La institución financiera de desarrollo Diaconía FRIF IFD lanzó las tarjetas de débito Diaconet “Tu dinero en tus manos”, que busca brindar mayor autonomía, seguridad y comodidad a sus clientes, permitiéndoles tener a la mano sus fondos de manera fácil y accesible.

“Con las nuevas tarjetas, la entidad busca brindar acceso a servicios financieros de calidad a un mayor número de personas, especialmente a aquellos sectores de la población en áreas periurbanas y rurales. Este nuevo Instrumento de pago representa un hito importante en el crecimiento de la institución y en su compromiso por brindar a los bolivianos herramientas financieras que les permitan alcanzar sus metas y mejorar su calidad de vida”, indica una nota de prensa.

Lea más: La Asfi aclara que el uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero está vigente

Así, Diaconía FRIF IFD se consolida como una institución financiera de desarrollo en Bolivia. “A lo largo de su trayectoria, ha demostrado un crecimiento sostenido y una constante innovación en sus productos y servicios, adaptándose a las necesidades cambiantes de sus clientes”.

“Las tarjetas de débito Diaconet ofrecen una amplia gama de beneficios para sus usuarios, como ser la aceptación global, es decir que las tarjetas son MasterCard y son aceptadas en millones de comercios y cajeros automáticos a nivel mundial.Asimismo, los usuarios podrán retirar efectivo sin costo en una amplia red de cajeros automáticos de Banco Sol y Banco Fie a nivel nacional. También podrán disfrutar de un seguro de protección opcional contra pérdida, robo o fraude”, añade la nota de prensa.

Con estas tarjetas se podrán realizar pagos en comercios y servicios a través de terminal de puntos de venta (POS). “Asimismo, a través de la aplicación móvil Diaconet, los usuarios tendrán la posibilidad de monitorear las transacciones y controlar los saldos en cuenta en cualquier momento a través de la banca en línea. Finalmente, las tarjetas pueden ser habilitadas para su uso en el exterior por medio de call center”.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, desató un impasse con Bolivia por sus declaraciones sobre la presencia de iraníes. El gobierno de Luis Arce señaló que el mandato del ultraderechista Javier Milei busca la confrontación entre Estados y le exigió respeto.  

Mediante un comunicado, la Cancillería boliviana desmintió y rechazó “enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”.

El jueves, Bullrich indicó que se ha activado un máximo nivel de alerta en la frontera con Bolivia; por el vínculo de su gobierno con Irán a nivel militar. Lo hizo después del ataque iraní del fin de semana contra Israel, país del que Milei es aliado.

Lea más: Bolivia convoca al embajador de Argentina por dichos de la ministra Bullrich

“Nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país; porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán”, remarcó la ministra argentina, en entrevista con La Nación Más.

Bullrich

La respuesta boliviana no se dejó esperar este martes. “Observamos con preocupación una campaña que busca generar confrontaciones entre Estados, gobierno y pueblos latinoamericanos; provocando innecesarias fricciones entre países hermanos, que el gobierno y el Estado Plurinacional de Bolivia condena; pues va en contrasentido de lo que nos hemos trazado en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de consolidar a América Latina y el Caribe como zona de paz”.

Asimismo, el comunicado añada que “en las próximas horas, convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”. Y la Cancillería exige respeto, así como “Bolivia respeta y aprecia profundamente al pueblo argentino”.

Este martes, Bullrich ratificó que se mantiene la máxima alerta en la frontera con Bolivia y afirmó que hay un “memorándum que firmó Bolivia con Irán, que ha permitido la instalación de 700 iraníes, que nosotros consideramos que son miembros de la guardia Quds, que es una guardia llamada revolucionaria y es como un brazo armado también del Estado Islámico iraní”, indicó en Todo Noticias (TN).

Mientras que la Cancillería boliviana remarcó que “siguiendo los principios del derecho internacional y nuestra cultura de paz, optaremos por el diálogo para resolver este desagradable episodio”.

Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el asalto de la embajada de México en Ecuador; mientras que el secretario general del bloque regional, el uruguayo Luis Almagro, señaló que lo sucedido “no puede quedar como precedente”.

El Consejo Permanente realizado en Washington, Estados Unidos, fue a petición de Ecuador; sin embargo, no contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld e intervino el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.

Lea más: En la OEA, Bolivia condena ‘en los términos más enérgicos y enfáticos’ la agresión a sede de México

El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito. La misión fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Este accionar provocó una condena regional.

Este martes, Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Perú, España, El Vaticano, Panamá, Guatemala y Brasil; mediante sus embajadores, expresaron nuevamente su condena a la decisión asumida por el gobierno de Daniel Noboa.

El embajador de Bolivia, Héctor Arce, indicó que el presidente Luis Arce y la Cancillería condenaron en “los términos más enérgicos y enfáticos” lo acontecido. Y el secretario Almagro subrayó que Ecuador violó principios del derecho internacional y sentenció: “No podemos permitir que esto siente un precedente”.

El asalto policial a la embajada de México en Ecuador es parte del debate en la región. Este martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) será el escenario de la batalla bilateral por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

El Consejo Permanente del bloque regional está previsto para las 15.00 en el salón Simón Bolívar de la sede de Washington, en Estados Unidos. La página web de la OEA indica que se analizarán las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”, a solicitud del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

Consulte también: Exvicepresidente de Ecuador hospitalizado tras negarse a comer en cárcel

Batalla por Glas

El viernes a medianoche, la Policía de ese país irrumpió en la sede diplomática mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Glas, lo que desencadenó una condena unánime en la región y por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas. Por esta razón, México rompió relaciones con Ecuador.

La reunión de la OEA contará con la presencia de los cancilleres, entre ellos la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien fundamentará la decisión asumida por su gobierno, que alegó tener conocimiento de una “inminente huida” de Glas. Además, el presidente Noboa defendió ayer su determinación y advirtió que “la justicia no se negocia”.

Eso no es todo

Para mañana se tiene previsto otro Consejo Consultivo, a las 10.00, para analizar “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”. Esto a solicitud de las misiones permanentes de Colombia y Bolivia, según la OEA.

El domingo, la canciller boliviana Celinda Sosa adelantó que bloques regionales como la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de lo Pueblos (Alba-TCP) convocaron a reuniones de urgencia para tratar la crisis abierta tras el asalto a la embajada.

“Esta es una agenda que está dentro de los organismos multilaterales, realmente para buscar, sobre todo, la solidaridad con el pueblo mexicano y también con el exvicepresidente Jorge Glas, que se respeten sus derechos. Esperamos que realmente estas reuniones que se van a tener de los cancilleres, que podamos establecer resoluciones que puedan ser respetadas”.

El viernes será otro día clave. Ayer, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien dirige la Celac, anunció que sus colegas latinoamericanos tendrán una cumbre virtual para debatir una propuesta de “firme condena” y eventuales sanciones a Ecuador, señala AFP. 

Se revisará un planteamiento para llamar a Quito a “promover un diálogo para normalizar las relaciones con México” y, en caso contrario, «tomar posiciones políticas (contra Ecuador), ya sean éstas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento», agregó Castro.

Los tentáculos corruptos del caso Lava Jato (“lavacoches” en portugués) se extendieron de Brasil a una decena de países. En Bolivia, la pesquisa ha tomado un nuevo aire y la clave está en desenredar el pago de 51 supuestos sobornos por $us 4 millones. 

La Operación Lava Jato cumplió en marzo una década de haberse activado. Es considerado el mayor operativo contra la corrupción en la historia de Brasil. Y tuvo un protagonista: la estatal Petrobras, que armó una arquitectura corrupta que movió al menos $us 8.000 millones y se esparció a un abanico de rubros, entre ellos la construcción.

Así, surgen nombres de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez… que corrompían a funcionarios de otras naciones latinoamericanas para hacerse de licitaciones, cargando los sobornos al costo final de las obras. Era un negocio redondo para todas las partes, con cifras de al menos siete dígitos.

MILLONES

Solo como ejemplo, ante la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado más de $us 788 millones desde 2001, en una decena de naciones de América Latina. Las investigaciones provocaron terremotos políticos, con presidentes y exmandatarios, funcionarios que se sentaron en el banquillo de acusados.

Bolivia no escapó a este panorama. Odebrecht y Camargo Correa sentaron presencia y, según indagaciones, también sus maletines de dinero. Los indicios llevaron a que en 2018, la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial mixta de investigación, que pidió el inicio de un proceso penal contra los implicados.

El 14 de noviembre de ese año, se presentaban los resultados de cinco meses y medio de pesquisas. “Luego de hacer un rastreo de 179 personas, existen indicios suficientes para confirmar que el escándalo de coimas y dádivas llegó a Bolivia”, remarca el informe, elaborado tras entrevistas, viajes al extranjero y análisis de documentos.

Se apuntó a altos cargos de los gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sobre todo ocho personas. Ante sus colegas, la entonces diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión, sentenció que “estamos hablando de sobornos, de algo éticamente reprochable. Estamos hablando de coimas”.

Posteriormente, en conferencia, Rivero subrayó que se hallaron tres indicios importantes: el típico modus operandi que las constructoras implicadas aplicaron en otras partes del mundo, periplos a Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht y movimientos económicos “inusuales y sospechosos”.

Corrupción

Otro punto clave, de acuerdo con la comisión, es que se recurría a “decretos de urgencia”, promovidos por personas de confianza que cumplían interinatos cortos para pavimentar el camino del negociado. Las decisiones se tomaban al máximo nivel para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) simplemente las aplique.

Este documento fue la base para el proceso abierto por el Ministerio Público, el 7 de enero de 2019. Cinco años después, el caso ha vuelto a la palestra, cuando a mediados de marzo, el diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Mesa, fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.

Alarcón fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa, y denunció una “represalia” por haberse desempolvado la investigación que había dormido “el sueño de los justos” durante años. Similar discurso emitió el expresidente Mesa. Al respecto, surge la pregunta: Qué indaga el caso Lava Jato en Bolivia.

En exclusiva, el fiscal José Rodríguez atendió a La Razón, y aclara que el caso no estaba en la congeladora. “El proceso no fue reabierto y nunca fue suspendido. Hay que tomar en cuenta que por tratarse de un proceso de investigación complejo se solicitó a la autoridad jurisdiccional más tiempo en la etapa preparatoria”.

Rodríguez señala que las pesquisas se activaron con el informe elaborado por la Asamblea, por indicios de irregularidades en la construcción de la “carretera pavimentada tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez”, en dos tramos: Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).

Proceso

“Los hechos se habrían suscitado durante la vigencia del proceso de proyección, prospección, negociación, licitación, contratación y ejecución de estos tramos, estableciéndose los años 2002 a 2010, en los cuales mediante acuerdos presuntamente irregulares se materializó un complejo mecanismo de corrupción mayor de similares acciones, procedimientos y a una particular manera de proceder que se repitió en países hermanos circundantes a Bolivia, para lo que se involucró a una serie de personas y elementos tales como: modalidades de contraprestación, modalidades de obtención de los dineros e identificación de destinatarios de los dineros”, explica.

Explica que se presume que las firmas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, “lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado”, entre 2004 y 2007, “debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También estuvieron involucradas personas privadas, naturales como otras de existencia ideal (jurídicas)”.

Los indicios apuntan a que Camargo Correa y Odebrecht concretaron la adjudicación de los tramos carreteros en cuestión entre 2004 y 2006, a cambio de 51 presuntos sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones. “Los dineros de Odebrecht presuntamente habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S.  B., cuyo perfil económico no coincidiría con los movimientos económicos que se presume ejecutaba; mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias”.

Fiscalía

De acuerdo con Rodríguez, hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. “El Ministerio Público investiga ‘hechos’, no delitos ni personas”, sostiene. Los posibles delitos en la carpeta son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

No hay detenidos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas es la que definirá los siguientes pasos en las pesquisas, las que se pueden extender al extranjero. “No se pueden dar detalles por el resguardo de la investigación”.

Ahora, se pretende citar a más personas para su declaración informativa, sobre todo a las ligadas con los implicados. “Es un proceso de investigación complejo por el número de sindicados”, y se solicitó seis meses más para realizarlo, indica Rodríguez. “Estamos dentro de los parámetros legales de los plazos”. Así, el caso Lava Jato todavía tiene mucha tela para cortar.