David Mamani, que se atribuye la secretaría ejecutiva de la Federación de Campesinos “Túpac Katari” de La Paz, admitió que pidió puestos laborales al presidente Luis Arce, aunque “eran para profesionales” de su organización.

“Nosotros, como autoridades originarias, hemos ido a solicitar trabajo para nuestro pueblo, para nuestros jóvenes profesionales que están en la calle”, dijo el dirigente campesino en entrevista con la red Erbol.

Mamani lamentó que varios jóvenes, entre profesionales y egresados de universidades públicas y privadas, estén desempleados.

“Yo estoy luchando para que el presidente (Arce) genere políticas de empleo, para que plantee políticas y programas el gobierno central”, agregó.

David Mamani

Así, Mamani, que lidera la facción evista de la “Túpac Katari”, respondió a la declaración del dirigente Javier Alejo, del bloque arcista de esa organización, que develó una solicitud para que el Mandatario disponga de direcciones departamentales y nacionales y hasta ministerios para los miembros de su sector.

“David Mamani no solo pidió ministerios, viceministerios y direcciones, sino también la administración de la autopista y el teleférico, porque su fin es satisfacer apetitos personales”, dijo el dirigente campesino en entrevista con Bolivia Tv.

Incluso, expuso un video en el que se ve a Mamani y otros Ponchos Rojos reunidos en un ambiente de la Casa Grande del Pueblo. Según el audio, se dirige al presidente Arce, a quien reclama al menos 20 direcciones departamentales y otras 20 nacionales. Pero también le pide “oportunidad” para que sus compañeros asuman los ministerios de Obras Públicas, de Educación y de Salud. “Caso contrario, este pueblo va a ser la primera organización social que se va a movilizar”, amenaza Mamani en ese video.

Conflictos

La anterior semana, la facción que lidera Mamani se enfrentó con miembros de la Policía Boliviana, cuando pretendía tomar por la fuerza la sede de esa organización, cuya oficina se encuentra en la zona de San Pedro. Liderada por David Mamani, esa facción anunció el fin de semana un bloque de caminos. Exigen la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

El juez de instrucción en lo penal anticorrupción de La Paz, Juan Carlos Montalbán, emitió el mandamiento de libertad para el capitán de Ejército, Marco Caviedes, sentenciado por su participación en la asonada militar del 26 de junio.

Tras someterse a un proceso abreviado en el que aceptó su culpabilidad por la comisión del delito de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, el militar pudo acogerse al perdón judicial y recuperar su libertad.

Caviedes era ayudante del excomandante general del Ejército, general Juan José Zúñiga, que lideró la toma militar de la Plaza Murillo, acompañado de militares fuertemente armados y vehículos blindados de asalto.

Asonada militar

La información fue confirmada por el abogado Eusebio Vera a Erbol. Ahora. El uniformado saldrá de la cárcel de San Pedro, donde guardaba detención preventiva.

Según Vera, el día del hecho su defendido no sabía de los planes del general Zúñiga y se limitó a asistirle llevando su maletín.

El jurista explicó que su defendido, de 35 años, está a cargo de sus hijas y sus padres de la tercera edad, por lo que “no debería estar detenido”.

El caso del golpe de Estado fallido, como lo calificó el Gobierno, sigue en su etapa investigativa. En ese proceso ya se indagó a más de 100 personas: 26 de ellas están cauteladas, según el último reporte del Ministerio de Gobierno.

Sentencia

El viernes, luego de un proceso abreviado, la Justicia condenó al ayudante de Zúñiga, el capitán Marco Caviedes, a tres años de cárcel por la asonada militar.

Entretanto, el Ministerio Público, que inició una investigación de oficio, sigue con las indagaciones de aquella jornada, cuando Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Ese día, el mandatario le ordenó que retire sus hombres y tanquetas, pero éste se negó.

Inmediatamente, Arce cambió al Alto Mando Militar y fueron los nuevos jefes militares que ordenaron el repliegue de los uniformados.

A las 19.02, Zúñiga fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

El 1 de agosto, un tribunal militar dictó las bajas de Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga; Franz Ordóñez Menacho; y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.

Este miércoles se reinstalará la audiencia de inicio de juicio oral por la masacre de Senkata contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras 17 personas, luego de que el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) presentara el sábado la acción de libertad en contra del Tribunal Cuarto de Sentencia.

Antes, ese tribunal había paralizado ese proceso por 10 días, para que se hagan las correcciones, debido a que el Tribunal de Sentencia advirtió de erros en las acusaciones formuladas contra los investigados, porque no “habrían” identificado el grado de participación de cada uno de los imputados por los hechos del 19 de noviembre de 2019.

“Lo que necesitamos es evidente, que estos jueces actúen con imparcialidad y cuiden su propia independencia. Ellos tienen en una primera instancia que está en obligación de cuidar sus propias decisiones judiciales y de actuar apegados a la ley. Si bajo pretexto de estas presiones, bajo pretexto de estas inclinaciones no lo están haciendo, quiere decir que se están volviendo cómplices de actuaciones, porque las están avalando”, cuestionó Luis Guillén, abogado defensor de la exmandataria, en una entrevista con Cadena A.

Por su parte, el activista y asesor de las víctimas de la trágica jornada del 19 de noviembre de 2019, David Inca, consideró que con la intervención del Sepdavi, “les están dando más argumentos a los acusados para que se puedan ir a quejarse ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la CIDH va a llegar en octubre”.

“Este caso puede ser utilizado por la parte de los acusados, argumentando que hay una intromisión del Gobierno, del Ministerio de Justicia, (diciendo) que están presionando para que los jueces tengan resoluciones o resuelvan algunas acciones en contra el mismo Código de Procedimiento y del artículo 8 de la Convención Interamericana”, dijo Inca al mismo medio.

La masacre de Senkata es uno de los hechos luctuosos de noviembre de 2019, cuando militares y policías hicieron uso excesivo de la fuerza, amparados por el Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados por ejercer violencia excesiva.

El primer hecho ocurrió el 15 de ese mes, en el puente de Huayllani, Sacaba-Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas a causa de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

La segunda represión violenta ocurrió en El Alto, cuatro días después, el 19. Ese día, otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía que usaron material letal.

El presidente Luis Arce se refirió este martes a los anuncios de movilizaciones de la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y dijo que esos anuncios responden a “caprichos” de una sola persona.

“No estamos para estar violando la Constitución, ya no estamos para estar peleando. Ya no estamos para estar movilizándonos simplemente por caprichos de nadie. Aquí se tiene que respetar la Constitución Política del Estado y la voluntad del pueblo boliviano”, dijo el mandatario en un acto de entrega de viviendas sociales en Cochabamba.

Las declaraciones del Jefe de Estado coinciden con la marcha anunciada por el evismo en un ampliado nacional la semana pasada; y en la que se determinó iniciar una marcha el 17 de septiembre desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz.

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También se dejó abierta la posibilidad de un bloqueo de caminos, determinación que fue asumida días atrás por una facción de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” de La Paz.

El Gobierno atribuyó esas movilizaciones al expresidente y líder del MAS, Evo Morales, a quien, por su postulación a las elecciones presidenciales de 2025, fue calificado de “caprichoso”.

En el último tiempo, Morales criticó duramente la gestión de su otrora ministro de Economía y actual presidente Luis Arce; al que incluso calificó de “traidor” del MAS y del denominado “proceso de cambio”.

Incluso, lo acusó de buscar “a toda costa” su inhabilitación como candidato y la proscripción de la sigla de su partido.

Precisamente ese alejamiento entre Arce y Morales condujo a que la militancia; y hasta las organizaciones sociales del MAS dividan su apoyo entre ambos líderes.

Tras la irrupción en la sede de la Central Obrera Bolivia (COB), el lunes, los dirigentes Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, de los sectores campesino e intercultural, y afines al expresidente Evo Morales, se declararon este martes en la clandestinidad y denunciaron persecución política.

“Estamos haciendo esta conferencia de prensa desde el resguardo y desde la clandestinidad. Sabemos que el gobierno de Luis Arce junto (Juan Carlos) Huarachi han activado dispositivos policiales y judiciales para perseguirnos. Están rabiosos, no saben qué hacer”, dijo Claros.

El dirigente reconoció que, “evidentemente”, la COB fue tomada ante los “graves hechos” que se está planificando. Reiteró que se estuvo manteniendo “reuniones secretas” en pasados días. “Nosotros hemos hecho la toma pacífica de la COB y, para verificar, hay transmisiones en vivo desde el momento que hemos ingresado”, justificó.

A los minutos de esa protesta del sector evista, Huarachi denunció un “intento de golpe sindical”, además, de señalar que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

Esa noche, en distintos medios de información, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Édgar Cortez, confirmó que había sendas denuncias contra los dirigentes. Las autoridades del Ministerio Público tendrán que determinar el tipo de delito, adelantó.

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Este martes, en la marcha de la COB y de las organizaciones sociales, Huarachi también reprochó y condenó la toma de la casa matriz de los trabajadores y calificó de “acto vandálico”. “Condenamos todo acto de intervención a nuestras organizaciones sindicales, como así pasó en la COB, acto vandálico, delincuencial porque han agredido, han robado”.

“Lo que ha pasado (también) con nuestros hermanos de la Túpac Katari, lo que pasó en 2019; de igual manera, han tomado las sedes y hoy igual se están dando la tarea de dividir y toma de las instituciones”, denunció el ejecutivo de la COB.

El lunes, el presidente Luis Arce condenó también la “violenta” toma de la sede sindical de los trabajadores y exigió una investigación “rigurosa y una sanción” para los responsables.

“¡Así no! La violencia es el refugio de quienes desprecian la democracia. Condenamos enérgicamente la violenta toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

En otro acto público denunció que lo ocurrió fue un actos fascista.