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jueves 24 sep 2020 | Actualizado a 04:24

Lanchipa responde a opositores que no renunciará y afirma que teme por su vida

Cívicos cruceños y plataformas políticas presionan al Fiscal General, que fue declarado “perseguido político” y recurrió a la CIDH.

/ 8 de septiembre de 2020 / 12:39

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Ante la presión de cívicos cruceños y plataformas políticas, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, respondió este martes que no renunciará a su cargo y calificó la movilización en su contra como política. Además, afirmó que teme por su vida, por lo cual recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras ser declarado “perseguido político”.

“No renunciaré”, esa fue la respuesta tajante de la autoridad, según un reporte del periodista Iván Ramos en su cuenta de Twitter. “Nosotros respetamos la libertad de expresión, pero no compartimos sus métodos, quieren crear violencia, los cívicos tienen un afán político y desconocen la ley”, complementó, en una conferencia de prensa realizada en Sucre.

La anterior semana, el secretario general de la Fiscalía General, Edwin Quispe, condenó el hostigamiento a Lanchipa, por parte de plataformas políticas e integrantes del Comité Cívico pro Santa Cruz que llegaron a Sucre para presentar una denuncia contra la autoridad, a la que acusan de “proteger” al expresidente Evo Morales y de manipulación de la Justicia.

Bajo la batuta del presidente cívico cruceño, Rómulo Calvo, quien tiene en la mira a Lanchipa desde que le abrieron dos investigaciones, una de ellas por racismo tras llamar “bestias humanas” a quienes se movilizaron contra la suspensión de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre, un grupo de personas se instaló en la capital incluso para pedir su dimisión.

Los opositores al Fiscal General lo acusan de actos de corrupción y de “socapar” a Morales y sus bases, sobre todo al sindicarlos de haber dirigido las protestas contra la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de posponer los comicios, lo cual evitó la normal provisión de insumos para atender a pacientes por COVID-19. Exigen la apertura de procesos.

Quispe indicó que estas personas tienen fines desestabilizadores y su objetivo es presentar denuncias sin sustento contra la autoridad judicial. Añadió que estas actitudes corresponden a grupos radicales antidemocráticos que solo pretenden generar caos y dudas en la población sobre esta institución y sus autoridades que se encuentra legalmente constituidas.

“Hemos tenido conocimiento de la presentación de estas presuntas denuncias en contra del Fiscal General, se nota el interés de amedrentar y perseguir al mismo, no entendemos cuál es el afán proselitista más que legal, por parte de estos representantes cívicos de la ciudad de Santa Cruz que al parecer no tienen otra tarea más que hostigar la gestión del Fiscal General”. 

Anteriormente, Lanchipa ganó una acción de libertad que presentó contra una denuncia sobre una supuesta manipulación informática. El Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de El Alto dictó el archivo de obrados y que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de declarar al Fiscal General un “perseguido político”.

Ello fue un revés para el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que se sumó a la demanda después de acusar Lanchipa de cometer irregularidades, entre ellas haber permitido una supuesta manipulación informática en 2018 para postularse al cargo que ocupa actualmente, cuando inicialmente fue inhabilitado porque tenía una imputación formal en su contra.

(08/09/2020)

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Tras 15 días sin comunicación oficial, Miranda revela que fue destituido como director del INE

El ahora exdirector destaca que en su gestión se retomó la esencia técnica del INE y que se consolidaron el Consejo Nacional de Estadística y las acciones rumbo al censo nacional.

/ 23 de septiembre de 2020 / 16:17

Yuri Miranda, exdirector del Instituto Nacional de Estadística (INE). Foto: Álvaro Valero

A nueve meses de su posesión y tras 15 días sin comunicación oficial, Yuri Miranda reveló este miércoles que fue destituido como director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), y destacó la transparencia que se impulsó en su gestión.

“Ante la ausencia de un comunicado del Ministerio de Planificación del Desarrollo o del INE, me veo en la obligación de comunicar que fui destituido del cargo de director del INE en fecha 8 de septiembre, fui comunicado de ello el 9 de septiembre”, dice Miranda en un video en sus redes sociales.

Destacó que en su gestión se retomó la esencia técnica del INE y que se transparentó y actualizó indicadores importantes, como la tasa de desempleo mensual, indicadores de pobreza”, entre otros.

Subrayó que se fomentó la cultura estadística mediante seminarios, talleres, evaluaciones, y se consolidaron el Consejo Nacional de Estadística y acciones clave rumbo al censo nacional de población y vivienda.

Eso sí, admitió que quedaron pendientes proyectos importantes, como el cambio de año base de las cuentas nacionales, aunque dijo que se dejó encaminado el inicio de una auditoría a través de un informe netamente técnico y pormenorizado de las causas por las que no se presentan los resultados de este proyecto, que tiene un rezago de aproximadamente 12 años.

“Pienso que en esta etapa se avanzó muchísimo en la transparencia, la credibilidad, el tecnicismo y sobre todo en la independencia del INE, que es una de las entidades más importantes para el país. Una población más informada será cada vez más libre”.

Miranda fue posesionado el 12 de diciembre d 2019. Es licenciado en Estadística con estudios de Maestría en Desarrollo Económico, cuenta con otros estudios de especialidad en España y Brasil. Fue docente en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. Además, fue miembro de la Dirección de Cuentas Nacionales del INE y trabajó en el Ministerio de Economía y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

(23/09/2020)

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El Gobierno activa un sistema centralizado de datos para la lucha contra la trata y tráfico

El acuerdo fue firmado con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y se pretende estar a la altura de la lucha contra delitos como el narcotráfico y el terrorismo.

/ 22 de septiembre de 2020 / 13:21

La presidenta Jeanine Áñez, en el acto de este martes en el Palacio de Gobierno. Foto: Prensa de Palacio

La presidenta interina, Jeanine Áñez, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron este martes un acuerdo para la activación de un sistema centralizado de datos para la lucha contra los delitos de trata y tráfico de personas.

«Ahora estamos creando una herramienta para que varias instituciones del Estado, que luchan contra este crimen, tengan un sistema de coordinación y de cooperación; estamos creando un sistema centralizado de información destinado a combatir este delito», afirmó en un acto en el Palacio de Gobierno.

Recordó que la centralización de información demostró ser una buena estrategia para luchar contra delitos como el narcotráfico y el terrorismo. «Así también queremos que funcione en la lucha contra la trata y tráfico de personas. Por eso, gracias a todos los que hacen posible esta iniciativa y los llamo a que sigamos visibilizando este grave problema y sigamos aportando a una solución».

Según ABI, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el mismo acto, dijo que esta decisión pondrá al país al nivel de la lucha en otras naciones como Chile. «Vamos a tener una información cruzada de todo lo que suceda en cuanto a la gente que se pueda perder, la gente (víctima) de trata y tráfico, vamos a trabajar online y vamos a estar absolutamente conectados, eso es modernidad».

El anuncio fue hecho en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se recuerda cada 23 de septiembre y fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en 1999.

(22/09/2020)

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El Sedes interviene el aeropuerto de Sucre ante sospechas de casos de COVID-19

Un centenar de funcionarios son evaluados médicamente tras la alerta del médico de la terminal aérea que opera desde mediados de julio.

/ 22 de septiembre de 2020 / 13:02

El aeropuerto de Alcantarí en Sucre. Foto: APG

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca intervino el aeropuerto de Alcantarí en Sucre ante la alerta de casos sospechosos de coronavirus, con lo cual se activó la evaluación médica de al menos un centenar de funcionarios.

«Tenemos un reporte de sospechosos por eso se está haciendo el triaje el día de hoy (martes) y mañana (miércoles) en el aeropuerto de Alcantarí en dos turnos, cada uno de 50 personas aproximadamente», informó a ABI el jefe de la Unidad de Epidemiología, Jhonny Camacho.

La solicitud fue hecha por el médico de esa terminal aérea que opera desde mediados de julio, tras la declaratoria de una cuarentena dinámica por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

(22/09/2020)

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La CIDH completa misión que verificará, tras las elecciones de octubre, violación a los DDHH en Bolivia

El grupo interdisciplinario de expertos llegará una semana después de los comicios del 18 de octubre. Su quinto integrante es la abogada colombiana Magdalena Correa Henao.

/ 22 de septiembre de 2020 / 10:59

La represión en la localidad cochabambina de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nombró a Magdalena Correa Henao como la quinta integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegará al país una semana después de las elecciones del 18 de octubre para indagar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el conflicto poselectoral de 2019.

“Felicito a la profesora Magdalena Correa Henao. Ella fue nombrada como quinto miembro del #GIEI de la @CIDH, creado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en #Bolivia y anunciado para instalarse en la semana siguiente a las elecciones en el país”, escribió en su cuenta de Twitter Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la entidad que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La colombiana Magdalena Correa Henao. Foto: asuntoslegales.com.co

Correa Henao es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

El GIEI fue propuesto por la CIDH al gobierno transitorio de Jeanine Áñez como un “mecanismo de investigación, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos”. La firma del acuerdo para su creación, entre la canciller Karen Longaric, a nombre del Estado boliviano, y la CIDH fue el 23 de enero en Washington DC. Y se nombró a Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert como integrantes del GIEI.

La conformación de este grupo se dio tras la protestas del Gobierno boliviano sobre un primer informe de la CIDH que denunció “graves violaciones de los derechos humanos” y condenó las “masacres de Sacaba y Senkata”, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, respectivamente, en medio de operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas y la Policía, salvaguardadas por un decreto supremo de Áñez que garantizaba la “impunidad” de los uniformados.

Aparte, “personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento”, indicó el documento de la entidad internacional.

Luego, el gobierno de Áñez objetó la presencia de Tappatá y Méndez en la comisión investigadora por haber calificado los sucesos ocurridos en octubre y noviembre del año pasado en Bolivia como un “golpe de Estado”, y señaló que estas opiniones son un riesgo para la parcialidad del GIEI y muestran una “peligrosa tendencia política de ambos integrantes”.

Tras las elecciones de octubre de 2019, el discurso del fraude fue alimentado por un informe preliminar de la OEA, que fue el tiro de gracia para el entonces presidente Evo Morales, que renunció el 10 de noviembre, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que presente su dimisión.

(22/09/2020)

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Congresistas de EEUU piden revisión de los informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia

Con una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, expresan su preocupación por la participación de la OEA en los comicios bolivianos del 18 de octubre y le piden “medidas correctivas” para que las misiones de la OEA funcionen de manera imparcial.

/ 22 de septiembre de 2020 / 09:49

El senador Bernard Sanders, del Partido Demócrata. Foto: AFP

Mediante una carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, congresistas del Partido Demócrata le instaron a buscar mediante “recursos diplomáticos” la revisión de las declaraciones e informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios de octubre de 2019 en Bolivia, y que se tomen “medidas correctivas” para que las futuras misiones electorales de esta entidad cumplan funciones de manera independiente e imparcial.

La misiva está fechada este martes 22 de septiembre, en Washington DC. “Estamos profundamente preocupados por la falta de rendición de cuentas y transparencia con respecto al papel de la OEA en las elecciones y la crisis política del año pasado en Bolivia. Como señaló recientemente el New York Times, las denuncias de fraude electoral de la OEA tras las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia fueron ‘aprovechadas’ por los opositores políticos del presidente Evo Morales ‘para intensificar las protestas, obtener apoyo internacional y expulsar al señor Morales del poder con apoyo militar semanas después’”.

Los comicios del 20 de octubre del año pasado derivaron en conflictos y violencia por las denuncias de fraude tras la victoria de Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin necesidad de un balotaje por la diferencia de más de 10 puntos porcentuales con su inmediato contrincante, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), candidato que enarboló la tesis sobre las supuestas irregularidades en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ello provocó la expansión de las protestas cívicas, que luego fueron alimentadas por un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para la dimisión de Morales y el informe preliminar de la misión de la OEA que apoyó el discurso del fraude. Todo ello desembocó en la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, y dos días después, en la polémica posesión de la entonces senadora opositora Jeanine Áñez, con aval del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Pese a que su misión era solo convocar y garantizar nuevos comicios, el gobierno transitorio de Áñez se opuso a la realización de éstos bajo el alegato de que son un riesgo ante la pandemia del coronavirus. Asimismo, pese a que había prometido lo contrario, lanzó su candidatura en enero. Eso sí, dejó de lado esta intención el pasado jueves, ante la caída de su preferencia en las encuestas y, según dijo, para evitar la dispersión del voto en aras de que el MAS no vuelva al poder.

Al final, los comicios se llevarán a cabo el domingo 18 de octubre, y la OEA anunció que su misión estará nuevamente liderada por Manuel González, excanciller de Costa Rica, quien fue precisamente el que sembró dudas sobre la votación, el 21 de octubre, al expresar sus reparos sobre el cambio de tendencia en el conteo que daba el triunfo a Morales. Su futura presencia ha provocado la inquietud tanto del oficialismo como de la oposición.

“Dado que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones de Bolivia, programadas para el 6 de septiembre y pospuestas hasta el 18 de octubre, instamos a la administración (de Estados Unidos) a utilizar su voz en la OEA para abogar por una evaluación exhaustiva e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre” los comicios de 2019 en Bolivia, continúa la carta de este martes de los congresistas estadounidenses.

“Como probablemente sepa, las autoridades de facto que tomaron el poder tras la renuncia forzada de Morales han promovido una agenda racista y anti-indígena y han desplegado al Ejército para reprimir violentamente las protestas, lo que resultó en la muerte y heridas de muchos civiles. El secretario general de la OEA, Luís Almagro, se apresuró a reconocer a la presidenta no electa, Jeanine Añez, y no se ha pronunciado sobre el deterioro de los derechos humanos y la persecución de los opositores políticos que tienen lugar bajo su gobierno”.

Los representantes del Partido Demócrata que firman el documento mencionan un estudio del diario The New York Times, de junio, que siembra dudas sobre la auditoría realizada por la OEA al proceso electoral boliviano, en coincidencia con otros análisis independientes de entidades internacionales que indican que la observación de la OEA sobre un “cambio inexplicable” en la tendencia del conteo tras los comicios de octubre, “se basan en un análisis estadístico aparentemente defectuoso”.

La carta remarca que en lugar de responder a esta y otras críticas, “el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha involucrado en ataques ad hominem contra sus autores, así como en un ataque a los informes del New York Times, sugiriendo que es un proveedor de noticias falsas. La OEA también se ha negado a responder preguntas básicas de investigadores, medios de comunicación o miembros del Congreso sobre sus comunicados de prensa, los datos que utilizó o cómo llegó a sus conclusiones”.

Los congresistas estadounidenses recuerdan que en febrero, el gobierno de México recibió el respaldo de otros gobiernos para que Almagro autorice una revisión independiente de la auditoría de la OEA, a la par de una evaluación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en el mandato de Áñez que derivaron precisamente de las “afirmaciones erróneas” del organismo multilateral sobre los comicios bolivianos; un pedido que aún no obtuvo respuesta de Almagro.

“A la luz del hecho de que la OEA ha sido invitada a monitorear las próximas elecciones presidenciales de Bolivia, es particularmente preocupante que el secretario Almagro y sus colegas continúen evitando respuestas por las declaraciones y acciones que puedan haber contribuido a la erosión de la democracia y los derechos humanos en Bolivia. El Congreso de los Estados Unidos aporta con la mayor parte del presupuesto de la OEA. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de garantizar que los dólares de los contribuyentes estadounidenses se utilicen para respaldar organizaciones que funcionan de manera transparente y que defienden las normas democráticas en lugar de socavarlas”.

“La OEA está preparada para tomar una determinación sobre la libertad, la justicia y la integridad de las próximas elecciones en Bolivia, incluso cuando bajo el gobierno no electo de Áñez, varios opositores políticos de alto perfil, incluido el principal candidato presidencial Luis Arce (MAS), enfrentan cargos dudosos que incluyen corrupción, terrorismo y sedición. Los críticos del gobierno en los medios de comunicación y los líderes indígenas y sindicales también han sido detenidos y amenazados, mientras que se ha desplegado fuerza militar contra manifestantes no violentos”, subraya el documento.

“Dada esta preocupante situación, lo instamos (a Pompeo) a utilizar los recursos diplomáticos del Departamento de Estado para buscar de inmediato una revisión completa e independiente de las declaraciones e informes de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia. Además, nuestro gobierno debe trabajar con otros miembros de la OEA para asegurar que se tomen medidas correctivas para asegurar que las futuras misiones de observación electoral de la OEA desempeñen sus funciones de manera independiente, imparcial y profesional”.

La carta lleva la firma de los congresistas demócratas Bernard Sanders, Jan Schakowsky, Henry C. Johnson y Deb Haaland, y la adscripción de otras dos docenas de colegas.

(22/09/2020)

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