Nacional

martes 18 may 2021 | Actualizado a 06:08

La Defensoría concluye que en Sacaba y Senkata hubo masacre y delitos de lesa humanidad

En su informe sobre sucesos de octubre a diciembre de 2019, la oficina defensorial advierte del riesgo de la vigencia del Estado Plurinacional y de que no hubo ni existe pacificación del país.

Familiares velan a los muertso de Sacaba en tumbas improvisadas, el 16 de noviembre de 2019. Foto: La Razón-archivo

/ 17 de septiembre de 2020 / 10:15

En un informe, la Defensoría del Pueblo concluye que en la represión policial-militar en Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019, hubo masacre y que el Gobierno cometió delitos de lesa humanidad. Además, advierte que el Estado Plurinacional está en riesgo y que no hubo ni existe pacificación en el país.

Esas valoraciones están contenidas en el informe defensorial titulado Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia, que abarca sucesos posteriores a las elecciones generales frustradas de 2019, entre octubre y diciembre de ese año.

La presentación del documento coincide con los 10 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que sucedió “ipso facto” en el poder al dimisionario presidente Evo Morales el 12 de noviembre del año pasado, luego de dos días de desgobierno y graves conflictos entonces en el país.

El documento aborda de manera especial las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre del año pasado, respectivamente, propiciadas en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana a al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre y abrogado dos semanas después.

Sacaba y Senkata

El informe de 313 páginas al que accedió La Razón señala que esas acciones conjuntas que derivaron en una veintena de fallecidos y centenares de heridos “se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Además se refiere a las dos muertes en el Norte Integrado de Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019, y a una el 12 de noviembre en Betanzos, Potosí, con las mismas consideraciones. “Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad”, dice.

Las Fuerzas Armadas usaron tanques en la represión de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019. Foto: La Razçon-archivo

Sobre Sacaba y Senkata, el Gobierno de manera sistemática arguyó que se trató de “autoatentados” y, al contrario, exculpó de los hechos a los militares y policías que entonces operaron en el marco del Decreto 4078, cuyo propósito fue absolverlos de eventuales sanciones penales.

El documento también se refiere a las tres muertes en los conflictos de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa, en La Paz, ocurridas luego de la renuncia de Morales y en medio de las protestas que reivindicaban la wiphala, ultrajada días antes por detractores del anterior gobierno, cívicos y policías.

Esas muertes “se constituyen en asesinatos de lesa humanidad, al haberse cometido de forma sistemática, en contra de población civil y respondiendo a una organización (agentes policiales y civiles con cascos blancos) para cometer dicho ataque”, dice el documento.

Sobre las actuaciones del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos en los distintos conflictos y operativos de las fuerzas represivas, el informe de la Defensoría del Pueblo considera que hubo información tergiversada.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, concluye.

Cuestiona además las declaraciones de las autoridades del Gobierno que, en su criterio, ponen en “riesgo la independencia de los operadores de justicia” y “tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto”.

Plurinacionalidad en riesgo

El informe defensorial advierte del riesgo del proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional, “fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo”. Argumenta que hubo “diferentes actos de agravio”, como la polarización política “basada en posturas radicales y conservadoras”, discriminación, racismo e “vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado”.

Además, cita los ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas, el agravio a la wiphala “como símbolo representativo de los pueblos y naciones indígena originario campesinas y de la plurinacionalidad”.

La noche del 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez se mostró en el balcón del Palacio de Gobierno con una biblia gigante y una pequeña: Foto: La Razón-archivo

También por la represión policial-militar a manifestantes “autoidentificados con una nación y uno pueblo indígena originario campesino”.

Pacificación

Atenuado el conflicto con los operativos sangrientos en Sacaba y Senkata, cuyas movilizaciones reivindicaban a Morales y cuestionaban al gobierno transitorio, la presidenta Áñez había insistido en que pacificó el país.

La Defensoría del Pueblo discrepa con ese criterio, de acuerdo con su informe. “No ha existido, ni existe un proceso de pacificación real en el país”, dice.

“Si bien cesaron las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos, las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, así como la eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078, la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado Plurinacional de Bolivia”, argumenta.

Investigaciones y esclarecimiento

Como determinación final, el informe de la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio Público investigar y esclarecer las masacres de Sacaba y Senkata, “al evidenciarse la existencia de elementos que configuran asesinato bajo las características de lesa humanidad, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”.

Además, los ataques a miembros de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, y la quema y saqueo de instalaciones policiales. También los casos de tortura a personas bajo custodia policial durante los conflictos.

También recomienda al Ministerio Público esclarecer “los actos de tortura cometidos por personas particulares” contra P.K.A.S., el 31 de octubre en Santa Cruz, y la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán, el 6 de noviembre.

Como los actos cometidos contra Víctor Hugo Vásquez y sus familiares, Saúl Aguilar Torrico, Esther Morales Ayma, Esteban Urquizo, Omar Aguilar, Juan Carlos Cejas, Williams Cervantes, Víctor Borda y sus familiares, David Ramos, Cesar Navarro y su sobrino, Mabel Montaño, Waldo Albarracín y su familia, Casimira Lema, Mario Cronenbold, Nelson Condori y Soledad Chapetón. La particularidad de estas víctimas es que sus detractores quemaron sus viviendas o las atacaron.

Finalmente, pide investigar actos de racismo, quema de negocios particulares o instrumentos de trabajo, retenciones arbitrarias, amenazas a la seguridad persona o afectación a la libre circulación.

La Defensoría del Pueblo plantea a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad “independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto”.

Además, una ley de reparación integral ante la vulneración de los derechos humanos durante la crisis. Está previsto que el informe Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia sea presentado este jueves, a un mes de la celebración de las elecciones generales, el 18 de octubre.

(17/09/2020)

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Richter cree que Arce debe preguntar a Almagro por qué no usa la palabra fraude en su informe

El vocero presidencial Jorge Richter recordó que en todo el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019 no está la palabra fraude electoral

El portavoz presidencial Jorge Richter

/ 17 de mayo de 2021 / 22:54

Será “muy importante” que el próximo embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, le pregunte “mirándole a la cara” a Luis Almagro por qué en el informe sobre las elecciones anuladas de 2019 “no figura la palabra fraude”, consideró el portavoz presidencial Jorge Richter.

En el Senado se encuentra la designación del exministro Arce como representante de Bolivia ante la OEA que ahora se encuentra bajo la gestión de Almagro, cuestionado por el oficialismo debido a su accionar en las elecciones anuladas de 2019 por denuncia de irregularidades por parte de los observadores del organismo.

“Será muy importante que el señor Héctor Arce que estará en la OEA le pregunte, mirándole a la cara, al señor Almagro por qué en las 95 páginas que tiene ese documento (sobre las elecciones) que ha devastado nuestra institucionalidad electoral y nuestro sistema electoral que él ha proporcionado aquellos hechos, por qué en ese documento no figura la palabra fraude pero él sí lo utiliza recurrentemente en sus redes sociales”, cuestionó Richter en el estatal Bolivia Tv.

El informe del organismo denunció irregularidades en las elecciones de 2019, lo que agravó un conflicto que venía alentado por denuncias de fraude electoral, a lo que se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dimisión.

“Nos gustará escuchar cuáles serán sus respuestas” de Almagro sobre la cuestionante que se la hará, sostuvo Richter.

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En 2020 retornaron 22.905 bolivianos

La pandemia del COVID1-19 motivó a los compatriotas a volver a Bolivia. En su mayoría provinieron de Argentina, Brasil, Perú y Chile

Retorno de bolivianos en la frontera con Chile

/ 17 de mayo de 2021 / 18:23

La Dirección General de Migración (Digemig) reportó que entre marzo y octubre de 2020 retornaron 22.905 bolivianos, según un reporte del Área de Análisis Migratorio.

Del total de repatriados, 17.452 volvieron por vía terrestre. Las principales fronteras por donde pasaron fueron Puerto Acosta, Desaguaredo, Tiquina, Laja, Kasani,Charaña, Pisiga, Tambo Quemado, Uyuni, Villazón, Bermejo, Yacuiba, Puerto Suárez, Guayaramerín y Riberalta.

El resto de los compatriotas, 5.453 llegaron, por vía aérea desde diferentes destinos no detallados en el documento.

En mayo se dio el mayor flujo con 4.975, de las cuales 3.590 fueron por vía terrestre y 1.385 por vía aérea. En marzo de la misma gestión se registró el menor movimiento.

Al inicio de la pandemia, el gobierno de Jeanine Áñez determinó cerrar todas las fronteras de Bolivia. Connacionales se quedaron varados por las restricciones y a otros no les permitió ingresar.

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Novillo revela que no fueron encontrados en las FFAA los planes de operación de Sacaba y Senkata

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que fueron abiertos procesos internos en el Comando de las FFAA y en las tres fuerzas para establecer responsabilidades sobre documentación perdida

El ministro Edmundo Novillo

/ 17 de mayo de 2021 / 17:20

No fueron encontrados los planes de operación de las Fuerzas Armadas para los operativos en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto, donde hubo muertos y heridos de bala en noviembre de 2019, reveló el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.

“A través del Comandante en Jefe se han hecho estos requerimientos y en muchos casos esta documentación está perdida, no existen, al parecer los autores se han llevado la documentación o han borrado las huellas”, denunció.

«Los planes de operaciones de Sacaba y Senkata no se encuentran», reveló escuetamente.

Fuerzas combinadas de las Fuerzas Armadas y de la Policía intervinieron protestas en Sacaba y Senkata que dejaron más de 20 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. En ese entonces, el exministro de Gobierno Arturo Murillo y otras autoridades del gobierno de Jeanine Áñez dijeron que las balas salieron de los movilizados.

En Sacaba o el puente Huallyani, las fuerzas militares y policiales impidieron que una marcha de cocaleros en apoyo al expresidente Evo Morales pase el puente con dirección a la ciudad de Cochabamba. En Senkata, las fuerzas combinadas desbloquearon la planta engarrafadora que había sido cercada por movilizados en apoyo a Morales.

Justamente por la pérdida de documentación se inició procesos internos. “Ha derivado que generen procesos internos de responsabilidad al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Ejército, la Fuerza Aérea y la Naval, con la finalidad de establecer a los responsables que han borrado, ocultado o han hecho perder esta documentación”, sostuvo.

En septiembre de 2020, el fiscal General, Juan Lanchipa, reclamó que la institución armada no había facilitado, justamente, los planes de operación de esas jornadas de desenlaces trágicos.

Novillo destacó que en el Ejército está más avanzada la investigación para coadyuvar en el esclarecimiento de lo sucedido en noviembre de 2019, luego de la dimisión de Morales a raíz de una suma de hechos, la denuncia de fraude electoral, las protestas cívicas, el motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de renunciar.

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Jallalla marcha contra Santos Quispe y pide su renuncia o de su esposa

Leopoldo Chui afirma que el gobernador de La Paz cree que “está en una novela o una serie de televisión” y por eso ya está ingresando a escenarios de “difamación”.

Foto: Jorge Castel

/ 17 de mayo de 2021 / 14:18

La agrupación política Jallalla, liderada por el ahora asambleísta departamental Leopoldo Chui, protagonizó este lunes una marcha de protesta en el centro de la ciudad de La Paz en contra del gobernador Santos Quispe, quien fue electo por esa organización y rompió su alianza apenas recibió su credencial de nueva autoridad.

“Toda la organicidad (del frente) se está movilizando y lo va a seguir haciendo durante las siguientes semanas. Jallalla se moviliza para restituir sus derechos que están en el programa (presentado para la Gobernación) y que se tiene que cumplir. Además, Santos, tu esposa y tú no pueden trabajar en la misma institución (y por eso) nosotros ahora pedimos que uno de los dos, por ética y transparencia, renuncie”, dijo Chui.

Santos Quispe se convirtió en gobernador de La Paz después de que su padre Felipe Quispe, el Mallku, perdió la vida en plena campaña electoral y su esposa Ana María Salgado fue elegida asambleísta departamental.

El 3 de mayo, cuando un periodista consultó al Gobernador sobre este tema, se molestó y acabó bruscamente una conferencia de prensa.

“Por qué tanto me molestas, por qué molestas a esta persona de cara aymara, por qué no hablas del Manfred Reyes Villa, su hijo está como concejal, por qué no hablas eso, por qué me discriminas”, cuestionó entonces.

Asimismo, cuando Quispe anunció el fin de su alianza con Jallalla, aseguró que, incluso, fue amenazado de muerte por Chui.

Pero “Santos piensa que está en una novela o una serie de televisión; Santos, anda a leer la Constitución, las leyes y revisa nuestro estatuto (…), tú ya estás ingresando a escenarios fuera de la realidad difamando y calumniando”, respondió Chui.

Del mismo modo, advirtió con radicalizar las medidas de presión en caso de que Quispe no ingrese a un proceso de diálogo con Jallalla para hacer respetar un convenio.

La semana pasada, la agrupación política ya realizó una huelga de hambre en la plaza de San Francisco sin conseguir ningún resultado.

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La Fiscalía investiga de oficio a Murillo por presunta desaparición de droga incautada

El exministro y otros seis involucrados son investigados por los delitos de alteración o sustitución de sustancias controladas.

/ 17 de mayo de 2021 / 13:04

El Ministerio Público inició una investigación de oficio en contra de siete personas, entre ellas el exministro de Gobierno Arturo Murillo, por la presunta desaparición de al menos 400 kilos de cocaína incautada.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Moisés Palma, explicó que un cargamento de madera que salía de Bolivia con destino a Bélgica fue retenido en Tambo Quemado el 26 de diciembre de 2019 por la sospecha de que camuflaba alguna sustancia controlada.

Luego “el contenedor (con el cargamento) retornó a la ciudad de El Alto el 30 de diciembre y el 7 de enero (de 2020) se realizó la perforación a algunos de los horcones y se advirtió la presencia de una sustancia extraña que, sometida a prueba de campo, dio positivo para cocaína”, agregó.

El 8 de enero se realizó el pesaje de la cocaína y se determinó que existía una tonelada con 435 kilos de droga distribuidas en 60 columnas de madera y esta información –según recordó la Fiscalía– se hizo pública en una conferencia de prensa brindada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y el exministro Murillo.

El 15 de enero se procedió con la incineración de la sustancia en La Rinconada (La Paz), en presencia de medios de comunicación, policías asignados al caso, un fiscal y una representación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sin embargo –de acuerdo a informes de la UNODC– de los 60 horcones, 18 no contaban con la sustancia controlada, por lo tanto, se procedió a incinerar solo una tonelada con 4 kilos y por eso ahora se investiga la ausencia de aproximadamente 400 kilos de cocaína respecto a la cantidad inicial.

Es así que “el Ministerio Público inició de oficio las investigaciones y se tienen identificados los nombres de las personas por la presunta participación en el delito de alteración o sustitución del cuerpo del delito y se convocará paulatinamente a otras para que presten su declaración informativa”, confirmó Palma.

Este caso también fue dado a conocer por el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en una entrevista televisiva del pasado 13 de mayo.

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