Nacional

jueves 1 oct 2020 | Actualizado a 15:59

El Gobierno frena la publicación y la vigencia de las tres leyes promulgadas por Copa

El Gobierno interino presentó un “recurso de queja” contra el TCP, cuestionando una supuesta inconsecuencia en su proceder.

/ 1 de septiembre de 2020 / 11:21

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca. Foto: ABI

El Gobierno transitorio frenó la publicación y la vigencia de las tres leyes promulgadas la semana pasada por la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa, del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). El argumento que usa es que está pendiente un “recurso de queja” presentado el lunes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El lunes, Copa en persona, en ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo, ingresó el trámite de las leyes excepcional de alquileres, de tratamiento de COVID-19 en clínicas privadas, y de fomento de donación de plasma hiperinmune a pacientes con coronavirus, para que sean publicadas por la Gaceta Oficial.

Como se sabe, una ley tiene vigencia solo cuando es publicada por la Gaceta Oficial. Esta entidad funcionalmente depende del Ministerio de la Presidencia. El lunes, Copa efectuó personalmente el trámite porque horas antes funcionarios de este ministerio habían rechazado dicha documentación.

El ministro de la Presidencia, Yerño Nuñez, recurrió a Twitter para referirse al tema de las leyes promulgadas

Este martes, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, anunció que se “devolvió” el trámite de las referidas normas porque el lunes el Gobierno interino presentó un “recurso de queja” al TCP en protesta contra su decisión de rechazar el tratamiento constitucional de dichas leyes.

“El recurso de queja es una impugnación a los autos constitucionales que ellos han emitido; tenemos 72 horas para presentarlo, y hemos presentado ayer (lunes), este recurso de queja en cinco días tiene que tener el pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, destacó Alanoca a los medios de prensa.

El viernes 28 de agosto, el TCP anunció el rechazo a la consulta que el Ejecutivo presentó sobre si son o no constitucionales la Ley Excepcional de Arrendamientos (alquileres) y la Ley de Donación de Plasma Hiperinmune. El argumento fue que el Ejecutivo no es el sujeto legítimo para presentar dicha consulta porque no elaboró las referidas leyes. Se trata de un rechazo al procedimiento y no al contenido mismo de las normas.

El “recurso de queja” esgrimido ahora por el Ejecutivo es para cuestionar, aclaró Alanoca, la forma inconsecuente de actuar que tuvo el TCP al, primero, admitir el recurso y, luego, rechazarlo.

“El Tribunal Constitucional primero nos ha admitido, en febrero, esta ley de cumplimiento de derechos humanos, y en agosto nos rechaza porque dice que no tenemos legitimación activa, cuando aquí podemos mostrar que ellos nos han admitido en febrero”.

El referido recurso, complementó Alanoca, es para “que el TCP nuevamente pueda ver el fondo de estas consultas”.

La presidenta del Senado también recurrió a Twitter para censurar al Gobierno por las leyes

Al anunciar que las tres leyes ingresadas ayer por Copa fueron devueltas, Alanoca fue más allá de la queja al TCP, señaló que la presidenta de la Asamblea no tiene competencia para promulgar leyes. “Se ha devuelto las tres leyes que ha promulgado la señora (Copa) porque (ella) no tiene competencia, no tiene legalidad ni jurisdicción para poder promulgar; no están vigentes (las normas)”.

Aunque, luego dio a entender que la “ilegalidad” de Copa estaba en promulgar las referidas leyes antes de que el TCP se pronuncie. “Ella (Copa) no debería promulgar antes de que el Tribunal Constitucional pueda emitir (su resolución); ella lo ha hecho antes, entonces, hay que ver quién ha cometido algún error o ha cometido un acto contrario a la Constitución”. (01/09/2020

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Los votos oculto, indeciso y volátil son el problema y expectativa de los candidatos

Vuelve Piedra, Papel y Tinta, esta vez por las plataformas digitales de La Razón, de lunes a viernes a las 10.00.

/ 1 de octubre de 2020 / 15:01

Ortuño, Benavente, Rocha, en el primer Piedra Papel y Tinta de La Razón por internet. Foto: Oswaldo Aguirre-La Razón

En el primer programa, emitido la mañana de este miércoles, tres analistas reflexionaron sobre lo volátil que aún sigue siendo el voto de muchos bolivianos, a juzgar por las encuestas.

En el retorno de Piedra, Papel y Tinta, esta vez por las plataformas digitales de La Razón, la mañana de este jueves, Verónica Rocha, Jorge Richter y Armando Ortuño reflexionaron acerca de los rasgos y perspectivas de los votos oculto e indeciso, uno de los más altos, en vista de las elecciones del próximo 18 de octubre.

Bajo el clivaje (unidad de un par conflictivo) MAS-anti MAS que hoy está generalizado en el proceso electoral, el tema es ya no solo los llamados “votos duros” de cada partido, pudiendo haber, por ejemplo, el voto fidelizado (el que ha pasado por todas las crisis, que las ha superado), el indeciso, el oculto, y hasta el “voto vergonzante” (ese que no se declara abiertamente por las circunstancias adversas).

Resultados de la encuesta publicado el miércoles por Unitel.

En el Piedra, Papel y Tinta conducido por la directora de La Razón, Claudia Benavente, se analizó qué pudo haber pasado con los votos que tenía la excandidata Jeanine Añez cuando lideraba Juntos. Mientras lo más evidente parece ser haberse repartido entre Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana) y Luis Fernando Camacho (Creemos), según la última encuesta de Ciesmori, presentada el miércoles en la red Unitel. Acaso Mesa se ha llevado la mayor parte, apuntó Rocha.

Rocha señaló el peculiar potencial que sobre todo en esta elección tiene el voto oculto, la suma movilidad de un lado a otro, que por eso no se lo puede considerar un voto asegurado.

Uno de los hechos llamativos de la coyuntura electoral, hizo notar Ortuño, es que aún estando en un escenario polarizado MAS-Anti MAS, sigue siendo alta —cerca del 30% del electorado— la suma de votos por ningún partido, que “no está diciendo nada” a los encuestadores. La única manera de saber su inclinación serán las elecciones.

Para el analista, la última encuesta de Ciesmori plantea que un 5% de indecisos se ha sumado al MAS, y que entre los opositores al MAS solo hubo una recomposición, no incremento de preferencia electoral, siendo los mayores beneficiarios Mesa y Camacho.

El principal problema del voto oculto, para ver sus probables derroteros, coincidieron los analistas, son los criterios que usa la gente para decidir su voto al último momento.

Aparte de la simpatía o afinidad política con el candidato, un hecho importante a considerar —insistió Richter— es el peso de la “mirada retrospectiva”, el pasado que el votante ve o conoce del candidato, a qué luego relacionará a Arce, a Mesa o al propio Camacho, siendo nuevo en la lid electoral.

Cuando para Richter el clivaje MAS-Anti MAS será fundamental en la actual elección, para Ortuño esto se debe relativizar, por las cosas que han pasado en el último año, que de algún modo han atenuado la referida contradicción.

Un hecho que asimismo incidirá en la decisión del voto, insiste Ortuño, es la crisis económica y social que ya se vive a causa de la pandemia.

Este viernes, a las 10.00 y por las plataformas digitales de La Razón (Facebook, Twitter y YouTube), la situación del empleo en el país ocupará la agenda, para la que fueron invitados columnistas de La Razón y especialistas del área.

(01/10/2020)

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El fiscal Lanchipa revela que Interpol rechazó actuar en la extradición de Evo Morales

La causa es que entre los delitos que se acusa al exmandatario está “sedición”, una transgresión de orden político que no aborda Policía Internacional.

/ 30 de septiembre de 2020 / 11:57

El fiscal Juan Lanchipa se presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa. Foto: La Razón-archivo

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló este miércoles que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazó proceder con la detención de Evo Morales en Argentina con fines de extradición porque entre los delitos de que se le acusa está el de ‘sedición’, un crimen considerado de orden político.

En los reglamentos de Interpol, señaló el fiscal, “sedición” no figura como delito por el que pueda efectuar alguna acción.

Esta limitación está en el propio requerimiento que la denuncia presentó a la Fiscalía para enviarla a Interpol, argumentó Lanchipa.

“Nosotros, cuando se nos ha solicitado, en éste como con cualquier otro caso, se envía la transcripción de los delitos por los cuales la persona está siendo requerida y está siendo solicitada a través de la Interpol; en esta transcripción no se puede suprimir ningún delito, y cuando se incorpora la figura de sedición, como en este caso, Interpol interpreta que delito es considerado de orden político, y nos hizo conocer que ellos no van a poder llevar adelante la detención en tanto no se levante la tipificación de ese delito considerado según la normativa de Interpol de orden político”, informó el fiscal Lanchipa en inmediaciones de la Asamblea Legislativa.

Una de las demandas de extradición de Morales es la presentada por el Gobierno por el audio en que se escucha al expresidente hablar de bloqueo de caminos y cerco a las ciudades, en noviembre del año pasado.

El gobierno de Jeanine Áñez consideró que aquélla es una prueba de sedición y terrorismo, razones por las cuales acusó al exmandatario.

(30/09/2020)

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Se erosiona la credibilidad de la OEA

Congresistas solo le piden revisar lo que hizo en octubre de 2019 en Bolivia, una tarea regular a que el organismo se niega

/ 30 de septiembre de 2020 / 10:16

Bernard Sanders, senador de EEUU, y otros 27 legisladores demandan revisar el análisis y conclusiones de la OEA de las elecciones del 20 de octubre de 2019

Por Iván Bustillos

El “caso boliviano” vuelve a poner en cuestión la legitimidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la secretaría general del excanciller uruguayo Luis Almagro. Esta vez a través de la protesta que congresistas demócratas estadounidenses hicieron en estos días sobre el asunto.

Pero el reclamo demócrata tiene su antecedente inmediato. El miércoles 16 de septiembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que “por invitación del Gobierno de Bolivia” desplegará su Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones del 18 de octubre. Esto es de rutina. Lo llamativo vino luego: “La misión será encabezada por el excanciller de Costa Rica Manuel González”. (Comunicado de prensa del organismo regional). El mismo jefe de misión que tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 instalara la noción del “cambio inexplicable” de la tendencia del cómputo de votos preliminar, lo que luego dio pie a alimentar la idea del fraude electoral.

Apenas seis días después del anuncio de la OEA, 28 congresistas estadounidenses, encabezados por el senador Bernard Sanders, enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instándole a que utilice “los recursos diplomáticos del Departamento de Estado para buscar de inmediato una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia”.

Sin duda se trata de una reacción de los legisladores demócratas al anuncio de la OEA del 16: “A la luz del hecho de que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, es particularmente preocupante que el secretario (Luis) Almagro y sus colegas continúen evitando respuestas por las declaraciones y acciones que puedan haber contribuido a la erosión de la democracia y los derechos humanos en Bolivia”.

ACUSACIÓN

Aún más: de la duda y pedido de explicación, a punto seguido los legisladores pasan a la directa acusación: “El Congreso de los Estados Unidos aporta con la mayor parte del presupuesto de la OEA. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen para respaldar organizaciones que funcionan de manera transparente y que defienden las normas democráticas en lugar de socavarlas”.

Para rematar en una propuesta de inmediata reforma de las misiones electorales del organismo continental: “Nuestro gobierno debe trabajar con otros miembros de la OEA para asegurar que se tomen medidas correctivas para asegurar que las futuras misiones de observación electoral de la OEA desempeñen sus funciones de manera independiente, imparcial y profesional”.

Ahora, el reclamo de los congresistas demócratas del martes 22, con todo, no es nuevo. El lunes 25 de noviembre, según registró la agencia de noticias EFE, también en una carta, pero esta vez dirigida a la Misión de Observación Electoral misma dirigida por González, los congresistas demócratas Jan Schakowsky, Jared Huffman, Bobby L. Rush y Jesús García cuestionaron los pronunciamientos que éste hizo a propósito de la elección del 20 de octubre de 2019.

La MOE de la OEA, critican los congresistas, se pronunció en sentido del “cambio drástico y difícil de explicar” antes de que los votos hubieran terminado de ser contados; lo hizo sobre resultados preliminares: “después de una interrupción en el informe de los resultados preliminares”, destacaron en esa oportunidad los congresistas estadounidenses.

Pero incluso en vista del “cambio drástico” de marras, los legisladores en ese tiempo ya descreían de la tesis estadística de la OEA: El cambio drástico e inexplicable “fue repetido por la OEA y en cientos de importantes informes de los medios y se convirtió en la base para las acusaciones de fraude. Sin embargo, los datos muestran que este cambio no fue drástico ni difícil de explicar. Esperamos que la OEA ayudará a aclarar estos asuntos respondiendo a algunas preguntas básicas presentadas por los miembros del Congreso de EE.UU”, destaca la agencia EFE de la carta enviada al jefe de la MOE, el excanciller Manuel González.

Ahora, ¿qué demandaron en noviembre y qué demandan ahora los congresistas demócratas? Simplemente la auditoría de la auditoría. Toda vez que organismos académicos de seguimiento electoral, como el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), “contratistas” del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), las universidades de Pennsylvania y de Tulane, e importantes medios de comunicación estadounidenses, como The Washington Post o The New York Times, desde distintas perspectivas pusieron en duda la tesis del “cambio inexplicable”, por basarse en “un análisis estadístico aparentemente defectuoso”, los congresistas deploran que la OEA por única respuesta hasta ahora haya tenido la descalificación y la negación: “El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha involucrado en ataques ad hominemcontra sus autores [que los argumentos de estos autores son falsos solo porque provienen de ellos], así como en un ataque a los informes del New York Times, sugiriendo que es un proveedor de noticias falsas. La OEA también se ha negado a responder preguntas básicas de investigadores, medios de comunicación o miembros del Congreso sobre sus comunicados de prensa, los datos que utilizó o cómo llegó a sus conclusiones”, señala la carta, poniendo en cuestión la transparencia del organismo regional.

RECUENTO

He aquí un breve recuento de “las claves sobre las fallas del informe de la OEA sobre Bolivia” elaborado por la cadena Telesur en junio.

– La OEA, en lo fundamental concluyó que en la elección de octubre de 2019 hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”.

– El primer organismo que dio la alerta sobre los procedimientos de la OEA fue el el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) el 10 de noviembre de 2019, justo el día de la renuncia de Evo Morales. La Misión electoral de la OEA, dice, no proporcionó evidencia sustentando las declaraciones realizadas el 21 de octubre de 2019, cuando habló del inesperado y drástico cambio difícil de explicar. Aquí ya se señalaba que la evolución del conteo rápido era “consistente con una proyección del resultado final” que daba a Morales como ganador con el 10% de distancia con respecto al segundo, Carlos Mesa.

– Luego, el 27 de febrero el Washington Post publicó el artículo ¿Did Evo Morales win? [¿Ganó Evo Morales?] escrito por los investigadores John Curiel y Jack R. Williams, investigadores del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Estados Unidos. Contratados por el CEPR para estudiar el caso, publicaron sus conclusiones en este periódico. Allí afirman que “Como especialistas en integridad electoral, encontramos que la evidencia estadística no respalda el reclamo de fraude en las elecciones de octubre”.

– El 12 de junio, el CEPR vuelve a la carga, esta vez con la publicación en español de su informe sobre el informe final de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia. Allí señala: “Encontramos que la OEA cometió graves faltas metodológicas, ocultó información y tergiversó irregularidades inocuas para sustentar declaraciones anteriores”. El CEPR señaló además, apunta Telesur, que la OEA omitió mencionar que las actas con irregularidades inocuas tenían una votación estadísticamente equivalente al de las actas contiguas sin irregularidades, y que enterró u ocultó por completo los resultados de sus ejercicios de verificación de la coincidencia de las actas del conteo preliminar con las del conteo definitivo.  Existe una carta firmada por más de 100 economistas y estadísticos que sostienen la misma conclusión: La OEA no demostró que hubo fraude en el conteo de los últimos votos de la elección presidencial del 20 de octubre.

– El artículo que coronó la serie de observaciones a la auditoría de la OEA fue el publicado el 25 de agosto por el CEPR, cuando dijo que “un gran error de codificación revela otra falla garrafal en el análisis de la OEA sobre las elecciones bolivianas en 2019”. “El error fue revelado la semana pasada después de que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, DC a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones, publicara sus datos por primera vez. El economista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), David Rosnick, identificó que en los datos de Nooruddin las marcas de tiempo estaban ordenadas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Éste fue un error vital para el análisis de la OEA, ya que sus alegaciones de un ‘cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares’ dependían de la cronología de cuándo se informaron los votos. En su informe final de auditoría sobre las elecciones, la OEA indicó que las tendencias observadas en el conteo rápido inicial también podían apreciarse en el conteo oficial; cuando esta conclusión está basada en marcas de tiempo ordenadas incorrectamente”. “La OEA no tenía una cronología real del conteo de votos de Bolivia, a pesar de que hizo acusaciones sobre un cambio en la tendencia de los votos a lo largo del tiempo que sugería la existencia de un fraude”, dijo Rosnick entonces.

En reacción a la última carta de los congresistas estadounidenses, el secretario general Luis Almagro, el 24 de septiembre, solo prefirió responder mediante un tuit de contraataque: “Esparcir la ignorancia sobre temas de Latinoamérica no ayuda a la región”. También hizo referencia al comunicado de junio en el que la Secretaría General denuncia “una maliciosa campaña de desinformación contra la OEA, con evidentes objetivos políticos”.

RENDICIÓN

Pero es el senador demócrata Sanders quien lo dice más claro. Tras el rol de la OEA en las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, y la serie de cuestionamientos que se le hizo luego, lo que se exige es una rendición de cuentas. Según registra la agencia AFP, tras la publicación de la carta demócrata, Sanders escribió en Twitter que la OEA —financiada por Estados Unidos— afirmó “falsamente que las elecciones del año pasado en Bolivia habían sido ‘fraudulentas’”. “Después vino un golpe militar y represión. Necesitamos una rendición de cuentas AHORA para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia el próximo mes”, dijo Sanders en relación a la elección del 18 de octubre.

El secretario Almagro respondió en inglés: “La próxima vez mencione la falsificación de firmas de funcionarios electorales, la falsificación de actas, los votos emitidos por personas muertas”.

Ya en el país, quienes más pronto reaccionaron fueron personeros del Gobierno transitorio.

En su peculiar estilo, el viceministro de de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, se apenó de que los congresistas de Estados Unidos anden perdidos sobre lo que ocurre en el país: “Lamentamos mucho que el senador Bernie Sanders y los congresistas estén extraviados respecto a la realidad boliviana y que no conozcan lo que ocurrió en el país, y de que no se hayan interiorizado de que hubo gente que murió defendiendo la democracia boliviana”, dijo enfático.

Se trata de un problema de pura desinformación, según el viceministro; por eso adelantó que si es necesario, a través de la Cancillería, se enviará la información correspondiente sobre este tema. “Hay una intención de promover una campaña de desinformación desde Argentina”, aseguró luego la autoridad. Una campaña que está apoyada por la alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y dirigentes de izquierda que buscan distorsionar la realidad, en favor del expresidente Evo Morales, según registró la agencia estatal ABI.

Otra llamativa respuesta es la dada por el viceministro de Transparencia Institucional, Guido Melgar, que afirmó que “la prueba más clara” de que hubo fraude electoral el 20 de octubre de 2019 ya no es el dato estadístico, sino la reacción política de la mayoría masista en la Asamblea.

“El informe de la OEA es contundente y está respaldado con pruebas fehacientes, y la prueba más clara de que sí hubo fraude es que la Asamblea, compuesta por dos tercios del MAS, anuló las elecciones mediante una ley y convocó a nuevos comicios”, afirmó el viceministro.

Lo cierto es que “el caso boliviano” al parecer está terminando de socavar el prestigio de la OEA. Y lo recuerdan los propios congresistas estadounidenses.

En febrero de este año, el Gobierno de México, apoyado por otros gobiernos de la región, hizo un llamado al Secretario General de la OEA a que autorice una revisión independiente del análisis electoral efectuado por el organismo de las elecciones en Bolivia en 2019, así como hacer una evaluación de la violación de derechos humanos que habría sido causada por afirmaciones erróneas que hubiera emitido la OEA sobre dichas elecciones. Este pedido todavía no habría tenido respuesta por parte del secretario general Almagro. Aún es, como se dice, una cuestión pendiente.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Hay una falsa expectativa sobre el recurso admitido en La Paz contra el MAS

El mismo tema que le piden tratar a la Sala Constitucional de La Paz lo viene analizando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, y, por jerarquía, primero debe pronunciarse el TCP.

/ 28 de septiembre de 2020 / 15:55

El candidato presidencial del MAS, el exministro Luis Arce.

Se está creando una falsa expectativa sobre el recurso de cumplimiento presentado por la senadora Carmen Eva González contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, coinciden dos abogados constitucionalistas.

El sábado 26, el abogado de la senadora González, Jorge Tamayo, anunció que la referida Sala Constitucional había “admitido” la acción de cumplimiento para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a anular la personería jurídica del MAS por la “difusión” de una encuesta interna en julio. El jurista informó además que la sala convocó a audiencia el lunes 5 de octubre, a las 11.00, para considerar el referido recurso.

Respecto de la audiencia programada para el 5 de octubre, la senadora González afirmó que deberá ser en esa instancia que la Sala Constitucional ordene al TSE aplicar el artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley 026, de Régimen Electoral, y anular la personería jurídica del MAS por la referida “difusión de encuestas”.

El abogado constitucionalista Iván Lima Magne precisó a La Razón que lo que ocurrió, en rigor, no fue una “admisión” del recurso, sino más bien una “recepción” del trámite. “Lo que ha habido es una recepción del recurso por parte de la sala, que ha fijado audiencia para el 5 de octubre”, señaló.

Si bien la Sala Segunda recibió el caso, que por lo demás es su obligación regular, al hacerlo y programar una audiencia “todavía no ha decidido nada”, destacó Lima. Es obligación de los jueces de esta sala definir todos los aspectos de un caso en una audiencia, que es lo que se está haciendo.

Sin embargo, en coincidencia con el abogado Franklin Gutiérrez Larrea, la mañana de este lunes en medios televisivos, Lima señaló que la principal razón para no generar una falsa expectativa de lo que pueda hacer el 5 de octubre la Sala Segunda es que el tema de litigio (la aplicación del artículo 136) ya viene siendo tratado por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia superior a las salas constitucionales departamentales.

“El Tribunal Constitucional en este momento está atendiendo la consulta sobre la misma temática que exige que se cumpla Carmen Eva González; ella pide que se aplique urgentemente el artículo 136, numeral 3; pero ese artículo está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional en Sucre”, destacó Lima.

En la consideración del recurso de cumplimiento, previsiblemente la Sala Segunda interrogará al TSE por qué no aplica el referido artículo 136, y éste le dirá que no puede hacerlo porque en este momento su competencia respecto de dicha norma está suspendida, en espera de la decisión del Tribunal Constitucional, argumentó Lima.

Para Gutiérrez Larrea, la Sala Segunda no tiene opción. “La Sala en La Paz es inferior a la de Sucre. Una sala constitucional no puede sobreponerse a un cuestionamiento que tiene el Tribunal Constitucional sobre la misma norma; ellos (los jueces de la Sala Segunda) pueden viabilizar la acción de cumplimiento de forma administrativa, pero no se van a pronunciar en el fondo, porque alguien les va decir ‘si ustedes van a fallar, y van a obligar al Tribunal Electoral a que se vaya a pronunciar, éste les va decir lo mismo, que yo tengo un candado, he sido notificado con una acción de inconstitucionalidad concreta y no me puedo pronunciar; y ese candado tiene que resolverse primero en Sucre’”, describió la situación el abogado constitucionalista.

A la fecha, el Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad del artículo 136, en su parágrafo 3, tanto por un recurso concreto como por uno abstracto, ambos presentados por el MAS.

Es el recurso de inconstitucionalidad concreta lo que en este momento impide pronunciarse al Tribunal Electoral, pues tras recibirlo por parte del MAS, la ley (el Código de Procedimiento Constitucional) le obliga a pronunciarse al respecto y enviar el trámite al Tribunal Constitucional en Sucre; mientras éste no se pronuncie, el TSE no puede hacer nada.

El TSE, como primera entidad aludida por el recurso de inconstitucionalidad concreta, debía enviar el expediente al TCP manifestando su acuerdo o su rechazo al argumento del MAS, partido que señala que el artículo 136, en su numeral 3, es inconstitucional.

En su fallo, el TSE expresó que sí existen dudas razonables sobre la constitucionalidad del referido artículo, el cual dispone que a la sola difusión de encuestas por parte de un partido, el órgano electoral deberá anular su personería jurídica.

Cuando el TSE envió el caso al TCP, hizo notar que la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional sobre el artículo 136 iba a afectar o beneficiar tanto al MAS como a Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, pues los dos últimos tenían similar denuncia.

La alianza que postulaba a Jeanine Añez a la presidencia (Juntos) se retiró de la contienda electoral.

(28/09/2020)

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Luego de las crisis de gabinete, juran los ministros Marinkovic, Tejerina y Quiroga

Este lunes se supo de la destitución de Óscar Ortiz y renunciaron Óscar Mercado y Abel Martínez.

/ 28 de septiembre de 2020 / 13:57

Los nuevos ministros: Gonzalo Quiroga, Branko Marinkovic y Álvaro Tejerina. Foto: Álvaro Valero-La Razón

Apenas a unas horas de haber destituido a un ministro y recibir la renuncia de otros dos, la presidenta Jeanine Añez, posesionó a sus reemplazantes: Branco Marinkovic en la cartera de Economía, Alvaro Tejerina Olivera en la de Trabajo y a Gonzalo José Quiroga Soria en Planificación del Desarrollo (cargo que ocupaba Marinkovic).

No se posesionó al ministro de Desarrollo Productivo, que también había quedado acéfalo.

Como una auténtica crisis de gabinete, este lunes se conoció, primero, de la destitución del ministro Ortiz y, luego, la renuncia de los ministros de Trabajo, Oscar Mercado, y de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez.

«Estoy nombrando como ministro de Economía a una persona que toda su vida se dedicó a crear empleo», dijo la mandataria en ocasión del acto de posesión.

Añez recordó que su gestión la dedicó a la economía y a la salud.

Si bien los ministros renunciantes no aclararon la causa de su alejamiento, Ortiz señaló que se va por diferencias profundas con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, especialmente sobre la forma en que el Órgano Ejecutivo está llevando adelante la «devolución» de acciones de la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) a accionistas de la Empresa de Fuerza y Luz de Cochabamba (ELFEC).

Ortiz dijo que él no firmará normas que vayan contra la ley, en referencia a decretos que se presentaron en el gabinete sobre ELFEC.

El exprocurador José María Cabrera adelantó la semana pasada que varios ministros no estaban de acuerdo con la forma de privatización de las referidas acciones.

(28/09/2020)

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