Nacional

lunes 28 sep 2020 | Actualizado a 19:52

El TSE se blinda para las elecciones y firma convenios con la Policía y las FFAA

“La Policía Boliviana se ha ido preparando con mucha anterioridad para elaborar los planes respecto de las elecciones 2020. Es así que la Policía va a disponer de 22.000 efectivos”, indicó su comandante Rodolfo Montero.

/ 2 de septiembre de 2020 / 14:14

La reunión de esta mañana en el TSE, entre el presidente de esa institución y representantes de la Policía y las FFAA

Por Paulo Cuiza

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró el «blindaje de seguridad» necesario para las elecciones nacionales del 18 de octubre y firmó, este miércoles, convenios con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) para reforzar, primero, la seguridad en los recintos de votación y dependencias del Órgano Electoral y, segundo, proteger la cadena de custodia del material electoral, como actas y otros.

“Vamos a tener resguardos policiales y militares en los centros, en los recintos de votación, pero también de manera muy importante en toda la cadena de custodia y el material electoral”, afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero.

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, presente en la firma del convenio con las FFAA, advirtió que los acuerdos forman parte de “uno de los primeros pasos que se está dando para resguardar el voto”.

Los convenios establecen seguridad en recintos electorales y en instalaciones del Órgano Electoral, tanto en el ámbito nacional como departamental. Colaboración en la seguridad de la cadena de custodia del material electoral. La protección se cumplirá durante las etapas de traslado, distribución y retorno de los materiales electorales, antes, durante y después de la jornada electoral.

Carlos Orellana, comandante en jefe de las FFAA, resaltó que el Ejército específicamente otorgará seguridad en centros que sirven para el almacenamiento del material electoral, y su homólogo de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, anticipó que 22.000 efectivos resguardarán los centros de votación en todo el país.

“La Policía Boliviana se ha ido preparando con mucha anterioridad para elaborar los planes respecto de las elecciones 2020. Es así que la Policía va a disponer de 22.000 efectivos”, indicó.

Ocho organizaciones y alianzas políticas participarán de las elecciones generales del domingo 18 de octubre, que por la pandemia del coronavirus está sujeta a protocolos de seguridad como la votación en horarios diferentes para los ciudadanos, la cual está sujeta al último dígito de la cédula de identidad.

Previstas inicialmente para el 4 de mayo las elecciones nacionales fueron postergadas por el TSE para el 6 de septiembre debido al avance del COVID-19 en territorio nacional; la enfermedad motivó un segundo aplazamiento hasta el 18 de octubre, lo que generó las dos primeras semanas de agosto movilizaciones en contra de la decisión, que finalmente cesaron tras un acuerdo político para no mover más la convocatoria.

(02/09/2020)

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Doria Medina lamenta disputas en el gabinete de Áñez, dice que ‘nunca’ fue parte del Gobierno

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue el acompañante de fórmula de Jeanine Áñez hasta que declinó su candidatura. El ministro Arturo Murillo fue parte de UN

/ 28 de septiembre de 2020 / 19:21

La mandataria Jeanine Áñez con Samuel Doria Medina en Cochabamba durante la campaña de la alianza Juntos, antes de la dimisión de la Presidenta a su candidatura

Tras la crisis de gabinete, el jefe de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina aseguró que “nunca” fue parte del gobierno de Jeanine Áñez, de quien fue su acompañante de fórmula, y lamentó las dispuestas internas en el gabinete ministerial porque no solo “es fea” sino que tiene efectos en las perspectivas económicas.

Doria Medina dejó su candidatura a la vicepresidencia, luego que Áñez decidiera dar un paso al costado en su decisión de terciar en las elecciones del 18 de octubre para alentar un bloque de unidad para evitar el triunfo del MAS. Dijo que espera que la Presidenta cumpla con responsabilidad lo que le queda de gestión.

“Lamento la disputa interna del gabinete, que no solo es fea: tiene efectos sobre las expectativas económicas. Nunca fuimos parte de este gobierno, pero siempre esperamos que cumpla su deber hasta el final con responsabilidad y pensando en la estabilidad del país. Aún lo espero”, expresó en su cuenta en Twitter.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue elegido como senador por Cochabamba por la alianza de la que formó parte Doria Medina. Murillo acompañó a Áñez desde el momento en que asumió el poder, en noviembre, tras la dimisión de Morales.

(28/09/2020)

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Áñez marca distancia de Demócratas, con Suárez en medio y Murillo de protagonista

Luego de la destitución de Óscar Ortiz, en el partido de Rubén Costas dicen que mientras el Gobierno “tome más distancia, mejor para Demócratas”.

/ 28 de septiembre de 2020 / 18:32

Óscar Ortiz explicó este lunes que no renunció, que nombraron a otro en su lugar. Foto: José Lavayén-La Razón

No es la primera vez que Jeanine Áñez se desprende de un cuadro importante de Demócratas, su partido y respaldo político. Las divergencias con su colega de Gobierno, Arturo Murillo, obligaron la destitución intempestiva del ahora exministro de Economía Óscar Ortiz.

De larga trayectoria en la fuerza política liderada por el gobernador cruceño Rubén Costas, Ortiz había llegado al gobierno transitorio el 8 de mayo, esa vez como ministro de Desarrollo Productivo en reemplazo de Wilfredo Rojo. Y el 7 de julio fue posesionado como ministro de Economía en sustitución de José Luis Parada.

El cambio resultó intempestivo, y de la manera inusual. Al influjo de Murillo, fue el secretario privado de Áñez, Manuel Suárez, quien comunicó a Parada, por muchos años secretario de Hacienda de Costas, su separación.

“Demócrata” por “demócrata”, la destitución, no obstante, sorprendió en filas de Demócratas. “Le pidieron la renuncia (a Parada)”, dijo entonces una fuente partidaria a La Razón.

“El nuevo secretario privado fue quien despidió a JL (José Luis)”, contó.

Consultado sobre por qué Ortiz fue el elegido, la fuente respondió: “Por la relación con AM (Arturo Murillo), es quien ha tomado el control”.

Un poco de más de dos meses después, la historia parece repetirse, con Suárez en medio y Murillo como protagonista.

Ortiz no renunció, fue echado del gabinete por fuertes divergencias con Murillo, y la pérdida de confianza de Áñez.

Al menos tres conflictos precedieron a su decisión de comunicar este lunes su alejamiento del Gobierno por razones ajenas a su voluntad, según contó a La Razón la fuente política: mientras estuvo convaleciente de COVID-19, los directores de la Aduana Nacional y de la autoridad de Juegos, de tuición del Ministerio de Economía, fueron nombrados al influjo de Murillo, y la devolución de acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (ELFEC).

Murillo admitió que hubo “roces” sobre el caso ELFEC en el gabinete de Áñez, aunque no precisó entre quiénes.

Ortiz comunicó el sábado la decisión del Gobierno a sus correligionarios, una vez que supo que le pidieron la renuncia. Según el interlocutor de este diario, quien le comunicó que Áñez le pidió la renuncia fue Suárez, como también ocurrió con Parada.

La comunicación causó cierta desazón en Ortiz, quien, según la fuente, desafió a que la mandataria le pida la renuncia en persona. Como no pudo ocurrir esto último, el ahora exministro fue echado del Gobierno.

“Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña falsa diciendo que ya lo había hecho, solamente pare presionarme para que lo haga», afirmó molesto Ortiz en relación a los rumores que desde el viernes circularon en las redes sociales y algunos medios de información sobre su renuncia.

Si bien Demócratas mantiene su respaldo a Áñez, algunos creen que el Gobierno comete “torpezas que deja perplejos” a sus partidarios. Apuntan de esta actuación a Murillo y al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, el otro hombre fuerte de la administración transitoria.

“Mientras más distancia tomen de nosotros, mejor para Demócratas”, dijo la fuente de La Razón.

Pero Áñez quiso terminar bien con Ortiz; le agradeció su colaboración en el Ministerio de Desarrollo Productivo, primero, y en el de Economía, después. “Le agradezco por su trabajo y su esfuerzo por Bolivia y por la economía de todos los bolivianos”, dijo al posesionar a su sustituto, Branko Marinkovic, exdirigente cívico cruceño que en los últimos años mantuvo fricciones con Costas y Demócratas.

(28/09/2020)

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Ortiz dice que Murillo toma decisiones en el Gobierno y que presiona para compra de camionetas por Bs 35 MM

El exministro de Economía describió al ministro Arturo Murillo como una persona que “le mete nomás”. No se puede, dijo, hacer gestión de gobierno en base a caprichos como “lo hace el ministro Murillo”.

/ 28 de septiembre de 2020 / 18:25

Ortiz durante una rueda de prensa

Por Paulo Cuiza

Horas después de su destitución, el exministro de Economía Óscar Ortiz aseguró que la presidenta Jeanine Áñez dejó el futuro del gobierno y del país en manos del ministro Arturo Murillo, a quien acusó de presionar para acelerar contrataciones como la compra de un lote de camionetas por Bs 35 millones que llegarán en 2021.

“Yo creo que hay un problema muy serio, y es que la presidenta Áñez le ha entregado el futuro del gobierno y del país y al ministro Murillo, que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes”, sostuvo Ortíz.

Las diferencias entre ambos se hicieron públicas en las últimas horas, luego de la destitución de Ortiz. El propio Murillo reconoció la situación y la atribuyó a la actitud regionalista del exministro, en alusión a los cuestionamientos a la devolución de acciones nacionalizadas por la estatal ENDE a la privada ELFEC-Cochabamba.

“Qué tiene que ver con regionalismos una compra de camionetas por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión”, afirmó Ortiz.

Además, describió a Murillo como una persona que “le mete nomás”. No se puede, dijo, hacer gestión de gobierno en base a caprichos como “lo hace el ministro Murillo”.

(28/09/2020)

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Con argumentos de rechazo, arranca audiencias de la Corte-IDH sobre la reelección

Representantes del Gobierno de Jeanine Áñez y de organizaciones de la sociedad civil esgrimieron sus argumentos para rechazar la reelección presidencial como un derecho humano

/ 28 de septiembre de 2020 / 18:01

Un adulto mayor emite su voto en una pasada elección.

Por Carlos Corz

Este lunes empezaron las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la reelección indefinida. Autoridades y representantes de la sociedad boliviana comparecieron ante los jueces y justificaron el rechazo a la repostulación indefinida avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo el amparo del derecho político a ser elegido del Pacto de San José de Costa Rica.

El representante de la Academia Boliviana de Estudios Constituciones, Jorge Asbún, y el constitucionalista José Antonio Rivera coincidieron en que no hay base jurídica internacional que respalde esa figura. “La limitación a la reelección presidencial no restringe los derechos humanos, un presidente no puede exigir derechos políticos en contra de las demás personas”, explicó Rivera.

El trámite lo activó el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, a solicitud de cívicos y políticos bolivianos que rechazaron la reelección indefinida que permitió al expresidente Evo Morales postularse por cuarta vez consecutiva, pese a un referéndum que rechazó la reforma constitucional para un nuevo mandato presidencial en febrero de 2016.

Según el subprocurador de Defensa y Representante Legal del Estado, Alejandro Roda, no es un derecho humano el que un presidente se postularse indefinidamente. Además, recordó que la propia Constitución Política del Estado “establece una prohibición expresa de la reelección indefinida para evitar la perpetuación de una sola persona en el poder”.

Desde un punto de vista más humano, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, contó en la audiencia virtual que personalmente le dijo a Morales que respete lo establecido en la Constitución. “Evo, por favor yo te lo pido”, recordó que le dijo.

Luego que el referéndum de 2016 rechazara la reforma para una nueva postulación de Morales, partidarios del MAS llevaron el caso al control constitucional bajo el argumento de que las limitaciones establecidas en la Constitución vulneraban el derecho político a ser elegido del entonces presidente.

Sustentaron ese argumento en el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica sobre el derecho a ser elegido, que ahora está en cuestión en la audiencia. Con ese aval, se volvió a postular en las justas de octubre de 2019, que fueron anuladas tras una crisis por denuncias de fraude, un paro cívico, un motín policial y la sugerencia militar de dimisión.

Las audiencias se extenderán hasta el miércoles y la Corte tomará una posición sobre la opinión consultiva planteada por Colombia, país al que acudieron cívico porque fue garante del pacto político que dio paso a la nueva Constitución Política de Bolivia que no establece la repostulación indefinida.

(28/09/2020)

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Hay una falsa expectativa sobre el recurso admitido en La Paz contra el MAS

El mismo tema que le piden tratar a la Sala Constitucional de La Paz lo viene analizando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en Sucre, y, por jerarquía, primero debe pronunciarse el TCP.

/ 28 de septiembre de 2020 / 15:55

El candidato presidencial del MAS, el exministro Luis Arce.

Se está creando una falsa expectativa sobre el recurso de cumplimiento presentado por la senadora Carmen Eva González contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, coinciden dos abogados constitucionalistas.

El sábado 26, el abogado de la senadora González, Jorge Tamayo, anunció que la referida Sala Constitucional había “admitido” la acción de cumplimiento para obligar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a anular la personería jurídica del MAS por la “difusión” de una encuesta interna en julio. El jurista informó además que la sala convocó a audiencia el lunes 5 de octubre, a las 11.00, para considerar el referido recurso.

Respecto de la audiencia programada para el 5 de octubre, la senadora González afirmó que deberá ser en esa instancia que la Sala Constitucional ordene al TSE aplicar el artículo 136 (parágrafo 3) de la Ley 026, de Régimen Electoral, y anular la personería jurídica del MAS por la referida “difusión de encuestas”.

El abogado constitucionalista Iván Lima Magne precisó a La Razón que lo que ocurrió, en rigor, no fue una “admisión” del recurso, sino más bien una “recepción” del trámite. “Lo que ha habido es una recepción del recurso por parte de la sala, que ha fijado audiencia para el 5 de octubre”, señaló.

Si bien la Sala Segunda recibió el caso, que por lo demás es su obligación regular, al hacerlo y programar una audiencia “todavía no ha decidido nada”, destacó Lima. Es obligación de los jueces de esta sala definir todos los aspectos de un caso en una audiencia, que es lo que se está haciendo.

Sin embargo, en coincidencia con el abogado Franklin Gutiérrez Larrea, la mañana de este lunes en medios televisivos, Lima señaló que la principal razón para no generar una falsa expectativa de lo que pueda hacer el 5 de octubre la Sala Segunda es que el tema de litigio (la aplicación del artículo 136) ya viene siendo tratado por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia superior a las salas constitucionales departamentales.

“El Tribunal Constitucional en este momento está atendiendo la consulta sobre la misma temática que exige que se cumpla Carmen Eva González; ella pide que se aplique urgentemente el artículo 136, numeral 3; pero ese artículo está siendo objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional en Sucre”, destacó Lima.

En la consideración del recurso de cumplimiento, previsiblemente la Sala Segunda interrogará al TSE por qué no aplica el referido artículo 136, y éste le dirá que no puede hacerlo porque en este momento su competencia respecto de dicha norma está suspendida, en espera de la decisión del Tribunal Constitucional, argumentó Lima.

Para Gutiérrez Larrea, la Sala Segunda no tiene opción. “La Sala en La Paz es inferior a la de Sucre. Una sala constitucional no puede sobreponerse a un cuestionamiento que tiene el Tribunal Constitucional sobre la misma norma; ellos (los jueces de la Sala Segunda) pueden viabilizar la acción de cumplimiento de forma administrativa, pero no se van a pronunciar en el fondo, porque alguien les va decir ‘si ustedes van a fallar, y van a obligar al Tribunal Electoral a que se vaya a pronunciar, éste les va decir lo mismo, que yo tengo un candado, he sido notificado con una acción de inconstitucionalidad concreta y no me puedo pronunciar; y ese candado tiene que resolverse primero en Sucre’”, describió la situación el abogado constitucionalista.

A la fecha, el Tribunal Constitucional considera la inconstitucionalidad del artículo 136, en su parágrafo 3, tanto por un recurso concreto como por uno abstracto, ambos presentados por el MAS.

Es el recurso de inconstitucionalidad concreta lo que en este momento impide pronunciarse al Tribunal Electoral, pues tras recibirlo por parte del MAS, la ley (el Código de Procedimiento Constitucional) le obliga a pronunciarse al respecto y enviar el trámite al Tribunal Constitucional en Sucre; mientras éste no se pronuncie, el TSE no puede hacer nada.

El TSE, como primera entidad aludida por el recurso de inconstitucionalidad concreta, debía enviar el expediente al TCP manifestando su acuerdo o su rechazo al argumento del MAS, partido que señala que el artículo 136, en su numeral 3, es inconstitucional.

En su fallo, el TSE expresó que sí existen dudas razonables sobre la constitucionalidad del referido artículo, el cual dispone que a la sola difusión de encuestas por parte de un partido, el órgano electoral deberá anular su personería jurídica.

Cuando el TSE envió el caso al TCP, hizo notar que la decisión que vaya a tomar el Tribunal Constitucional sobre el artículo 136 iba a afectar o beneficiar tanto al MAS como a Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, pues los dos últimos tenían similar denuncia.

La alianza que postulaba a Jeanine Añez a la presidencia (Juntos) se retiró de la contienda electoral.

(28/09/2020)

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