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Wednesday 17 Apr 2024 | Actualizado a 09:22 AM

Guillaume Long: La OEA escondió sus hallazgos sobre la auditoría en Bolivia

El analista del CEPR examina la crisis en la región para hallar una receta integracionista. Explica los hallazgos que rebaten la auditoría de la OEA que apoya la teoría del fraude en los comicios de octubre del año pasado en Bolivia. Responde a las críticas contra los estudios que desahucian el informe de la OEA.

/ 13 de septiembre de 2020 / 17:33

Guillaume Long es analista del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), una de las instituciones que ha descartado la teoría del fraude en los comicios de octubre en Bolivia, apoyada por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta entrevista con La Razón, el excanciller ecuatoriano habla sobre la integración regional, el trasfondo político que la “bloquea” y la sombra que se cierne sobre el informe electoral del organismo internacional. Long señala que, tras sus indagaciones, se descubrió que la OEA manipuló información y escondió sus hallazgos sobre las elecciones bolivianas.

—Se habla de una crisis del multilateralismo en la región. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué causas se pueden identificar?

—América Latina pasa por un momento de profundización de su rol periférico en el mundo. Esto es claramente producto de las prerrogativas de una mayoría de gobiernos actuales, que le han apostado de nuevo a la vieja receta del bilateralismo con Estados Unidos. Estos gobiernos no tienen interés en erigir un proyecto regional, ni de participar activamente de instancias multilaterales. Varios, además, buscan congraciarse con la administración Trump, que de hecho es el gobierno estadounidense con menor vocación multilateralista posiblemente en la historia de los Estados Unidos. Todo esto ahonda el debilitamiento internacional de nuestra región, que en este momento no tiene influencia alguna a nivel mundial.

— ¿La pugna entre (extrema) derecha e izquierda, conservadores y progresistas, cuánto afecta a la construcción de la integración regional?

—Siempre van a haber diferencias entre aquellos que entienden la integración como menos aranceles y quienes creen en una integración más política, planificada y estratégica. Pero creo que es importante señalar que la actual derecha se diferencia de otras derechas del pasado porque, además de querer deshacer todo lo que hizo el progresismo en estos años, carece de un proyecto regional propio. En la década de los 90 había un proyecto regional neoliberal. Hoy ni siquiera hay eso. Prosur fue una cumbre para dar la impresión de que tenían una alternativa a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) cuando en realidad, no la tienen, ni les interesa. El Mercosur ha sido abandonado, en especial por Brasil. Y así sucesivamente.

—Un ejemplo es la Unasur, una gran apuesta que ha quedado en terapia intensiva, si no con certificado de defunción. ¿Qué pasó con la Unasur, cuál era la importancia de esta apuesta más allá de otros bloques de la región?

—La Unasur es, a mi juicio, el proyecto de integración más importante que ha tenido América del Sur. En primer lugar, comprendía todo nuestro subcontinente, contrariamente a los ejes de integración anteriores que se centraban en la zona andino-pacífica o platense-atlántica. Por primera vez, con la Unasur se planteó una unidad continental. En segundo lugar, es importante entender que la Unasur fue pensada como un proyecto regional integral. Comprendía proyectos de desarrollo económico (infraestructura, banca de desarrollo, etc.), pero también integración política. En materia política, la Unasur se erigió en defensa de la democracia en diversos países suramericanos y medió en varios conflictos entre países miembros. La Unasur logró establecer una agenda de seguridad (a través de su Consejo de Defensa), dando respuestas propias al narcotráfico y procurando que nuestros militares se formen en nuestra región. La Unasur creó el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), una institución cuyo aporte hubiese sido muy importante en el contexto de la pandemia. El organismo también tenía agenda cultural, incluyendo para nuestras industrias culturales. Se empezaba a hablar del tema —crucial para nuestra región— de la soberanía digital, en un contexto de absoluto monopolio de los Estados Unidos sobre internet. La Unasur estaba empezando a actuar frente a desastres naturales, dentro y fuera de nuestra región. Es decir, integración en todas sus dimensiones. Lastimosamente, fueron quitándole apoyo mientras su institucionalidad era aún frágil. Fue la estrategia de la profecía autocumplida: le quitaron apoyo a la Unasur para debilitarla y así poder argumentar que el organismo no funcionaba, y que por lo tanto era mejor salirse, lo que finalmente hicieron varios.

—En la actual crisis y/o pugnas en los bloques de integración, México anunció la reactivación de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caibeños (Celac) fuerte, como un contrapeso. ¿Cuál es su perspectiva bajo el mando de México y el papel que puede jugar éste en medio de este tablero de ajedrez político en la región?

—La Celac, que también ha sido debilitada, es un espacio fundamental de concertación política, para que los latinoamericanos y caribeños podamos hablar de consensos y diferencias sin injerencias extrarregionales. Es también un espacio que nos permite articular relaciones de región a región: entre América Latina y el Caribe, por un lado, y bloques de países o potencias mundiales por otro. Tuve la oportunidad de estar en reuniones Celac-China, Celac-Unión Europea (UE), Celac-Rusia. Es evidente que cuando China o la UE se sienta a hablar con 33 países, presta más atención a nuestras demandas, propuestas o preocupaciones, que si cada país va solo. México, que tiene la presidencia de Celac en la actualidad, ha tratado de volver a darle relevancia a la organización. Tiene un plan de 14 puntos, con énfasis en temas de ciencia y tecnología, incluyendo un proyecto aeroespacial. Tiene un proyecto de compras en bloque para la región, para abaratar los costos de ciertas importaciones para los países miembros. Pero se necesita voluntad política de los demás países para que la Celac funcione.

—En medio de este panorama, hablemos de Bolivia; usted ha analizado el tema del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en artículos y entrevistas. ¿Por qué señala que su política exterior, su diplomacia (con el divorcio con aliados del anterior gobierno) le ha resultado provechosa?

—Pienso que Jeanine Áñez entendió desde el primer momento que carecía de legitimidad democrática y que tenía que buscar la protección de la administración Trump. Bolivia es ahora uno de tres países en el mundo que no tiene relaciones con Cuba (hasta Estados Unidos las tiene); el Gobierno reconoció a Juan Guaidó en Venezuela; le dio la espalda a la Celac y la Unasur; y se acercó mucho a Brasil, un aliado ideológico y de peso en la región. Esto le ha sido provechoso a Áñez en el sentido de que, por lo pronto, tiene aliados y protectores. Es probable que una potencial administración Biden, sin ser aliada del progresismo latinoamericano, sea menos conciliadora con la extrema derecha latinoamericana y sus recurrentes violaciones a los derechos humanos.

—Usted es parte del CEPR y ha analizado la auditoría de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. ¿Por qué sostiene que la OEA y Luis Almagro no probaron hasta ahora su “teoría del fraude? ¿Cuáles son los puntos clave para rebatir al informe de la OEA?

—Hace pocos días, la OEA publicó finalmente sus datos —los datos utilizados por el politólogo que la OEA contrató para realizar el análisis estadístico de los resultados de las elecciones. Descubrimos que el contratista cometió un error de codificación fatal que muestra que él, y la OEA, no tenían idea de la cronología del conteo de los resultados. Este es un punto crucial porque las alegaciones iniciales de la OEA, que fueron aprovechadas por la oposición boliviana, eran que hubo “un cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares”. Para que se entienda bien, lo que el contratista de la OEA hizo fue ordenar las actas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Esto significa, por ejemplo, que las marcas de tiempo, como «01:00 p.m.» iban antes que «01:01 a.m.»; lo que resulta increíble.

Hemos examinado a fondo todas las denuncias de fraude e irregularidades importantes que hizo la OEA para deslegitimar las elecciones bolivianas de 2019 y hemos respondido a cada una de ellas en un informe de 82 páginas que se publicó en marzo. Dejando el deficiente análisis estadístico de la OEA de lado, las demás afirmaciones de la OEA sobre las elecciones tampoco demuestran que un fraude afectó los resultados. Para tomar un ejemplo muy discutido, el informe final de la OEA sobre las elecciones describe la suspensión del TREP (el conteo preliminar) como una “manipulación intencional”. Lo que no menciona es que Ethical Hacking, la compañía auditora, envió una “alerta máxima” a la autoridad electoral justo antes de que se tomara la decisión de detener el TREP. Durante la interrupción, Ethical Hacking investigó el famoso servidor “no autorizado” en el que se centraba la alerta, y determinó que no se había cambiado ningún dato. Pero la OEA no menciona esto en su informe final.

Es importante entender que la pregunta que se planteó el CEPR fue si la OEA halló evidencias de una manipulación intencional de los resultados electorales, es decir, evidencias de fraude. No solo no encontramos que la OEA haya presentado esas evidencias, sino que descubrimos que la OEA había deliberadamente manipulado información y escondido sus propios hallazgos. Esto es muy grave: científicamente, éticamente, metodológicamente. Los Estados miembros de la OEA deberían elevar su voz en el Consejo Permanente para pedir una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido.

—El CEPR y otras instituciones que han rebatido el informe de la OEA han sido catalogados de mentir (lo dijo la OEA, lo dijo el Gobierno de Bolivia), de que sus informes no son serios, pero sobre todo que sus analistas responden a la línea del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (aliado de Evo Morales cuando fue presidente, por ejemplo), usted fue ministro de Correa. ¿Cuál es su respuesta?

—Es lamentable que la OEA y ciertos políticos bolivianos se dediquen a ataques ad hominem contra investigadores, en vez de transparentar su actuar y tener una discusión honesta sobre hechos concretos. Lo vimos después del artículo del The New York Times del 7 de junio que asevera que la OEA no tuvo fundamentos para afirmar que hubo un “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”. En lugar de comprometerse a realizar una investigación, Luis Almagro atacó al The New York Times, diciendo que no se podía creer a un periódico que no había informado sobre la gran hambruna de Stalin en la década de 1930 y que no había identificado a tiempo el holocausto nazi. Y por supuesto hemos visto estos ataques bastante desatinados en contra de CEPR, un prestigioso tanque de pensamiento, de los pocos en Washington que no recibe financiamiento de ningún gobierno. La OEA prefiere descalificar a los autores de los informes, y ahora a la prensa, que entrar en materia. Nosotros seguiremos trabajando sobre las elecciones bolivianas de forma técnica.

Más allá de estos ataques lamentables, existe hoy una suerte de consenso académico sobre las elecciones bolivianas de 2019. Varios estadísticos e investigadores de varias universidades estadounidenses han llegado a la misma conclusión de que la OEA no puede respaldar sus afirmaciones de que un fraude cambió los resultados de las elecciones. Y más de 130 economistas y estadísticos se pronunciaron en ese sentido. Alentamos a que todos lean el informe final de auditoría de la OEA y luego lean nuestra respuesta al informe, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Sospecho que muchos de aquellos que defienden a rajatabla el informe de la OEA, ni siquiera lo han leído.

—Sin duda, varios estudios “desportillan” la auditoría de la OEA, al menos en cuanto a las dudas que se ciernen sobre ésta. ¿Cómo queda la OEA con estas observaciones y por otras actitudes que son criticadas en el mandato de Luis Almagro, como la pugna actual con la CIDH, por ejemplo?

—Almagro ha hecho mucho daño a la credibilidad de la OEA, y no solo con respecto a las elecciones bolivianas. Guardó absoluto silencio frente a la brutal represión de las grandes protestas antineoliberales de 2019 en varios países de la región. No ha dicho nada sobre la persecución judicial en contra de los dirigentes progresistas en toda la región. Ahora se ensaña contra el secretario ejecutivo de la CIDH porque la CIDH sí se pronunció sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Si no se trata de Venezuela, Nicaragua o Cuba (que ni siquiera es miembro), Almagro guarda silencio. Un secretario general de la OEA debe buscar mediar, no polarizar, ni ser el operador político de un país en la región. Veo difícil que la OEA salga ilesa de estos años de desastrosa gestión de Almagro.

—Al final, ¿cuál puede ser la receta para avanzar efectivamente en la integración de la región?

—Se debe comenzar por pensar nuestra integración desde el paradigma de la defensa de nuestros intereses, no desde agendas impuestas desde afuera. Es evidente que después del gran retroceso de estos años, hay que reconstruir una integración, con cabida para todos, y con mucha paciencia y ahínco. Pero creo que la precondición para poder retomar este camino es un cambio de ciclo político. Afortunadamente para nuestra región, dudo que el actual ciclo en América Latina, dominado por una derecha radical y altamente ideologizada, sea sostenible por mucho tiempo.

Perfil. Guillaume Long ocupó varios cargos en el gabinete de Rafael Correa en Ecuador, entre ellos Ministro de Relaciones Exteriores; de Cultura, y de Conocimiento y Talento Humano. Se desempeñó como Representante Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene un Ph.D. en Política Internacional. Su investigación se enfoca en la política exterior de los Estados latinoamericanos, el regionalismo y la integración en América Latina. 

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Por declaración de Bullrich, Bolivia exige respeto y ve que el gobierno de Milei busca confrontación entre Estados

“En las próximas horas, convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”, anunció la Cancillería.

La ministra argentina Patricia Bullrich y la canciller boliviana, Celinda Sosa.

/ 16 de abril de 2024 / 17:35

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, desató un impasse con Bolivia por sus declaraciones sobre la presencia de iraníes. El gobierno de Luis Arce señaló que el mandato del ultraderechista Javier Milei busca la confrontación entre Estados y le exigió respeto.  

Mediante un comunicado, la Cancillería boliviana desmintió y rechazó “enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”.

El jueves, Bullrich indicó que se ha activado un máximo nivel de alerta en la frontera con Bolivia; por el vínculo de su gobierno con Irán a nivel militar. Lo hizo después del ataque iraní del fin de semana contra Israel, país del que Milei es aliado.

Lea más: Bolivia convoca al embajador de Argentina por dichos de la ministra Bullrich

“Nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país; porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán”, remarcó la ministra argentina, en entrevista con La Nación Más.

Bullrich

La respuesta boliviana no se dejó esperar este martes. “Observamos con preocupación una campaña que busca generar confrontaciones entre Estados, gobierno y pueblos latinoamericanos; provocando innecesarias fricciones entre países hermanos, que el gobierno y el Estado Plurinacional de Bolivia condena; pues va en contrasentido de lo que nos hemos trazado en la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) de consolidar a América Latina y el Caribe como zona de paz”.

Asimismo, el comunicado añada que “en las próximas horas, convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”. Y la Cancillería exige respeto, así como “Bolivia respeta y aprecia profundamente al pueblo argentino”.

Este martes, Bullrich ratificó que se mantiene la máxima alerta en la frontera con Bolivia y afirmó que hay un “memorándum que firmó Bolivia con Irán, que ha permitido la instalación de 700 iraníes, que nosotros consideramos que son miembros de la guardia Quds, que es una guardia llamada revolucionaria y es como un brazo armado también del Estado Islámico iraní”, indicó en Todo Noticias (TN).

Mientras que la Cancillería boliviana remarcó que “siguiendo los principios del derecho internacional y nuestra cultura de paz, optaremos por el diálogo para resolver este desagradable episodio”.

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Condena unánime en la OEA al asalto de la embajada mexicana; Almagro fustiga a Ecuador

El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

El Consejo Permanente de la OEA de este martes.

/ 9 de abril de 2024 / 19:11

Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenaron el asalto de la embajada de México en Ecuador; mientras que el secretario general del bloque regional, el uruguayo Luis Almagro, señaló que lo sucedido “no puede quedar como precedente”.

El Consejo Permanente realizado en Washington, Estados Unidos, fue a petición de Ecuador; sin embargo, no contó con la participación de la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld e intervino el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos.

Lea más: En la OEA, Bolivia condena ‘en los términos más enérgicos y enfáticos’ la agresión a sede de México

El pasado viernes a medianoche, la Policía de Ecuador irrumpió en la sede mexicana de Quito. La misión fue detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien había accedido al asilo político. Fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Este accionar provocó una condena regional.

Este martes, Antigua y Barbuda, Argentina, Costa Rica, Canadá, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Perú, España, El Vaticano, Panamá, Guatemala y Brasil; mediante sus embajadores, expresaron nuevamente su condena a la decisión asumida por el gobierno de Daniel Noboa.

El embajador de Bolivia, Héctor Arce, indicó que el presidente Luis Arce y la Cancillería condenaron en “los términos más enérgicos y enfáticos” lo acontecido. Y el secretario Almagro subrayó que Ecuador violó principios del derecho internacional y sentenció: “No podemos permitir que esto siente un precedente”.

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Conflicto diplomático: México y Ecuador llevan su batalla por Glas a la OEA

El Consejo de mañana será a pedido de Bolivia y Colombia

Foto: AFP

/ 9 de abril de 2024 / 06:33

El asalto policial a la embajada de México en Ecuador es parte del debate en la región. Este martes, la Organización de los Estados Americanos (OEA) será el escenario de la batalla bilateral por el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien contaba con asilo político.

El Consejo Permanente del bloque regional está previsto para las 15.00 en el salón Simón Bolívar de la sede de Washington, en Estados Unidos. La página web de la OEA indica que se analizarán las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”, a solicitud del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa.

Consulte también: Exvicepresidente de Ecuador hospitalizado tras negarse a comer en cárcel

Batalla por Glas

El viernes a medianoche, la Policía de ese país irrumpió en la sede diplomática mexicana de Quito, para detener al exvicepresidente Glas, lo que desencadenó una condena unánime en la región y por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas. Por esta razón, México rompió relaciones con Ecuador.

La reunión de la OEA contará con la presencia de los cancilleres, entre ellos la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien fundamentará la decisión asumida por su gobierno, que alegó tener conocimiento de una “inminente huida” de Glas. Además, el presidente Noboa defendió ayer su determinación y advirtió que “la justicia no se negocia”.

Eso no es todo

Para mañana se tiene previsto otro Consejo Consultivo, a las 10.00, para analizar “la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”. Esto a solicitud de las misiones permanentes de Colombia y Bolivia, según la OEA.

El domingo, la canciller boliviana Celinda Sosa adelantó que bloques regionales como la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de lo Pueblos (Alba-TCP) convocaron a reuniones de urgencia para tratar la crisis abierta tras el asalto a la embajada.

“Esta es una agenda que está dentro de los organismos multilaterales, realmente para buscar, sobre todo, la solidaridad con el pueblo mexicano y también con el exvicepresidente Jorge Glas, que se respeten sus derechos. Esperamos que realmente estas reuniones que se van a tener de los cancilleres, que podamos establecer resoluciones que puedan ser respetadas”.

El viernes será otro día clave. Ayer, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien dirige la Celac, anunció que sus colegas latinoamericanos tendrán una cumbre virtual para debatir una propuesta de “firme condena” y eventuales sanciones a Ecuador, señala AFP. 

Se revisará un planteamiento para llamar a Quito a “promover un diálogo para normalizar las relaciones con México” y, en caso contrario, «tomar posiciones políticas (contra Ecuador), ya sean éstas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento», agregó Castro.

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Lava Jato en Bolivia: La Fiscalía indaga 51 posibles ‘coimas’ por $us 4 millones

Dos tramos de una carretera y al menos 23 personas están en la mira

Alianza. El encuentro binacional de las comisiones investigadoras del caso Lava Jato, de Bolivia y de Perú, en mayo de 2018.

/ 8 de abril de 2024 / 06:55

Los tentáculos corruptos del caso Lava Jato (“lavacoches” en portugués) se extendieron de Brasil a una decena de países. En Bolivia, la pesquisa ha tomado un nuevo aire y la clave está en desenredar el pago de 51 supuestos sobornos por $us 4 millones. 

La Operación Lava Jato cumplió en marzo una década de haberse activado. Es considerado el mayor operativo contra la corrupción en la historia de Brasil. Y tuvo un protagonista: la estatal Petrobras, que armó una arquitectura corrupta que movió al menos $us 8.000 millones y se esparció a un abanico de rubros, entre ellos la construcción.

Así, surgen nombres de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez… que corrompían a funcionarios de otras naciones latinoamericanas para hacerse de licitaciones, cargando los sobornos al costo final de las obras. Era un negocio redondo para todas las partes, con cifras de al menos siete dígitos.

MILLONES

Solo como ejemplo, ante la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado más de $us 788 millones desde 2001, en una decena de naciones de América Latina. Las investigaciones provocaron terremotos políticos, con presidentes y exmandatarios, funcionarios que se sentaron en el banquillo de acusados.

Bolivia no escapó a este panorama. Odebrecht y Camargo Correa sentaron presencia y, según indagaciones, también sus maletines de dinero. Los indicios llevaron a que en 2018, la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial mixta de investigación, que pidió el inicio de un proceso penal contra los implicados.

El 14 de noviembre de ese año, se presentaban los resultados de cinco meses y medio de pesquisas. “Luego de hacer un rastreo de 179 personas, existen indicios suficientes para confirmar que el escándalo de coimas y dádivas llegó a Bolivia”, remarca el informe, elaborado tras entrevistas, viajes al extranjero y análisis de documentos.

Se apuntó a altos cargos de los gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sobre todo ocho personas. Ante sus colegas, la entonces diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión, sentenció que “estamos hablando de sobornos, de algo éticamente reprochable. Estamos hablando de coimas”.

Posteriormente, en conferencia, Rivero subrayó que se hallaron tres indicios importantes: el típico modus operandi que las constructoras implicadas aplicaron en otras partes del mundo, periplos a Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht y movimientos económicos “inusuales y sospechosos”.

Corrupción

Otro punto clave, de acuerdo con la comisión, es que se recurría a “decretos de urgencia”, promovidos por personas de confianza que cumplían interinatos cortos para pavimentar el camino del negociado. Las decisiones se tomaban al máximo nivel para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) simplemente las aplique.

Este documento fue la base para el proceso abierto por el Ministerio Público, el 7 de enero de 2019. Cinco años después, el caso ha vuelto a la palestra, cuando a mediados de marzo, el diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Mesa, fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.

Alarcón fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa, y denunció una “represalia” por haberse desempolvado la investigación que había dormido “el sueño de los justos” durante años. Similar discurso emitió el expresidente Mesa. Al respecto, surge la pregunta: Qué indaga el caso Lava Jato en Bolivia.

En exclusiva, el fiscal José Rodríguez atendió a La Razón, y aclara que el caso no estaba en la congeladora. “El proceso no fue reabierto y nunca fue suspendido. Hay que tomar en cuenta que por tratarse de un proceso de investigación complejo se solicitó a la autoridad jurisdiccional más tiempo en la etapa preparatoria”.

Rodríguez señala que las pesquisas se activaron con el informe elaborado por la Asamblea, por indicios de irregularidades en la construcción de la “carretera pavimentada tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez”, en dos tramos: Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).

Proceso

“Los hechos se habrían suscitado durante la vigencia del proceso de proyección, prospección, negociación, licitación, contratación y ejecución de estos tramos, estableciéndose los años 2002 a 2010, en los cuales mediante acuerdos presuntamente irregulares se materializó un complejo mecanismo de corrupción mayor de similares acciones, procedimientos y a una particular manera de proceder que se repitió en países hermanos circundantes a Bolivia, para lo que se involucró a una serie de personas y elementos tales como: modalidades de contraprestación, modalidades de obtención de los dineros e identificación de destinatarios de los dineros”, explica.

Explica que se presume que las firmas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, “lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado”, entre 2004 y 2007, “debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También estuvieron involucradas personas privadas, naturales como otras de existencia ideal (jurídicas)”.

Los indicios apuntan a que Camargo Correa y Odebrecht concretaron la adjudicación de los tramos carreteros en cuestión entre 2004 y 2006, a cambio de 51 presuntos sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones. “Los dineros de Odebrecht presuntamente habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S.  B., cuyo perfil económico no coincidiría con los movimientos económicos que se presume ejecutaba; mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias”.

Fiscalía

De acuerdo con Rodríguez, hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. “El Ministerio Público investiga ‘hechos’, no delitos ni personas”, sostiene. Los posibles delitos en la carpeta son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.

No hay detenidos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas es la que definirá los siguientes pasos en las pesquisas, las que se pueden extender al extranjero. “No se pueden dar detalles por el resguardo de la investigación”.

Ahora, se pretende citar a más personas para su declaración informativa, sobre todo a las ligadas con los implicados. “Es un proceso de investigación complejo por el número de sindicados”, y se solicitó seis meses más para realizarlo, indica Rodríguez. “Estamos dentro de los parámetros legales de los plazos”. Así, el caso Lava Jato todavía tiene mucha tela para cortar.

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Arce habla con López Obrador y Bolivia convoca a embajadoras por el asalto a sede mexicana en Ecuador

“Como países hermanos, nos mantenemos unidos y fortalecemos nuestra Diplomacia de los Pueblos por la Vida en beneficio de la integración y convivencia de nuestras naciones”, señaló el Presidente.

Los presidentes Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo

/ 7 de abril de 2024 / 15:46

Tras el asalto a la embajada de México en Ecuador, que provocó una unánime condena en la región, el presidente Luis Arce se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y le expresó su solidaridad. Además, Bolivia decidió convocar a embajadoras.

“Tuve una conversación telefónica con el Presidente de México… donde le expresamos nuestra solidaridad por lo sucedido en la embajada de México en Ecuador. Le informamos que hemos convocado a nuestra embajadora de Bolivia en Ecuador para este lunes”, escribió Arce en X.

Lea más: El jefe de la ONU, ‘alarmado’ ante asalto a la embajada de México en Ecuador

“Además, desde la Cancillería hemos convocado a la Embajadora de Ecuador en nuestro país para que pueda bridar información sobre lo ocurrido. Reiteramos que la defensa del carácter inviolable de las sedes diplomáticas es un tema de principios, como también de la tradición latinoamericana del asilo, en la cual México es vanguardia”, añadió.

Arce remarcó que López Obrador destacó el apoyo continuo de Bolivia a México. “En el próximo encuentro convocado por la CELAC, Bolivia también participará activamente como país colaborador. Esperamos que las reuniones convocadas por organismos multilaterales, tomen decisiones que impidan que se repitan estos acontecimientos en el futuro”.

“Como países hermanos, nos mantenemos unidos y fortalecemos nuestra Diplomacia de los Pueblos por la Vida en beneficio de la integración y convivencia de nuestras naciones”, cerró el mandatario.

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