Nacional

lunes 26 oct 2020 | Actualizado a 11:16

La Defensoría concluye que en Sacaba y Senkata hubo masacre y delitos de lesa humanidad

En su informe sobre sucesos de octubre a diciembre de 2019, la oficina defensorial advierte del riesgo de la vigencia del Estado Plurinacional y de que no hubo ni existe pacificación del país.

Familiares velan a los muertso de Sacaba en tumbas improvisadas, el 16 de noviembre de 2019. Foto: La Razón-archivo

/ 17 de septiembre de 2020 / 10:15

En un informe, la Defensoría del Pueblo concluye que en la represión policial-militar en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno cometió delitos de lesa humanidad. Además, advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.

Esas valoraciones están contenidas en el informe defensorial titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, que abarca sucesos posteriores a las elecciones generales frustradas de 2019, entre octubre y diciembre de ese año.

La presentación del documento coincide con los 10 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que sucedió “ipso facto” en el poder al dimisionario presidente Evo Morales el 12 de noviembre del año pasado, luego de dos días de desgobierno y graves conflictos entonces en el país.

El documento aborda de manera especial las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre del año pasado, respectivamente, propiciadas en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre y abrogado dos semanas después.

Sacaba y Senkata

El informe de 313 páginas al que accedió La Razón señala que esas acciones conjuntas que derivaron en una veintena de fallecidos y centenares de heridos “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Además se refiere a las dos muertes en el Norte Integrado de Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019, y a una el 12 de noviembre en Betanzos, Potosí, con las mismas consideraciones. “Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad”, dice.

Las Fuerzas Armadas usaron tanques en la represión de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. Foto: La Razçon-archivo

Sobre Sacaba y Senkata, el Gobierno de manera sistemática arguyó que se trató de “autoatentados” y, al contrario, exculpó de los hechos a los militares y policías que entonces operaron en el marco del Decreto 4078, cuyo propósito fue absolverlos de eventuales sanciones penales.

El documento también se refiere a las tres muertes en los conflictos de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, en La Paz, ocurridas luego de la renuncia de Morales y en medio de las protestas que reivindicaban la wiphala, ultrajada días antes por detractores del anterior gobierno, cívicos y policías.

Esas muertes “se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque”, dice el documento.

Sobre las actuaciones del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos en los distintos conflictos y operativos de las fuerzas represivas, el informe de la Defensoría del Pueblo considera que hubo información tergiversada.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, concluye.

Cuestiona además las declaraciones de las autoridades del Gobierno que, en su criterio, ponen en “riesgo la independencia de los operadores de justicia” y “tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto”.

Plurinacionalidad en riesgo

El informe defensorial advierte del riesgo del proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional, “fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo”. Argumenta que hubo “diferentes actos de agravio”, como la polarización política “basada en posturas radicales y conservadoras”, discriminación, racismo e “vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado”.

Además, cita los ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas, el agravio a la wiphala “como símbolo representativo de los pueblos y naciones indígena originario campesinas y de la plurinacionalidad”.

La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez se mostró en el balcón del Palacio de Gobierno con una biblia gigante y una pequeña: Foto: La Razón-archivo

También por la represión policial-militar a manifestantes “autoidentificados con una nación y uno pueblo indígena originario campesino”.

Pacificación

Atenuado el conflicto con los operativos sangrientos en Sacaba y Senkata, cuyas movilizaciones reivindicaban a Morales y cuestionaban al gobierno transitorio, la presidenta Áñez había insistido en que pacificó el país.

La Defensoría del Pueblo discrepa con ese criterio, de acuerdo con su informe. “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país”, dice.

“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”, argumenta.

Investigaciones y esclarecimiento

Como determinación final, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio Público investigar y esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, “al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.

Además, los ataques a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y la quema y saqueo de instalaciones policiales. También los casos de tortura a personas bajo custodia policial durante los conflictos.

También recomienda al Ministerio Público esclarecer “los actos de tortura cometidos por personas particulares” contra P.K.A.S., el 31 de octubre en Santa Cruz, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre.

Como los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Esther Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón. La particularidad de estas víctimas es que sus detractores quemaron sus viviendas o las atacaron.

Finalmente, pide investigar actos de racismo, quema de negocios particulares o instrumentos de trabajo, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad persona o afectación a la libre circulación.

La Defensoría del Pueblo plantea a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

Además, una ley de reparación integral ante la vulneración de los derechos humanos durante la crisis. Está previsto que el informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia sea presentado este jueves, a un mes de la celebración de las elecciones generales, el 18 de octubre.

(17/09/2020)

Comparte y opina:

Esta semana la Asamblea cierra los últimos temas de la legislatura del año

Los legisladores sesionarán hasta el jueves 29; dejan para el próximo Legislativo el juicio de responsabilidades a Jeanine Añez y la elección del Defensor del Pueblo.

La Asamblea Legislativa tendrá nuevos miembros la seiguiente semana. Foto: La Razón-archivo

/ 26 de octubre de 2020 / 11:04

La Asamblea Legislativa cerrará esta semana los temas pendientes de la legislatura 2019-2020, adelantó la presidenta en ejercicio de ese órgano, la senadora Eva Copa.

“La Asamblea Legislativa ha programado su última sesión el (jueves) 29 de octubre, posteriormente daremos paso a las sesiones preparatorias de los nuevos legisladores”, señaló la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el sistema RTP.

Una de las tareas inmediatas que la Asamblea Legislativa saliente deja al próximo Legislativo es el juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria Jeanine Añez y algunos de sus ministros.

El proceso será sustanciado con base en informes de diferentes comisiones, como la del caso Respiradores, de Compra de gases, de Daños económicos al Estado, de los hechos de Sacaba y Senkata; además del “incumplimiento de deberes” que implica, según Copa, las segundas designaciones de ministros censurados por la Asamblea (Fernando López de Defensa; Arturo Murillo de Gobierno; y, Víctor Hugo Cárdenas de Educación), detalló la legisladora.

Para este lunes el plenario de la Asamblea Legislativa considerará el informe de la comisión especial mixta que investigó la compra de gases y equipamiento de las Fuerzas Armadas y Policía, en el cual están implicados Murillo y Fernández.

“El jueves se verá el informe de la comisión mixta que indagó los casos YPFB, BoA, Entel y otros”, señaló Copa.

Ambos informes serán derivados a la Fiscalía para su seguimiento y el proceso que corresponda.

Este el lunes, la Cámara de Senadores cerrará su agenda con el tratamiento de la Ley del Derecho Propietario, resoluciones declarativas “y otros que no hemos podido tocar por el tiempo”, informó la senadora.

Para la próxima gestión también se dejó la elección del Defensor o Defensora del Pueblo. 

Por su lado, el diputado opositor saliente Amilcar Barral señaló que son 12 los proyectos de ley que presentó su bancada y que podría retomar la próxima gestión legislativa.

(26/10/2020)

Comparte y opina:

El TSE anuncia elecciones subnacionales para marzo de 2021

Hasta dos días después de la posesión de las autoridades electas, el TSE dará a conocer el nuevo calendario electoral y definirá la fecha exacta de los próximos comicios, explicó el vocal Salvador Romero.

El vocal Salvador Romero anuncia el nuevo proceso de elecciones subnacionales. Foto: APG

/ 26 de octubre de 2020 / 10:13

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, anunció este lunes que las elecciones subnacionales se llevarán a cabo en marzo de 2021 y el calendario electoral será presentado dos días después de la posesión del presidente y vicepresidente.

“Las elecciones (subnacionales) efectivamente se van a desarrollar en marzo de 2021; el Tribunal Supremo Electoral va a convocar al proceso electoral hasta el 10 de noviembre, a más tardar”, afirmó.

Romero señaló que, hasta 48 horas después de ser posesionadas las nuevas autoridades electas, el TSE debe realizar la convocatoria a las elecciones subnacionales, plazo en el que también se dará a conocer el calendario electoral y se fijará la fecha exacta para la realización de los nuevos comicios.

El vocal también señaló que, al ser un nuevo proceso electoral, “pueden presentarse otras alianzas”. “Tenemos un proceso electoral que comienza de foja cero y, por lo tanto, todas estas actividades, inscripción de organizaciones políticas, inscripción de candidaturas, inscripción de ciudadanos estarán nuevamente habilitadas”, remarcó.

Afirmó que también habrá un nuevo proceso de inscripción de aquellas personas que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones, así como el registro de los cambios de domicilio.

La posesión de los nuevos mandatarios, Luis Arce, David Choquehuanca, está programada para el 8 de noviembre.

(26/10/2020)

Comparte y opina:

Comité cruceño dice que se queda solo en la denuncia de fraude, descarta aceptar los resultados

En un manifiesto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz denunció que el hecho de que Jeanine Áñez y Carlos Mesa hayan aceptado el triunfo de Luis Arce, con datos de conteo rápido, muestra un “arreglo político”

/ 25 de octubre de 2020 / 20:40

En un manifiesto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz aseguró que se quedó solo en la denuncia de irregularidades en las elecciones del domingo 18, que dieron como ganador en primera vuelta al candidato del MAS Luis Arce, y reiteró que no acepta los resultados hasta tanto se responda a sus observaciones.

“Este proceso no puede culminar en un acto eleccionario sin dar respuesta a las varias demandas que hemos interpuesto ante la Justicia, impugnando las elecciones,  así como los pedido hechos al TSE, para esclarecer temas oscuros y que puedan encontrar los resultados esperados”, refiere parte del documento publicado en sus redes sociales.

La posición fue expresada en el segundo día de un paro dispuesto en contra de los resultados electorales por la Unión Juvenil Cruceñista, brazo operativo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no tuvo eco, excepto por algunos bloqueos esporádicos.

Ninguna misión internacional hizo alguna observación al proceso electoral. Tampoco se observó alguna de las actas, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró el viernes como ganadores a Arce y David Choquehuanca. Su posesión, es el 8 de noviembre.

“El Comité pro Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, las plataformas ciudadanas, algunos Comités Cívicos del país y una gran parte de nuestra Nación, hemos quedado solos, con la única convicción que existió fraude y que nuestra lucha es justa”, establece el comité presidido por Rómulo Calvo.

Cuestionó el hecho que la presidenta Jeanine Áñez y el candidato Carlos Mesa hayan reconocido el triunfo de Arce sobre la base de resultados de conteo rápido privados, no oficiales. “Esta actitud muestra, cuando menos, un comportamiento sospechoso. Una buena parte de la ciudadanía lo ve como un arreglo político de mutuo beneficio, con el MAS”, se sostiene en el manifiesto.

No descarta la toma de “medidas que el caso aconseje”, siempre y cuando no tenga una respuesta a las denuncias hechas ante la justicia y el ente electoral. La semana pasada denunciaron irregularidades sobre la base de un acta de 2019.

Comparte y opina:

Morales define esta semana cuándo retorna, presidente Fernández le ofreció trasladarlo

El expresidente Evo Morales reveló que ya coordina con el presidente electo Luis Arce su retorno a Bolivia, luego de casi un año de permanecer asilado, primero en México y ahora en Argentina

El expresidente Evo Morales y el mandatario argentino, Alberto Fernández. Foto: Twitter de Evo Morales

/ 25 de octubre de 2020 / 20:02

El expresidente Evo Morales reveló que coordina con el presidente electo Luis Arce cuándo y cómo retornará a Bolivia. La decisión será tomada hasta el fin de semana próxima y ya cuenta con el ofrecimiento del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de trasladarlo personalmente a suelo boliviano.

“Hace un momento hablé con el hermano Lucho (Arce), estamos viendo, creo que esta semana, máximo hasta este fin de semana, ya vamos a decidir cuándo retorno, cómo retorno”, explicó en una entrevista desde Argentina, donde se encuentra asilado.

Morales abandonó Bolivia el 11 de noviembre, un día después de haber renunciado en medio de una crisis derivada por denuncia de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la “sugerencia” militar de dimisión.

Fernández quiere venir con Evo a la posesión de Arce y dice que se recuperó la democracia

Fue asilado en México, adonde fue llevado desde el Chapare en un avión militar mexicano. Estuvo ahí hasta diciembre, cuando decidió trasladarse a Argentina, poco después de que ganara las elecciones su aliado Alberto Fernández.

Antes ya había anticipado que retornaría a Bolivia ni bien gane su binomio presidencial. Ahora ya coordina su retorno, aunque aún sin fecha.

“El día martes en la noche (Fernández) me invitó a una cena en su residencia, conversamos bastante, muy solidario como siempre. Me ha ofrecido, él personalmente llevarme hasta Bolivia”, reveló en una entrevista con la emisora de los cocaleros Kawsachun Coca.

Arce será posesionado el 8 de noviembre, como nuevo Presidente de Bolivia.

En Argentina, también está asilado el exvicepresidente Álvaro García. A diferencia de Morales, García explicó que volverá cuando haya las condiciones jurídicas para defenderse de los procesos abiertos en su contra.

Comparte y opina:

García plantea una ‘especie de amnistía’ para repatriar capitales de paraísos fiscales

El exvicepresidente Álvaro García explicó que la propuesta es una alternativa para hacer frente a la crisis económica. Una investigación legislativa de 2017 calculó una evasión $us 1.134 millones por uso de los paraísos fiscales

El exvicepresidente Álvaro García Linera.

/ 25 de octubre de 2020 / 19:50

El exvicepresidente Álvaro García reconoció que la situación económica que enfrentará el gobierno de Luis Arce es compleja y planteó alternativas para que pueda disponer de recursos económicos, entre ellos una amnistía para repatriar dinero llevado a paraísos fiscales.

“Puedes hacer una especie de amnistía. Si vuelves al país y lo reinviertes es tuyo, y no hay ningún tipo de castigo. Si no lo repatrias, pues comienzan a correr las deudas y penalidades. Y pagas o pagas”, perfiló la exautoridad, asilado en Argentina.

En una entrevista con la Revista Crisis, García explicó que, evidentemente, es distinto el contexto económico con el que gobernará Arce frente al recibido en 2005, cuando empezó a gobernar Evo Morales.

El desafío será cómo generar excedente y ahí hay posibilidades como el no pago de la deuda externa, lo que permitirá que Bolivia disponga de uno $us 600 millones, el impuesto a la riqueza, aplicado a los que generan más de $us 5 millones anuales, y la amnistía a dineros en paraísos fiscales.

Una investigación legislativa de 2017, tras el escándalo desatada por la investigación periodística denominada Papales de Panamá, estableció que Bolivia perdió entre 2015 y 2017 al menos $us 1.134 millones la evasión impositiva de empresas que aprovecharon los paraísos fiscales.

Un paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. 

La Comisión legislativa encontró vínculos de 360 empresas registradas en Bolivia y 108 personas naturales, de las cuales 29 personas y 67 empresas están ligadas a Navi International.

García recordó que la familia del excívico y excandidato Luis Fernando Camacho aparece en las irregularidades del uso de paraísos fiscales para evadir pago de impuestos.

“¿Cómo funciona el paraíso fiscal? Eres exportador de soja, la vendes a EEUU a 400 dólares la tonelada, pero en Bolivia registras que la vendiste a 200: ese extra se queda en Panamá, en las Islas Vírgenes. Pero hay un registro de eso”, aseguró.

En 2019, un informe legislativo dio cuenta de que Camacho tuvo el rol de «intermediario» en el esquema offshore. Creó tres empresas intermediarias, entre ellas Navi International, una de las firmas que vincula a la mayor cantidad de personas y empresas de Bolivia mencionadas en los Papeles de Panamá.

Comparte y opina: