Nacional

viernes 30 oct 2020 | Actualizado a 03:34

La afrenta a Murillo por dos casos polémicos le cuesta el cargo al Procurador

Una comisión del Ministerio de la Presidencia irrumpió en la oficina de José María Cabrera para hacerle conocer que fue sustituido, a través de decreto presidencial, por Alberto Javier Morales Vargas.

El procurador José María Cabrera destituido este viernes, en una entrevista con La Razón pasada.

/ 18 de septiembre de 2020 / 14:16

La afrenta por dos casos al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, le costó el cargo al procurador general del Estado, José María Cabrera, a quien una comisión del Ministerio de la Presidencia le comunicó que fue destituido este viernes a través de un decreto presidencial.

Desde la cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría General del Estado publicó una serie de tuits para alertar de las irregularidades. “#URGENTE SIN JURAMENTO NI POSESIÓN DE LEY SE QUISO TOMAR LA PROCURADURÍA GENERAL DE ESTADO”, publicó.

En el texto de la red social, la entidad adjuntó un video en el que se muestra la intervención de la oficina por parte del personal del Gobierno. Un funcionario de este despacho comunica a Cabrera que le está trayendo una copia legalizada de un decreto presidencial de destitución.

“Me permito en entregarle, es un decreto presidencial debidamente legalizado cuyo artículo único señala que se designa al ciudadano Alberto Javier Morales Vargas, el doctor que nos acompaña, como procurador general del Estado y en su parágrafo segundo se abroga el Decreto Presidencial 4092, del 3 de diciembre de 2019”, dice.

Cabrera revisa el documento y lee el Decreto Presidencial 4345: “Designar a Alberto Morales Vargas como procurador general del Estado, quien tomará posesión del cargo con las formalidades de rigor, previo cumplimiento de lo establecido por ley”.

“Mi estimado doctor Javier Ferrufino, respetuoso de la Constitución de las leyes, y en mi condición  de procurador general del Estado en ejercicio, respetamos este Decreto Presidencial 2345, pero, con carácter previo hacer la transmisión del mando en la Procuraduría, que se cumpla con lo que dice el mismo decreto a quien tomará el mando con las formalidades de rigor”, dice Cabrera.

El destituido funcionario recuerda al personal del Ministerio de la Presidencia que sus antecesores, Hugo Montero Lara, Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, y él han tomado posesión del cargo con las formalidades legales. Voy a entregar el cargo de forma inmediata, “pero demando de que dicha demanda transmisión del mando se realice cumpliendo la Constitución y las leyes”, reclamó.

Exigió que la presidenta Jeanine Áñez tome posesión a Morales Vargas. “Luego, con alfombra roja recibiremos al procurador designado por la Presidenta. Mientras tanto, no puede producirse la transmisión del mando”.

Ferrufino responde que entiende la preocupación de Cabrera y dice que se dirigirá al Palacio Quemado para comunicar la posición al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. “Seguramente, el Ministerio de la Presidencia se comunicará con usted; yo no tengo rango de ministro”, respondió.

Enseguida, Cabrera replica: “Hay situaciones que atentan al sistema democrático, a la transparencia, porque la remoción del Procurador General del Estado se da a petición del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por la afectación en el cumplimiento de mis funciones del caso ENDE, que está propugnando una privatización de una empresa nacional estratégica, y del caso Gases Lacrimógenos, que son cuatros meses que no ha rendido la información requerida por la Procuraduría”.

“Esas son las causas que ameritaron la remoción que ahora veo que ha concretado la Presidenta a petición del ministro Murillo”, insistió Cabrera.

En las últimas horas, el Procurador denunció que Murillo impulsa la privatización de ENDE, la empresa estatal de energía eléctrica, a través de la devolución de acciones de Elfec en Cochabamba cuyo decreto aún no fue firmado debido a la objeción de algunos ministros.

Además, Cabrera cuestionó a Murillo que no haya respondido requerimientos de información por la presunta compra irregular de equipo antidisturbios, en diciembre del año pasado, que investiga la Asamblea Legislativa.

Desde la cuenta de Twitter de la Procuraduría,  Cabrera denunció que se opone a la devolución de las acciones nacionalizadas de Elfec, “porque afecta intereses del Estado”, que “el ministro Arturo Murillo advierte con su destitución”.

(18/09/2020)

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Quintana reaparece y dice que cayó la narrativa del fraude

Quintana dice que Arce y Morales son distintos en muchos sentidos, pero recordó que Arce fue el Ministro de Economía que ha tenido éxito en construir “un modelo alternativo de economía al capitalismo depredador” bajo el paraguas ideológico y político de Morales.

El exministro Juan Ramón Quintana durante la entrevistas con RT

Por Paulo Cuiza

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

El exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana reapareció este jueves por la noche a casi un año de permanecer en silencio como consecuencia de su asilo en la residencia mexicana en La Paz. En una entrevista con la cadena rusa RT afirmó que con la victoria de Luis Arce en las urnas se cayó la “narrativa del fraude”.

“Existió una reacción de rechazo a los resultados por parte del Comité Cívico de Santa Cruz y su brazo paramilitar la Unión Juvenil Cruceñista, pero eso se ha logrado disipar en la medida que no han encontrado ningún dato o elemento que sostuviera su argumento nuevamente de fraude que fue surrealista porque no existe ninguna evidencia de fraude como lo ha dejado entrever el propio Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.

Quintana se encuentra asilado en la legación mexicana desde noviembre de 2019, poco después de la renuncia de Evo Morales en medio de una denuncia de fraude electoral, un motín policía, un paro cívico y la sugerencia militar de dimisión. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que desataría una cacería contra el exministro, a quien responsabilizada de persecución política.

Según la exautoridad, “la narrativa del fraude” de 2019 formaba parte del golpe de Estado y necesitó de una legitimación interna y externa, como lo esperaba el gobierno de Estados Unidos.

El exministro de la Presidencia advirtió que Luis Almagro debería renunciar a la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no solo porque produjo en Bolivia conmoción y facilitó el golpe, sino también porque impulsó el golpe y se constituyó en un instrumento “vergonzoso” para la política de injerencia de Estados Unidos.

“Esto contraviene los principios básicos de la OEA. Almagro cumplió el mismo papel que Jeanine Áñez, desborda el libreto impuesto por Washington y termina no solo haciendo un papel ridículo sino grotesca que lastima la confianza de los países de la sociedad en la OEA. La OEA es el ministerio de colonias de EEUU”, indicó.

Quintana advirtió que Arce y Morales son distintos en muchos sentidos, pero recordó que Arce fue el Ministro de Economía que ha tenido éxito en construir “un modelo alternativo de economía al capitalismo depredador” bajo el paraguas ideológico y político de Morales.

Para el exministro, en esta nueva etapa debiera formarse desde el Legislativo una comisión de la verdad para esclarecer los hechos de violencia de la administración transitorio.

“Cuando este régimen (de Áñez) entregue el gobierno a Luis Arce se habrá terminado el imperio de la impunidad y de la violación de los derechos humanos”, aseguró y denunció que los procesos abiertos por solo hacer declaraciones contra los que están asilados fue conducido bajo el “mando del Ministerio de Gobierno, a la cabeza del ministro innombrable, Murillo, que se ha convertido en un testaferro potencial del departamento de Estado de Estados Unidos”.

«A pesar de estar encerrados somos más libres hoy», dijo Quintana.

Acompañó a Morales en gran parte de su administración. “En el futuro, lo veo a Evo más bien, como el gran líder, el gran visionario, el gran articulador, el gran arquitecto para sostener al gobierno, para darle fuerza para darle firmeza al gobierno y trabajar con las organizaciones sociales, preparándose para un largo ciclo de gobierno”.

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Juicio por las masacres de Sacaba, Senkata y más: Áñez y otros nombres y delitos

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, también deberán ser investigados en juicio ordinario por los delitos de genocidio, asesinato y desaparición forzada de personas, entre otros.

Víctor Borda, titular de la comisión legislativa, presenta el informe sobre Sacaba y Senkata: Foto: Álvaro Valero-La Razón

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el informe conclusivo de investigaciones sobre los sucesos ocurridos a partir del 21 de octubre de 2019 en Ovejuyo, Montero, Senkata, Sacaba, y Betanzos, en los que la principal señalada es la presidenta Jeanine Áñez.

Luego de una pausa en la consideración del informe dispuesta por una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, en atención a un recurso de medidas cautelares interpuesto por Rodrigo Guzmán, entonces ministro de Energías, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el documento al comenzar la noche.

Especialmente en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata, cuatro días después, el gobierno naciente de Áñez dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.

Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.

Además, el informe —según reveló a La Razón el titular de la comisión, Víctor Borda— no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.

Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):

Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes,  incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y  desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.

Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.

Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.

Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.

Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.

Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.

Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.

Además, la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, “porque teniendo conocimiento de los procesos por hechos de Betanzos no dio celeridad”.

(30/10/2020)

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Doria Medina cuestiona sugerencia legislativa para juicio contra Áñez

“A toda velocidad y a deshoras, una Asamblea Legislativa que tiene un mandato extinto decidió un juicio de responsabilidades y otro juicio penal contra el gobierno saliente", escribió el empresario en Twitter.

Áñez y Doria Medina durante la campaña de Juntos.

/ 29 de octubre de 2020 / 23:21

Desde su cuenta en la red social Twitter, el excandidato a la vicepresidencia por Juntos Samuel Doria Medina cuestionó la decisión de la Asamblea Legislativa de sugerir el inicio de un juicio de responsabilidad contra la presidenta Jeanine Áñez por las muertes en Sacaba y Senkata en 2019.

“A toda velocidad y a deshoras, una Asamblea Legislativa que tiene un mandato extinto decidió un juicio de responsabilidades y otro juicio penal contra el gobierno saliente. Sin entrar en el fondo de las acusaciones, observo que no se está respetando el derecho a un justo proceso”, escribió el empresario.

Áñez es acusada por delitos como genocidio por la muerte de al menos 20 personas en los hechos de violencia en noviembre del año pasado, donde actuaron fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.

Añez y Doria Medina renunciaron a sus candidaturas el 17 de septiembre con el objetivo de evitar, son resultados, que vuelva el Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder.

(29/10/2020)

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Áñez pide a la ONU enviar un ‘Representante Especial’ para el proceso de transición

La canciller Karen Longaric denunció en una carta dirigida al secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, un camino hacia la “revancha política”

La presidenta Jeanine Áñez, en Palacio de Gobierno.

/ 29 de octubre de 2020 / 23:00

El gobierno de la presidente Jeanine Áñez pidió al secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, enviar a la brevedad posible un Representante Especial para observar el proceso de transición, ante lo que considera acciones de represalia y “revancha política” de la nueva administración de Luis Arce.

En una misiva fechada este 29 de octubre, la canciller Karen Longaric, a nombre del Ejecutivo, advirtió a Guterres que “lo que debió ser una transición democrática y pacífica, se ha visto empañada por acciones ilegales y arbitrarias”, en alusión a la modificación de los reglamentos de debates de Diputados y Senadores para anular los 2/3 de votos en al menos 11 temáticas.

La decisión de la mayoría del MAS desató protestas en ciudades como Santa Cruz y Cochabamba. El dirigente cívico cruceño, Rómulo Calvo, anunció este jueves que instalará una huelga de hambre en puertas del Legislativo, en La Paz, en rechazo a la anulación de los 2/3 y a las elecciones que dieron como ganador al partido de Evo Morales.

También se hace conocer a Guterres el informe legislativo que recomendó un juicio de responsabilidades contra Áñez, 11 ministros y ex y actuales comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas por los hechos de violencia y muerte en Sacaba y Senkata en 2019, donde actuaron fuerzas combinadas de la Policía y de la institución armada.

“Frente a estos signos preocupantes de transgresión institucional, el Presidente Electo Luis Arce, en lugar de buscar conciliación que buscó públicamente, toma el camino de la revancha política, sugerido por el expresidente Evo Morales, violando el estado de derecho”, refiere otra parte de la misiva a Guterres.

Y añade: “Por lo anteriormente señalado, agradeceré a usted, considerar enviar a Bolivia, a la brevedad posible, un Representante Especial para observar la situación de la presente transición, con el objetivo de prevenir el desarrollo de prácticas autoritarias que aviven una nueva crisis política, social y democrática en Bolivia”.

(29/10/2020)

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En medio de pedidos de justicia, el Legislativo aprueba sugerir juicio de responsabilidades contra Áñez por Sacaba y Senkata

Durante las trágicas jornadas de noviembre de 2019 perdieron la vida 20 personas por impactos de bala en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.

El pleno de la Asamblea Legislativa

/ 29 de octubre de 2020 / 21:34

En medio pedidos de justicia de los familiares de las víctimas, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el informe de la Comisión Especial Mixta que sugiere iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez por delitos como genocidio debido a los hechos de violencia y muerte en Sacaba, Senkata y otros lugares en 2019, tras la dimisión de Evo Morales.

“La comisión ha sugerido, ha recomendado, un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez y se tendrá que remitir a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría. De igual manera se dejará el informe para que la próxima legislatura tome la decisión si se realiza el juicio de responsabilidades o no porque de acuerdo a la ley 044 (juicio de responsabilidades a altas autoridades de Estado) se requiere los dos tercios”, indicó la presidenta de la Asamblea, Eva Copa.

Víctor Borda, presidente de la comisión investigadora, dijo que otros implicados son el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el ministro de Defensa, Fernando López, y autoridades de la Policía y de las Fuerzas Armadas, quienes al contrario de Áñez deberán ir a juicio ordinario.

Durante las trágicas jornadas de noviembre de 2019 perdieron la vida 20 personas por impactos de bala en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto. En ambos hechos actuaron fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, amparadas en un decreto que eximía de responsabilidad penal por los hechos que deriven de las operaciones para restablecer el orden.

Justamente por ese decreto 4078 se sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. El segundo juicio es por las muertes en Sacaba y Senkata por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa y resoluciones contrarias a la Constitución.

El tratamiento del informe sufrió un intempestivo retraso debido a que una juez de Trinidad dispuso su “suspensión temporal” mientras se resolvía la acción de libertad planteada en esa urbe, lo que generó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) altere el orden del día y disponga esperar a ver el resultado de la audiencia.

El Juzgado de Sentencia en lo Pena 3 de Trinidad rechazó la acción en horas de la tarde y el MAS aceleró el tratamiento de otros informes para proceder con el de la Comisión Especial Mixta sobre Sacaba, Senkata y Yapacaní.

Aproximadamente a las 19.00 y con un minuto de silencio por la víctimas, la Asamblea, conformada en su mayoría por el MAS, escuchó el informe del presidente de esa comisión. Afuera, en puertas del Legislativo, familiares de las víctimas reclamaban justicia.

También figuran en la lista de personas que podrían ir a juicio los excomandantes de la Policía Yuri Calderón y de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, torturas, vejámenes, asociación delictuosa. Además, están el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y el general Franco Suárez, comandante de la división militar en El Alto.

Los generales Rodolfo Montero, Comandante de la Policía, y Sergio Orellana, de las FFAA, también están incluidos.

De corroborarse indicios de delitos, el procedimiento establece la solicitud de un juicio de responsabilidades contra Áñez y el inicio de procesos penales contra las (ex)autoridades.

(29/10/2020)

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