Nacional

lunes 21 sep 2020 | Actualizado a 16:12

CEPR: La OEA cometió un ‘gran error de codificación’ en su análisis sobre elecciones en Bolivia

El centro de investigación señala que es una “falla garrafal” que refuta de nuevo las afirmaciones de la OEA de que un fraude afectó los resultados electorales en octubre de 2019.

/ 26 de agosto de 2020 / 16:25

La votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019.

Una nota del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) advierte de un “gran error de codificación” en el análisis que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de octubre del año pasado en Bolivia, que desembocó en la tesis del “fraude” tras la victoria del entonces presidente Evo Morales.

Ello “demuestra otra falla garrafal en ese análisis, lo que refuta nuevamente las afirmaciones de la OEA de que un fraude afectó los resultados electorales”, señala la entidad en su página web, indicando que el “error” fue revelado la semana pasada, cuando Irfan Nooruddin, politólogo contratado por la OEA, publicó los datos de su trabajo por primera vez.

David Rosnick, economista del CEPR se encargó de revisar la información del politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington DC, e identificó que “las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Este fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos”, complementa la nota de prensa.

La auditoría realizada por la OEA es el sostén de la tesis del “fraude” en los comicios del 20 de octubre del año pasado, que sin duda fue el tiro de gracia para la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, en medio de un clima de asfixia por las protestas cívicas, un motín de la Policía y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que presentara su dimisión.

La OEA y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez han defendido la auditoría y criticaron al CEPR en otras oportunidades por sus informes que van en contra de los resultados del análisis del organismo internacional. En junio, el CEPR ya acusó a la OEA de haber “tergiversado” los datos y evidencia hallados en su auditoría para reforzar su tesis de una “manipulación intencional” en las elecciones de Bolivia.

Ahora, el CEPR asegura que “en su informe final de auditoría sobre las elecciones, la OEA indicó que las tendencias observadas en el conteo rápido inicial también podían apreciarse en el conteo oficial; cuando esta conclusión está basada en marcas de tiempo ordenadas incorrectamente”.

El economista Rosnick indica, al respecto, que “la OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”.

Y para demostrarlo hace una explicación técnica. “El error de codificación significa que cada día va de ’01:00 a.m.’ a ’12:59 p.m’, lo que significa, por ejemplo, que Nooruddin consideró actas con una marca de tiempo de ’01.00 p.m.’ antes que las actas marcadas con la hora ’01:01 a.m.’ el mismo día (21 de octubre). Esto hace imposible que Nooruddin y la OEA hayan podido analizar adecuadamente las tendencias de la votación a lo largo del tiempo”.

El CEPR remarca que pese a la revelación de este “gran error”, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, respaldó el trabajo de Nooruddin, con un mensaje en Twitter. “@irfannooruddin es uno de los mejores estadísticos electorales del mundo. Sus hallazgos sobre las recientes elecciones bolivianas se mantienen a pesar de las afirmaciones sesgadas y neófitas que optaron por ignorar los hechos”.

En apoyo al CEPR, Jack Williams, investigador electoral del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), sostuvo que “es más que sorprendente ver que estos datos salieran a la luz tan tarde y con múltiples errores, pero tampoco es tan sorprendente dado que hasta el momento nadie ha podido replicar el análisis de Nooruddin”.

El coautor del análisis de los resultados electorales de Bolivia publicado por el blog Monkey Cage de The Washington Post, en febrero de 2020, subrayó, según la nota del CEPR, que “es lamentable que hayan pasado ocho meses hasta publicar el código estadístico con errores tan básicos, incluso cuando otros investigadores y periodistas solicitaban los datos para determinar cómo el análisis de la OEA alcanzó las conclusiones a las que llegó”.

“Este increíble error dice mucho sobre la integridad del trabajo de la OEA en el seguimiento de las elecciones y de su capacidad para determinar si el fraude o las irregularidades podrían haber afectado los resultados”, complementó Williams.

Siempre según el artículo de la página del CEPR, Rosnick exigió respuestas. “Que la OEA continúe defendiendo su análisis de las elecciones bolivianas, en lugar de reconocer sus errores ― o admitir su deshonestidad en el sentido de que no tenía pruebas para afirmar que un fraude cambió los resultados de las elecciones de Bolivia ― demanda una rendición de cuentas. Los representantes políticos de Estados Unidos y de otros países miembros de la OEA deberían exigir respuestas”.

“Los países miembros también podrían querer evaluar si se está dando un buen uso a sus aportaciones monetarias a la OEA”, aseveró Rosnick, “la OEA se ha negado a responder a las preguntas de miembros del Congreso de Estados Unidos y de los medios de comunicación sobre su análisis de las elecciones bolivianas y su papel en allanar el camino para un golpe militar en Bolivia. Todo este tiempo parecía obvio que tenían algo que ocultar, y ahora estamos comenzando a ver más pruebas de que la OEA nunca podría defender sus acusaciones en contra de las elecciones de Bolivia de 2019”.

(26/08/2020)

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Murillo admite que sugirió a Áñez la destitución de Cabrera y lo vincula con el MAS

El exprocurador del Estado apuntó al ministro por su destitución, tras oponerse a la “privatización” de ENDE y denunciar que Murillo no entrega informes sobre la polémica compra de gases lacrimógenos.

/ 21 de septiembre de 2020 / 16:12

El exprocurador José María Cabrera y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Cuatro días después de la denuncia de José María Cabrera, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, admitió este lunes que sugirió a la presidenta interina, Jeanine Áñez, la destitución del procurador del Estado, a quien acusó de tener reuniones secretas con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y oponerse a la firma de la devolución de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) a la Empresa de Luz y Fuerza Electrica de Cochabamba (ELFEC).

“Podría decirse que puse mi gotita de arena porque el procurador general ha tenido reuniones secretas con los del MAS y lo peor que ha hecho y ha molestado es contradecir a la instrucción presidencial de devolver las acciones de ELFEC, robadas el 1 de mayo de 2010 (en el gobierno de Evo Morales). Jamás se pagó ni un peso por las acciones ni se devolvió nada habiendo un decreto supremo que ordenaba devolver y hacer una evaluación. No se nos devolvió nada a los cochabambinos que son los verdaderos socios. Se nos robó y se nos secuestró”, dijo Murillo en el programa Antes del Mediodía.

“En febrero de este año le expliqué el problema a la Presidenta y me dijo que es correcto que se haga la devolución y el 20 de febrero lo anunció. El 14 de septiembre dio el regalo (a Cochabamba) y dijo que ordenó que se haga el decreto y se las devuelva. El procurador cursó eso tratando de hacer quedar mal a la Presidenta y esto no se puede permitir. Este señor está trabajando con otros intereses y dije ‘este señor debería irse a su casa’, y ella me dijo ‘totalmente de acuerdo y va a ser removido’. Cómo no voy a sugerirle si trabaja para intereses de otros partidos y no de la gente que lo puso. Claramente está buscando hacer daño al Gobierno”, añadió.

Cabrera fue destituido mediante un decreto presidencial, luego que expresó su oposición a la firma de la devolución de acciones a ELFEC porque supondría una “privatización” que afectaría los intereses del Estado. Además, denunció que el ministro Murillo se opone a entregar informes sobre la supuesta compra irregular de equipos no letales y gases lacrimógenos.

Ante ello, señaló que Murillo está detrás de su destitución y lo sindicó de incumplir la Constitución y las leyes. Al respecto, el ministro de Gobierno negó cualquier vinculación con el contrato de adquisición de los gases lacrimógenos, tema que es investigado.

(21/09/2020)

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El Gobierno se resiste y presenta ante el TCP recurso contra bono de Bs 1.000

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP.

/ 21 de septiembre de 2020 / 14:49

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, este lunes. Foto: ABI

El pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000 sigue en el limbo. El Gobierno presentó este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley que puso en vigencia ese beneficio. A la par, ratificó que no hay recursos para su cancelación, y que para aplicar el financiamiento establecido en la normativa debe haber una “renegociación”.  

“Vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del bono porque está vulnerando la Constitución Política al usurpar funciones en relación a la independencia y separación de poderes (…), el Movimiento Al Socialismo (MAS) está utilizando (ese bono) meramente para actos partidarios, sin financiamiento y eso es lo terrible de este caso», informó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

La intención del Ejecutivo es activar una medida cautelar para que la ley, que ya fue publicada por la Gaceta Oficial, no entre en vigencia hasta que haya un pronunciamiento del TCP, que debería apuntar a una abrogación. Aparte, Alanoca acusó al MAS de crear este bono con afanes desestabilizadores y remarcó que solo el Gobierno puede negociar el destino de los préstamos de organismos internacionales.

El MAS, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, dio luz verde a la propuesta de su candidato presidencial, Luis Arce, para el Bono contra el Hambre de Bs 1.000, luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, condicionará la entrega del Bono Salud de Bs 500 a que los asambleístas aprueben el crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El préstamo fue objetado por falta de “transparencia” sobre su destino e intereses, según la oposición, que dejó su tratamiento para el Legislativo que sea elegido en los comicios del 18 de octubre. Además, tras la promulgación de la norma, hecha por la presidenta de la Asamblea, Eva Copa (MAS), ante el silencio de Áñez, se determinó que el beneficio de Bs 1.000 sea solventado con créditos del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Alanoca aclaró que la norma es inaplicable porque, tal como expresaron el BID y el BM mediante cartas, no pueden financiar algo que no fue negociado anteriormente, ya que ese dinero tiene un destino definido.  

En conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que si se acepta el uso de esos préstamos en el pago del bono, se debería iniciar una “renegociación” con las entidades internacionales involucradas. Pero este “tema toma su tiempo y tampoco podría cumplirse dicha ley”, advirtió la autoridad.

(21/09/2020)

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Comisión legislativa anuncia juicio contra el ministro Murillo y el comandante Salvatierra

Ambas autoridades no asistieron al informe ante la comisión mixta, por las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019.

/ 21 de septiembre de 2020 / 12:46

La represión en la localidad cochabambina de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019.

La comisión especial mixta que investiga las masacres en Sacaba y Senkata revolvió este lunes iniciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a la Asamblea Legislativa para brindar información sobre la violencia poselectoral de noviembre del año pasado.

“Comisión Especial Mixta de la #ALP resuelve iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a brindar información sobre las masacres de Senkata y Sacaba”, informó la Cámara de Senadores en su cuenta de Twitter.

Ambas autoridades deben brindar informes sobre los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía de noviembre, cuando fallecieron más de una veintena de civiles, en los conflictos posteriores a los comicios del 20 de octubre.

(21/09/2020)

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Naciones Unidas reprueba violencia en campañas y pide a partidos un ‘clima seguro’

Cochabamba y Oruro fueron el sábado escenarios de violencia en medio de las campañas que se masifican de cara a las elecciones del 18 de octubre.

/ 21 de septiembre de 2020 / 11:17

El puesto del MAS en la plazuela 4 de Noviembre quedó reducida a cenizas.

Naciones Unidas reprobó este lunes la violencia suscitada en campañas electorales en Bolivia, a dos semanas de la reactivación de estos eventos con miras a los comicios del 18 de octubre, y volvió a llamar a todos los actores para que garanticen un clima seguro, de libertad y no violencia.

“En el marco del Día Internacional de la Paz, y a dos semanas del reinicio de las campañas electorales, la Misión reprueba los episodios de violencia registrados que estarían afectando los derechos de la ciudadanía y de las diversas tiendas políticas a realizar proselitismo”, escribió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de las Naciones Unidas en Bolivia, en su cuenta de Twitter.  

Cochabamba y Oruro fueron el sábado escenarios de violencia en medio de las campañas que se masifican de cara a las elecciones. En la capital valluna, en medio de agresiones, militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron echados de una plaza y en la capital orureña militantes del MAS y de Comunidad Ciudadana (CC) intercambiaron insultos y golpes.

“De acuerdo a la información disponible, desde el 6 de septiembre se presentaron 9 eventos de violencia en las ciudades de Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cbba y Santa Cruz en contra de CC, CREEMOS, FPV y MAS. En dos de éstos habría sido agredido personal de la prensa”, remarcó la entidad.

“La Misión recupera el llamado a todos los actores para que las campañas se realicen bajo un clima seguro, de libertad y no violencia, basado en la tolerancia, el civismo y el respeto mutuo. El deseo del pueblo boliviano de celebrar elecciones pacíficas debe prevalecer”.

(21/09/2020)

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José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

El director de Human Rights Watch para América Latina, Jsoè Miguel Vivanco. Foto: La Voz de América

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

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