Nacional

miércoles 28 jul 2021 | Actualizado a 05:40

La Defensoría concluye que en Sacaba y Senkata hubo masacre y delitos de lesa humanidad

En su informe sobre sucesos de octubre a diciembre de 2019, la oficina defensorial advierte del riesgo de la vigencia del Estado Plurinacional y de que no hubo ni existe pacificación del país.

Familiares velan a los muertso de Sacaba en tumbas improvisadas, el 16 de noviembre de 2019. Foto: La Razón-archivo

/ 17 de septiembre de 2020 / 10:15

En un informe, la Defensoría del Pueblo concluye que en la represión policial-militar en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno cometió delitos de lesa humanidad. Además, advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.

Esas valoraciones están contenidas en el informe defensorial titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, que abarca sucesos posteriores a las elecciones generales frustradas de 2019, entre octubre y diciembre de ese año.

La presentación del documento coincide con los 10 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que sucedió “ipso facto” en el poder al dimisionario presidente Evo Morales el 12 de noviembre del año pasado, luego de dos días de desgobierno y graves conflictos entonces en el país.

El documento aborda de manera especial las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre del año pasado, respectivamente, propiciadas en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre y abrogado dos semanas después.

Sacaba y Senkata

El informe de 313 páginas al que accedió La Razón señala que esas acciones conjuntas que derivaron en una veintena de fallecidos y centenares de heridos “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Además se refiere a las dos muertes en el Norte Integrado de Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019, y a una el 12 de noviembre en Betanzos, Potosí, con las mismas consideraciones. “Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad”, dice.

Las Fuerzas Armadas usaron tanques en la represión de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. Foto: La Razçon-archivo

Sobre Sacaba y Senkata, el Gobierno de manera sistemática arguyó que se trató de “autoatentados” y, al contrario, exculpó de los hechos a los militares y policías que entonces operaron en el marco del Decreto 4078, cuyo propósito fue absolverlos de eventuales sanciones penales.

El documento también se refiere a las tres muertes en los conflictos de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, en La Paz, ocurridas luego de la renuncia de Morales y en medio de las protestas que reivindicaban la wiphala, ultrajada días antes por detractores del anterior gobierno, cívicos y policías.

Esas muertes “se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque”, dice el documento.

Sobre las actuaciones del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos en los distintos conflictos y operativos de las fuerzas represivas, el informe de la Defensoría del Pueblo considera que hubo información tergiversada.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, concluye.

Cuestiona además las declaraciones de las autoridades del Gobierno que, en su criterio, ponen en “riesgo la independencia de los operadores de justicia” y “tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto”.

Plurinacionalidad en riesgo

El informe defensorial advierte del riesgo del proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional, “fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo”. Argumenta que hubo “diferentes actos de agravio”, como la polarización política “basada en posturas radicales y conservadoras”, discriminación, racismo e “vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado”.

Además, cita los ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas, el agravio a la wiphala “como símbolo representativo de los pueblos y naciones indígena originario campesinas y de la plurinacionalidad”.

La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez se mostró en el balcón del Palacio de Gobierno con una biblia gigante y una pequeña: Foto: La Razón-archivo

También por la represión policial-militar a manifestantes “autoidentificados con una nación y uno pueblo indígena originario campesino”.

Pacificación

Atenuado el conflicto con los operativos sangrientos en Sacaba y Senkata, cuyas movilizaciones reivindicaban a Morales y cuestionaban al gobierno transitorio, la presidenta Áñez había insistido en que pacificó el país.

La Defensoría del Pueblo discrepa con ese criterio, de acuerdo con su informe. “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país”, dice.

“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”, argumenta.

Investigaciones y esclarecimiento

Como determinación final, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio Público investigar y esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, “al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.

Además, los ataques a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y la quema y saqueo de instalaciones policiales. También los casos de tortura a personas bajo custodia policial durante los conflictos.

También recomienda al Ministerio Público esclarecer “los actos de tortura cometidos por personas particulares” contra P.K.A.S., el 31 de octubre en Santa Cruz, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre.

Como los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Esther Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón. La particularidad de estas víctimas es que sus detractores quemaron sus viviendas o las atacaron.

Finalmente, pide investigar actos de racismo, quema de negocios particulares o instrumentos de trabajo, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad persona o afectación a la libre circulación.

La Defensoría del Pueblo plantea a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

Además, una ley de reparación integral ante la vulneración de los derechos humanos durante la crisis. Está previsto que el informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia sea presentado este jueves, a un mes de la celebración de las elecciones generales, el 18 de octubre.

(17/09/2020)

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Morales tras informe electoral: ‘El único fraude es la denuncia de fraude monumental’

El expresidente Evo Morales acusó al expresidente Carlos Mesa de usar la denuncia de fraude electoral para violar la Constitución y “masacrar a nuestro pueblo”

Evo Morales en un contacto con los medios en La Paz. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

/ 27 de julio de 2021 / 23:53

Luego de presentarse un informe pericial que descarta irregularidades en las elecciones de 2019, el expresidente Evo Morales aseguró que el “único fraude es la denuncia de fraude monumental” y acusó al expresidente Carlos Mesa de usar esa denuncia.

La Fiscalía hizo público el informe técnico del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) que determinó la inexistencia de irregularidades en las elecciones anuladas de octubre de 2019.

Justamente esas denuncias, apoyadas en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), desataron la crisis de octubre y noviembre de 2019 que derivó en la dimisión de Morales.

“Lo dijimos antes de consumarse el golpe, el único fraude es la denuncia de «fraude monumental» que el historiador golpista Carlos Mesa y sus cómplices usaron para violar la CPE, masacrar a nuestro pueblo y robar al Estado. La verdad se impone a la falsedad que busca impunidad”, afirmó el expresidente en su cuenta en Twitter.

La protestas cívicas fue alentada por las denuncias de fraude electoral que sumadas a un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión acabaron en la dimisión de Morales.

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Arce anuncia envío de avión cargado de jeringas y alimentos a Cuba

El presidente Luis Arce anunció que el envío del avión será tratado y aprobado en la reunión de gabinete de este miércoles

El presidente Luis Arce durante el acto de esta noche en Casa Grande del Pueblo.

/ 27 de julio de 2021 / 21:17

El presidente Luis Arce anunció este martes el envío de un avión cargado con jeringas y alimentos a Cuba, país que atraviesa una situación compleja.

El anuncio lo hizo en un acto por el aniversario de la Rebeldía Nacional de Cuba, celebrado con la presencia de diferentes diplomáticos en la Casa Grande del Pueblo.

“Si bien estamos atravesando momentos económico y sociales difíciles después del golpe de Estado y la pésima gestión del gobierno de facto, Cuba nos enseñó que solidaridad no es dar lo que nos sobra sino compartir lo poco o mucho que tenemos con quienes más lo necesitan”, explicó Arce.

No dio mayores detalles del envío que será tratado y aprobado en reunión de gabinete de este miércoles.

Cuba es uno de los socios del gobierno de Arce.

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Senado sanciona ley de crédito de $us 109 MM para reponer gastos de bonos pagados por Áñez

En el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se pagó los bonos Canasta y Familia con recursos del Tesoro General de la Nación, lo que –según el Gobierno- generó una “brecha y vacío fiscal”

El pleno de Senado.

Por Carlos Corz

/ 27 de julio de 2021 / 21:00

La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley para el crédito de $us 109 millones destinado a cubrir la “brecha y vacío fiscal” dejada por el uso de dinero del Tesoro General de la Nacional usado en el pago de los bonos Canasta y Familia en el gobierno de Jeanine Áñez.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó en el Senado que el Proyecto de Ley “Apoyo a Familias más Vulnerables por COVID – 19” está destinado a cubrir el vacío financiero generado en el gobierno de Áñez.

“En la gestión 2020, la administración del Gobierno de facto, utilizó recursos del Tesoro General de la Nación para el pago de bonos generando una brecha y vacío fiscal, por lo que ahora corresponde apoyar al Tesoro reponiendo esos recursos”, explicó, según un boletín institucional.

Mendoza detalló que la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) ha movilizado un préstamo soberano del orden de 75 millones de euros para cubrir los gastos erogados por el Bono Familia (Bs 500) y 25 millones de euros para el bono Canasta Familiar (Bs 400).

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Mamani: Se refrenda que la elección fue transparente; tomaremos acciones legales contra los denunciantes

La exautoridad electoral señala que el informe de la OEA, que fue la base para la denuncia contra las elecciones de octubre de 2019, está lleno de subjetividades y que no hubo ningún elemento material de prueba en el caso Fraude.

/ 27 de julio de 2021 / 20:59

El exvocal Idelfonso Mamani, quien dirigió las elecciones de octubre de 2019, que luego fueron anuladas, habla con La Razón sobre el sobreseimiento para él y sus excolegas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y el correspondiente cierre del caso Fraude por parte del Ministerio Público.

—¿Cuál es su opinión sobre el anuncio de la Fiscalía de este martes?

—Es una resolución que ha adoptado el Ministerio Público, mediante la que se refrenda la inexistencia de hechos delictivos. Nunca hemos aceptado (los vocales) los hechos que nos han atribuido. Más bien la elección de 2019 ha sido completamente transparente y la propia ciudadanía ha sido parte de las elecciones. No olviden que el día de la elección el jurado de las mesas es conformado por ciudadanos sorteados aleatoriamente del padrón electoral, y ellos son vecinos del recinto, entonces son la mayor garantía de transparencia en escrutinio y en cómputo.

A la finalización de su trabajo, el resultado de la elección está (cerca de las 19.00), y lo único que resta es la sumatoria que se hace en los TED (Tribunales Electorales Departamentales). Entonces, hasta ese momento todos habían expresado su conformidad y lo habían declarado públicamente, los observadores internacionales, nacionales, organizaciones políticas, todos. Entonces, después se produjo una declaración que dijo lo contrario, que habló de un fraude, situación que no tenía ningún respaldo, ni consistencia. Pero lamentablemente se dio lugar a que se hagan investigaciones y que permanezca un proceso sin base material alguna por bastante tiempo, más de año y medio. Hoy la Fiscalía hace, con objetividad, lo que corresponde.

¿Piensa que hubo un objetivo para desacreditar el trabajo del TSE y los vocales en las elecciones de 2019?  

—Se trata de un hecho que tocó a la democracia boliviana. No les ha importado a ellos (los denunciantes) quiénes estaban al interior del TSE, quienes estuvieran iba a pasar lo que ocurrió. Se desacreditó la labor del TSE, se interfirió en la democracia y la transparencia que se tuvo en las elecciones de 2019. Creemos que han sido factores ajenos inclusive a la decisión soberana de Bolivia.

—¿Esta decisión echa por tierra el informe y el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en esas elecciones?

—El Ministerio Público optó por solicitar otro informe científico en la Universidad de Salamanca, que dice que las elecciones fueron transparentes y ningún dato fue manipulado, concretamente. Con relación al informe preliminar de la OEA, si refrescamos un poco lo que pasó, se basa o hace apreciaciones subjetivas, enteramente. Dice que supuestamente existe tal situación y podría generarse fraude, supuestamente, supuestamente, y todo es supuesto. Supone que podría haberse roto la cadena de custodia del material electoral, supone que se habría falsificado actas, y si se habrían falsificado actas no dice qué vocal fue, en qué número de mesa, qué acta manipuló o adulteró… no dice nada. Son subjetividades y ese informe carece de toda verdad porque además no lo firma ningún profesional acreditado, y se supone que fue elaborado por la comisión que vino a Bolivia. Entonces ese informe no condice con la verdad y falta a la honestidad. Más aún, el informe final de la OEA refrenda ese informe preliminar y hace apreciaciones desconocidas en el contexto del proceso electoral boliviano. Y hasta sorprende. Entonces es difícil discutir las mentiras que están en esos informes. Son hechos extraídos de otro contexto, es complicado.

—El informe de la Universidad de Salamanca habla de negligencia…

—En realidad la negligencia fue por parte de la empresa encargada del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Lo que se dijo anteriormente, utilizó un servidor más de emergencia para el TREP, no supo ser ágil con la información y esa es la negligencia, pero no significa que en ese servidor se haya manipulado o alterado datos, en absoluto, esta información del TREP ha sido manejada con bastante responsabilidad. Y el mismo 28 de octubre de 2019, la empresa Neotec, responsable del TREP, hizo una explicación del incidente, y al final dijo que no hubo ninguna afectación ni peligro para la base de datos, tampoco de la información en los servidores, entonces ha sido totalmente transparente en esa parte la empresa. Y la compañía auditora, Ethical Hacking corrobora, que el incidente con el servidor fue analizado y auditado inmediatamente, y dijo que la información ha sido manejada en su integridad, garantizando la integridad de todos los datos y la seguridad correspondiente. Entonces, nunca ha estado en duda la transparencia e integridad de los datos desde el TSE. Desde la empresa que administró el TREP y la firma auditora, más bien han garantizado con rigurosidad el manejo de la votación popular.

—Este sobreseimiento, ¿abre las puertas para que ustedes, como exvocales acusados, abran un proceso?  

—En un Estado democrático garantista no se puede permitir que hayan vulneraciones de derechos y supresión de garantías constitucionales que han llegado a marcos fuera del límite, inconcebibles, cuando se ha perseguido a personas encargadas de las elecciones sin que haya un elemento material, objetivo que pueda dar lugar a que se abra una investigación. Todos los delitos que se nos atribuyeron han sido denuncias falsas, temerarias, porque no han adjuntado ningún elemento de prueba, más que el informe sin firmar que publicó la OEA un 10 de noviembre de 2019. Los procesos iniciados vulneraron los derechos humanos y garantías constitucionales, y un país en Estado de derecho debe reparar esos derechos vulnerados.

Vamos a generar las acciones necesarias para que los denunciantes que hicieron que se abra este proceso, sin tener ningún elemento material, sean sancionados. Buscaremos por lo menos justicia, que se nos restituya todo lo perdido; sin embargo mínimamente deben hacer una satisfacción pública del honor de esas personas que han sido indebidamente perseguidas.

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Mesa califica de extemporáneo y ‘no creíble’ informe que descarta irregularidades en justas 2019

El expresidente Carlos Mesa aseguró que el informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE no reemplaza la auditoría de la OEA

Carlos Mesa. Foto de archivo: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 27 de julio de 2021 / 18:22

El expresidente Carlos Mesa calificó de “extemporáneo” y “no creíble” el informe técnico del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España) que no encontró irregularidades en las elecciones anuladas de octubre de 2019.

A diferencia del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), las conclusiones del informe presentado por la Fiscalía establecen que detectaron “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos, debido a que el sistema informático cuenta con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado”.

Para Mesa, ese documento no reemplaza la auditoría de la OEA.

“Investigación extemporánea, de gabinete, externa y con alcance y metodología establecida por el gobierno masista y una consultora, no es creíble ni reemplaza a la verificación y evaluación in situ de la OEA, refrendada por la Unión Europea”, afirmó el expresidente, quien en esa elección de 2019 reclamaba una segunda vuelta.

La Fiscalía solicitó el trabajo pericial y, sobre esa base, liberó de culpa penal a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que eran procesados por la denuncia de fraude electoral.

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