Nacional

domingo 20 sep 2020 | Actualizado a 13:32

HRW: El gobierno de Áñez abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores de Morales

La organización emitió un informe sobre la “persecución política en Bolivia” y afirma que el Gobierno presionó a jueces y fiscales. Pide retirar los cargos por terrorismo contra el expresidente por ser desproporcionados y porque parecen responder a motivaciones políticas.

/ 11 de septiembre de 2020 / 02:59

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Foto: AFP

Human Rights Watch (HRW) publicó este viernes el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que acusa al gobierno transitorio de Jeanine Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales. Más aún, señala que los cargos por terrorismo contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) parecen responder a motivaciones políticas, por lo cual pide retirarlos.

El texto de 53 páginas documenta casos promovidos con “cargos desproporcionados o infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, según una nota de prensa de la organización defensora de los Derechos Humanos; paralelamente, presenta casos de “abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno (2006-2019)”.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según la nota de prensa. “Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”.

La indagación se realizó tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre del año pasado, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre que le dieron por ganador. Además, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó esa tesis, auditoría que ha sido criticada por estudios internacionales.

Ante ello, el entonces presidente partió con destino a México, para luego, en diciembre, trasladarse a Argentina como refugiado político, donde permanece actualmente. Dos días después de su dimisión, la senadora Jeanine Áñez asumió el poder, en una posesión salpicada de polémica, y se comprometió a convocar a comicios.

Más de 100 casos contra vinculados a Morales

“Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, indica HRW.

El comunicado añade que la entidad analizó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 casos, además que tuvo acceso al expediente en el cual se acusa de terrorismo a Morales. Las entrevistas realizadas por HRW incluyen al “ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados”.

Se critica que hubo casos en que los fiscales presentaron cargos “por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet”.

Los casos descritos por el informe incluyen la imputación contra Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de Gabinete de Morales, por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, “exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.

También se toma en cuenta la imputación contra Mauricio Jara, simpatizante de Morales, por los “delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión”. El documento añade que como “prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de ‘tirano’ y ‘dictatorial’, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una ‘masacre’, había ‘desinformado’ y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva”.

Y el caso del juez Hugo Huacani igualmente forma parte del informe, autoridad judicial que otorgó la detención domiciliaria a Edith Chávez, quien trabajaba como “empleada doméstica” del exministro Carlos Romero. El documnto indica que “dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta ‘falta de independencia’. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. Huacani fue acusado por la Fiscalía, por incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley”.

HRW señala que Morales fue imputado por terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que son penados con hasta 20 años de cárcel, a la par de otras causas abiertas contra el expresidente y que son impulsadas por el gobierno de Áñez.

“Los cargos de terrorismo contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice: “combate, combate, combate” e insta a ‘dar dura batalla a la dictadura’, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez”, explica el documento.

El informe se refiere igualmente a las movilizaciones de octubre y noviembre. “Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales”.

Asimismo, remarca que en la grabación por la cual se acusa a Morales, “las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido. Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch (que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica) no dan el menor sustento a esa acusación”.

“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, afirmó Vivanco, siempre según la nota de prensa. “Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”. Ante ello, la organización pide que se retiren los cargos contra el exmandatario.

(11/09/2020)

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Morales: ‘Ganamos las elecciones y al día siguiente retorno por Yacuiba a Bolivia’

El expresidente participó en un acto en Caraparí (Tarija); con tono triunfalista señaló que la última encuesta de ‘Tu voto cuenta’ indica que el candidato del MAS ganará en primera vuelta.

/ 18 de septiembre de 2020 / 14:37

Evo Morales, en la capital argentina, Buenos Aires.

En un acto de campaña en Caraparí, Tarija, el expresidente Evo Morales, refugiado político en Argentina, anunció que si el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, gana las elecciones el 18 de octubre, al día siguiente volverá a Bolivia.

Con tono triunfalista, Morales se refirió a la última encuesta de “Tu voto cuenta”, realizada a 16.000 personas en el país, que ratificó como posible ganador a Arce, incluso eludiendo la segunda vuelta con una preferencia de 40,3%, sin tomar en cuenta votos nulos, blancos y “No saben/No responden”.

“Estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar ahora, ganamos las elecciones y al día siguiente estoy entrando por Yacuiba (Tarija) a Bolivia, retornando”, señaló el exmandatario mediante un contacto vía telefónica.

“Nuevamente vamos a ganar en primera vuelta. Una encuesta de la derecha boliviana dice, aquí la tengo, Lucho con 40,3% y (Carlos) Mesa con 26,2%. Y lo más interesante, ganamos en Tarija. El año pasado, en las elecciones del 20 de octubre perdimos por poco en Tarija”.

Morales se encuentra refugiado en Argentina tras su renuncia del 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para su dimisión, y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude electoral.

“Aprovechar esta oportunidad, unidos y organizados, organizados y movilizados, todo por nuestros recurso naturales, hay que defender las nacionalizaciones y profundizar la industrialización. Hay que acelerar la campaña, informar a los compañeros que están dudando todavía, (sobre) los datos económicos del neoliberalismo y de los 14 años que gobernamos”, añadió Morales.

(18/09/2020)

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Preocupado, el Ministerio de Salud alerta que la población baja la guardia en las medidas contra el COVID-19

Señala que la flexibilización en los municipios por la etapa del posconfinamiento ha puesto en alerta al Comité Científico que asesora al Gobierno.

/ 16 de septiembre de 2020 / 20:29

El posconfinamiento trajó consigo mayor movimiento social y económico en la ciudad de La Paz.

Por Miguel Gómez

El Ministerio de Salud emitió este miércoles un comunicado en el cual expresa su preocupación y alerta que la población está dejando de lado las medidas de prevención contra el COVID-19, por la flexibilización en la etapa del posconfinamiento que fue aprobado por el Gobierno desde el 1 de septiembre.

“En el caso de nuestro país, el Comité Científico de asesoramiento al Ministerio de Salud, manifiesta su preocupación y alerta a la opinión pública que debido a la flexibilización de las medidas de contención, la población está relajando la adopción de medidas preventivas, tales como el uso apropiado de las máscaras de protección facial (barbijos), el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y mantenerse en sus domicilios, si no son necesarias las salidas”, señala un comunicado de la entidad gubernamentales.

(Noticia en desarrollo)

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Excanciller González vuelve a encabezar la misión electoral de la OEA en Bolivia

En octubre de 2019 fue quien expresó, a nombre la OEA, su preocupación por el cambio de tendencia en los resultados, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta, alimentando la tesis del fraude.

/ 16 de septiembre de 2020 / 19:58

El excanciller Manuel González, jefe de misión de la OEA en Bolivia. Foto: APG

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció este miércoles que enviará una Misión de Observación Electoral (MOE) para las elecciones del 18 de octubre en Bolivia, nuevamente a la cabeza de Manuel González, excanciller de Costa Rica, quien sembró dudas en los comicios del año pasado y alimentó la tesis del fraude electoral de los opositores del entonces presidente Evo Morales.  

Mediante una nota de prensa, el organismo electoral dirigido por el uruguayo Luis Almagro, señala que “la Misión estará integrada por más de 30 expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político-electoral, participación política de las mujeres, justicia electoral, estadística, medios y redes sociales, voto en el extranjero, y participación política de pueblos indígenas, además de observadores en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y, para dar seguimiento al voto en el exterior, en Argentina, España y Estados Unidos”.

Además, indica que por la emergencia sanitaria del COVID-19, la comitiva “implementará un esquema que le permitirá recopilar la información en el terreno y combinará componentes presenciales y virtuales para facilitar la interacción entre los principales actores de la elección y analizar integralmente los aspectos técnicos del proceso”. El grupo base, junto a González, llegará a Bolivia en los días previos a las justas electorales y, durante su estancia, se reunirá con autoridades gubernamentales, electorales, representantes de partidos y de la sociedad civil.

Un día después de los comicios del 20 de octubre de 2019, González dio una conferencia en la que, a nombre de la OEA, manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas”, que daban como ganador a Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y con una diferencia que le permitía eludir la segunda vuelta con relación a su principal contendor, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC).

El informe alimentó el discurso del fraude, y luego vinieron las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que Morales renuncie, lo cual sucedió el 10 de noviembre, luego que la OEA emitiera una auditoría preliminar que volvió a hablar de un fraude en la votación, estudio que fue rebatido por entidades internacionales.

Según la nota de prensa de este miércoles, “González tiene una larga trayectoria como político, diplomático y académico. Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto de 2014 a 2018 y ministro de Comercio Exterior de 2004 a 2006, además de embajador ante Naciones Unidas de 2002 a 2004”.

(16/09/2020)

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Áñez ratifica que declarará este miércoles emergencia nacional por los incendios

No descarta pedir ayuda internacional. Abrogará el DS 3973 que permite ampliar la frontera agrícola con quemas y chaqueos.

/ 16 de septiembre de 2020 / 10:23

La presidenta candidata Jeanine Áñez, en un acto público. Foto: ABI

Con una visita a la Chiquitanía cruceña, la presidenta transitoria Jeanine Áñez ratificó que este miércoles declarará emergencia nacional por los incendios forestales y no descartó ayuda internacional, además que abrogará el Decreto Supremo 3973 del anterior gobierno, que permite la ampliación de la frontera agrícola mediante las quemas y los chaqueos.

“Hoy estaré en la Chiquitanía. Estamos trabajando con todo para frenar el fuego y recurriremos a ayuda internacional, si es necesario. También hoy declaramos emergencia nacional y anulamos el decreto de Evo que permitía las quemas. Sabemos enfrentar crisis y vamos frenar el fuego (sic)”, escribió la Mandataria en su cuenta de Twitter.

Los incendios forestales afectan principalmente a Santa Cruz. El martes, el Ministerio de Defensa instaló un centro para luchar contra este problema en Charagua, el municipio más afectado. Hasta el fin de semana se reportaron 32.086 focos de calor, de los cuales 14.498 se encontraban precisamente en el departamento cruceño. Otra región afectada es Beni.

Uno de los casos que más preocupa es el avance de las llamas en el parque nacional Noel Kempff Mercado, donde ya se consumieron centenares de hectáreas, aunque según el Gobierno todavía no ingresaron a áreas boscosas. Además, no se descartó el empleo de hidroaviones para contener los incendios forestales, con ayuda internacional.  

(16/09/2020)

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Decreto permite la reposición de los 66 PumaKatari quemados en noviembre de 2019

Áñez y Revilla aparecen juntos en tiempos de campaña. El alcalde informó que la aseguradora ya entregó el cheque de Bs 80 millones, pero con el monto no se puede cubrir el reemplazo de toda la flota siniestrada.

/ 15 de septiembre de 2020 / 16:47

La presidenta Jeanine Áñez y el alcalde Luis Revilla, en el lugar donde están los buses quemados. Foto: APG

La presidenta transitoria Jeanine Áñez y su aliado político, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, presentaron este martes el Decreto Supremo 4329 que permite entregar al 50% de anticipo del costo total a la compañía que se adjudique la fabricación de los 66 nuevos PumaKatari, que repondrán a los quemados en los conflictos poselectorales de noviembre de 2109.

En tiempos de campaña, ambas autoridades se reunieron para también visitar el lugar donde se encuentran los restos de los buses. Revilla indicó que la aseguradora ya entregó el cheque de Bs 80 millones, sin embargo, el monto quedó corto, ya que solo cubre el reemplazo de 55 coches, por lo que se gestionó con el Gobierno la reposición completa de la flota destruida.

“Este decreto es esencial para el gobierno municipal, para el sistema de transporte masivo La Paz Bus, para los paceños y paceñas que dentro de unos meses verán retornar los mismos 66 buses que han sido quemados y destruidos el año pasado. Pero además con una característica importante, los 66 buses serán modelo 2021”, destacó Revilla, según una nota de prensa.

Los motorizados fueron quemados en noviembre de 2019, en plena crisis derivada de las elecciones de octubre, que al final derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Grupos movilizados sembraron terror en la zona Sur de La Paz, y llevaron a cabo este acto vandálico. Se identificó a dirigentes del transporte público, que son procesados.

El artículo 1 del decreto señala: «El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de manera excepcional y por única vez, podrá otorgar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, previa presentación de una garantía de correcta inversión de anticipo por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo otorgado, para la adquisición de una nueva flota vehicular de buses del Servicio de Transporte Municipal destinada a la reposición por los ataques sufridos en el mes de noviembre de la gestión 2019».

Uno de los problemas es que la pandemia elevó los costos de importación, lo que explica la imposibilidad de cubrir plenamente la compra y el traslado de los nuevos vehículos.

Mientras que Áñez afirmó que el Gobierno y la Alcaldía reparan el daño ocasionado al municipio por la violencia. “Es dar la oportunidad nuevamente para que los paceños, pero sobre todo las familias que necesitan hacer uso de esta transporte público porque no cuentan con una movilidad particular, vuelvan a utilizarlo. Vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida, la calidad de los servicios de los paceños y paceñas porque esa es nuestra obligación”.

(15/09/2020)

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