Víctimas de Senkata denuncian informes falsos, abusos y falta de resarcimiento
Entre los testimonios también están los de los heridos que denunciaron vulneración de sus derechos de parte de policías y militares que los golpearon y también de los médicos.
A 10 meses de la masacre de Senkata, las víctimas develaron múltiples abusos que sufrieron durante los conflictos de noviembre de 2019; entre ellos resaltan informes forenses falsificados, la falta de atención a los heridos e incumplimiento de indemnizaciones por parte del Gobierno, entre otros.
Ayer, representantes de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa acudieron a la iglesia 25 de Julio de Senkata donde se instaló una audiencia con el fin de recopilar los testimonios de familiares de los muertos, heridos y detenidos durante los hechos de violencia suscitados el 19 de noviembre de 2019.
La visita de la comisión legislativa se realizó en el marco de la investigación de los sucesos acontecidos entre octubre y noviembre, cuando el país vivía un conflicto que derivó en muertos luego de operativos militares y policiales en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba).
Entre llanto, las víctimas reabrieron las heridas de la masacre con revelaciones como la de Gloria Quispe, cuyo hermano, Antonio (de 21 años), murió por un impacto de un proyectil en la cabeza. Ella denunció el cambio de la dimensión de la bala que acabó con la vida de su hermano.
“El miércoles 20 de noviembre le hicieron la autopsia a mi hermano y quiero denunciar porque cambiaron la bala con una pequeña, del tamaño de una arveja. El forense lo ha tapado con su cabeza cuando le sacaron la bala y nos ha mostrado una pequeña cuando en realidad era una bala grande”, relató Gloria.
El relato de cada uno de los familiares da cuenta de que los fallecidos y heridos no participaron en los conflictos, en su mayoría eran personas que acudían a sus fuentes laborales, a estudiar o salieron de compras.
“Mi esposo y yo vivíamos de la costura. Él, ese día, 19 de noviembre, fue a comprar cierres. Ya era tarde y llamé a su celular y solo los paramédicos me contestaron y me dijeron que estaba herido en la cabeza. Mi esposo no era terrorista como lo han tildado, él trabaja honradamente y lo han matado”, expresó Alison Ramírez, esposa de Calixto Huanaco.
Entre los testimonios también están los de los heridos que denunciaron vulneración de sus derechos de parte de policías y militares que los golpearon y también de los médicos que al momento de ser atendidos los tildaban de “masistas”.
“Yo he salido a buscarle a mi mamá y al ver lo que pasaba nos estábamos yendo, cuando de pronto me llegó un proyectil en la cabeza; me han llevado a un centro médico, no me han atendido bien, los médicos me han dicho ‘seguro eres masista, por 50 pesos te haces hacer esto’”, relató Franklin Quisbert.
El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, denunció que hasta el momento el Gobierno incumplió los compromisos para asistir a las víctimas a pesar de que por decreto se dispuso la ayuda social humanitaria con atención médica para los heridos, el pago único de una indemnización para los familiares de los fallecidos, además de becas de estudio, fuentes laborales y subsidios alimentarios.
“En este momento necesitamos la atención médica para 10 personas con suma urgencia, porque son compañeros que aún tienen la bala introducida en su cuerpo y otros han quedado con lesiones graves, necesitan cirugías, fisioterapias”, detalló Inca.
El presidente de la comisión mixta, Víctor Borda, condenó la impunidad en este caso porque a la fecha no hay responsables de los hechos de noviembre; asimismo observó desatención del Gobierno a las víctimas cuya situación empeoró con la pandemia del coronavirus.
“En vano se ha promulgado un decreto supremo para la indemnización. Hay heridos que tienen alojadas las balas en su cuerpo y no les dan atención médica, eso es grave, entonces hay que tomar en cuenta esto”, dijo.
Acotó que la siguiente semana, la comisión convocará a la ministra de Salud, Eidy Roca para considerar la atención de los heridos, y al fiscal general del Estado, Juan ipa, y a otros magistrados para que informen sobre la situación legal de los detenidos que, si bien tienen arresto domiciliario, no pueden salir a trabajar.
El 14 de septiembre debían declarar ante la comisión el comandante general de la Policía, Rodolfo Montero; los ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López, y de Justicia, Álvaro Coímbra, y la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Solo Murillo presentó un justificativo para no asistir, por lo que se determinó iniciar un proceso penal a Montero por incumplimiento de deberes.
Testimonios
Félix Calle
Herido en los conflictos; tiene una bala en la pierna izquierda
‘Ese día yo he ido a comprar chuño y he sentido una bala en mi pierna. Me han llevado al hospital Holandés pero me han dicho que no podían operarme porque había riesgo. La bala está aún en mi cuerpo’.
Alison Ramírez
Esposa de Calixto Huanaco, fallecido en los conflictos de Senkata
‘Mi esposo y yo nos dedicábamos a la costura. Él no ha participado en los enfrentamientos, ha salido ese 19 de noviembre para comprar cierres porque debíamos entregar un trabajo’.
Nelitza de Santander
Esposa de Clemente Santander, fallecido con una herida de bala
‘Me han avisado que mi esposo estaba herido fui a la posta y me han dicho que iba a llegar en una hora y estaba muerto. Pido justicia por mi hijo que no ha conocido a su padre’.
David Inca
Representante de Derechos Humanos de El Alto
‘Lamentablemente, el Gobierno no ha cumplido con los compromisos para las víctimas; hay 10 personas que necesitan atención médica urgente, necesitan recursos económicos para su sustento’.
Víctor Borda
Presidente de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa
‘En vano se ha promulgado un decreto supremo para la indemnización. Hay heridos que tienen alojadas las balas en su cuerpo y no les dan atención médica, eso es grave’.
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