5. Compra de material antidisturbios (caso Gases lacrimógenos).

6. Golpe de Estado.

7. Manipulación informática en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

8. Desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.

9. Impedimento de la extradición a Brasil del procesado por narcotráfico Jesús Einar Lima Lobo.

Pese a que en Bolivia ya está en curso la preparación de la acusación fiscal contra Murillo y López por el sobreprecio de los gases lacrimógenos, y trata, desde otro ángulo, lo mismo que la acusación del Departamento de Justicia de EEUU, en perspectiva es un caso menor en relación al de las masacres, por ejemplo, destaca el abogado Becker.

En teoría, destaca el abogado estadounidense, Bolivia puede argumentar esta supremacía de los delitos más graves para posibilitar la extradición, pero hay que considerar la dinámica y tradición de la Justicia de su país.

“En teoría (Bolivia) puede pedir la extradicción en cualquier momento. Pero en la práctica lo que generalmente pasa aquí, lo que creo que va a pasar es que el Gobierno (estadounidense) va a avanzar con el caso, porque está en territorio estadounidense; avanza en el caso y cuando termina o hay una resolución, decide si va a extraditar de inmediato o si (el sentenciado) va a la cárcel por algunos años y después recién extraditar”, describe el abogado lo que generalmente ocurre en estos casos.

Bolivia tiene un interés sobre otros “delitos muy fuertes”, como la violación de los derechos humanos, las masacres, “crímenes de lesa humanidad”, destaca Becker. Si hay un interés tan fuerte, el Gobierno de Bolivia puede pedir la extradición, “pero yo creo que es difícil, generalmente los gringos quieren procesar aquí en gringolandia primero”, reconoce.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón    

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CONSTITUYENTE EN CHILE, ENTRE LA ESPERANZA Y LA CAUTELA

Genera expectativa sobre todo la mayoría opositora y de independientes en su futura Asamblea Constituyente.

Los chilenos caminan hacia una reforma constitucional que estará a cargo de una mayoría opositora y de independientes

Por Iván Bustillos

/ 23 de mayo de 2021 / 21:12

EL PUNTO SOBRE LA i

El sábado 15 y el domingo 16 de mayo serán recordados por mucho tiempo en Chile. En esos días el país votó por la elección de su Convención Constituyente (Asamblea Constituyente). 155 constituyentes, elegidos de entre 1.373 candidatos, que en los próximos 12 meses (9 inicialmente y 3 si deciden ampliar el plazo), tendrán la tarea de redactar una nueva Constitución. En la elección (en que votar no es obligatorio) hubo una participación de 43,4%, sufragaron 6,5 millones de 14,9 millones inscritos en su padrón electoral. La elección del 15 y 16 viene precedida en el plebiscito del 25 de octubre de 2019, cuando 78% de los votantes aprobaron la redacción de una nueva Carta Magna. Una peculiaridad de la Convención Constituyente electa es su paridad de género: al menos 45% de los constituyentes deben ser mujeres; y, otra novedad, los pueblos indígenas chilenos tienen asegurados 17 escaños.

Pero la verdadera sorpresa fue la forma en que se distribuyó la votación. Pese a que resultó la primera mayoría (con 37 constituyentes), la representación del actual gobierno, considerado de derecha, se siente perdedora, pues no alcanzó el tercio que podría vetar cualquier cambio constitucional. No por nada el presidente Sebastián Piñera dijo el mismo domingo de la elección que “la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al Gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos”. (La Tercera de Chile)

Tampoco es de echar de menos la declaración de Heraldo Muñoz (canciller de Chile en el gobierno de Michelle Bachelet), que en representación de la centroizquierda, que también gobernó el país en los últimos años, dijo: “Quiero decirlo en forma clara: la ex Concertación murió y se enterró hace tiempo y eso ha quedado muy claro en esta elección. La gente quiere cambios y quiere visiones nuevas”.

Y es que a esta centroizquierda tradicional, representada en la fórmula Apruebo, que obtuvo 25 constituyentes, le ganó la coalición Apruebo Dignidad (con 28 constituyentes), conformada por organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista de Chile. En general, se afirma en medios chilenos, que la justa la ganaron la oposición de izquierda y los candidatos independientes.

Desde este lado de la frontera, cabe desde la esperanza que el país vecino cambie ciertas políticas propias de sus élites, hasta la cautela que se debe tener ante la posibilidad de que dicho proceso constituyente en realidad cambie muy poco la relación con Bolivia y el resto de los países de la región.

CAMBIOS. Para el historiador chileno Máximo Quitral, la nueva Constitución podría establecer un cambio de timón en la presencia de Chile en la región. “Tenemos temas en común, cuestiones abiertas en política internacional, y quizás este nuevo contrato social pueda pensar y tomar visiones distintas, sobre todo a partir de la irrupción de nuevas ideas en la Convención Constituyente”, aseveró a Animal Político.

Uno de los debates que se anuncia de los más interesantes es sobre la posibilidad de establecer la plurinacionalidad en el Estado chileno.

El tema de lo plurinacional se va a instalar en la Convención, por dos razones, apunta Quitral: “Una, porque hay nuevas fuerzas políticas que conciben que Chile debe ser un Estado plurinacional; y, dos, porque en esta Constituyente hay representación de los pueblos indígenas, que también están de acuerdo con esa cosmovisión”.

Y es que si algo caracteriza a la futura Convención (tras las elecciones del 15 y 16) es que carga en sí antiguas demandas sociales, ignoradas, “encapsuladas y arrinconadas” por la política tradicional y los propios medios de comunicación. Demandas “que adquirieron fuerza a partir de la revuelta popular de 2019; y, en el fondo, esa revuelta popular hoy está presente en esta Convención Constituyente”, destaca Quitral.

Se anuncian cambios también en la regulación de la economía, en cancelar una vieja deuda de Chile, pese a su robusto capitalismo: la desigualdad. “Chile es muy desigual; esa desigualdad se fue expresando en la calle; se hizo visible, pero no tuvo el espacio institucional para expresarse”.

El bloque Lista del Pueblo (que obtuvo 27 constituyentes), por ejemplo, dice, “recoge justamente ese sentir de molestia, rabia y expresión de la desigualdad que Chile tiene visibilizado desde hace mucho rato”.

La reforma también llegará, se prevé, a cuestionar el exitoso llamado modelo económico chileno. “Hay una mirada crítica de lo que ha pasado en Chile con este mal llamado modelo económico, que yo siempre he dicho que es un espejismo: se construyó la idea de un país que era una especie de burbuja, que reventó a partir de octubre de 2019”.

El punto es lo que en los hechos logrará la nueva Constituyente. “Ojalá tengamos, por así decir, una naciente nueva república; veremos si este nuevo Chile emerge realmente y se expresa en esta nueva Constitución”.

Una de las demandas sociales más reiteradas es que el Estado chileno deje de ser “subsidiario”, de la menor intervención, por ejemplo, en la garantía de los derechos básicos. El derecho al agua como un bien básico, apunta el historiador, el tema del agua por supuesto que estará en la Convención, “porque hay fuerzas que vienen con todos estos elementos del movimiento social, que se expresaron en el estallido de octubre de 2019, y que hoy tienen representación institucional, esto es que esa revuelta entra en la discusión central, y eso constituye un hecho histórico en nuestro país”.

Queda la esperanza: “Esperamos una Constitución que responda a la realidad de Chile, no que esconda la realidad de Chile”, sentencia Quitral.

IDENTIDAD. Del lado boliviano, el economista, historiador y diplomático Andrés Guzmán Escobari afirma que el país, y en especial la Cancillería, debiera poner suma atención en el proceso constituyente chileno, más aún con el resultado del 15 y 16 de mayo, “porque en este momento, toda la estructura del sistema de pensamiento chileno está en cuestión; se está refundando el país, volviendo a cuestionar las bases mismas de la identidad chilena”.

Acaso este sea el momento, apunta Guzmán, de convocar, tanto en Bolivia como en Chile, pero especialmente allí, a revisar las narrativas históricas que han separado siempre a ambos países, desde lo que realmente pasó en 1879, repensar los nacionalismos de ambos lados de la frontera. Pese incluso a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de 2018, ver las nuevas condiciones que se pueden generar para replantear la demanda marítima boliviana: “ver el tema del mar desde otra perspectiva, ya hacia el futuro”, asevera Guzmán.

Lo de la plurinacionalidad no es un tema menor, afirma el historiador de la relación boliviano- chilena. Y es que toda vez que a fines del siglo XIX Chile se construyó, lo dijo un historiador chileno, atacando a los indios del norte (aymaras bolivianos y peruanos) y a los indios del sur (mapuches), en una labor civilizatoria a la fuerza, “todo esto ahora se está revisando, discutiendo para escribir esta nueva Constitución; por eso digo que es un momento clave para también tratar el tema de qué realmente ha pasado en la Guerra del Pacífico, de cómo se ha manejado, y qué hay que hacer para el futuro”.

Por la experiencia que vivió Bolivia en su proceso constituyente y la definición que tomó de Estado Plurinacional, con seguridad que el país será un referente en esta discusión en la Convención chilena, asegura el historiador boliviano.

En la tendencia que hay en Chile hoy de cuestionar la desprotección en que incurriría el Estado chileno sobre los servicios básicos, especial atención se debe prestar, señala Guzmán, al acceso al agua como un derecho humano, especialmente en el norte de Chile, “que vive del agua que fluye de la cordillera boliviano-chilena; ahora que tenemos estos problemas de recursos hídricos, también es un tema de discusión importante, qué política se va a adoptar en este y otros temas de suma sensibilidad”.

CAUTELA. Por su parte, también en declaración a este suplemento, el excanciller Javier Murillo de la Rocha más bien convoca a la cautela sobre el efecto directo que tendrá para el país el proceso constituyente en Chile.

“(Los cambios) en lo interno raras veces influyen de una manera significativa respecto de los temas internacionales, porque hay líneas maestras (en las que) los cambios internos influyen de manera poco significativa”, asevera la exautoridad.

Murillo no cree que los cambios internos en Chile vayan a traducirse en la modificación de ciertas políticas que a lo largo de los años, “de un siglo y más, han sido las directrices maestras de la política exterior de Chile. Yo no alentaría muchas expectativas en este tema”, concluye.

Y es que el excanciller, con base en su experiencia, llama al realismo diplomático: el tema son los gobiernos en concreto. “Los gobiernos, que son los que actúan, interpretan y ejecutan la política exterior de los Estados, se rigen por lo general en los temas fundamentales o lo que se llaman las líneas maestras de la conducta exterior de los Estados”.

Y esas líneas maestras, asegura, se mantienen más allá de las percepciones internas, “porque muchas tienen que ver con temas históricos, simbólicos inclusive, difíciles de cambiar. Así, no habría que alentar muchas expectativas en el orden internacional y, por supuesto, con Bolivia en el orden bilateral”.

De todos modos, no deja de añadir Murillo, “habrá que ver cómo estos cambios se van posicionando de los órganos de ejecución de la política en general en Chile”.

Cuando analistas en Chile aseguran que en la futura Convención también se verá el tema de la migración, el excanciller resalta que esta es una cuestión especialmente sensible en el mundo entero. “Con Argentina, por ejemplo (donde está la mayor migración boliviana en el exterior), se tardaron muchísmos años, décadas, hasta que recién en 1998 se pudo suscribir un convenio migratorio con ese país. En el caso de Chile, no tenemos una población migrante tan grande como en Argentina, pero falta mucho todavía para sacar alguna conclusión sobre la forma en que las nuevas tendencias políticas en Chile van a gravitar significativamente en su relación con Bolivia y los países vecinos”.

Pero no hay que dejar de seguir el proceso constituyente chileno, en la justa medida de la expectativa, concluye Murillo: “En todo caso, aparentemente, se va refrescar la política con la intervención de otros grupos (políticos y sociales) que seguramente van a tratar de modificar ciertas líneas; tal vez en ese contexto, se pueda un poco reformular las formas en que se han venido desarrollando los vínculos bilaterales”, sentencia.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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ARRECIA LA TENSIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

No debiera sorprender la reciente condena al Gobierno por parte del Parlamento Europeo; sigue la línea de una similar resolución de 2019.

Desde el Gobierno y el MAS se habla de ‘injerencia’ e inclusive ‘complicidad’ en la proclamación de Áñez de 2019

Por Iván Bustillos

/ 16 de mayo de 2021 / 19:07

ELPUNTOSOBRELAI

El jueves 29 de abril el Parlamento Europeo (cuya sede está en Bruselas, Bélgica) emitió su “Resolución sobre Bolivia, en particular la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y otros altos cargos”. Tras diez considerandos (que son como las razones que esgrime para lo que luego decidirá) también fueron diez sus resoluciones: “denuncia y condena la detención arbitraria e ilegal de la expresidenta interina Áñez, de dos de sus ministros y de otros presos políticos”, pidiendo su libertad; “subraya (que) la expresidenta Áñez cumplió plenamente con su deber como vicepresidenta segunda del Senado, al colmar el vacío presidencial provocado por la dimisión del expresidente Evo Morales; “expresa su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano”; “insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial”; “pide a la Fiscalía de Bolivia que reabra la investigación sobre la supuesta canalización por parte del gobierno de Morales de 1,6 millones de dólares de fondos públicos a través de pagos irregulares a la consultora Neurona”; “lamenta profundamente la tragedia que ha golpeado a todas las víctimas de los disturbios en el país” (en 2019 y 2020), son algunas de dichas determinaciones.

Entre los considerandos de la Resolución no dejan de llamar la atención ciertas aseveraciones: “Áñez asumió la presidencia interina con arreglo a la Constitución; el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia respaldó la presidencia interina”; el Gobierno interino hizo lo necesario para “organizar nuevas elecciones democráticas, integradoras, transparentes y justas, que tuvieron lugar en octubre de 2020”; “en los últimos meses, se ha confirmado la anulación o la desestimación de varias causas contra partidarios del MAS, al mismo tiempo que han aumentado las amenazas de persecución judicial de políticos contrarios al gobierno del MAS”; “la expresidenta Áñez se enfrenta a 24 años de cárcel si resulta condenada”; “varias organizaciones internacionales han expresado su preocupación por el uso indebido de los mecanismos judiciales en Bolivia y por el hecho de que cada vez se usan más como instrumentos represivos por parte del partido gobernante”; “la CIDH ha subrayado que determinadas leyes antiterroristas bolivianas violan el principio de legalidad al incluir una definición de terrorismo que resulta demasiado amplia o imprecisa”; y, “la Unión (Europea) ha desempeñado un papel importante como facilitadora de la pacificación del país en 2019 y 2020 y en apoyo de las elecciones”.

No debiera haber sorprendido el reciente documento del Europarlamento, dada la resolución que este mismo organismo emitió el 28 de noviembre de 2019, días después de que el gobierno transitorio de Áñez (el 24) promulgara la ley que hizo posible la conformación de un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abrió paso a la realización de nuevas elecciones generales.

Entre las determinaciones de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo, tras congratular la aprobación de la referida ley, “denuncia la falta de transparencia y credibilidad de las (ex) autoridades bolivianas y sus tentativas de fraude, que han menoscabado el derecho de los bolivianos a elegir libre y democráticamente a su presidente”; manifiesta su apoyo a la Misión de Observación Electoral de la OEA; “acoge con satisfacción la decisión de retirar a los militares de las zonas de protesta y derogar una ley que les confería amplia discrecionalidad en el uso de la fuerza”; “acoge con satisfacción la labor mediadora de la Unión (Europea) y de la Iglesia Católica”; y, “exige que el nuevo proceso electoral cuente con la presencia de observadores internacionales creíbles y transparentes, que puedan actuar libremente y compartir sus observaciones independientes”, entre otras.

De la misma forma, son reveladores de su visión los 15 considerandos que justifican sus resoluciones. Afirmaciones como: las elecciones de 2019 se realizaron “en un clima de gran polarización a causa de la polémica figura del presidente Evo Morales y de la controvertida aceptación de su candidatura”; la OEA tuvo razón en su opinión del “cambio drástico” del último tramo del conteo preliminar; hubo sospecha de fraude no solo en la oposición, “sino también entre los observadores nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional”; tras lamentar las muertes por la represión (en Sacaba, Senkata y otros) deplora que el país sufriera una “penuria de alimentos y combustible de graves consecuencias para la población civil debido a los bloqueos de calles por parte de los partidarios de Morales”, aunque a punto seguido no deja de expresar su “preocupación por la violencia, las acusaciones de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por los cuerpos de seguridad, y la fractura social”.

Ante la resolución del 29 de abril, como se conoce, oficialmente no hubo una respuesta del Ejecutivo, pero sí de la Cámara de Senadores, que tras calificarla de “intervencionista e injerencista”, pasó al reclamo, pidiendo a los Estados miembros de la Unión “investigar, evaluar y reconducir el rol de determinados representantes políticos y diplomáticos de la Unión Europea en Bolivia, en el surgimiento de los conflictos y convulsión social de 2019, que posibilitó un golpe de Estado en el país”.

De lado de la oposición, Creemos, mediante un comunicado, llamó al “cumplimiento de las referidas recomendaciones”, con el objeto no solo de “restaurar” el Estado de derecho y cesar la persecución política, sino también con el fin de “evitar sanciones a nivel internacional”. Comunidad Ciudadana (CC), a través de su jefe de bancada en Diputados, Carlos Alarcón, tuvo más cautela: la resolución parlamentaria muestra, dijo, la “delicada situación para la democracia y el Estado de derecho que se vive en Bolivia”, y que la “persecución política judicial” que ejercería el Gobierno solo “aísla a Bolivia en el contexto internacional”.

Con relación al Ejecutivo, fue significativa la posición expresada por el vocero presidencial, Jorge Richter, que el 30 de abril en la televisora Red UNO dijo que por el momento “no corresponde” alguna respuesta: “Si esto significara algo verdaderamente importante, uno puede fijar una posición de manera pública. En este momento no corresponde”, dijo.

Y es que se trata de un pronunciamiento del Parlamento, que para la autoridad presidencial no tiene carácter vinculante y que en los hechos solo es una recomendación.

Si bien se trata de una resolución legislativa, eso no quita que al menos se complementa con la nota oficial que el 15 de marzo (dos días después de la detención de Áñez) emitió la oficina del Alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

La Comisión Europea, dice en la nota, acompaña los “acontecimientos preocupantes” en Bolivia, a raíz del arresto de la expresidenta y de dos exministros. “Éstos son acontecimientos preocupantes que seguimos de cerca. Las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben ser atendidas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”, apuntó la nota. Añadió que los retos políticos actuales del país “requieren unidad y objetivos comunes. La UE espera que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos. La UE seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”.

Y, claro, las dos resoluciones del Parlamento Europeo en relación a Bolivia están en la línea de conducta adoptada por la representación del organismo en el país a través del embajador León de Torre Krais, que el 15 de noviembre en un acto en la Cancillería declaró: “Creemos que es fundamental estabilizar el país, recuperar la calma, superar la violencia, que se produzca el inicio de una reconciliación nacional, y sobre todo que se den los primeros pasos firmes para la convocatoria inmediata de elecciones, esta vez sí transparentes y creíbles”.

La resolución del 29 de abril del Europarlamento fue aprobada por 396 votos contra 267 que se opusieron y 28 abstenciones. El Parlamento Europeo está conformado por 705 eurodiputados; en la sesión del 29 de abril estuvieron presentes 691 legisladores; de modo que 57% de los parlamentarios (396) votó por la condena al país, 39% (267), por la negativa al pronunciamiento, y 4% (28) se abstuvo.

El actual Parlamento Europeo surgió de las elecciones que tuvieron lugar entre el 23 y 26 de mayo de 2019.

La BBC Mundo reseñaba al día siguiente de la elección: “Aunque siguen siendo las fuerzas principales, los partidos de centro perdieron la mayoría absoluta que tenían en el Parlamento Europeo tras las elecciones de este órgano (…) Mientras tanto, los partidos liberales y los verdes aumentaron sus escaños, al igual que las agrupaciones de extrema derecha y euroescépticas que triunfaron en Italia y Francia. Aunque en términos generales, la extrema derecha quedó lejos de las victorias significativas que algunos habían predicho. La participación de los votantes en todo el continente rozó el 51% y fue la más alta en los últimos 20 años”.

Son siete los partidos políticos miembros del Parlamento Europeo y el número de eurodiputados con que cuentan son, de mayor a menor: Partido Popular Europeo (187 escaños); Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (147); Renew Europe (98); Los Verdes/Alianza Libre (67); Identidad y Democracia (ID) (76); Conservadores y Reformistas Europeos (61); y, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (39 miembros).

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, entrevistado en el programa por internet de La Razón Piedra, papel y tinta, lanzó sugerentes tesis sobre la resolución europea.

La actual situación legal de Áñez, dijo, “les ha hecho conciencialmente corresponsables a los embajadores que han participado ahí, (entre ellos) de la Unión Europea”, refiriéndose a las reuniones que hubo en la Universidad Católica los días de la crisis política. “Lo preferible para ellos era alejarse, porque (avalando la salida a la crisis que luego se dio, la proclamación de Áñez) se estaba vulnerando la Constitución. En ese sentido, hasta se los puede acusar de cómplices de esa violación de la Constitución”.

Así, concluyó, el pronunciamiento del Parlamento Europeo “tiene que ver con esa motivación. Van a ser fuertes sus términos (de sus resoluciones) porque se sienten corresponsables de la situación que Áñez atraviesa desde el punto de vista legal. Ellos participaron de ese proceso oscuro. Quizás no tuvieron la prudencia (necesaria) esos momentos de participar y tomar decisiones”.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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