Durante las jornadas de violencia post-electoral de 2019 perdieron la vida 35 personas y 500 resultaron con heridas de diversa gravedad. Hasta este lunes se tiene el reporte del pago de Bs 100.000 a cada familia, principalmente de Senkata, de 11 víctimas mortales, además de la ubicación de 17 personas a igual número de fuentes de trabajo.
El viceministro de Justicia, Huberth Vargas, informó de lo hecho hasta el momento en el marco del decreto 4176 aprobado en marzo de 2020 y que establece el incremento de la indemnización de Bs 50.000 a Bs 100.000 para familias de quienes perdieron la vida durante los hechos violencia y convulsión social octubre-noviembre.
Las jornadas de mayor violencia se dieron en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba. En Senkata perdieron la vida diez personas por impacto de bala y en Sacaba nueve, también por impactos de bala. En ambos casos hubo intervención de fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, a las que se les eximía de responsabilidad por sus acciones. Esa disposición fue anulada.
“Ese monto (Bs 100.000) ya ha sido asignado y depositado a 11 familias, principalmente de Senkata”, explicó y no precisó a cuántas personas heridas llegó la indemnización que estableció el Gobierno en función del grado de invalidez derivado de las heridas provocadas en las jornadas de violencia post-electoral.
Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 se desataron una serie de hechos de violencia. Los cívicos iniciaron un bloqueo de caminos denunciando fraude electoral. La situación se agudizó hasta sumar un motín policial y la sugerencia militar de dimisión. Evo Morales, dimitió.
La semana pasada, un grupo de víctimas de la violencia en Senkata llegó hasta la plaza Murillo con la intención de reunirse con autoridades de Gobierno para exigir justicia, ya que a más de diez meses de lo ocurrido no hay responsables. Policías los sacaron de la plaza con violencia, entre ellos estaba el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en esos hechos de violencia se registraron 35 muertos y 500 heridos. Inicialmente se aprobó el decreto 4100 que no solo establecía una indemnización menor, Bs 50.000, sino la prohibición de hacer denuncias internacionales de recibir el dinero. La norma fue cuestionada y anulada.
Vargas informó que también se acomodó en 17 personas, no precisó si eran víctimas o familiares, en puestos de trabajo de la administración pública.
También recordó que se ayuda en los trámites de declaratoria de herederos a los beneficiarios, además dijo que el Gobierno tiene la obligación de correr con los gastos de curación de los heridos hasta su restablecimiento, entregar alimentos y devolver los recursos económicos de aquellos gastos médicos que hayan hecho.
(21/09/2020)