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Sunday 21 Apr 2024 | Actualizado a 09:40 AM

La Defensoría concluye que en Sacaba y Senkata hubo masacre y delitos de lesa humanidad

En su informe sobre sucesos de octubre a diciembre de 2019, la oficina defensorial advierte del riesgo de la vigencia del Estado Plurinacional y de que no hubo ni existe pacificación del país.

/ 17 de septiembre de 2020 / 10:15

En un informe, la Defensoría del Pueblo concluye que en la represión policial-militar en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno cometió delitos de lesa humanidad. Además, advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.

Esas valoraciones están contenidas en el informe defensorial titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, que abarca sucesos posteriores a las elecciones generales frustradas de 2019, entre octubre y diciembre de ese año.

La presentación del documento coincide con los 10 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que sucedió “ipso facto” en el poder al dimisionario presidente Evo Morales el 12 de noviembre del año pasado, luego de dos días de desgobierno y graves conflictos entonces en el país.

El documento aborda de manera especial las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre del año pasado, respectivamente, propiciadas en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre y abrogado dos semanas después.

Sacaba y Senkata

El informe de 313 páginas al que accedió La Razón señala que esas acciones conjuntas que derivaron en una veintena de fallecidos y centenares de heridos “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Además se refiere a las dos muertes en el Norte Integrado de Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019, y a una el 12 de noviembre en Betanzos, Potosí, con las mismas consideraciones. “Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad”, dice.

Las Fuerzas Armadas usaron tanques en la represión de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. Foto: La Razçon-archivo

Sobre Sacaba y Senkata, el Gobierno de manera sistemática arguyó que se trató de “autoatentados” y, al contrario, exculpó de los hechos a los militares y policías que entonces operaron en el marco del Decreto 4078, cuyo propósito fue absolverlos de eventuales sanciones penales.

El documento también se refiere a las tres muertes en los conflictos de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, en La Paz, ocurridas luego de la renuncia de Morales y en medio de las protestas que reivindicaban la wiphala, ultrajada días antes por detractores del anterior gobierno, cívicos y policías.

Esas muertes “se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque”, dice el documento.

Sobre las actuaciones del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos en los distintos conflictos y operativos de las fuerzas represivas, el informe de la Defensoría del Pueblo considera que hubo información tergiversada.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, concluye.

Cuestiona además las declaraciones de las autoridades del Gobierno que, en su criterio, ponen en “riesgo la independencia de los operadores de justicia” y “tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto”.

Plurinacionalidad en riesgo

El informe defensorial advierte del riesgo del proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional, “fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo”. Argumenta que hubo “diferentes actos de agravio”, como la polarización política “basada en posturas radicales y conservadoras”, discriminación, racismo e “vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado”.

Además, cita los ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas, el agravio a la wiphala “como símbolo representativo de los pueblos y naciones indígena originario campesinas y de la plurinacionalidad”.

La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez se mostró en el balcón del Palacio de Gobierno con una biblia gigante y una pequeña: Foto: La Razón-archivo

También por la represión policial-militar a manifestantes “autoidentificados con una nación y uno pueblo indígena originario campesino”.

Pacificación

Atenuado el conflicto con los operativos sangrientos en Sacaba y Senkata, cuyas movilizaciones reivindicaban a Morales y cuestionaban al gobierno transitorio, la presidenta Áñez había insistido en que pacificó el país.

La Defensoría del Pueblo discrepa con ese criterio, de acuerdo con su informe. “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país”, dice.

“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”, argumenta.

Investigaciones y esclarecimiento

Como determinación final, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio Público investigar y esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, “al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.

Además, los ataques a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y la quema y saqueo de instalaciones policiales. También los casos de tortura a personas bajo custodia policial durante los conflictos.

También recomienda al Ministerio Público esclarecer “los actos de tortura cometidos por personas particulares” contra P.K.A.S., el 31 de octubre en Santa Cruz, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre.

Como los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Esther Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón. La particularidad de estas víctimas es que sus detractores quemaron sus viviendas o las atacaron.

Finalmente, pide investigar actos de racismo, quema de negocios particulares o instrumentos de trabajo, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad persona o afectación a la libre circulación.

La Defensoría del Pueblo plantea a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

Además, una ley de reparación integral ante la vulneración de los derechos humanos durante la crisis. Está previsto que el informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia sea presentado este jueves, a un mes de la celebración de las elecciones generales, el 18 de octubre.

(17/09/2020)

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Bolivia es el país con más trabajadores mayores de 65 años

En Bolivia la mayoría de las personas mayores de 65 años sigue trabajando porque la jubilación es baja o porque viene del mercado informal y no tiene este beneficio.

Salud y Educación concentran la mayor cantidad de adultos.

/ 21 de abril de 2024 / 06:56

Mientras en América Latina 30 de cada 100 trabajadores son mayores de 65 años, en Bolivia ese promedio pasa de 56, y es el país más complicado pues denota falencias en su sistema de jubilación y no se da lugar a un recambio en la fuerza laboral.

Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022 la tasa de participación en el mercado laboral de esta población adulta fue de 28,7% en América Latina, mientras que en los países de altos ingresos o desarrollados fue de un 11,9%.

“En Latinoamérica hay casos extremos, como Bolivia, donde la participación laboral de los adultos mayores es del 56,5%, mientras que, en Perú, llega al 48,5%”, señalan los datos de la OIT recopilados por Bloomberg.

Mientras en los países desarrollados llegar a la edad adulta es sinónimo de descanso después de una larga vida productiva y se accede a una pensión, en América Latina los mayores de 65 no tienen ese mismo destino, o si lo tienen no lo toman pues lo consideran insuficiente y lo rechazan.

Esto explica, según la OIT, que en los últimos 30 años la tasa de participación laboral de las personas mayores de 65 años se mantuvo cercana al 30% y porque en Bolivia pasa del 55% y en Perú esta cerca del 50%.

En la región el 34,5% de los mayores de 65 años no tiene ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones, de acuerdo con la OIT, a esto se le denomina “deterioro de la cobertura de protección social en la vejez”. En Latinoamérica, un 46,8% de los mayores de 65 años recibe solo una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta solo ingreso laboral. Otros países con altas tasas de participación laboral de los mayores de 65 años son Ecuador (38,1%), seguido por Guatemala (36,3%) y Paraguay (35,4%), donde superan el 30%, cuando el promedio en Latinoamérica es de 28,7%.

BOLIVIA.

En Bolivia son varios los estudios que explican porque hay una gran cantidad de personas mayores de 65 años que deciden seguir trabajando. Uno de los primeros aspectos es el fenómeno de la informalidad laboral, donde están inmersos más del 70% de los bolivianos en edad de trabajar.

Es decir, este grupo no tiene seguros, menos tendrá una jubilación y por eso siguen tranbajando. Otro de los factores es que el Estado es tradicionalmente uno de los mayores empleadores en el sistema formal. Y son las entidades autárquicas, como las universidades, el sistema de salud (médicos) de educación (profesores), seguridad (militares y policías), y el sistema subnacional, como las alcaldías y gobernaciones, las que concentran trabajadores sin límites de edad. Se calcula que en Bolivia entre el 60% y el 70% de la formalidad la aporta el Estado y, por dentro, una gran cantidad de empleados pasan de los 65 años.

Reportes periodísticos sostienen que hay médicos que tienen más de 65 años, pero siguen en sus puestos; profesores de universidad o de colegio que todavía tienen su puesto laboral sin ningún tipo de control. Lo peor de todo es que este fenómeno viene acompañado de un sistema de jubilación poco atractivo, por tanto, la mayoría de estas personas deciden seguir en sus fuentes laborales y no se jubilan, porque las pensiones son muy bajas. Por eso, y otros factores más, hay tantos trabajadores mayores de 65 años.

En este contexto, el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó que la cantidad de personas jubiladas creció de 30.000 a 220.000 por efecto de la Ley 065, promulgada en 2010, que impulsa un fondo solidario. “Ha crecido en seis veces la cantidad de jubilados en nuestro país”, dijo a La Razón.

Informó que, de los 220.000 jubilados, 17.800 siguen trabajando, es decir, un 8%. “Esas personas no van a perder sus fuentes laborales porque esta ley no establece como causal de despido la edad”.

Explicó también que hay 10.211 personas mayores de 65 años que todavía no se jubilaron, pese a taner todas las condiciones y requisitos para hacerlo.

Médicos marchan contra la ‘jubilación forzosa’.

DEBATE.

Con este panorama y con la presentación de un proyecto para hacer ajustes en la Ley de pensiones, en los últimos meses en Bolivia se abrió el debate sobre una ‘necesaria o forzosa’ jubilación a los 65 años.

En la propuesta del Gobierno, se sugiere aplicar evaluaciones psicológicas y físicas, entre otras, para determinar si estas personas pueden seguir trabajando o comienzan a jubilarse.

Actualmente, los bolivianos pueden jubilarse a partir de los 58 años, pero pocos asumen esta determinación por las bajas pensiones a las que acceden.

El viceministerio Apaza, aclaró que el Proyecto de Ley 035, de modificación a la Ley de Pensiones 065, no ordena en ninguna de sus líneas la “jubilación forzosa o jubilación a los 65 años de edad”.

Al contrario, dijo que lo que propone es mejorar las pensiones con incrementos de hasta 1.000 bolivianos y fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario.

Pero la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y el Magisterio Urbano rechazaron el proyecto de ley y realizaron movilizaciones en rechazo de una presunta “jubilación forzosa” y en demanda de una “jubilación del 100%”.

De hecho, en las últimas semadas frealizaron sendos paros de labores de 24 y 72 horas.

Apaza lamentó que “algunos dirigentes” hayan difundido información falsa sobre la modificación a la ley de pensiones.

Con este panorama Bolivia se encuentra frente a un gran problema, porque mientras más gente mayor de 65 años siga dentro del mercado laboral, menos chances habrá para incorporar a los jóvenes prefesionales del país que esperan una oportunidad.

Cinco días de paro de los médicos solo afectaron a la salud de la población.
Cinco días de paro de los médicos solo afectaron a la salud de la población.

Cada día mueren más de 7.100 trabajadores por enfermedades laborales

La salud y la vida de los trabajadores es una preocupación en todo el mundo. Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) establecen que cada año cerca de tres millones de trabajadores mueren por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Es decir, unos 8.200 cada día.

La mayoría de estas muertes relacionadas con el trabajo, un total de 2,6 millones, se deben a enfermedades que aquejan al trabajador. Eso quiere decir que cada día mueren unos 7.123 trabajadores por males y una gran mayoría de los afectados son adultos mayores.

Otros más de 330.000 trabajadores pierden la vida en accidentes laborales cada año, esto quiere decir como 1.000 cada día.

Los datos de la OIT muestran que la mayor proporción de muertes actuales relacionadas con el trabajo (86 por ciento) son causadas por enfermedades.

Entre las principales causas de mortalidad entre los trabajadores están las enfermedades del corazón, cardíacas o circulatorias, con el 31 por ciento; después están los diversos tipos de cáncer relacionados con el trabajo, con 26 por ciento; y en tercer lugar están las enfermedades respiratorias, con 17 por ciento.

Si se trata de enfermedades o accidentes que no llegan a muerte, los datos muestran que cada año más de 374 millones de personas sufren lesiones o males a causa de hechos relacionados con el trabajo en el mundo.

Se estima que la pérdida de días de trabajo debido a causas relacionadas con enfermedades laborales representa casi cuatro por ciento del PIB mundial y, en algunos países llega incluso al seis por ciento, señala la OIT.

El reporte de la OIT añade también que son más los hombres que mueren por incidentes relacionados con el trabajo (51,4 por 100.000 adultos en edad laboral) y las mujeres menos (17,2 por 100.000 adultas en edad de trabajar). La región de Asia y el Pacífico registra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo (63% del total mundial) debido al tamaño de su población trabajadora.

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Entre los sectores más peligrosos para el trabajo están la agricultura, la construcción, la silvicultura, la pesca y la industria manufacturera, con 200.000 accidentes mortales al año, lo que representa el 63%.

Para impulsar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la OIT sostiene un plan denominado Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030. El objetivo es dar prioridad al bienestar de los trabajadores en consonancia con la dedicación de la OIT a la justicia social y la promoción del trabajo decente en todo el mundo.

La estrategia anima a los miembros de la OIT a actuar sobre tres pilares: Primero, mejorar los marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo mediante una mayor gobernanza, la promoción de datos fiables y el desarrollo de competencias.

En segundo lugar, reforzar la coordinación, las asociaciones y la inversión en seguridad laboral a escala nacional y mundial y, en tercer lugar, mejorar los sistemas de gestión en el lugar del trabajo mediante la promoción de los principios OIT-OSH 2001, el desarrollo de orientaciones que transformen la perspectiva de género y su adaptación a los peligros, riesgos, sectores y ocupaciones específicos de cada trabajo.

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El 64% de casos por tortura implica a la Policía y las FFAA

En cinco años, la Defensoría registra 129 denuncias ante la Fiscalía.

/ 21 de abril de 2024 / 06:45

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

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ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

  • Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
  • Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

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Presidente Luis Arce pide preservar la unidad ante intereses externos e internos

El jefe de Estado reiteró que la derecha quiere posicionar “la pelea” y la “división”, por lo que pidió demostrar que el MAS es un partido que tiene que defender los intereses del pueblo.

El presidente Luis Arce participa del ampliado departamental ordinario del MAS, en Potosí.

Por Boris Góngora

/ 20 de abril de 2024 / 20:07

El presidente Luis Arce pidió ayer a las organizaciones sociales preservar la unidad ante “intereses externos e internos que buscan dividirlos y formar paralelas”. Reiteró que nadie “puede creerse” dueño del instrumento político y el único dueño es el pueblo boliviano.

“Esa unidad hay que preservarla porque hay muchos intereses para dividir a nuestras organizaciones sociales. Hay intereses externos e internos que quieren dividirlos y formar paralelas. Ese no es el camino”, advirtió el mandatario en el Ampliado Extraordinario Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Potosí.

El jefe de Estado reiteró que la derecha quiere posicionar “la pelea” y la “división”, por lo que pidió demostrar que el MAS es un partido que tiene que defender los intereses del pueblo.

La crisis interna del MAS generó el resquebrajamiento de su estructura interna en las organizaciones sociales, donde afines al expresidente Evo Morales se atribuyen en control de las confederaciones de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Interculturales y Bartolina Sisa, organizaciones matrices y fundadoras del instrumento político.

También organizaciones sociales afines al mandatario se atribuyen el control de estas instituciones, pero éstas últimas tienen el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB). 

Lea más: Evistas ratifican que su líder no asistirá al ampliado del Pacto de Unidad

“No nos vamos a cansar, este instrumento político ha sido parido por las organizaciones sociales y no existe ningún dueño. Si alguien puede subrogarse la propiedad, son las organizaciones fundadoras del instrumento político que son nuestras organizaciones matrices (CSUTCB, Bartolinas e interculturales)”, indicó.

Arce resaltó que el pueblo boliviano recuperó la democracia “de la derecha” en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, con más del 55%. Consideró a las organizaciones sociales como “un pilar fundamental” de este logro.

“Hay un requisito para seguir en esa unidad y continuar con el triunfo electoral y ese requisito es la unidad en las organizaciones sociales”.

Desde el Ampliado Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, en Beni, el Presidente también dijo que dada la coyuntura política que se está atravesando “las organizaciones sociales y especialmente los de la familia intercultural tienen una gran responsabilidad de recuperar el instrumento político para las organizaciones sociales”.

Reiteró que “nadie puede creerse dueño del instrumento político” y aconsejó que se vaya discutiendo en los ampliados que “nadie puede adueñarse de algo que es ajeno”.

“Es muy importante esa condición porque en función de ese elemento vamos a seguir avanzando, hoy hemos logrado en ese objetivo y tras varios pasos importantes, a la cabeza del Pacto de Unidad, hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha reconocido cuales son las organizaciones fundadoras, dueñas del instrumento político del MAS-IPSP”.

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Evistas ratifican que su líder no asistirá al ampliado del Pacto de Unidad

“Enemigos internos intentan proscribir al MAS-IPSP y no lo van a lograr", dijo Evo Morales

El congreso del MAS evista en Lauca Ñ, el año pasado, que no fue reconocido por el TSE

/ 20 de abril de 2024 / 16:23

En declaraciones a la prensa paceña, diputados del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) confirmaron que Evo Morales no tomará parte del ampliado nacional del Pacto de Unidad del MAS que se celebrará este domingo en la sede de la CSUTB.

En primera instancia, el diputado Ramiro Venegas anunció que su líder no acudirá y calificó el encuentro como uno que “no representa” a las bases.

El legislador Pacífico Choque también aseveró que Morales no concurrirá a la convocatoria de dirigentes que, según él, no están inscritos en el MAS. También, señaló que, si el partido pierde su personería jurídica debido a esta falta de entendimiento, el Gobierno y los arcistas serán los responsables.

Lea: Las peleas entre Arce y Morales cansan a los bolivianos

Pacto de Unidad

Evo Morales se refirió al tema desde Venezuela donde asistió a un encuentro del ALBA TCP. Allí junto al presidente venezolano Nicolás Maduro y otros dirigentes de ese país.

“Enemigos internos intentan proscribir al MAS-IPSP y no lo van a lograr. Vamos a defender el movimiento indígena campesino, porque proscribir al MAS-IPSP sería como una recolonización”, expresó Evo Morales.

En medio de una pulseta entre los bloques que apoyan al presidente Luis Arce y los de Morales por la organización del Congreso masista, los afines a Arce convocan a sus bases a una junta con el fin de “limar asperezas” y en la que esperaban a Morales.

En una entrevista con La Razón Radio, el secretario de Actas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) arcista, Armin Flores, informó que se convocó a Morales a la reunión junto a las organizaciones fundadoras y el Pacto de Unidad.

(20/04/2024)

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Cuéllar comenzó en La Paz su campaña rumbo a las elecciones

Acompañado por sus seguidores y miembros de su equipo de prensa, recorrió la Max Paredes, Mercado Rodríguez y calles adyacentes al Cementerio general

Cuéllar en La Paz, durante su actividad

Por Rodolfo Aliaga

/ 20 de abril de 2024 / 16:01

Con una caminata por arterias populares de la ciudad de La Paz, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) , Vicente Cuéllar, comenzó su campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2025.

Cuéllar, acompañado por sus seguidores y miembros de su equipo de prensa, recorrió la Max Paredes, Mercado Rodríguez y calles adyacentes al Cementerio general.

Se dio un baño de popularidad ante la gente que lo apoya y otros que espectaron su actividad en la urbe paceña. Cuéllar, líder de la agrupación política, Cambio 25, entregó volantes con información de su campaña y regaló algunos souvenirs con los colores de su partido.

Consulte: Choque lamenta que la dirigencia que promovió el paro de 36 días no participó del Censo

Rumbo a las elecciones

Vicente Cuéllar develó en noviembre a La Razón Radio el nombre de la agrupación con la que se presentará a las elecciones presidenciales de 2025. El rector dio la primicia aquel día y señaló que los colores principales que acompañarán su campaña son “amarillo” y “morado”.

Por ahora, Cambio 25 se plantea cinco grandes ejes. “Es una construcción que la vamos a desarrollar con los mismos ciudadanos de las regiones”.

“Nuestra organización política se va a llamar Cambio 25 (…). Somos una alternativa viable”, añadió el actual rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Cuéllar contó que el nombre de su agrupación es el mismo del frente que lideró cuando comandó el Centro de Estudiantes en su etapa universitaria y el mismo nombre que tuvo su frente cuando postuló a rector de la UAGRM.

(20/04/2024)

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