El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este miércoles que la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es “antihombres” porque se cometen “abusos” y su colega Andrea Barrientos lo fustigó por ese comentario.

“Me parece una muy buena iniciativa (modificar esa norma), porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente le senadora Andrea (Barrientos) no va a estar de acuerdo, pero hay bastante abuso y nos consta”, dijo en la sesión del pleno camaral.

“¿Qué le pasa?”, repudiaron varias senadoras, entre ellas, Andrea Barrientos.

Rodríguez hizo esa declaración luego de que su colega, también del ala evista del MAS, Patricia Arce, planteara una modificación a dicha ley, debido a que su comisión recibió “varias denuncias” sobre violación de derechos a la que son sometidos algunos hombres.

“Es una ley muy complicada, (porque) hemos recibido denuncias de personas que están siendo vulneradas por esta ley”, dijo Arce.
Incluso, Arce pidió a sus colegas sumarse “para sacar una ley en beneficio de todos los bolivianos”.

Aludida, la senadora Barrientos criticó el comentario de Rodríguez y le recordó que esa norma es “el resultado de casi 50 años de lucha de las mujeres para que no nos maten, para que no nos violen y no nos abusen”.

Rodríguez

La legisladora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) reconoció que existen “abusos”, aunque atribuyó ello a los operadores de justicia.

“Yo jamás voy a negar que hay denuncias falsas, porque (sí) hay denuncias falsas. ¡Retráctese! Son los operadores de justicia los que fallan; son los IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) los que no hacen sus informes a tiempo; son las defensorías que dilatan por más de 40 días sus informes; la Policía, que no recibe denuncias a tiempo”, reclamó.

“Es el sistema machista que le impide a usted, como hombre, ir a decir ‘yo soy víctima de violencia también’. Yo estoy dispuesta y abierta al debate cuando usted guste”, añadió.

Barrientos

El intercambio de criterios entre los legisladores se hizo viral en redes sociales hasta a las 15.18 de este miércoles. Luego de sus primeras declaraciones, Rodríguez se excusó.

“Ratifico mi convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348. Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso si se malinterpretaron mis palabras”, escribió en su cuenta de X.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

Ante el escenario adverso por el continuo riesgo de interrupción del proceso de preselección de candidatos rumbo a elecciones judiciales, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la latente paralización del proceso a efecto de un amparo constitucional.

“La institución defensorial agotará toda oportunidad de convocar a las instancias correspondientes a garantizar a los ciudadanos el derecho a la elección democrática de sus autoridades judiciales”, señala la Defensoría, a través de un pronunciamiento.

Dos amparos constitucionales ante la Justicia amenazan con frenar de nuevo el proceso de la preselección en la Asamblea Legislativa.

Ayer se conoció que la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó paralizar la preselección de postulantes tras un amparo constitucional interpuesto por la inhabilitada Margarita Medrano.

También se conoció otro recurso interpuesto por el inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

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La Defensoría señaló que realizó diferentes acciones en el acompañamiento al proceso de preselección, desde “exhortar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Órganos del Estado a garantizar los derechos de los bolivianos de elegir a sus autoridades”, además de “acompañar la sesión en la Cámara de Diputados donde se consideró la aprobación de la ley de convocatoria para las judiciales”.

“Tras la promulgación de la Ley 1549, la Defensoría del Pueblo llamó a los actores políticos a cumplir con sus acuerdos y viabilizar el cumplimiento de la norma y, mediante comunicado, se alentó a las mujeres a participar del proceso de elecciones judiciales, para impulsar la equidad de género dentro el sistema de justicia boliviano”.

Además, señaló que el anuncio de la presencia del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia, José Luis Caballero, prevista para el mes de mayo, debe ser una oportunidad para que se pueda allanar y dar continuidad al proceso de preselección a los cargos del Órgano Judicial.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que hay cuatro asuntos pendientes que una “cumbre política” debería atender «con más diálogo y menos confrontación» distintos temas, como la salud, educación, economía y justicia.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca deberían sentarse con sus colegas políticos y oír las inquietudes de la población.

“No nos ayudan estas peleas internas, ni en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni en Comunidad Ciudadana (CC) ni en Creemos”, reclamó.

El expresidente preguntó: “Señor presidente o señores políticos, ¿cuándo se van a sentar ustedes para darnos una esperanza?”.

Recordó que muchos de los conflictos políticos y crisis, luego de la recuperación de la democracia, fueron resueltos por «grandes acuerdos políticos». Espera que esos acuerdos se repitan en medio de la crisis política y social.

Rodríguez tiene esperanza de recuperar la política y que las decisiones de la Asamblea Legislativa tengan un “verdadero impulso” y mayor valor, más que “encaprichamiento de unos señores que creen que van a seguir manejando el país”, en alusión a los magistrados prorrogados de los altos tribunales.

El país atraviesa por una crisis judicial, debido al entrampamiento de las elecciones judiciales. La población también sufre una crisis política por las fracturas internas en las fuerzas políticas y una situación difícil en materia económica por la ausencia de dólares.

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El expresidente Carlos Mesa insistió este miércoles en un supuesto “complot” entre el Gobierno y los magistrados y consejeros electos en 2017 para “impedir” la realización de las elecciones judiciales.

“Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de (Luis) Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Así, Mesa abordó el auto emitido por la Sala Constitucional de Santa Cruz que concedió tutela aun amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada al Consejo de la Magistratura, que frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

“Mientras el Tribunal Constitucional siga bajo el control de los ilegales, no parecen posibles las elecciones judiciales”, agregó el exjefe de Estado.

Hay un segundo recurso presentado Herculiano Capusiri, postulante rechazado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque, en este caso, fue interpuesto ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El diputado Juan José Jáuregui informó que la audiencia de para la resolución de ese amparo será el lunes 22 de abril.

Por su parte, el diputado Jerges Mercado develó en La Razón Radio que existen al menos 15 amparos contra la preselección de postulantes a las judiciales y consideró que eso se debe a una “mano negra” en contra del proceso.

Este miércoles iba a comenzar la fase de entrevistas de la evaluación de méritos de los postulantes habilitados para esa instancia.

Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió a la Asamblea Legislativa «declarar inadmisible» la decisión judicial que suspende el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

El martes, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó la suspensión al proceso de preselección hasta el lunes, luego de que la ciudadana Margarita Medrano presentó un amparo con ese fin.

También, en sesión de la Comisión Mixta de Constitución se conoció sobre la notificación de otro recurso interpuesto por el postulante inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Expresidente de la otrora república (2005-2006) y de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé recomendó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, declarar “improcedente e inadmisible” el fallo judicial y continuar con el trabajo legislativo de examen de méritos de los postulantes.

Cuestionó que el amparo interpuesto por un ciudadano haya paralizado el proceso de preselección, a sabiendas de que —según la Constitución— dispone el recurso cuando el recurrente agotó todos los medios de impugnación. 

Las autoridades del Órgano Judicial tienen que garantizar que se haya seguido el procedimiento. “Se prevé un recurso para impugnar decisiones camarales o de este género. Ése era el camino”, añadió.

En su criterio, la decisión cautelar de suspender el proceso no se enmarca en el “sentido de oportunidad ni de proporcionalidad”, puesto que la Asamblea Legislativa está desarrollando una tarea que le señala la Constitución, a través de acuerdo multipartidario, para activar un derecho ciudadano, que es elegir.

“No puede ese proceso ser interrumpido por un juez, es ajeno al sentido de oportunidad”, dijo.

Además, consideró que una sola persona, por más razones tenga, no puede violentar el derecho de la mayoría de los ciudadanos a elegir a las autoridades judiciales.

Sin dar mayores datos, Rodríguez advirtió que uno de los jueces que determinó frenar la preselección fue recientemente posesionado por los miembros de un tribunal “autoprorrogado”. “Ese juez debería examinar que sus decisiones pueden entrar en un conflicto de intereses entre los tribunales que revisarán esa decisión”.

“Son tres o cuatro razones, a mí juicio, por las que la Asamblea Legislativa debería simplemente declarar inadmisible esa orden y avanzar como lo están haciendo”, insisitío.

Esta es la tercera vez que las elecciones se paralizan por decisión es salas constitucionales, producto de amparos presentados. El primer freno fue el 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido ante la medida cautelar interpuesta por Miguel Ángel Balcázar.

La segunda traba se presentó el 27 de abril, luego que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de los comicios, al considerar que iba contra la Constitución.

Rodríguez aseguró que se está replicando lo mismo que ocurrió el año pasado. “Lo que califiqué como maquinación orquestada. Se está repitiendo la misma fórmula” para frenar los comicios judiciales.

“Resulta improcedente que esos amparos puedan frenar un proceso y, sobre tod,o porque vulnera el derecho ciudadano”, dijo.

Lamentó que los jueces que, a través de la tutela de un amparo paralizan las elecciones judiciales, sobrepasan sus competencias y afectan el derecho de elegir a las autoridades judiciales.

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