Nacional

lunes 26 oct 2020 | Actualizado a 14:30

Es totalmente falso que La Razón y Extra se hayan comprado con dinero del programa ‘Evo Cumple’

Respuesta de La Razón y Extra a las recientes denuncias falsas que señalaron que estos periódicos fueron adquiridos con recursos del programa de inversión social 'Bolivia Cambia, Evo Cumple'.

El galpón de La Razón y Extra, en Colinas Santa Rita, Auquisamaña, La Paz.

Por La Razón

/ 28 de septiembre de 2020 / 00:39

Nuestros periódicos y nuestro principal accionista, Carlos Gill Ramírez han venido enfrentando una incesante campaña de desprestigio, iniciada hace varios meses. En varios medios de comunicación se han publicado afirmaciones y denuncias falsas por parte de políticos y algunos periodistas, referidas a su supuesta participación en una organización criminal que se habría constituido por empresarios bolivianos y extranjeros para tomar por asalto algunos medios de comunicación de prestigio del país, habiendo  supuestamente  ejercido presión en ellos, aprovechando de la fuerza del poder estatal para amedrentar, intimidar y extorsionar a sus propietarios, para obligarlos a vender los mismos por cifras ínfimas, con relación a su verdadero valor de mercado y, en algún caso, sin pagar un centavo.

Por lo visto, todo lo anterior no bastó y los detractores de nuestros periódicos, al no obtener resultados con dichas mentiras, en los últimos días, una vez más, pretenden afectar La Razón, Extra y su principal accionista, se vieron afectados con la tergiversación de la realidad del contenido de un Informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con base en dicho informe, se hicieron nuevamente especulaciones y se difundieron falsos supuestos, orientados a desinformar y desprestigiar. Esto ocurre específicamente cuando se afirmó y denunció hace pocos días que La Razón y Extra habrían sido adquiridos con recursos del programa de inversión social “Bolivia Cambia Evo Cumple”, financiado en parte con créditos venezolanos.

De esta manera, nuevamente se trata de mezclar al periódico y su accionista mayoritario en operaciones que no son inherentes a ninguno de nuestros negocios.

Por ello, una vez más y en apego a la ética empresarial y periodística, se hace necesario que expliquemos la realidad, con pruebas documentales, sobre la compra  de nuestros periódicos.

Tenemos que mencionar lo siguiente sobre el Grupo PRISA y la Banca de Inversión Violy & Company, asesora en la operación de compra de los periódicos:

—El Grupo PRISA S.A. (Promotora de Informaciones S.A.) es una compañía multimedia de comunicación española. Es el mayor grupo de medios de comunicación de contenidos informativos, culturales y educativos en España e Hispanoamérica, con presencia en radios, canales de televisión, prensa escrita y editoriales. Esta empresa era la anterior propietaria del 99,7525% de las acciones de Comunicaciones el País S.A. (dueña del periódico La Razón) y del 99,9658% de Información Extra S.A. (dueña del periódico El Extra).

—Violy & Company es una firma internacional de consultoría financiera de renombre mundial, con experiencia única en los mercados iberoamericanos en asesoría de grupos familiares y empresas multinacionales. Presta los servicios de revisión y evaluación de estrategias empresariales, análisis de valoración, formulación de estrategias para transacciones de venta y búsqueda de compradores.

La compañía Violy & Company fue contratada por el Grupo PRISA al momento en que decidió desinvertir en varios países entre ellos Bolivia, para la búsqueda de posibles compradores de su inversión, específicamente  de los diarios La Razón y Extra en Bolivia.

Además, realizó la estructuración para la venta y los análisis exhaustivos de las condiciones de la transacción y también de la capacidad, solvencia y prestigio a nivel mundial que debía contar la empresa compradora. Por lo que, del análisis pertinente, se invitó al Sr. Carlos Gill Ramírez, dado su prestigio a nivel internacional, para participar en la compra de los referidos diarios, efectuando al mismo tiempo todos los trabajos de asesoría necesarios para llevar a cabo dicha adquisición con éxito.

En esos momentos (octubre de 2009) tanto el Grupo PRISA como el Sr. Carlos Gill Ramírez, eran clientes de dicha Banca de Inversión.

Lo anterior se acredita con  la carta expedida por Violy Mccausland en Nueva York, en  fecha 28 de enero de 2020, en la que en su parte pertinente textualmente señala:

“(….) que su firma estuvo contratada por el grupo español PRISA para la búsqueda de posibles compradores de los diarios La Razón y El Extra en Bolivia. De esta forma ofreció al Dr. Carlos Gill Ramírez la compra de los referidos diarios, efectuando todos los trabajos de asesoría necesarios para llevar a cabo con éxito dicha adquisición. Siendo que para la época tanto el Grupo PRISA como el Dr. Carlos Gill Ramírez eran clientes de nuestra Banca de Inversión. Haciendo conocer, que el Dr. Carlos Gill Ramírez es un empresario honesto, íntegro y altamente comprometido con el desarrollo de los países en los cuales efectúa su actividad empresarial, en los cuales siempre ha efectuado su labor bajo criterios de responsabilidad social y empresarial para lograr la sostenibilidad social y económica que preside y de las comunidades donde desarrolla su actividad”.

La desinversión de Grupo PRISA en el negocio de medios de comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia, se llevó a cabo en el contexto de una reestructuración global de los negocios del grupo.

Esta venta se hizo en un proceso público a valores de mercado a través de un proceso de intercambio de acciones del grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., poseedor a su vez de las acciones de los diarios La Razón y Extra. El Grupo PRISA, a cambio, adquirió un paquete de acciones de V-ME-Media, Inc. de propiedad del Sr. Carlos Gill Ramírez, comprometiéndose igualmente a aportar contenidos a dicha empresa de la cual ambos grupos, hasta la fecha, se mantienen como accionistas minoritarios.

Asimismo, la carta 1336 Libro Indicador N° 2020 Sección B, de fecha 3 de febrero de 2020, de la Secretaría General y del Consejo de Administración de PRISA Internacional, expresa y textualmente señala que:

“La desinversión de PRISA en el negocio de Medios de Comunicación en el Estado Plurinacional de Bolivia se llevó a cabo en el contexto de una reestructuración global de los negocios del grupo. Esta venta se hizo en un proceso público a valores de mercado a través de un proceso de intercambio de acciones del grupo Multimedia de Comunicaciones S.A., poseedor a su vez de las acciones de los Diarios La Razón y PRISA, a cambio adquirió un paquete de acciones de V-ME-Media Inc., comprometiéndose igualmente a aportar contenidos a dicha Empresa de la cual ambos grupos hasta la fecha, se mantienen como accionistas minoritarios. Es importante destacar, que la Sociedad V- Me Media, Inc. posee la red de televisión V-ME en los Estados Unidos de América, la cual  ofrece una alternativa de calidad a las familias latinas que viven en dicho país (…) Finalmente queremos dejar sentado también que, PRISA únicamente vendió al  grupo del  Sr. Carlos Gill Ramírez La Razón y El Extra, lo cual  ocurrió en el  mes de octubre del  año 2009 (…) Así PRISA no vendió al  grupo del  Sr. Carlos Gill Ramírez la televisora ATB,  la misma se efectuó en el mes de enero de 2009 a un grupo empresarial  totalmente distinto, por lo que ambas compra ventas no están  en forma alguna relacionadas, y ocurrieron en momentos históricos distintos.”

Con el contenido de dichos documentos se demuestra de manera contundente lo siguiente:

a) El Sr. Gill Ramírez solamente compró las acciones de La Razón y El Extra mediante un intercambio de acciones, no habiendo existido entrega de dinero de por medio.

b) PRISA no vendió al Sr. Carlos Gill Ramírez la red de televisión ATB, aclarándose además que se vendió a un grupo empresarial totalmente distinto.

c) El Sr. Gill Ramírez nunca tuvo intención de compra sobre ATB, ya que cuando se relacionó con el Grupo PRISA, las acciones de la cadena televisiva ya habían sido vendidas, es decir, se vendieron en el mes de enero de 2009 y el Sr. Carlos Gill Ramírez compró La Razón y Extra en octubre de 2009, es decir en fechas y tiempos totalmente distintos.

d) Las dos ventas realizadas por el Grupo PRISA no están relacionadas de ninguna forma entre sí. Una transacción no tiene absolutamente nada que ver con la otra.

Asimismo, otra especulación que quiere dañar de manera sistemática a nuestros medios de comunicación y a nuestro principal accionista, que vale la pena sea aclarada y desvirtuada para poner fin a esta campaña de desprestigio con la difusión de información falsa, es la referida a que el Sr. Carlos Gill Ramírez habría constituido la Fundación Siglo XXI para recibir recursos del programa “Bolivia Cambia Evo Cumple”.

El Informe de la UIF dice que esta Fundación recibió recursos de manera ilegal de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Textualmente señala: “Se ha podido detectar que los recursos provienen de la Embajada de Venezuela en Bolivia ($us. 143.316,00), fueron a parar a la Fundación Siglo XXI (constituida por Carlos Gill para encargarse de fomentar la exportación de textiles bolivianos).” 

Resulta que de una simple revisión del Acta de Fundación y de la Resolución Prefectural RAP N°047/96 a cargo del Prefecto del Departamento de La Paz, Lic. Germán Quiroga Gómez de fecha 13 de marzo de 1996, se evidencia claramente  que el Sr. Gill Ramirez, no sólo no fue socio fundador, sino que en fecha 22 de agosto del 2008, cuando renuncian todos sus asociados y se procede a la inclusión de tres nuevos socios, tampoco figura el Sr. Carlos Gill Ramírez entre ellos.

Con lo anterior se demuestra que el Sr. Carlos Gill Ramirez no tuvo y no tiene ninguna participación en la Fundación Siglo XXI y, por lo tanto, tampoco participó ni pudo haber participado en la disposición de los recursos con los que contaba dicha Fundación.

Esta malsana campaña en contra de nuestro diario se constituye en una flagrante violación a los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa, situación que será denunciada ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de tal forma que se garantice nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones, ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.

Por otro lado, a partir de ahora nuestro medio ejercerá legalmente su derecho a proteger su imagen y reputación por los medios legales que sean necesarios.

(28/09/2020)

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Lecciones de la votación

Será deseable que los ganadores realmente encarnen la personalidad que han mostrado en la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores.

Por La Razón

/ 26 de octubre de 2020 / 02:27

Pasada la euforia de la elección presidencial, con sus resultados que ahora deberían comenzar a resonar en clave de gestión y no de campaña, han comenzado a menudear los análisis de por qué la ciudadanía votó de manera tan clara a favor del candidato que en la encuestas siempre figuró como primero, pero nunca con la enorme diferencia que obtuvo el 18 de octubre.

Desde especialistas en sociología política hasta usuarios de redes sociales han ensayado diversas explicaciones al “fenómeno”, que, en general, no son excluyentes entre sí y que, por una parte, evidencian por sí mismas la incapacidad de un sector “ilustrado” de la sociedad para comprender el país por fuera de los prejuicios generalizados y, por otra, hacen visible la existencia de dichos prejuicios, que ora impiden una comprensión cabal de la complejidad de las razones del voto de hace días, ora imponen una visión del mundo reducida y reduccionista.

El mapa que permite visualizar la distribución geográfica del voto muestra la presencia nacional del MAS, lo cual en efecto ha sido reconocido por quienes señalan que se trata, actualmente, de la única fuerza política con presencia nacional. Pero también que dicha distribución señala la indiscutible raigambre campesina e indígena del Instrumento Para la Soberanía de los Pueblos, la misma que ha posibilitado estereotipar y racializar al votante masista hasta los peores extremos, como se ha visto en el último año.

También se ha señalado la clara identificación de los sectores nacional populares con el partido, su ideario y, sobre todo, sus prácticas políticas, algunas muy virtuosas y otras en lo absoluto; lo cual debiera también servir como recordatorio de que hace falta también formación política y madurez en la sociedad, no porque vaya a producirse la rotación de partidos que habilita la competencia democrática, como señala el ideario liberal, sino porque las y los votantes habrán de ser cada vez más demandantes, lo cual debería obligar a desarrollar mejores liderazgos.

La mirada delirante de quienes han insistido en la narrativa del fraude y las voces que la han hecho pública es también un recordatorio de que incluso la evidencia de las urnas es insuficiente para grupos que, lejos de buscar explicaciones razonables, apuestan a negar los hechos y mantener a su base engañada. No es que se trate de grandes grupos humanos, pero sí que pueden terminar siendo peligrosos debido a ese fervor.

Será deseable, pues, que los ganadores de la elección del 18 de octubre realmente encarnen la personalidad que han mostrado durante la campaña y los días posteriores a la votación: humildes y concertadores. Allí donde evidentemente hay grandes brechas y el interés de unos cuantos por mantenerlas o incluso ampliarlas se trata menos de ser el opuesto del neoliberalismo y más de ser su alternativa, evitando gobernar de espaldas a la sociedad civil o fundar el gobierno en la confrontación con los grupos minoritarios.

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El comodín ‘fraude’

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Por La Razón

/ 25 de octubre de 2020 / 06:54

Pese a la victoria contundente (26 puntos de diferencia), una elección participativa, el aval de todas las misiones de observación y un proceso en general transparente, algunas voces antidemocráticas, sin ninguna evidencia, insisten en cantar “fraude”. Los resultados de la votación, por otra parte, ponen en cuestión la narrativa del “fraude monumental” de los comicios de 2019.

Varias razones explican el triunfo del binomio Arce-Choquehuanca con el 55% de votos. El asunto permite diferentes análisis y está hoy en el centro del debate político. Lo cierto es que 11 meses después de la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, el MAS-IPSP ganó nuevamente las elecciones generales, como ya lo había hecho en 2005, 2009, 2014 y 2019. Esta vez lo hizo sin su tradicional binomio. Y sin duda marca un nuevo ciclo en el sistema político y en el propio “proceso de cambio”.

El dato preocupante, como anticipaban algunos estudios, es la tenacidad casi enfermiza de algunos actores que se niegan a reconocer y respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Recurren para ello al fácil expediente del “fraude”. Y lo hacen con base en deseos, supuestos, falsedades. Ellos mismos confeccionan su narrativa y sus “pruebas”, ¡y se las creen! Más allá de un serio problema de falta de cultura política, demuestran así un rasgo autoritario peligroso para la democracia.

En relación a los comicios del pasado 18 de octubre, que concluyeron con el cómputo nacional realizado por el TSE, no existe ninguna evidencia de alguna irregularidad que comprometa la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, grupos de choque juveniles —que algunos medios llaman “activistas”— y algunos dirigentes cívicos proclaman que hubo “mega fraude” (sic). Se trata, para decirlo de manera elegante, de un disparate. ¿Se puede decir lo mismo del discurso de “fraude monumental” del año pasado?

Diferentes organismos y medios de comunicación internacionales, como el diario español El País, sostienen que los resultados de las elecciones 2020 “cuestionan la tesis del fraude electoral de 2019”. Y ponen en la mira la operación realizada por la OEA de Almagro, mediante su misión de observación y el posterior informe de “integridad electoral”, para instalar la idea de “acciones dolosas” que habrían afectado el resultado. Varios estudios independientes demuestran la inconsistencia de tales “hallazgos”.

Ha quedado en evidencia que el grueso del informe de la OEA se concentra en el TREP, que como vimos con el fallido Direpre, tiene carácter exclusivamente informativo e incluso es prescindible. Con la votación del pasado domingo se demostró que el supuesto “cambio de tendencia” es una falacia, que el “patrón de adulteraciones de actas” expresa en realidad la votación histórica en determinados recintos y, lo más grave, que los “auditores” no se ocuparon de revisar actas ni del cómputo oficial. Un fraude.

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Transición ordenada

Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional.

Por La Razón

/ 24 de octubre de 2020 / 04:31

Ya hay un gobierno electo que en pocas semanas asumirá el mando de la nación. Mientras tanto, sería deseable que la actual administración se concentre únicamente en la preparación de información sobre el estado de las políticas públicas, evitando nuevos conflictos y decisiones tardías en la administración del Estado.

Después de mucho tiempo, el país va a experimentar un proceso de alternancia entre dos administraciones gubernamentales. El objetivo de esta fase, que durará un par de semanas, es que las autoridades salientes cierren su gestión de manera ordenada y que transfieran información precisa y clara a las entrantes sobre los asuntos que están bajo su responsabilidad.

No es un secreto la existencia de enormes divergencias en la orientación ideológica entre los gestores del gobierno de Áñez y los dirigentes del MAS, y no deja de ser una de las complejidades que se deberá resolver en esta corta etapa. Se esperaría que la transición, además de su utilidad práctica para evitar que el funcionamiento del Estado sufra por el cambio de autoridades, sea el inicio de una fase menos tensa y polarizada en la vida política nacional. Hay un adagio que dice que “lo cortés no quita lo valiente”, sugiriéndonos el talante que debería guiar a unos y otros en los próximos días.

En ese marco, sería recomendable que el Gobierno en funciones no asuma ninguna decisión que pueda generar nuevas controversias o que condicione el manejo de las políticas públicas de la próxima administración en el corto o mediano plazo.

Eso no se refiere únicamente a los grandes temas de la coyuntura, como la gestión macroeconómica o la situación de la Justicia, sino a aspectos más cotidianos como el manejo del personal o del presupuesto en las entidades públicas. Se ha indicado, por ejemplo, que se siguen produciendo despidos de funcionarios públicos o nombramientos de autoridades intermedias en ciertas reparticiones, lo cual resulta inapropiado a pocos días de la llegada de un nuevo gobierno. Tampoco sería deseable que las reparticiones estatales asuman compromisos financieros de última hora.

De igual manera, se esperaría que otros poderes autónomos, como el Legislativo o la Justicia, asuman también un comportamiento prudente en los próximos días. Ya tenemos un nuevo Poder Ejecutivo y una Asamblea Legislativa electos, y muy pronto formalmente constituidos, son esas estructuras las que tienen el mandato de encarar los grandes retos de la nación. No hay pues necesidad de complicar los futuros escenarios con acciones intempestivas o apresuradas.  

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‘Autoconvocados’

El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas.

Por La Razón

/ 23 de octubre de 2020 / 03:18

Al parecer, de nada han servido los informes de numerosas organizaciones nacionales e internacionales que hicieron observación electoral el domingo 18: en algunas ciudades del país hay grupos movilizados que intentan convencer al resto de la ciudadanía de que en la elección hubo “fraude”. No tienen evidencia de lo que se afirma, pero sí mucha fe en sus ideas.

En Cochabamba, como imitando el ejemplo de los pobladores de K’ara K’ara, los movilizados se han identificado como “autoconvocados”, quieren mostrar que ninguna organización política o poder económico está detrás de su movilización; algo muy similar sucedió en Santa Cruz, a los pies del Cristo Redentor en el Segundo Anillo: supuestamente nadie los convocó, pero cientos de personas se reunieron a defender el discurso del Comité Cívico pro Santa Cruz.

Similares movilizaciones se produjeron en Cochabamba y en Sucre, ambas en aparente competencia por causar algún efecto en la opinión pública antes del cierre de los cómputos electorales en las respectivas salas plenas de los tribunales electorales departamentales. En ambos casos, el cierre del cómputo, el de Chuquisaca el martes y el de Cochabamba ayer, ayudó a desinflar la movilización, pero no la eliminó por completo.

Santa Cruz es un caso mucho más complejo: la narrativa de un nuevo fraude es alimentada desde el ya citado Comité Cívico y cada uno de sus comunicados ha tenido eco en los anuncios hechos por Creemos, la agrupación política que llevó al expresidente de los cívicos a la candidatura que finalmente obtuvo la tercera mayoría de los votos válidos computados.

Hasta ayer, de fraude no había ninguna evidencia pública, pero sí discursos maximalistas que no solo demandaban la inmediata suspensión del cómputo, sino también la anulación de la elección del domingo 18, la anulación de la personería jurídica del MAS y demandas delirantes como una nueva auditoría al padrón electoral y la eliminación de la “diferencia” en el valor de los votos rurales y urbanos.

Finalmente, ayer, como muestra de que sí poseen la evidencia nunca exhibida, organizaron una operación mediática para mostrar cómo la gente de Creemos entregaba “miles” de actas observadas, convenientemente encajonadas, al Comité Cívico y no así al TED. Tal operación alimentó una notable oleada de rumores y noticias falsas que menudearon en las redes sociales virtuales causando crispación en la ciudadanía. Notable es que sus observadores en la sala de cómputo del TED no tuvieron ni una sola observación al proceso.

Son tiempos difíciles para la restitución democrática. El fetichismo de las encuestas ha hecho que muchas personas opuestas al MAS consideren inverosímil el resultado que arrojaron las urnas y estén dispuestas a creer a líderes que ni les representan ni nunca estuvieron en el marco de sus afectos. La confiabilidad del Tribunal Supremo Electoral está bajo asedio; con ella, también la democracia.

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Del TREP al Direpre

Se reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región.

Por La Razón

/ 21 de octubre de 2020 / 03:02

La tensión y la larga espera la noche del domingo plantean la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema seguro, rápido y confiable de resultados preliminares. La caída del Direpre anunciada por el TSE pocas horas antes de los comicios fue un gran retroceso. La certidumbre sobre el resultado no puede estar a merced de empresas privadas y medios de comunicación.

Desde la transición a la democracia, el sistema electoral boliviano ha privilegiado la seguridad por encima de la celeridad. Así, el cómputo oficial de votos, basado en actas físicas, puede tardar hasta una semana. Eso era aceptable el siglo pasado. Pero ahora resulta un exceso, además de un factor de riesgo, que la noche de la votación sean empresas encuestadoras, y no el organismo electoral, quienes nos brinden datos no oficiales. Se trata de un componente clave para la integridad electoral.

Durante casi cuatro décadas, la democracia en el país no supo dotarse de un sistema para agregar y proporcionar resultados preliminares. Eso cambió en 2016, en el referéndum constitucional, cuando por primera vez el TSE implementó un “sistema de aseguramiento de actas”. El sistema, luego bautizado como TREP, permitía contar con imágenes y datos de las actas desde las propias mesas de sufragio. Sobre esa base se proporcionaban resultados preliminares, a la espera del cómputo oficial.

Dicho sistema funcionó como factor de seguridad y de confianza, sin cuestionamientos, en el referéndum 2016, las elecciones judiciales 2017 y más de una treintena de referendos departamentales y locales sobre estatutos autonómicos y cartas orgánicas. Se trató sin duda de un gran avance para dar información oficial, con carácter informativo, la misma noche de los comicios. Se utilizó también en las fallidas elecciones del año pasado, hasta la imperdonable decisión de suspender la difusión de datos.

En marzo de este año, el TSE informó formalmente que se contaría con un nuevo sistema: el Direpre (Difusión de Resultados Preliminares), cuyo diseño fue encargado a una empresa británica. El sistema debía estrenarse en la votación del 3 de mayo, luego postergada tres veces. La innovación fue ampliamente respaldada. Pero no funcionó: primero se decidió no difundir imágenes de las actas y un día antes de la votación se lo canceló. Quedamos así sin resultados preliminares, lo cual es un lamentable retroceso.

El espectáculo que dieron varios canales de televisión el domingo con la proyección de resultados de Ciesmori y Tu voto cuenta, cuyos datos finalmente se difundieron a medianoche bajo presión, reafirma la necesidad de que Bolivia cuente con un sistema confiable de resultados preliminares, como ocurre en varios países de la región. Es importante, pues, que el Órgano Electoral haga su trabajo para que tanto la seguridad como la celeridad, que no son excluyentes, sean parte de nuestro sistema democrático.

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