Nacional

lunes 18 oct 2021 | Actualizado a 12:11

La Defensoría denuncia que el mismo grupo de noviembre atacó sus oficinas ahora

El Defensor del Pueblo volvió a reclamar contra la pasividad policial con estos grupos civiles de acción represiva.

El collage de fotografías que la Defensoría publicó para denunciar las agresiones contra sus oficinas este miércoles.

/ 26 de agosto de 2020 / 21:17

El intento de tomar la Defensoría del Pueblo la tarde de este miércoles fue protagonizado por los mismos “grupos civiles violentos” que en noviembre de 2019 agredieron las instalaciones de la institución, denunció mediante un comunicado esta oficina estatal.

“La Defensoría del Pueblo condena y repudia los ataques perpetrados por grupos civiles violentos y organizados que este 26 de agosto ingresaron a las instalaciones de la institución con el objetivo de atacar y atentar contra la vida y la integridad física de su máxima autoridad, Nadia Cruz”, señala el organismo de defensa de derechos humanos.

Denuncia que estos grupos, “son los mismos que protagonizaron similares ataques contra la institución en noviembre de 2019”.

Como en otros casos, como el de la llamada Resistencia Cochala, el Defensor del Pueblo deplora “la permisibilidad del Gobierno y la Policía Boliviana” con estos contingentes violentos.

Hubo pasividad policial, protesta la Defensoría, pues, relata, “se la llamó reiteradamente para que envíe un contingente para prevenir estos hechos delincuenciales, sin una respuesta efectiva”.

Estas personas, que intentaron trepar las paredes para poder llegar hasta el despacho de la Defensora del Pueblo, da cuenta el Defensor, “lanzaron amenazas y palabras irreproducibles contra esta Autoridad y contra los funcionarios defensoriales, con la clara intención de amedrentarlos y agredirlos físicamente sin ningún respeto ni protección ante un posible contagio de COVID-19”.

El Defensor denuncia, además, que “estos grupos civiles estarían actuando por orden de un diputado, toda vez que se escuchó que reportaban, vía teléfono celular, su ingreso a esta institución exigiendo la renuncia de la Defensora del Pueblo”.

La institución recuerda que existe una denuncia en el Ministerio Público por los ataques de noviembre de 2019; el reclamo por la agresión de hoy día será sumado a la denuncia del año pasado. “Se espera que esta instancia actúe como corresponde e investigue estos hechos para sancionar a los responsables”, concluye la Defensoría del Pueblo.

(26/08/2020)

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En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

En 2003, la clase media apoyaba a las víctimas; hoy es diferente, la sociedad está muy polarizada.

Thomas Becker, abogado estadounidense de las víctimas de octubre de 2003, testigo directo de las masacres de noviembre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 17 de octubre de 2021 / 18:56

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Expresidentes de Adepcoca son vetados para las elecciones del 22 de noviembre

La organización procurará que los candidatos sean electos desde las comunidades, pasando por todas las instancias intermedias. La elección es por asamblea.

/ 12 de octubre de 2021 / 13:26

Se confirmó para el lunes 22 de noviembre las elecciones de la nueva dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en Coripata; están prohibidos de participar todos quienes hayan sido presidentes de la institución, incluso de las organizaciones paralelas.

El anuncio fue hecho este martes por el presidente del Comité Electoral de Adepcoca, Maycol Reyes, en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de este medio.

Están vetados “todos los expresidentes”, aun considerando la división de la organización cocalera. Cuando se le preguntó si se considera, por ejemplo, expresidente de Adepcoca a Arnold Alanes, de una de las paralelas, Reyes ratificó: “Todos, en una magna asamblea la base les ha dado de baja; se les ha dicho: ‘Ustedes ya no son más presidentes, ni de un lado ni del otro lado’”.

En este sentido, no participarán ni Elena Flores ni Armin Lluta ni Arnold Alanes, menos Franclin Gutiérrez, detalló el presidente del Comité Electoral.

La elección del 22 será en el estadio Ramiro Castillo de Coripata. Como se sabe, en Adepcoca se practica la elección por asamblea. Se elegirá a un directorio compuesto por nueve personas, provenientes, según estatuto, de “cuatro postulantes de la provincia Nor Yungas, cuatro de Sud Yungas y uno de Inquisivi”, remarcó Reyes.

La postulación para la dirigencia en Adepcoca no es a título personal; el candidato tiene que haber “subido” desde las comunidades, remarcó Reyes: “La comunidad elige a la persona más idónea; de la comunidad va a la Subcentral, de allí a la Central, de la Central a la Federación Regional y de ahí viene el candidato”.

Entre los requisitos exigibles están que el candidato o candidata sean “nacidos en el lugar, que tenga su libreta de servicio militar, además de eso tiene que presentar una declaración jurada de cuántos bienes tiene, van a presentar también un perfil de proyecto, cómo van a manejar la institución”.

Los postulantes tienen que presentar todos estos requisitos hasta el 15 de noviembre.

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‘Fraude o Golpe’, una trampa a superar

Hoy se cumplen 39 años del retorno a la democracia. Para evaluarla, hay que poner en su justo lugar el trauma de 2019.

De cómo los actuales actores políticos ubiquen y resuelvan el trauma de 2019 dependerá la calidad de la futura democracia

Por Iván Bustillos

/ 10 de octubre de 2021 / 19:31

El punto sobre la i

Justo hoy, 10 de octubre, se cumplen 39 años desde que Bolivia retornó a la democracia, en octubre de 1982. Poco más de una generación en la que seguro que en más de una ocasión estuvo a punto de interrumpirse la vigencia del orden democrático… Claro, aquí empieza el problema, cuando se recuerda lo ocurrido en octubre- noviembre de 2019: ¿Hubo fraude o golpe? acaso sea una disyuntiva que acompañe por generaciones a los bolivianos y que siempre tienda a dividirlos en esos dos bandos: que fue fraude y no golpe; que no fue fraude y sí golpe. Hay quien piensa que si los bolivianos no salimos de este debate, se verá gravemente afectada nuestra convivencia democrática, el desarrollo mismo de la democracia. Pero hay quien piensa que no, que el “dilema” fraude o golpe no debería entorpecer ni la convivencia democrática ni su desarrollo institucional.

Nuestros analistas invitados, el politólogo Marcelo Silva y el sociólogo Fernando Mayorga, coinciden precisamente en la necesidad de ubicar el fraude o golpe en su justa medida y lugar y no dejar que ello nuble la mirada sobre lo que ha llegado a ser la democracia boliviana en estas casi cuatro décadas, y lo que aún podría, tendría y hasta debería ser.

INCOMPLETA. Lo del fraude o golpe, señala Silva, “es un tema que desgraciadamente desubica la discusión central sobre la democracia”, desvía la atención acerca del hecho, por ejemplo, de que “la democracia entendida solo como una forma de participación política hoy queda absolutamente incompleta”.

La democracia implica otros parámetros, sociales, culturales y económicos, afirma. Reducirla a la pura pelea por el poder no deja ver que ésta tiene muchos más problemas: las desigualdades y sometimientos culturales (el intento de imponer un monoculturalismo), la persistencia de la discriminación de raza, género y por religión, entre otras; ni hablar de la desigualdad económica como una de las mayores trabas a la democracia.

Por eso, dice Silva, “lo que hay que hacer es ampliar la noción de democracia, saliendo del ámbito político”.

Más aún, destacan ambos estudiosos, si hay algo de lo que los bolivianos debieran sentirse orgullosos es de su “modelo democrático”, la democracia intercultural.

“La Constitución de 2009 tiene como dato más destacable el reconocimiento de tres formas de democracia: la representativa, la directa o participativa y la comunitaria; eso que en la ley del régimen electoral se define como la democracia intercultural, y que es el rasgo peculiar del modelo democrático boliviano”, cuyo desarrollo se explica solamente por la fuerte y consistente presencia en el quehacer político de actores populares, sobre todo campesinos e indígenas, destaca el sociólogo Mayorga.

“El modelo de democracia intercultural consiste en fomentar la democracia representativa, fortalecer la democracia participativa e impulsar la democracia comunitaria; son esos tres modelos que sostienen la democracia intercultural”, afirma, por su lado, el politólogo Silva.

COYUNTURAL. El del fraude o golpe, en últimas, es un tema coyuntural, prosigue Silva, el cual no debiera ser resuelto si no en la justicia. “El tema es que una de las condiciones fundamentales para fortalecer la democracia es establecer una reforma muy seria al sistema de justicia. Y la discusión de golpe o fraude deber ser dilucidada en el ámbito de la justicia, pero una justicia que tenga legitimidad y confiabilidad.

La discusión o fraude o golpe siempre se quedará en un discurso político utilitario “en tanto y en cuanto la justicia no determine el hecho con pruebas fácticas y una correlación de los hechos de qué es lo que realmente pasó”, asevera el politólogo.

Ahora, concluye Silva, hay que preguntarse si el dilema fraude o golpe en verdad es parte de la preocupación cotidiana de la ciudadanía. “La ciudadanía está en otra cosa, tiene otras prioridades que la clase política, es un efecto burbuja; la clase política cree que su agenda es la agenda de la sociedad, y no es así; la agenda de la sociedad en este momento está difiriendo grandemente de la agenda política; está pensando en la reactivación económica, en educación y salud; esos son los temas fundamentales”.

Para el sociólogo cochabambino Mayorga, definitivamente la tal disyuntiva o fue fraude o fue golpe, en realidad, no es un dilema, como se lo quiere hacer ver. “No es un dilema, porque no hay relación entre los dos, excepto en el discurso de los actores políticos, que los hacen aparecer como si fueran una antinomia, es decir, una cosa o la otra, cuando esto, por lógica, no tiene relación”.

Pudo o no haber habido fraude, apunta, “pero hay que separar, dejar a un lado ese tema para preguntarse si hubo o no hubo golpe”.

El problema es, continúa Mayorga, que así “mal planteado” el tema, impide emprender una reflexión a fondo de nuestra democracia. “La democracia es evaluada a partir de una postura que se asume respecto a una u otra explicación (o fraude o golpe) y ahí lo que se hace es no tocar el tema”.

En la reflexión del estado y perspectiva de la democracia boliviana, además de valorar el gran avance que significa la democracia intercultural, Mayorga prefiere la historia.

RETROCESO. “El último año hubo una ruptura del orden constitucional, y eso implicó un retroceso en los avances que había en términos democráticos, pero ese retroceso duró un año y fue la propia acción colectiva, la fortaleza de los sectores populares de la sociedad, que permitió que se recupere la democracia, que el proceso político se encauce hacia una solución electoral de la crisis en que entró el país desde octubre de 2019. Esto está demostrando la convicción democrática de los sectores populares, que, desde la década de los 40 con los mineros, desde los 80 con los campesinos e indígenas, claramente muestra su convicción, su apego a la democracia y su apuesta por la vía electoral”, propone Mayorga para comprender el valor de la democracia.

La historia la hacen los pueblos y las grandes construcciones sociales, como la democracia, son fruto de su mayor o menor intervención. Por esto, Mayorga dice: “La presencia de mineros, de campesinos e indígenas, lo que ha provocado ha sido una ampliación de la democracia, porque han ingresado a la lucha política mediante las reglas de la democracia representativa inicialmente, sectores que han estado excluidos”.

Esta presencia popular y no otra cosa, guste o no, es lo que explica la presencia y vigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), con todos sus pros y contras, provoca Mayorga: “Esa presencia se ha traducido en estas cuatro victorias sucesivas del MAS, y la instauración de un nuevo modelo estatal con la Constitución de 2009”.

DEBILIDAD. El problema es, continúa Mayorga, que este impulso democrático popular todavía “convive con una debilidad institucional del sistema de partidos, que sigue siendo la tarea pendiente, porque, excepto el MAS, que es el único con presencia nacional, aunque es una entidad muy peculiar porque está implicada por estas organizaciones populares, las otras organizaciones son débiles, efímeras, inestables, y mientras no se consoliden otras fuerzas políticas, vamos a seguir en esta debilidad del sistema de partidos como espacio donde se produzca la disputa programática”.

“Después de 30 años, uno puede decir que la democracia se ha ampliado con esta presencia popular, la democracia es más representativa, pero no hay un punto de equilibrio con la dimensión institucional de la representación política”, resalta el sociólogo.

¿Optimismo por el futuro de la democracia, pese a las actuales amenazas? Claro que sí, asegura Mayorga. “Después de la ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado que además venía con mucha fuerza en términos de restauración de un proyecto oligárquico, de una política económica neoliberal, porque fue una derrota política muy fuerte la del MAS (en 2019), y, sin embargo, en menos de un año, no por acción del MAS como partido, sino por acción de esta red de organizaciones populares, articuladas en torno al Pacto de Unidad, se logra restituir la democracia a través de la vía electoral, y además con unos resultados contundentes para disipar esa situación de crisis política que durante un año vivió el país. Esa es la fuerza de la interpelación democrática y la convicción de estos sectores populares de la sociedad para seguir profundizando la democracia”, concluye Mayorga su evaluación.

 Hacia el (buen) juego de mayorías y minorías

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, su fortaleza, es el adecuado, considerado, juego entre mayorías y minorías, y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron en señalar los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo), en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta del miércoles 6 de octubre.

La directora de LA RAZÓN y conductora del programa, Claudia Benavente, planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las reglas de juego y de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “La primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías es aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se asume este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

Inmediata y naturalmente surge la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría en relación con la minoría (porque no es lo mismo 51 a 49, que 65 a 35, o 40 a 30, 20 y 10), así como la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema en todo caso es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Tan importante es reconocer el principio de “la mayoría manda” que solo sobre esto se construye, “cuantitativa y cualitativamente, el sistema democrático”, en el que las minorías están efectivamente representadas, y hasta puede ser decisiva su opinión en determinados temas.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia, en lo concreto, no sea tanto la independencia de poderes, sino precisamente cómo es la relación entre mayorías y minorías. “El verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que cumple la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la “veto-cracia”, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso, gracias a la labor dirigida, de campaña encubierta, de medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad que llegan a tener las mayorías y las minorías. En el país, este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación para ciertos sectores que se da.

No hay que olvidar que para la distribución de escaños de diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo, en el país, además del factor poblacional, se aplica el criterio de equidad, de que a costa de la subrepresentación en los departamentos del eje (un diputado por 120.000 votos) haya sobrerrepresentación en Pando y Beni (un diputado con 50.000 votos), por ejemplo.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta a las redes sociales.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Analistas: El (buen) juego entre mayorías y minorías y el respeto a las reglas, claves de la democracia

En Piedra, Papel y Tinta se debatió sobre la democracia, a días de celebrarse (el 10 de octubre) 39 años del retorno a la democracia en el país.

/ 6 de octubre de 2021 / 16:16

Si hay algo que en la práctica muestra la mayor o menor calidad de la democracia, eso es el “adecuado” juego entre mayorías y minorías y el respeto por las reglas y valores democráticos, coincidieron los analistas María Teresa Zegada (socióloga), Manuel Mercado (especialista en comunicación política) y Marcelo Arequipa (politólogo).

La reflexión sobre la democracia en el país tuvo lugar este miércoles en el programa por streaming de La Razón, Piedra, Papel y Tinta, dirigido por la directora de este medio, Claudia Benavente.

Precisamente, Benavente planteó a sus invitados tres ejes sobre los que habría que reflexionar la democracia: el juego de las mayorías y minorías, los principios democráticos en diferentes contextos sociales y culturales, y la importancia de las instituciones en la vida democrática.

Al respecto, de entrada Mercado estableció una regla básica democrática, guste o no: “Es la primera condición para lograr un buen relacionamiento entre mayorías y minorías, aceptar el principio de que la mayoría manda”; si no se acepta este principio, “corremos el riesgo de anular cualquier otro tipo de construcción posterior”.

De inmediato surgió la cuestión de la consistencia de las mayorías y minorías: aparte del número, cuán grande es la mayoría y cuán pequeña la minoría, la representatividad social, cultural, regional que puedan tener ambas.

El problema es cómo “se van construyendo los equilibrios entre mayorías y minorías”, insistió Mercado.

Por su parte, Arequipa añadió que acaso el fondo del juego de pesos y contrapesos de la democracia en Bolivia sea la dinámica concreta que tiene la relación mayorías y minorías. “El verdadero espíritu del pesos y contrapesos y el verdadero inicio de la separación de poderes está justamente en esa fórmula mágica de entender el peso de la mayoría y el papel que juega la minoría, y además si esa minoría tiene capacidad de veto”, destacó Arequipa.

Y he aquí que Arequipa propone la enorme incidencia de otro actor en el juego democrático, los medios de comunicación social; para el caso, cómo la alianza más o menos ética entre ciertas minorías y medios puede dar lugar a lo que algunos estudiosos llamaron ya la ‘vetocracia’, el poder desmedido de las minorías de invalidar, precisamente, la voluntad de la mayoría, y eso gracias a la labor dirigida de los medios.

Zegada, que participó en el programa desde Cochabamba, añadió a la discusión el gran avance que hubo de las “tecnologías electorales, justamente para evitar el aplastamiento de las minorías por las mayorías”; esto plantea, aseveró, el problema de la representatividad de las mayorías y las minorías. En el país este es un problema irresuelto, dijo, refiriéndose a la representatividad del voto urbano con relación al rural, a la sobrerrepresentación que se da a ciertos sectores.

Como actor mediático de incidencia en la democracia, agregó Zegada, al lado de los grandes medios tradicionales ahora hay que tomar muy en cuenta las redes sociales.

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Abogado acusador: Áñez no tiene un solo testigo de descargo en el caso Golpe de Estado

Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty, señala que muchos que públicamente expresaron solidaridad y alegan la inocencia de la expresidenta, deberían ir a la Fiscalía a probar esto.

El abogado Marcelo Valdez y la exdiputada Lidia Patty.

/ 6 de octubre de 2021 / 12:16

En todo lo que se ha investigado hasta ahora sobre la participación de la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Golpe de Estado I, su defensa no ha presentado ningún testigo de descargo, reveló este miércoles Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada Lidia Patty.

“No tiene un solo testigo de descargo la señora Jeanine Áñez, que vaya a la Fiscalía y diga ‘mire, con estos elementos es (ha sido) presidenta constitucional, mire la ley, en este artículo nos basamos’”, remarcó Valdez en entrevista con La Razón Radio, programa en streaming de este medio.

Muchas personas expresaron su solidaridad con la exmandataria hoy recluida, pero ya en el ámbito judicial, como testigos de descargo, nadie se ha presentado hasta la fecha, destacó el abogado de la acusación.

El caso Golpe de Estado I fue activado por la exdiputada Patty, para investigar el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cargo que luego fue ocupado por Áñez, tras sesiones extralegislativas que allanaron su llegada al poder.

“En redes sociales, en la prensa, el señor (Tuto) Quiroga, el señor (Carlos) Mesa hablan y establecen una serie de elementos (de la inocencia de Áñez) que deberían hacerlo en el Ministerio Público, porque toda afirmación tiene que tener como respaldo una prueba, si no la tienen habrían cometido un ilícito”, señaló Valdez, el problema es que “nadie viene a declarar (a favor de Áñez)”, concluyó.

En lo relativo a la citación que se le hizo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para que declare en La Paz, como sindicado en el caso Golpe Estado I, Valdez precisó las principales dudas que, según la acusación, deberá aclarar.

“El señor Camacho tendrá que explicar por qué motivos estaba en el Palacio Quemado, con qué autorización ingresó (tras la caída de Morales); también deberá decir en qué forma él hubiera participado y pedido la renuncia a un Presidente, que le guste o no tiene un periodo de funciones, y estando cerca una elección; no habría un motivo para vulnerar (dicho periodo constitucional)”, destacó Valdez.

Con respecto a la declaración de Camacho, el abogado recordó un hecho curioso: tanto los militares acusados en el mismo caso como la parte acusadora coincidieron en pedir que de una vez declare el Gobernador cruceño; si los militares lo pidieron en cuatro ocasiones, la acusación lo hizo en tres.

“En un momento ha sido gracioso porque nos hemos tenido que unir, la parte víctima con los militares detenidos. En audiencia de cesación a la libertad de la detención preventiva, los militares detenidos habían pedido en cuatro ocasiones que se le cite a Camacho y él indique quiénes han sido los que han hablado con ellos, y nosotros en esa audiencia igualmente hemos dicho que ya hemos pedido por tres veces que se le notifique (a Camacho)”, relató el abogado.

La declaración de Camacho fue suspendida, hasta que declare su padre, José Luis, quien tampoco pudo llegar a La Paz por motivos de salud. En 2019, el entonces presidente cívico cruceño reveló que su progenitor “cerró” con militares y policías para que no salgan a defender al gobierno de Morales.

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