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Thursday 18 Jul 2024 | Actualizado a 21:40 PM

El TSE se blinda para las elecciones y firma convenios con la Policía y las FFAA

“La Policía Boliviana se ha ido preparando con mucha anterioridad para elaborar los planes respecto de las elecciones 2020. Es así que la Policía va a disponer de 22.000 efectivos”, indicó su comandante Rodolfo Montero.

/ 2 de septiembre de 2020 / 14:14

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró el «blindaje de seguridad» necesario para las elecciones nacionales del 18 de octubre y firmó, este miércoles, convenios con la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA) para reforzar, primero, la seguridad en los recintos de votación y dependencias del Órgano Electoral y, segundo, proteger la cadena de custodia del material electoral, como actas y otros.

“Vamos a tener resguardos policiales y militares en los centros, en los recintos de votación, pero también de manera muy importante en toda la cadena de custodia y el material electoral”, afirmó el presidente del TSE, Salvador Romero.

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, presente en la firma del convenio con las FFAA, advirtió que los acuerdos forman parte de “uno de los primeros pasos que se está dando para resguardar el voto”.

Los convenios establecen seguridad en recintos electorales y en instalaciones del Órgano Electoral, tanto en el ámbito nacional como departamental. Colaboración en la seguridad de la cadena de custodia del material electoral. La protección se cumplirá durante las etapas de traslado, distribución y retorno de los materiales electorales, antes, durante y después de la jornada electoral.

Carlos Orellana, comandante en jefe de las FFAA, resaltó que el Ejército específicamente otorgará seguridad en centros que sirven para el almacenamiento del material electoral, y su homólogo de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, anticipó que 22.000 efectivos resguardarán los centros de votación en todo el país.

“La Policía Boliviana se ha ido preparando con mucha anterioridad para elaborar los planes respecto de las elecciones 2020. Es así que la Policía va a disponer de 22.000 efectivos”, indicó.

Ocho organizaciones y alianzas políticas participarán de las elecciones generales del domingo 18 de octubre, que por la pandemia del coronavirus está sujeta a protocolos de seguridad como la votación en horarios diferentes para los ciudadanos, la cual está sujeta al último dígito de la cédula de identidad.

Previstas inicialmente para el 4 de mayo las elecciones nacionales fueron postergadas por el TSE para el 6 de septiembre debido al avance del COVID-19 en territorio nacional; la enfermedad motivó un segundo aplazamiento hasta el 18 de octubre, lo que generó las dos primeras semanas de agosto movilizaciones en contra de la decisión, que finalmente cesaron tras un acuerdo político para no mover más la convocatoria.

(02/09/2020)

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El MAS evista definirá en bancada si apoya o no la suspensión de primarias

Padilla indicó que quienes quieren eliminar las primarias no tienen apoyo de la base social, menos son militantes inscritos en el padrón electoral.

Asambleítas del MAS evista, a la cabeza del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Por Boris Góngora

/ 18 de julio de 2024 / 20:23

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, señaló este jueves que la bancada evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente en la Cámara de Senadores, definirá si se apoya o no a la suspensión de las primarias, empero, remarcó que él no está de acuerdo en eliminarlas.

“Somos respetuosos, especialmente en el Senado. Si la bancada dice que no vamos a aprobar, entonces no aprobamos. En este caso, si la bancada decide aprobarlo, hay que acatar. No vamos a tener ningún problema, pero siempre voy a repetir y ratificar, no estoy de acuerdo de eliminar las elecciones primarias, porque eso es una democracia interna de cada organización política”.

El 10 de julio, a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se realizó el Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, con la participación de representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo, de las organizaciones políticas y sectores sociales.

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En esa cita se aprobó la Declaración por la Democracia de 12 puntos, entre ellos, se pidió a la Asamblea que se apruebe una ley que elimine las primarias, para darles prioridad a los comicios judiciales de esta gestión y las presidenciales de 2025.

La declaración fue aprobada por 11 de los 12 representantes de los partidos. Evo Morales, jefe del MAS, no la firmó y condicionó su respaldo a que se reconozca el congreso de su bloque en Lauca Ñ, el año pasado en Cochabamba, o que se suspendan los plazos para la realización de cónclaves para elegir a nuevas directivas en las organizaciones políticas.

Padilla indicó que quienes quieren eliminar las primarias no tienen apoyo de la base social, menos son militantes inscritos en el padrón electoral. “Esos políticos no quieren que haya elecciones primarias, por eso motivo voy a ratificar que no estoy de acuerdo, pero soy respetuoso en las decisiones que van a tomar en la bancada del MAS”.

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Senador Padilla: Cada postulante tendrá 25 minutos para responder a cinco preguntas

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia advirtió que quienes pretenden paralizar las elecciones judiciales buscarán que los postulantes renuncien para que la convocatoria quede desierta, o sea, ya no recurrirán a amparos constitucionales.

Sesión de la Comisión Mixta de Justicia.

Por Daniel Zenteno

/ 18 de julio de 2024 / 19:10

A un día del inicio de las evaluaciones orales y escritas, estancadas desde abril, de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el presidente de la Comisión Mixta de Justicia detalló la hermenéutica que seguirá el proceso.

“Son cinco preguntas que, según la ley, tienen que sacar de las ánforas, cada una vale 20 puntos; estarán compitiendo por 100 puntos (…). Cada postulante va a tener 25 minutos para responder a las cinco preguntas”, explicó el senador Roberto Padilla (MAS), titular de esta comisión.

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Procedimiento

De acuerdo con el legislador, los postulantes deben obtener un mínimo de 130 puntos para ser incluidos en la lista que se remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los otros 100 puntos provienen del examen de méritos.

Explicó que su comisión se reunirá desde las 08:00 de este viernes, pero se convocó a los postulantes a las 14.00 para las evaluaciones.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, las comisiones mixtas encargadas del proceso deben instalar sesiones permanentes, por tiempo y materia. Por lo tanto, se espera que el proceso pueda concluir el sábado o domingo.

Padilla indicó que su comisión, encargada de la revisión de las postulaciones al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, tiene 124 aspirantes: 84 a la Magistratura y 40 al Agroambiental. Por ello, considera que su trabajo es más sencillo que el de la Comisión Mixta de Constitución, encargada de 274 postulantes al TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estima que podrían terminar con su labor este fin de semana.

Sin garantías

Sin embargo, en criterio de Padilla, no hay garantía plena para que el proceso se realice. En su criterio, todavía está latente la intención de paralizar la preselección.

“Estamos sospechando que han cambiado el plan, ya no va a ser el tema de amparos para paralizar las elecciones judiciales, sino obligar a los postulantes a que renuncien para que se declare desierta la otra comisión”, denunció.

Desde mediados de abril, las comisiones fueron notificadas con amparos constitucionales de los postulantes inhabilitados que impidieron las evaluaciones. Posteriormente, una acción popular dejó prácticamente desahuciado el proceso, hasta que, tras una polémica sesión en la Asamblea, el 6 de junio, se aprobó una resolución para dar continuidad a la preselección.

Sin embargo, nuevamente los amparos y las medidas cautelares impidieron en reiteradas ocasiones que la etapa de evaluación comience. Varios postulantes, especialmente al TCP y al TSJ, decidieron retirar sus postulaciones, denunciando una falta de seriedad en el proceso. Por normativa, las comisiones mixtas deben remitir un mínimo de 36 postulantes al TSJ y TCP, 14 al Agroambiental y 10 a la Magistratura. Caso contrario, la convocatoria puede declararse desierta.

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Viceministra aclara que Campero ya fue reelecto por la OEA y que la Cancillería solo ratificó la decisión

La viceministra señaló que el trabajo de Campero es ad honorem, por lo que no es incompatible con la función pública.

La viceministra de Justicia, Jessica Saravia, es entrevistada por la prensa.

Por Boris Góngora

/ 18 de julio de 2024 / 18:51

Ante la cuestionada supuesta nominación de Israel Campero al Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, aclaró que el vocal ya fue reelecto y que la Cancillería simplemente ratificó esa decisión.

“Esto no se trata de una postulación, considerando que Israel Campero ha fungido como magistrado de la OEA desde enero de 2019, por un tiempo de seis años que concluye este año. Es importante señalar que la normativa de la OEA permite la reelección de las autoridades, es decir, la ratificación por un periodo similar. Conforme a las sesiones que se han llevado ha sido reelecto de manera unánime, obviamente por el trabajo que vino desempeñado”.

Añadió que el trabajo de Campero es ad honorem, por lo que no es incompatible con la función pública. “No olvidemos que estos espacios han sido ocupados por viceministros de otros países y considerando que este Tribunal Administrativo tiene como función principal resolver problemas laborales de los miembros de la OEA, no tiene otra facultad”.

La viceministra añadió que la nota remitida por la Cancillería al titular de la OEA son solo formalidades, esto debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver con el relacionamiento de los bolivianos con cualquiera de las instituciones de los mecanismos internacionales. “No significa que la Cancillería haya generado una postulación, sino una ratificación que se generó dentro un tribunal”, remarcó. 

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El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó la supuesta postulación y advirtió de un “intercambio de favores” entre el Gobierno y Campero.

“Ésta es una prueba más del pacto que existe entre vocales, magistrados autoprorrogados y el Gobierno. Esto demuestra otra vez el intercambio de favores. Ahora, el mismo vocal que cercenó facultades de fiscalización a la Asamblea Legislativa es propuesto para que sea parte del Tribunal Administrativo de la OEA” (sic), escribió Morales en su cuenta de X.

El vocal Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es cuestionado, principalmente por el ala evista, porque el 2 de mayo ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del bloque arcista del oficialismo, celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Más adelante, el 23 de mayo, el mismo TSE resolvió rechazar las resoluciones de ese cónclave por “incumplimientos insubsanables”.

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Lanchipa confirma convocatoria a Arce para declarar como testigo por la asonada militar

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que él y varios ministros ya prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público.

El presidente Luis Arce increpa al general Juan José Zúñiga, el pasado 26 de junio.

Por Daniel Zenteno

/ 18 de julio de 2024 / 18:09

En calidad de testigo, el presidente Luis Arce, al igual que otras autoridades gubernamentales deberán declarar por la asonada militar del miércoles 26 de junio, así lo confirmó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

“Dentro de esta investigación se ha solicitado la declaración del propio presidente del Estado y de otras autoridades que estuvieron presentes en ese momento. El proceso de investigación lleva adelante a 27 personas que han sido ya denunciadas y están siendo objeto de la investigación”, afirmó el fiscal.

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La pasada semana, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, ya expresó la intención para convocar a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, en calidad de “víctimas”, debido a la proximidad que tuvieron con los hechos.

La investigación que realiza el Ministerio Público busca esclarecer lo sucedido el 26 de junio, cuando el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró lo que el Gobierno denunció como un “intento fallido de golpe de Estado”.

Zúñiga

Ingresó a inmediaciones de la plaza Murillo armado y dentro de una tanqueta, acompañado de una centena de militares. Denunció ante los medios que los militares se encontraban molestos; advirtió de una crisis económica y política. Expresó sus intenciones de formar un nuevo gabinete y de llamar a elecciones.

Posteriormente, cuando derribaron la puerta del Palacio con una tanqueta, se encaró con Arce. El Presidente le pidió que dé la orden de repliegue, la cual Zúñiga rechazó; por lo que el mandatario lo destituyó y posesionó un nuevo Alto Mando Militar.

Durante su aprehensión, Zúñiga afirmó a los medios que el propio Arce le pidió que movilice a “los blindados”, en una presunta medida para subir su popularidad. Posteriormente, en su traslado al penal de El Abra, sonriente y esperanzado, expresó que “algún día se conocerá la verdad”.

La supuesta amistad entre Arce y Zúñiga y las palabras de este último en su aprehensión afianzaron el discurso del “autogolpe”, que sostiene la oposición y el ala evista del MAS.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo confirmó que él y otros miembros del gabinete ya prestaron sus declaraciones ante el Ministerio Público. Informó que seguirá el turno de los viceministros y expresó su esperanza de que se pueda obtener información que favorezca a la investigación.

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Del Castillo espera que implicados en el ‘golpe de Estado fallido’ sean sentenciados este año

Por la asonada militar del 26 de junio, el Ministro de Gobierno espera que los militares involucrados sean dados de baja “en los siguientes días”.

Una de las tanquetas que ingresó a plaza Murillo el 26 de junio

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 18 de julio de 2024 / 18:09

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, espera que este año se pueda tener la sentencia privativa de libertad para las personas implicadas en la asonada militar del pasado 26 de junio, a la que el Gobierno llamó “golpe de Estado fallido”.

“Lo que estamos buscando es que este año obtengamos una sentencia ejemplar en contra de todas aquellas personas que han participado en el golpe de Estado Militar fallido del 26 de junio”, dijo la autoridad a los periodistas en La Paz.

Informó que hay “bastante información” respecto de la asonada militar que lideró el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, que ingreso tanquetas y efectivos fuertemente armados a la plaza Murillo de La Paz. El jefe militar intentó ingresar al Palacio Quemado, pero el presidente Luis Arce lo encaró y éste retrocedió en su intención.

“Están concluyendo los estudios técnicos periciales y estamos casi seguros que el miércoles podamos dar una conferencia sobre los avances. Hay muchas personas investigadas, muchas van a ser procesadas y otras van a ser convocadas en calidad de testigos”, anunció Del Castillo.

Consultado por la baja de los militares implicados en ese hecho y las versiones de algunos actores políticos sobre un supuesto “autogolpe”, la autoridad respondió: “Esperamos que en los próximos días ya puedan ser dados de baja. Nadie arriesgaría 30 años de carrera profesional para simular un autogolpe ni una posible sanción por alzamiento armado”.

Explicó que, como Gobierno, se buscará la “la máxima sanción” para los responsables de la asonada militar.

El último dato oficial que brindaron las autoridades de Gobierno daba cuenta de más de 100 investigados, entre civiles y militares, de los que al menos 26 fueron cautelados.

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