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miércoles 12 may 2021 | Actualizado a 10:21

Guillaume Long: La OEA escondió sus hallazgos sobre la auditoría en Bolivia

El analista del CEPR examina la crisis en la región para hallar una receta integracionista. Explica los hallazgos que rebaten la auditoría de la OEA que apoya la teoría del fraude en los comicios de octubre del año pasado en Bolivia. Responde a las críticas contra los estudios que desahucian el informe de la OEA.

Guillaume Long, analista del CEPR y excanciller ecuatoriano. Foto: AFP

/ 13 de septiembre de 2020 / 17:33

Guillaume Long es analista del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), una de las instituciones que ha descartado la teoría del fraude en los comicios de octubre en Bolivia, apoyada por la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esta entrevista con La Razón, el excanciller ecuatoriano habla sobre la integración regional, el trasfondo político que la “bloquea” y la sombra que se cierne sobre el informe electoral del organismo internacional. Long señala que, tras sus indagaciones, se descubrió que la OEA manipuló información y escondió sus hallazgos sobre las elecciones bolivianas.

—Se habla de una crisis del multilateralismo en la región. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué causas se pueden identificar?

—América Latina pasa por un momento de profundización de su rol periférico en el mundo. Esto es claramente producto de las prerrogativas de una mayoría de gobiernos actuales, que le han apostado de nuevo a la vieja receta del bilateralismo con Estados Unidos. Estos gobiernos no tienen interés en erigir un proyecto regional, ni de participar activamente de instancias multilaterales. Varios, además, buscan congraciarse con la administración Trump, que de hecho es el gobierno estadounidense con menor vocación multilateralista posiblemente en la historia de los Estados Unidos. Todo esto ahonda el debilitamiento internacional de nuestra región, que en este momento no tiene influencia alguna a nivel mundial.

— ¿La pugna entre (extrema) derecha e izquierda, conservadores y progresistas, cuánto afecta a la construcción de la integración regional?

—Siempre van a haber diferencias entre aquellos que entienden la integración como menos aranceles y quienes creen en una integración más política, planificada y estratégica. Pero creo que es importante señalar que la actual derecha se diferencia de otras derechas del pasado porque, además de querer deshacer todo lo que hizo el progresismo en estos años, carece de un proyecto regional propio. En la década de los 90 había un proyecto regional neoliberal. Hoy ni siquiera hay eso. Prosur fue una cumbre para dar la impresión de que tenían una alternativa a la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) cuando en realidad, no la tienen, ni les interesa. El Mercosur ha sido abandonado, en especial por Brasil. Y así sucesivamente.

—Un ejemplo es la Unasur, una gran apuesta que ha quedado en terapia intensiva, si no con certificado de defunción. ¿Qué pasó con la Unasur, cuál era la importancia de esta apuesta más allá de otros bloques de la región?

—La Unasur es, a mi juicio, el proyecto de integración más importante que ha tenido América del Sur. En primer lugar, comprendía todo nuestro subcontinente, contrariamente a los ejes de integración anteriores que se centraban en la zona andino-pacífica o platense-atlántica. Por primera vez, con la Unasur se planteó una unidad continental. En segundo lugar, es importante entender que la Unasur fue pensada como un proyecto regional integral. Comprendía proyectos de desarrollo económico (infraestructura, banca de desarrollo, etc.), pero también integración política. En materia política, la Unasur se erigió en defensa de la democracia en diversos países suramericanos y medió en varios conflictos entre países miembros. La Unasur logró establecer una agenda de seguridad (a través de su Consejo de Defensa), dando respuestas propias al narcotráfico y procurando que nuestros militares se formen en nuestra región. La Unasur creó el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), una institución cuyo aporte hubiese sido muy importante en el contexto de la pandemia. El organismo también tenía agenda cultural, incluyendo para nuestras industrias culturales. Se empezaba a hablar del tema —crucial para nuestra región— de la soberanía digital, en un contexto de absoluto monopolio de los Estados Unidos sobre internet. La Unasur estaba empezando a actuar frente a desastres naturales, dentro y fuera de nuestra región. Es decir, integración en todas sus dimensiones. Lastimosamente, fueron quitándole apoyo mientras su institucionalidad era aún frágil. Fue la estrategia de la profecía autocumplida: le quitaron apoyo a la Unasur para debilitarla y así poder argumentar que el organismo no funcionaba, y que por lo tanto era mejor salirse, lo que finalmente hicieron varios.

—En la actual crisis y/o pugnas en los bloques de integración, México anunció la reactivación de una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caibeños (Celac) fuerte, como un contrapeso. ¿Cuál es su perspectiva bajo el mando de México y el papel que puede jugar éste en medio de este tablero de ajedrez político en la región?

—La Celac, que también ha sido debilitada, es un espacio fundamental de concertación política, para que los latinoamericanos y caribeños podamos hablar de consensos y diferencias sin injerencias extrarregionales. Es también un espacio que nos permite articular relaciones de región a región: entre América Latina y el Caribe, por un lado, y bloques de países o potencias mundiales por otro. Tuve la oportunidad de estar en reuniones Celac-China, Celac-Unión Europea (UE), Celac-Rusia. Es evidente que cuando China o la UE se sienta a hablar con 33 países, presta más atención a nuestras demandas, propuestas o preocupaciones, que si cada país va solo. México, que tiene la presidencia de Celac en la actualidad, ha tratado de volver a darle relevancia a la organización. Tiene un plan de 14 puntos, con énfasis en temas de ciencia y tecnología, incluyendo un proyecto aeroespacial. Tiene un proyecto de compras en bloque para la región, para abaratar los costos de ciertas importaciones para los países miembros. Pero se necesita voluntad política de los demás países para que la Celac funcione.

—En medio de este panorama, hablemos de Bolivia; usted ha analizado el tema del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, en artículos y entrevistas. ¿Por qué señala que su política exterior, su diplomacia (con el divorcio con aliados del anterior gobierno) le ha resultado provechosa?

—Pienso que Jeanine Áñez entendió desde el primer momento que carecía de legitimidad democrática y que tenía que buscar la protección de la administración Trump. Bolivia es ahora uno de tres países en el mundo que no tiene relaciones con Cuba (hasta Estados Unidos las tiene); el Gobierno reconoció a Juan Guaidó en Venezuela; le dio la espalda a la Celac y la Unasur; y se acercó mucho a Brasil, un aliado ideológico y de peso en la región. Esto le ha sido provechoso a Áñez en el sentido de que, por lo pronto, tiene aliados y protectores. Es probable que una potencial administración Biden, sin ser aliada del progresismo latinoamericano, sea menos conciliadora con la extrema derecha latinoamericana y sus recurrentes violaciones a los derechos humanos.

—Usted es parte del CEPR y ha analizado la auditoría de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. ¿Por qué sostiene que la OEA y Luis Almagro no probaron hasta ahora su “teoría del fraude? ¿Cuáles son los puntos clave para rebatir al informe de la OEA?

—Hace pocos días, la OEA publicó finalmente sus datos —los datos utilizados por el politólogo que la OEA contrató para realizar el análisis estadístico de los resultados de las elecciones. Descubrimos que el contratista cometió un error de codificación fatal que muestra que él, y la OEA, no tenían idea de la cronología del conteo de los resultados. Este es un punto crucial porque las alegaciones iniciales de la OEA, que fueron aprovechadas por la oposición boliviana, eran que hubo “un cambio drástico y difícil de explicar en la tendencia de los resultados preliminares”. Para que se entienda bien, lo que el contratista de la OEA hizo fue ordenar las actas alfanuméricamente, en lugar de cronológicamente. Esto significa, por ejemplo, que las marcas de tiempo, como «01:00 p.m.» iban antes que «01:01 a.m.»; lo que resulta increíble.

Hemos examinado a fondo todas las denuncias de fraude e irregularidades importantes que hizo la OEA para deslegitimar las elecciones bolivianas de 2019 y hemos respondido a cada una de ellas en un informe de 82 páginas que se publicó en marzo. Dejando el deficiente análisis estadístico de la OEA de lado, las demás afirmaciones de la OEA sobre las elecciones tampoco demuestran que un fraude afectó los resultados. Para tomar un ejemplo muy discutido, el informe final de la OEA sobre las elecciones describe la suspensión del TREP (el conteo preliminar) como una “manipulación intencional”. Lo que no menciona es que Ethical Hacking, la compañía auditora, envió una “alerta máxima” a la autoridad electoral justo antes de que se tomara la decisión de detener el TREP. Durante la interrupción, Ethical Hacking investigó el famoso servidor “no autorizado” en el que se centraba la alerta, y determinó que no se había cambiado ningún dato. Pero la OEA no menciona esto en su informe final.

Es importante entender que la pregunta que se planteó el CEPR fue si la OEA halló evidencias de una manipulación intencional de los resultados electorales, es decir, evidencias de fraude. No solo no encontramos que la OEA haya presentado esas evidencias, sino que descubrimos que la OEA había deliberadamente manipulado información y escondido sus propios hallazgos. Esto es muy grave: científicamente, éticamente, metodológicamente. Los Estados miembros de la OEA deberían elevar su voz en el Consejo Permanente para pedir una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido.

—El CEPR y otras instituciones que han rebatido el informe de la OEA han sido catalogados de mentir (lo dijo la OEA, lo dijo el Gobierno de Bolivia), de que sus informes no son serios, pero sobre todo que sus analistas responden a la línea del expresidente ecuatoriano Rafael Correa (aliado de Evo Morales cuando fue presidente, por ejemplo), usted fue ministro de Correa. ¿Cuál es su respuesta?

—Es lamentable que la OEA y ciertos políticos bolivianos se dediquen a ataques ad hominem contra investigadores, en vez de transparentar su actuar y tener una discusión honesta sobre hechos concretos. Lo vimos después del artículo del The New York Times del 7 de junio que asevera que la OEA no tuvo fundamentos para afirmar que hubo un “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”. En lugar de comprometerse a realizar una investigación, Luis Almagro atacó al The New York Times, diciendo que no se podía creer a un periódico que no había informado sobre la gran hambruna de Stalin en la década de 1930 y que no había identificado a tiempo el holocausto nazi. Y por supuesto hemos visto estos ataques bastante desatinados en contra de CEPR, un prestigioso tanque de pensamiento, de los pocos en Washington que no recibe financiamiento de ningún gobierno. La OEA prefiere descalificar a los autores de los informes, y ahora a la prensa, que entrar en materia. Nosotros seguiremos trabajando sobre las elecciones bolivianas de forma técnica.

Más allá de estos ataques lamentables, existe hoy una suerte de consenso académico sobre las elecciones bolivianas de 2019. Varios estadísticos e investigadores de varias universidades estadounidenses han llegado a la misma conclusión de que la OEA no puede respaldar sus afirmaciones de que un fraude cambió los resultados de las elecciones. Y más de 130 economistas y estadísticos se pronunciaron en ese sentido. Alentamos a que todos lean el informe final de auditoría de la OEA y luego lean nuestra respuesta al informe, y que cada cual saque sus propias conclusiones. Sospecho que muchos de aquellos que defienden a rajatabla el informe de la OEA, ni siquiera lo han leído.

—Sin duda, varios estudios “desportillan” la auditoría de la OEA, al menos en cuanto a las dudas que se ciernen sobre ésta. ¿Cómo queda la OEA con estas observaciones y por otras actitudes que son criticadas en el mandato de Luis Almagro, como la pugna actual con la CIDH, por ejemplo?

—Almagro ha hecho mucho daño a la credibilidad de la OEA, y no solo con respecto a las elecciones bolivianas. Guardó absoluto silencio frente a la brutal represión de las grandes protestas antineoliberales de 2019 en varios países de la región. No ha dicho nada sobre la persecución judicial en contra de los dirigentes progresistas en toda la región. Ahora se ensaña contra el secretario ejecutivo de la CIDH porque la CIDH sí se pronunció sobre las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Si no se trata de Venezuela, Nicaragua o Cuba (que ni siquiera es miembro), Almagro guarda silencio. Un secretario general de la OEA debe buscar mediar, no polarizar, ni ser el operador político de un país en la región. Veo difícil que la OEA salga ilesa de estos años de desastrosa gestión de Almagro.

—Al final, ¿cuál puede ser la receta para avanzar efectivamente en la integración de la región?

—Se debe comenzar por pensar nuestra integración desde el paradigma de la defensa de nuestros intereses, no desde agendas impuestas desde afuera. Es evidente que después del gran retroceso de estos años, hay que reconstruir una integración, con cabida para todos, y con mucha paciencia y ahínco. Pero creo que la precondición para poder retomar este camino es un cambio de ciclo político. Afortunadamente para nuestra región, dudo que el actual ciclo en América Latina, dominado por una derecha radical y altamente ideologizada, sea sostenible por mucho tiempo.

Perfil. Guillaume Long ocupó varios cargos en el gabinete de Rafael Correa en Ecuador, entre ellos Ministro de Relaciones Exteriores; de Cultura, y de Conocimiento y Talento Humano. Se desempeñó como Representante Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene un Ph.D. en Política Internacional. Su investigación se enfoca en la política exterior de los Estados latinoamericanos, el regionalismo y la integración en América Latina. 

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Los contagios se desbordan, la vacunación se acelera y el Gobierno activa coordinación

El Ministerio de Salud reportó el martes más de dos millares de casos, mientras las personas vacunadas en el país sobrepasaron el millón. También Salud comenzó a reunirse con las nuevas autoridades subnacionales para la contención de la pandemia.

/ 12 de mayo de 2021 / 08:19

Los contagios de coronavirus se dispararon el martes, con 2.369 nuevos casos en el país, en medio de la aceleración de la vacunación y la activación de la coordinación entre el Gobierno y nuevas administraciones subnacionales para hacer frente a la pandemia.

La tercera ola comienza a subir más el número de infectados. El Ministerio de Salud reportó el martes 2.369 nuevos infectados, con los cuales el total nacional ascendió a 322.578, mientras que otro dato preocupante es la cifra de fallecidos, que llegó al medio centenar.

De los nuevos casos, 848 son de Santa Cruz; 727 de Cochabamba; 183 de Tarija; 177 de La Paz; 166 de Oruro; 115 de Chuquisaca; 102 de Beni; 29 de Potosí y 22 de Pando. Además, el número de recuperados alcanzó a 265.017. Aparte, el total de decesos subió a 13.308.

Estos guarismos se dan en medio de la coordinación activada por el Ministerio de Salud con las nuevas autoridades departamentales elegidas en los comicios del 7 de marzo y el 11 de abril. El martes se realizaron reuniones con representantes de La Paz y Santa Cruz.

Asimismo, el programa de vacunación masiva mejora sus números. Hasta el martes el guarismo nacional sobrepasó el millón: son 748.839 personas beneficiadas con las primeras dosis y 273.580 con las segundas dosis de las vacunas Sputnik V, Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca.

El Gobierno continúa con las negociaciones para la llegada de más vacunas. El martes arribaron 334.400 dosis de la china Sinopharm, de otros tres envíos que completarán el millón de dosis hasta el domingo, al igual que 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

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Bolivia no baja del millar de contagios diarios y roza el millón de vacunados

El domingo se registraron 1.063 nuevos casos de COVID-19, con La Paz como departamento más afectado, con 293; también hubo 23 fallecimientos por la enfermedad. La cifra de inmunizados alcanzó a 998.818, con la primera y la segunda dosis.

/ 10 de mayo de 2021 / 03:46

Con la llegada de la tercera ola del coronavirus y en pleno proceso de vacunación masiva, Bolivia reportó el domingo nuevamente más de un millar de nuevos contagios, con los cuales el total nacional llegó a 318.610, mientras que el acumulado de la población inmunizada contra esta enfermedad ya roza el millar, según datos del Ministerio de Salud.

El reporte diario de infectados del domingo es de 1.063, con La Paz como departamento con más nuevos casos, 293, seguido por Santa Cruz, con 275; Cochabamba, con 202; Chuquisaca, con 105; Oruro, con 108; Potosí, con 28; Beni, con 27; Tarija, con 23; y cierra Pando con dos nuevos contagios. Los pacientes recuperados ascienden a 261.552.

En cuanto a los fallecidos por COVID-19, el domingo se registró 23 nuevos decesos: 4 en La Paz, 4 en Santa Cruz, 3 en Beni, 3 en Cochabamba, 3 en Chuquisaca, 3 en Tarija y 3 en Oruro, con los cuales el total nacional llegó a 13.228. Asimismo, hay 43.830 pacientes activos, 939 personas sospechosas de portar la enfermedad y 926.798 casos descartados.

El Ministerio de Salud informó que la cifra de vacunados con las Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca y Pfizer ascendieron a 998.818 el domingo: 734.162 con la primera dosis y 264.656 con la segunda.

Sobre la primera cifra, lidera La Paz con 182.631, seguido por Santa Cruz (169.318), Cochabamba (132.634), Chuquisaca (55.661), Beni (48.160), Oruro (39.360), Potosí (38.358), Tarija (37.919) y Pando, con 30.121.

En cuanto a la inmunización con la segunda dosis, la tabla es liderada por Santa Cruz, con 70.531, seguido por La Paz, con 58.971; Cochabamba, con 54.270; Chuquisaca, con 18.405; Potosí, con 16.579; Tarija, con 14.957; Oruro, con 14.856; Beni, con 12.857 y Pando, con 3.230.

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Arias propone y fraternidades analizan tres opciones para la entrada del Gran Poder

Una modalidad sobre la mesa es la virtual y las otras dos implican un recorrido del Puente Topáter a la Max Paredes, o el empleo del Parque Urbano Central o el estadio Hernando Siles. Las fraternidades definirán la siguiente semana y tampoco hay una fecha definida.

/ 8 de mayo de 2021 / 01:27

¿Entrada del Gran Poder en medio de la pandemia? La determinación con más respaldo era que la festividad patrimonial sea suspendida por segundo año consecutivo en cuanto a actividades presenciales, pero con el nuevo alcalde de La Paz, Iván Arias, ahora se abren las puertas a que ello cambie; tres opciones están sobre la mesa de las fraternidades.

La noticia fue anunciada por René Lima, presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder, después de una reunión con el burgomaestre, señaló la red Unitel. “El alcalde nos ofreció el estadio y el Parque Urbano Central (PUC), en lo cerrado, ahí no entra nadie, simplemente los bailarines”. La definición será la siguiente semana.

Lima dijo que las tres modalidades serán analizadas por los miembros de la asociación, pero algo es seguro, este año habrá entrada. Una opción es recurrir a lo virtual, y las otras dos son las siguientes: uno, que el recorrido de la entrada sea del Puente Topáter a la Max Paredes, y dos, que se use el PUC o el estadio Hernando Siles para el evento folklórico.

También se discutirá la fecha en que puede realizarse esta actividad en honor al Señor del Gran Poder, que generalmente es a fines de mayo o comienzos de junio. Asimismo, el dirigente reveló que se solicitará al Ministerio de Salud la entrega de 5.000 pruebas antígeno nasales y otras 5.000 vacunas para garantizar las medidas de bioseguridad.

Tal como admitió el Gobierno y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, la región ingresó a una tercera ola de contagios del coronavirus, por el incremento de los nuevos casos diarios, algo que igualmente acontece en los otros departamentos del eje central del país, léase Cochabamba y Santa Cruz, en medio de la vacunación masiva.  

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The Intercept: El DOJ de EEUU amenazó a analistas del MIT que objetaron informe de la OEA sobre ‘fraude’ en Bolivia

La revista accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021, en los que una abogada litigante del Departamento de Justicia hostigó y amenazó con una citación a Jack R. Williams y John Curiel, que afirmaron que no hubo “fraude” en los comicios bolivianos de 2019.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio Quemado, tras proclamarse presidenta. Foto: Álvaro Valero

/ 6 de mayo de 2021 / 16:04

Una publicación de la revista electrónica The Intercept revela que Jack R. Williams y John Curiel, especialistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), fueron amenazados por una abogada del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos por su estudio que objetó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre un “fraude” en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia.

Las pruebas del hostigamiento son correos electrónicos obtenidos por este medio dirigido por el reconocido periodista estadounidense Glenn Greenwald y que saltó a la fama por sus revelaciones sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Edward Snowden, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia, como fuente.

«COMPLICIDAD» DE TRUMP

“Los correos electrónicos a los analistas muestran la complicidad de la administración de Donald Trump” con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia, señala la presentación de la publicación. Este material muestra “la existencia de la investigación del Departamento de Justicia y agrega evidencia para respaldar las acusaciones de Bolivia de que Estados Unidos estuvo implicado en su golpe de 2019”, complementa.

The Intercept indica que se instaló un “régimen golpista” entre el 12 de noviembre de 2019 —cuando renunció Evo Morales y Áñez se proclamó presidenta después de recibir la banda presidencial de manos de los militares— y el 8 de noviembre de 2020, cuando Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asumió la presidencia tras ganar en las elecciones del 18 de octubre de ese año, con un respaldo del 55,10% de la votación.

El actual gobierno y el MAS sostienen que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Morales, quien resultó asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Anunció su dimisión el 10 de noviembre de ese año, después de la estocada dada por un polémico informe previo de la OEA, que alimentó el discurso de sus opositores sobre un “fraude” en los comicios presidenciales del 20 de octubre.

Entonces, los resultados electorales habían dado la victoria al jefe del MAS, sin la necesidad de una segunda vuelta con su principal contrincante, el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), quien fue el primero en arengar un “gigantesco fraude”. Las banderas del supuesto “fraude” provocaron que Morales deje el país el 11 de noviembre de 2019; se asiló primero en México y luego obtuvo refugio en Argentina.

Al respecto, The Intercept publica que “el régimen golpista de corta duración llegó al poder siguiendo un guión claro: en las semanas previas a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre de 2019, la oposición bombeó propaganda interminable a través de las redes sociales y las redes de televisión, advirtiendo que el actual presidente Evo Morales haría explotar un fraude generalizado para ganar la reelección”.

El MAS afirma que la contundente victoria de Arce de 2020 demuestra que no hubo irregularidades en el proceso electoral de un año antes. Inclusive se activó un proceso de investigación bautizado como “golpe de Estado”, que derivó en la detención de Áñez y dos de sus exministros, quienes fueron encarcelados por seis meses mientras duran las pesquisas de la Fiscalía, en los penales de Miraflores y San Pedro, respectivamente.

El informe preliminar y la posterior “auditoría” de la OEA han sido objeto de críticas por parte de organizaciones y especialistas internacionales. Países como México o Argentina han puesto en duda la idoneidad del uruguayo Luis Almagro para dirigir la entidad. Y el gobierno de Arce eligió recién al exministro Héctor Arce como embajador ante la OEA, con la misión específica de que haga rendir cuentas a Almagro sobre su “injerencia” de 2019.

DOS ANALISTAS HOSTIGADOS

Precisamente Williams y Curiel fueron dos de las voces que objetaron el documento de la OEA sobre los comicios bolivianos. En febrero del año pasado, mediante un análisis estadístico publicado en The Washington Post, ambos especialistas, comisionados por el Centro de Investigación Económica y Política, indicaron que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar”. Un estudio que sacó ronchas en Bolivia.

El gobierno de Áñez se estrelló contra los especialistas del Laboratorio de Ciencias y Datos Electoral del MIT, al igual que la OEA, que reafirmó que hubo una “manipulación dolosa” en las elecciones de marras y que se notó una parcialización del tribunal electoral; eso sí, no mencionó la palabra “fraude” en las casi 100 páginas de su informe. The Intercept asegura que el análisis trajo consecuencias tanto a Williams como Curiel.

La revista devela que tres días antes de los comicios presidenciales de 2020 en Bolivia, “los investigadores recibieron la primera de las solicitudes del Departamento de Justicia (de Estados Unidos). La abogada litigante Angela George se identificó como abogada de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) del Departamento de Justicia y dijo que había ‘recibido una solicitud formal de Paraguay’ de asistencia en una investigación criminal”.

Ese correo electrónico provocó que Curiel le aclarara que “se había equivocado de investigador, ya que él no había trabajado en ningún estudio electoral paraguayo”. George admitió posteriormente su error, y le indicó que se refería a Bolivia. Eso sí, afirma The Intercept, la abogada estadounidense “nunca proporcionó detalles sobre la naturaleza de la investigación criminal, cuya existencia no se había informado previamente”.  

“Tenemos algunas preguntas sobre el informe de datos y le agradeceríamos que nos hiciera saber cuándo estará disponible para hablar con nosotros por teléfono antes del 6 de noviembre de 2020”, escribió George a los analistas, continúa la revista electrónica, que accedió a correos electrónicos de entre octubre de 2020 y enero de 2021. Sin embargo, posteriormente vino un hostigamiento que recurrió a un tono amenazador.

Ello sucedió cuando Williams explicó a George que su indagación se basó en datos públicos, disponibles. La respuesta provocó que George amenace con “entregarle una citación a usted y al laboratorio”, aunque luego bajó sus decibeles, aclarando que no era necesaria una entrevista. “Simplemente estoy tratando de averiguar” si el artículo publicado en el diario estadounidense “incluye su investigación y es una copia auténtica” e “incluye la investigación exhaustiva que usted y el señor Curiel condujeron”.

The Intercept trató de hablar con el portavoz del DOJ, Joshua Stueve, quien evitó hacer comentarios. Pero una “fuente familiarizada con la investigación” afirmó que lo sucedido “asustó a los investigadores electorales en la comunidad académica y puede haber tenido un efecto paralizador en la investigación posterior”; además que la “amenaza de citación fue una medida extraordinaria”, porque el DOJ “tiene protocolos estrictos para proteger la libertad de prensa y evitar la intimidación del gobierno” de Estados Unidos.

FUERA DEL PROTOCOLO

Paralelamente, un exabogado litigante del DOJ indicó a The Intercept que los correos son inusuales en estos casos. “Generalmente, la OIA reclutaría al FBI u otra agencia de investigación para ejecutar una solicitud de MLA entrante, como una entrevista voluntaria con un testigo o una investigación como esta. Es inusual que un abogado de la OIA lo maneje”. Añadió que la interacción con medios requiere un aval de los jefes del DOJ.

“Hay todo un conjunto de protocolos onerosos para los abogados litigantes que buscan información de una organización de medios, y la decisión de seguir adelante se tomaría en altos niveles del Departamento de Justicia. Esta solicitud en particular no es su investigación criminal corriente, por lo que puede estar bastante seguro de que recibió una exposición de muy alto nivel”, declaró la fuente que pidió mantenerse en reserva.

La publicación de la revista electrónica señala que dos días antes de los comicios del 18 de octubre de 2020, “el ecosistema mediático de la derecha estaba una vez más plagado de afirmaciones de que la votación sería manipulada, pero el esfuerzo fracasó la segunda vez, ya que el MAS ganó de manera aplastante. Morales, entonces todavía en el exilio (en Argentina), no se postuló, pero su protegido Luis Arce ganó el 55% de los votos”.

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Exdirectores de Entel aclaran que no participaron en el proceso de contratación de empresa ‘fantasma’

Sobre el caso de un supuesto desvío de $us 390.000, señalan que los miembros del Directorio, según la normativa, deben conocer los procesos por un monto igual o superior a $us 2 millones, y aprobar los procesos por un monto igual o superior a $us 5 millones.

/ 6 de mayo de 2021 / 12:17

Mediante un comunicado, exintegrantes del Director de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA) aclararon que desconocían el proceso de contratación de una empresa “fantasma” en Perú, lo que es investigado por la Fiscalía por el supuesto desvío de $us 390.000 y que llevó a la detención del exgerente general Eddy Luis Franco.

“Los exdirectores (de la estatal telefónica) NO fuimos informados ni participamos de los procesos de contratación que se mencionan en la denuncia de contratación de una empresa de mantenimiento, donde se desviaron a cuentas particulares la cantidad de $us 390.000 (dólares americanos)”, señala el documento al que accedió La Razón.

Y aclaran en el comunicado que “la normativa de adquisiciones específica que deben ser de conocimiento del Directorio los procesos de contratación cuyo monto sea igual o superior a los $us 2 millones y deben ser aprobados por el Directorio los procesos de contratación cuyo monto sea igual o superior a los $us 5 millones”.

El miércoles, Franco, exgerente de la empresa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y durante la gestión de Iván Arias como ministro de Obras Públicas, fue detenido a la espera de su audiencia cautelar. La Fiscalía adelantó que pedirá su detención preventiva en la cárcel por seis meses, acusado de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica.

El 21 de abril, Carola Gabriela V. F., exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, fue la primera persona en ser detenida por la transferencia de recursos a una “empresa fantasma”, representada por César Antonio G. P., para que supuestamente asuma la revisión de la instalación de la red de fibra óptica de  Bolivia en los nodos en Perú.

“El Directorio y la Síndico cumplieron permanentemente su rol fiscalizador, a través de la solicitud de auditorías específicas, además de las que corresponde por norma realizar periódicamente”, continúa el comunicado de los exdirectores, quienes se brindan a aportar con toda la información y su conocimiento para aclarar esta denuncia.

Asimismo, destacan su apego a la lucha contra cualquier irregularidad que atente contra la economía de Entel. “El Directorio actuó de manera diligente y expedita al desvincular al Sr. Elio Montes, a solo siete días de haber posesionado al Directorio, debido a indicios de malos manejos, los cuales se evidenciaron” con auditorías solicitadas para tal fin.

El caso de Montes fue descubierto en febrero del año pasado, por lo cual fue retirado y luego acusado de conducta antieconómica, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y contribuciones, y ventajas ilegítimas al facilitar el pago ilegal de finiquitos por un total de Bs 800.000 a personal que contrató y que trabajó por corto tiempo. Está prófugo.

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