Nacional

lunes 21 sep 2020 | Actualizado a 14:19

En campaña, Áñez promete los mismos bonos para 2021 y fustiga a Morales y Mesa

Dice que vencerá a sus contendores, a quienes calificó de “tibios” y “miedosos”, y sentenció a Evo Morales por los casos que se lo acusa ante la Justicia.

/ 12 de septiembre de 2020 / 09:45

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, en su mensaje del sábado. (Captura de pantalla de Bolivia TV)

Un mensaje presidencial de campaña, difundido por medios y cuentas estatales. La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, anunció este sábado que asegurará, desde el lugar que le toque, que se sigan pagando en 2021 los bonos vigentes y los que se crearon durante la pandemia del COVID-19. Además, fustigó a sus contendores electorales y dijo que los vencerá; los calificó de “tibios”, en un dardo lanzado ya antes a Carlos Mesa, y sentenció a Evo Morales, a quien llamó “tirano”.  

“Pese a los problemas económicos de salud y tecnología, fuimos capaces de crear una red de solidaridad a través de los bonos, la más importante del continente, y quiero que sepan que voy a asegurarme, desde donde me toque, que el próximo año el Estado siga entregando los bonos que entregamos este año. No importa lo que tenga que hacer, contra lo que tenga que luchar, a quién tenga que vencer, voy a trabajar día y noche para hacer de nuestro país una sociedad fundada en la solidaridad, en los bonos y en la ayuda entre unos y otros”, afirmó la Mandataria en su discurso al cual se plegaron medios privados.

Y luego arremetió contra sus rivales políticos. “No hay que temerle al futuro, que lo vamos a construir entre todos.  A lo único que hay que temer es a la indiferencia, a perder el coraje, hay que temerle a los tibios, a los indiferentes, a los miedosos, a los que igual vamos a vencer. El futuro no se construye con miedo, ni con tiranos, ni con tibios, ni con abusivos, se construye con coraje, con el coraje que han tenido los bolivianos para enfrentar la crisis que hemos vivido. Se construye con bonos, aprobando el 10% de presupuesto para la salud, haciendo por la salud lo que no se hizo en décadas. Se construye con pacificación, defendiendo la democracia, respetando la ley y haciendo respetar la ley, entre todos”.

Áñez ha convertido a los bonos en su discurso de campaña, sobre todo tras el rechazo de la Asamblea Legislativa, con mayoría del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), a un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones, por “falta de transparencia” en las condiciones. Ello ha frenado el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, una oferta del presidenciable del MAS, Luis Arce, que fue avalada por el Legislativo, pero que fue observada en su financiamiento por la Mandataria, quien había propuesto el Bono Salud de Bs 500.

Anteriormente, en agosto, Áñez había llamado a un pacto por los bonos a todos sus contrincantes electorales, cuando hubo las movilizaciones contra la suspensión de los comicios del 6 de septiembre al 18 de octubre. Pero no tuvo convocatoria. Por ello, calificó de “tibios” a Arce y Mesa, postulante de Comunidad Ciudadana (CC), y los retó a firmar un documento en el cual se comprometan a apoyar el pago de los nuevos bonos creados en la crisis sanitaria: Canasta Familiar, Familia y Universal.

Más aún, ante los resultados de las primeras encuestas con miras a las justas electorales del siguiente mes, la Presidenta puso en el punto de mira a Mesa, con quien pugnan por el segundo lugar, según los datos de esos estudios, tras una ventaja cómoda de Arce en el primer lugar, aunque con mucho camino por recorrer para poder eludir una segunda vuelta, para lo cual precisa un 40% de apoyo en las urnas y una distancia de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo. Por esto, Áñez no ha desaprovechado la oportunidad de criticar a Mesa por lo que ella llama “tibieza”.

“Han sido 10 meses durísimos, donde hemos forjado el espíritu de la nación boliviana, donde hemos ganado la guerra, donde todos han tenido que luchar para salir adelante, y vamos a seguir luchando, porque aunque ha pasado lo peor, esta batalla aún no termina”, remarcó la Mandataria en su mensaje de este sábado. “Aún tenemos que luchar contra el virus, por la reactivación económica y el empleo, y luchar contra el tirano Evo Morales”.

El siguiente en ser atacado en su discurso fue el expresidente que se encuentra con refugio político en Argentina, desde donde critica los pasos dados por su sucesora desde el 12 de noviembre, luego de su renuncia dos días antes, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sustentó la tesis del fraude en los comicios de octubre del año pasado. Para Morales, hubo un “golpe de Estado”.

Ahora, hay varios procesos impulsados por el Gobierno contra Morales, el último es sobre un supuesto caso de estupro. En su mensaje, Áñez ya dio el veredicto sobre este hecho y de nuevo izó los “valores republicanos” para subrayar que su antecesor “pagará ante la ley”, al cual incluso llamó “tipo”. “(Morales) intentará volver para tumbar a este gobierno y al siguiente, pero mientras yo esté en esta presidencia quiero garantizarles algo, solo volverá para darle explicaciones a la Justicia, por haber violado los derechos humanos, por haber hecho fraude electoral, por haber cometido abuso sexual contra mujeres bolivianas y menores de edad. Ese señor va a pagar ante la ley, humilló los valores republicanos del pueblo y va a pagar ante la ley, maltrató la libertad de los bolivianos y va a pagar ante la ley, humilló a la mujer boliviana y va a pagar ante la ley. Cada niña abusada por ese tipo es una cuenta pendiente del tirano con la ley, es una cuenta pendiente con la Presidenta de Bolivia y por eso el señor Evo Morales puede causar la admiración y respeto de los políticos tibios de Bolivia, pero a mí me causa solo profunda indignación”.

Lanzó estas declaraciones un día después que Human Rights Watch (HRW) publicó el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que acusa al gobierno de Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales, documento que afirma también que los cargos por terrorismo contra el líder del MAS, por ejemplo, parecen responder a motivaciones políticas, por lo cual pidió retirarlos. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, negó cualquier injerencia en el Órgano Judicial y más bien acusó al MAS de tenerlo cooptado.

Y la última parte del mensaje dio lugar a que la presidenta-candidata se presente como la opción electoral para los comicios próximos, porque “quiere y cree estar a la altura”, y dándole un guiño en sus palabras a la alianza que la tiene como postulante: Juntos. “Vamos a salir adelante, el camino para construir un futuro mejor está comenzando. Vienen tiempos mejores, el nuestro es el camino del bienestar y los bonos, el camino de la salud, el camino de la tranquilidad, de la democracia, de la productividad, del empleo, de la unidad de Bolivia y, en suma, el camino de las familias bolivianas. Quiero y creo estar a la altura de ese camino, de ese desafío, gracias por haberme acompañado hasta aquí. El futuro lo vamos a construir juntos y vamos a salir adelante”.

(12/09/2020)

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Comisión legislativa anuncia juicio contra el ministro Murillo y el comandante Salvatierra

Ambas autoridades no asistieron al informe ante la comisión mixta, por las masacres de Sacaba y Senkata de noviembre de 2019.

/ 21 de septiembre de 2020 / 12:46

La represión en la localidad cochabambina de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019.

La comisión especial mixta que investiga las masacres en Sacaba y Senkata revolvió este lunes iniciar un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a la Asamblea Legislativa para brindar información sobre la violencia poselectoral de noviembre del año pasado.

“Comisión Especial Mixta de la #ALP resuelve iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el comandante del Ejército, Rubén Salvatierra, por no asistir a brindar información sobre las masacres de Senkata y Sacaba”, informó la Cámara de Senadores en su cuenta de Twitter.

Ambas autoridades deben brindar informes sobre los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía de noviembre, cuando fallecieron más de una veintena de civiles, en los conflictos posteriores a los comicios del 20 de octubre.

(21/09/2020)

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Naciones Unidas reprueba violencia en campañas y pide a partidos un ‘clima seguro’

Cochabamba y Oruro fueron el sábado escenarios de violencia en medio de las campañas que se masifican de cara a las elecciones del 18 de octubre.

/ 21 de septiembre de 2020 / 11:17

El puesto del MAS en la plazuela 4 de Noviembre quedó reducida a cenizas.

Naciones Unidas reprobó este lunes la violencia suscitada en campañas electorales en Bolivia, a dos semanas de la reactivación de estos eventos con miras a los comicios del 18 de octubre, y volvió a llamar a todos los actores para que garanticen un clima seguro, de libertad y no violencia.

“En el marco del Día Internacional de la Paz, y a dos semanas del reinicio de las campañas electorales, la Misión reprueba los episodios de violencia registrados que estarían afectando los derechos de la ciudadanía y de las diversas tiendas políticas a realizar proselitismo”, escribió la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de las Naciones Unidas en Bolivia, en su cuenta de Twitter.  

Cochabamba y Oruro fueron el sábado escenarios de violencia en medio de las campañas que se masifican de cara a las elecciones. En la capital valluna, en medio de agresiones, militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron echados de una plaza y en la capital orureña militantes del MAS y de Comunidad Ciudadana (CC) intercambiaron insultos y golpes.

“De acuerdo a la información disponible, desde el 6 de septiembre se presentaron 9 eventos de violencia en las ciudades de Potosí, Sucre, La Paz, El Alto, Oruro, Cbba y Santa Cruz en contra de CC, CREEMOS, FPV y MAS. En dos de éstos habría sido agredido personal de la prensa”, remarcó la entidad.

“La Misión recupera el llamado a todos los actores para que las campañas se realicen bajo un clima seguro, de libertad y no violencia, basado en la tolerancia, el civismo y el respeto mutuo. El deseo del pueblo boliviano de celebrar elecciones pacíficas debe prevalecer”.

(21/09/2020)

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José Miguel Vivanco: ‘El gobierno de Áñez ha violado la separación de poderes’

Human Rights Watch (HRW) defiende el informe que estableció el abuso del sistema judicial por parte del gobierno transitorio para perseguir a opositores. Remarca que el debilitamiento del sistema judicial ya se dio en el anterior mandato de Evo Morales.

/ 20 de septiembre de 2020 / 18:07

El director de Human Rights Watch para América Latina, Jsoè Miguel Vivanco. Foto: La Voz de América

Human Rights Watch (HRW) se ha convertido en un dolor de cabeza para la presidencia interina de Jeanine Áñez, por sus pronunciamientos de advertencia sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, al igual que otras entidades internacionales. El último es un informe publicado el 11 de septiembre, que sentencia que el gobierno de la exsenadora abusa del sistema de justicia para perseguir a partidarios y colaboradores del expresidente Evo Morales, y al propio líder cocalero refugiado en Argentina. 

El encargado de presentar el documento fue el chileno José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de HRW. Desde su sede en Nueva York, Estados Unidos, el abogado atendió a La Razón.

En esta entrevista sustenta las conclusiones de su informe; reafirma que hay cargos infundados en procesos instaurados contra Morales y sus allegados; cataloga de “inverosímil” la explicación del ministro Arturo Murillo sobre las muertes de Sacaba y Senkata; desmitifica el discurso de Áñez de que su entidad no se pronunció sobre hechos ocurridos en el gobierno anterior. Y desestima, por ahora, la invitación de la Presidenta para que HRW vuelva a visitar el país.

—Ya se dieron pronunciamientos de HRW anteriormente sobre Bolivia, ahora se publicó un informe. Con base en todo esto, ¿cuál es el común denominador y la evaluación general de HRW sobre la situación de los derechos humanos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez?

—La situación de derechos humanos en Bolivia nos preocupa desde hace mucho. Durante sus casi 14 años en el poder, Evo Morales generó un entorno hostil para los defensores de derechos humanos, arremetió contra periodistas, acusándolos —sin pruebas— de difundir mentiras y promovió reformas judiciales que fueron una amenaza al Estado de derecho. Nosotros denunciamos públicamente esos abusos. El gobierno de la presidenta interina Áñez critica duramente a su predecesor, pero no ha tomado medidas para fortalecer la defensa de los derechos básicos de los bolivianos. Al contrario, ha adoptado políticas muy preocupantes. Por ejemplo, emitió un decreto que buscaba eximir a los militares de rendir cuentas por los abusos perpetrados durante operaciones antidisturbios, que después derogó ante las fundadas críticas de HRW y otros organismos.

El Gobierno no ha promovido una investigación adecuada de los actos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Además, en el decreto de emergencia por el COVID-19 incluyó un artículo que las autoridades podrían usar para procesar penalmente a quienes criticaran sus políticas. En respuesta a las fuertes críticas nuestras y de otros, el Gobierno también revocó ese artículo.

El Gobierno ha violado la separación de poderes. Ha amenazado públicamente con “perseguir” a jueces y fiscales, iniciado procesos penales contra dos jueces por decisiones con las que no estaba de acuerdo y presentado querellas contra los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Defensora del Pueblo. En general, ha usado el sistema de justicia como un arma contra partidarios de Morales, de la misma forma que él hizo con sus adversarios políticos.

—Al respecto, ¿cómo evalúa HRW el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el mando del actual Gobierno transitorio? Uno de los puntos más polémicos son los operativos conjuntos que dejaron más de dos decenas de fallecidos en noviembre de 2019, en Sacaba y Senkata.

—Documentamos numerosos casos de violencia ocurridos en octubre y noviembre de 2019. Por ejemplo, entrevistamos a testigos, familiares y víctimas de los dos asesinatos en Montero y del ataque contra autobuses en Vila Vila, que incluyó secuestros y torturas. En ambos casos partidarios de Evo Morales presuntamente fueron responsables de esa violencia. También entrevistamos testigos y familiares de las masacres de manifestantes afines al MAS en Sacaba y Senkata, y de una muerte en Betanzos.

Nuestra conclusión es que las investigaciones de los hechos de octubre y noviembre de 2019 son, en general, muy deficientes. Por ejemplo, hablamos con testigos de la violencia en Vila Vila que no habían sido entrevistados por la Policía o la Fiscalía en febrero, es decir, más de tres meses después del ataque. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, hay decenas de testigos, algunos de los cuales entrevistamos, que afirman que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes. Los informes elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también concluyeron que la evidencia apunta a que las fuerzas del Estado fueron responsables por las muertes. Y pese a todo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo a HRW que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata. Es una explicación inverosímil.

En febrero, los fiscales de los casos, con los que nos reunimos en Bolivia, ni siquiera tenían una lista con los nombres de los militares que participaron en los hechos de Sacaba y Senkata, el armamento usado y el plan operativo. Las autoridades militares se habían negado a informar al Ministerio Público. ¿Cómo es posible investigar un hecho sin saber quién estuvo allí y, en consecuencia, sin poder entrevistar a esas personas? En vista de los grandes problemas que afectan a las investigaciones, es fundamental que se establezca el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes acordado por el Gobierno interino y la CIDH. Su misión sería investigar de forma imparcial la violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Instamos a quien gane las elecciones en octubre a que trabaje con la CIDH para viabilizar esa iniciativa.

—Su nuevo informe es La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, que con datos apunta a una injerencia política en el sistema judicial boliviano. ¿Cuál es la raíz de esta injerencia? ¿Cómo se expresa esta injerencia política con el Gobierno interino actual?

—Tan pronto como asumió el poder en noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta Áñez dejó claro, con sus propias palabras, que iniciaría una persecución de sus rivales políticos. El ministro Murillo prometió “ir a la cacería” y “perseguir” a miembros del gobierno de Morales. Pidió al Fiscal General que realizara “una purga” en la Fiscalía y advirtió su intención de “perseguir” a los jueces y fiscales que estén “liberando a delincuentes”, un ataque manifiesto a la independencia del sistema de justicia. No se quedó en palabras, sino que el Gobierno comenzó a presentar querellas para que la Fiscalía procesara a miembros del anterior gobierno. Para febrero, el Ministerio Público había abierto más de 100 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno.

Obviamente, es perfectamente legítimo investigar a exfuncionarios si hay evidencia de que cometieron un delito. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del Gobierno de turno. Precisamente para analizar esos casos, HRW viajó a Bolivia en febrero de 2020. Entrevistamos a 90 personas en ocho ciudades, incluyendo al ministro Murillo y otros funcionarios gubernamentales, la defensora Nadia Cruz, fiscales, abogados defensores, representantes de la sociedad civil, personas que en octubre y noviembre de 2019 participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones, a favor o en contra de Morales, testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes fallecidos. También consultamos miles de páginas de informes policiales, decisiones judiciales y otros documentos en los expedientes de los casos. Esa investigación es el sustento de nuestras conclusiones.

—El documento hace énfasis en que el Gobierno interino “abusa del sistema judicial” para llevar a cabo una persecución contra colaboradores, partidarios de Morales, y hasta al mismo expresidente. ¿Cuáles son los elementos que llevan a HRW a hacer esta afirmación?

—Analizamos a fondo casos promovidos por el Gobierno interino a través de querellas, incluyendo el proceso por terrorismo contra Morales. Encontramos enormes inconsistencias e irregularidades, como procesos basados en cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Por ejemplo, la Fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de gabinete de Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que éste renunciara. La Fiscalía no tiene grabaciones o transcripciones de esas llamadas. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada, en violación de la ley boliviana. En marzo, tuvo un aborto espontáneo y perdió su bebé.

La Fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales, los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Como prueba de su participación en actividades delictivas, la Policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al Gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Cualquiera puede estar en desacuerdo con esas opiniones, pero querer castigarlas como delitos es una amenaza a la libertad de expresión de todos los bolivianos. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.

—Dando la vuelta al tema, ¿el informe de HRW verificó persecución política contra opositores en el gobierno de Morales?

—Sí. No hay duda de que el gobierno de Morales usó el sistema de justicia con fines políticos. Ahora él mismo es víctima del debilitamiento del sistema de justicia que él promovió durante su mandato. Morales dijo que la independencia judicial era una “doctrina norteamericana” y del “capitalismo”, e implementó reformas que la socavaron. Por ejemplo, la elección de los jueces de tribunales superiores y los miembros del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de nombrar y destituir a jueces; a partir de listas que confecciona la Asamblea Legislativa colocó en manos de quien controle la Asamblea el poder de llenar esas listas con personas afines a sus posiciones políticas. Y eso es precisamente lo que hizo el MAS.

En 2010, Morales refrendó una ley que dispuso que los jueces designados antes de la Constitución de 2009 serían considerados “transitorios” de manera retroactiva, aunque en ese momento tuvieran cargos permanentes y fueran jueces de carrera. Hasta hoy el 80% de los jueces son “provisionales”. El Gobierno interino dice que el MAS controla a todos esos jueces por el simple hecho de que fueron nombrados durante el mandato de Morales. No tiene razón. El riesgo de que, siendo temporales, los jueces tomen decisiones para complacer al Gobierno de turno, quien quiera que sea, y permanecer en el cargo. Del mismo modo, aproximadamente el 90% de los fiscales son “provisionales” y pueden ser despedidos sin justificaciones claras, según la Fundación Construir, una organización de la sociedad civil que trabaja en temas de justicia.

En nuestro informe documentamos algunos casos con indicios claros de persecución política durante el gobierno de Morales. Citaría como ejemplo el proceso conocido como “caso Terrorismo”, dirigido contra la oposición en Santa Cruz. Un vídeo filtrado en ese caso mostró el pago a un testigo clave y el propio fiscal de la causa huyó a Brasil y desde allí manifestó que las pruebas habían sido plantadas y que el gobierno de Morales lo había obligado a incriminar a personas inocentes. Otra cuestión igualmente aberrante fue la persecución política contra los expresidentes.

—Desde el Gobierno interino de Bolivia, políticos opinan lo mismo, se ha puesto en duda el papel de HRW en cuanto a que la entidad no habría mostrado, ni se hubiera pronunciado sobre las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el mandato de Morales, o que sus pronunciamientos e informes actuales apuntan a favorecer al anterior gobierno…

—Eso no es cierto y cualquiera puede comprobarlo fácilmente. Basta entrar en nuestra página de internet sobre Bolivia: https://www.hrw.org/es/americas/bolivia. Ahí verá, por ejemplo, un informe que denuncia la destitución arbitraria de jueces durante el gobierno de Morales, un artículo que yo publiqué en The New York Times diciendo que los argumentos jurídicos para justificar el derecho a la reelección de Morales eran un disparate, y otros documentos que critican leyes aprobadas durante su mandato que violaron los derechos humanos. Además, todos los años publicamos un capítulo sobre Bolivia en nuestro Informe Mundial de Derechos Humanos en el que denunciamos atropellos ocurridos durante el mandato de Morales. El más reciente está en https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/336399.

—¿Cuáles son las recomendaciones que hace HRW para que cambie esta situación de la injerencia política en el sistema judicial boliviano?

—Para reafirmar el Estado de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todos los bolivianos, con independencia de cuáles sean sus opiniones políticas, Bolivia debe implementar cambios profundos en su sistema de justicia, dando prioridad a las reformas que permitan que jueces y fiscales obren de manera independiente y sin temor a represalias. A corto plazo es necesario un análisis independiente y exhaustivo de las pruebas y las garantías de debido proceso en todos los casos relacionados con miembros del gobierno de Morales y sus partidarios. La Fiscalía debería retirar los cargos en casos donde las pruebas no respalden las acusaciones o los cargos sean desproporcionados en relación a la presunta conducta delictiva.

—¿Estos informes de HRW pueden derivar en investigaciones a un mayor nivel o en procesos internos e internacionales contra gobiernos o entidades?

—Nuestros informes ofrecen una visión imparcial y objetiva, basada en el derecho internacional, de una situación de derechos humanos que buscamos corregir. Siempre los elaboramos a partir de nuestra propia investigación en el terreno, mediante entrevistas con víctimas de abusos y autoridades, y a partir de un análisis minucioso de la evidencia. Su objetivo es presentar informaciones importantes para el debate público y recomendaciones para lograr una protección efectiva de los derechos humanos. Pero obviamente, no nos corresponde a nosotros realizar los cambios de política para lograr esa mayor protección. Son los propios bolivianos y bolivianas quienes tienen que decidir si quieren esas reformas, a través de sus representantes elegidos democráticamente.

—La presidenta Áñez y colaboradores han extendido una invitación a HRW para que pueda visitar el país y así incidir en los datos de su informe y también pueda hacer un diagnóstico de lo sucedido en el mandato de Morales. ¿Está dispuesta HRW? Áñez se refirió esta semana nuevamente al tema, porque, dijo, estos informes de HRW “desconocen absolutamente la realidad de lo que pasa en Bolivia”.

—Estuvimos en Bolivia para realizar esta investigación y nos reunimos con importantes miembros de su gobierno, incluido el ministro Murillo. Desde entonces hemos realizado entrevistas a distancia y seguimos de cerca los acontecimientos en el país. Estoy seguro de que viajaremos de nuevo a Bolivia cuando las condiciones de salud lo permitan, pero no porque creamos que nuestras apreciaciones no se ajustan a la realidad. Reafirmamos las conclusiones de nuestro informe. Seguiremos trabajando en la defensa de los derechos humanos en Bolivia para promover reformas que fortalezcan la protección de las libertades y derechos de los bolivianos y bolivianas, sin importar sus opiniones políticas.

Perfil

Nombre: José Miguel Vivanco

Profesión: Abogado

Cargo: Director de la División de las Américas de HRW

EXPERTO EN AMÉRICA LATINA  Trabajó como abogado de la CIDH. Fundó el Centro de Justicia y el Derecho Internacional. Fue profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins. Su cuenta de Twitter es @JMVivancoHRW

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Morales: ‘Ganamos las elecciones y al día siguiente retorno por Yacuiba a Bolivia’

El expresidente participó en un acto en Caraparí (Tarija); con tono triunfalista señaló que la última encuesta de ‘Tu voto cuenta’ indica que el candidato del MAS ganará en primera vuelta.

/ 18 de septiembre de 2020 / 14:37

Evo Morales, en la capital argentina, Buenos Aires.

En un acto de campaña en Caraparí, Tarija, el expresidente Evo Morales, refugiado político en Argentina, anunció que si el candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, gana las elecciones el 18 de octubre, al día siguiente volverá a Bolivia.

Con tono triunfalista, Morales se refirió a la última encuesta de “Tu voto cuenta”, realizada a 16.000 personas en el país, que ratificó como posible ganador a Arce, incluso eludiendo la segunda vuelta con una preferencia de 40,3%, sin tomar en cuenta votos nulos, blancos y “No saben/No responden”.

“Estoy seguro, hermanas y hermanos, que no me van a abandonar ahora, ganamos las elecciones y al día siguiente estoy entrando por Yacuiba (Tarija) a Bolivia, retornando”, señaló el exmandatario mediante un contacto vía telefónica.

“Nuevamente vamos a ganar en primera vuelta. Una encuesta de la derecha boliviana dice, aquí la tengo, Lucho con 40,3% y (Carlos) Mesa con 26,2%. Y lo más interesante, ganamos en Tarija. El año pasado, en las elecciones del 20 de octubre perdimos por poco en Tarija”.

Morales se encuentra refugiado en Argentina tras su renuncia del 10 de noviembre de 2019, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas para su dimisión, y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude electoral.

“Aprovechar esta oportunidad, unidos y organizados, organizados y movilizados, todo por nuestros recurso naturales, hay que defender las nacionalizaciones y profundizar la industrialización. Hay que acelerar la campaña, informar a los compañeros que están dudando todavía, (sobre) los datos económicos del neoliberalismo y de los 14 años que gobernamos”, añadió Morales.

(18/09/2020)

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Preocupado, el Ministerio de Salud alerta que la población baja la guardia en las medidas contra el COVID-19

Señala que la flexibilización en los municipios por la etapa del posconfinamiento ha puesto en alerta al Comité Científico que asesora al Gobierno.

/ 16 de septiembre de 2020 / 20:29

El posconfinamiento trajó consigo mayor movimiento social y económico en la ciudad de La Paz.

Por Miguel Gómez

El Ministerio de Salud emitió este miércoles un comunicado en el cual expresa su preocupación y alerta que la población está dejando de lado las medidas de prevención contra el COVID-19, por la flexibilización en la etapa del posconfinamiento que fue aprobado por el Gobierno desde el 1 de septiembre.

“En el caso de nuestro país, el Comité Científico de asesoramiento al Ministerio de Salud, manifiesta su preocupación y alerta a la opinión pública que debido a la flexibilización de las medidas de contención, la población está relajando la adopción de medidas preventivas, tales como el uso apropiado de las máscaras de protección facial (barbijos), el lavado de manos, evitar las aglomeraciones y mantenerse en sus domicilios, si no son necesarias las salidas”, señala un comunicado de la entidad gubernamentales.

(Noticia en desarrollo)

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