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Monday 26 Sep 2022 | Actualizado a 10:29 AM

El fiscal Lanchipa revela que Interpol rechazó actuar en la extradición de Evo Morales

La causa es que entre los delitos que se acusa al exmandatario está “sedición”, una transgresión de orden político que no aborda Policía Internacional.

/ 30 de septiembre de 2020 / 11:57

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, reveló este miércoles que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) rechazó proceder con la detención de Evo Morales en Argentina con fines de extradición porque entre los delitos de que se le acusa está el de ‘sedición’, un crimen considerado de orden político.

En los reglamentos de Interpol, señaló el fiscal, “sedición” no figura como delito por el que pueda efectuar alguna acción.

Esta limitación está en el propio requerimiento que la denuncia presentó a la Fiscalía para enviarla a Interpol, argumentó Lanchipa.

“Nosotros, cuando se nos ha solicitado, en éste como con cualquier otro caso, se envía la transcripción de los delitos por los cuales la persona está siendo requerida y está siendo solicitada a través de la Interpol; en esta transcripción no se puede suprimir ningún delito, y cuando se incorpora la figura de sedición, como en este caso, Interpol interpreta que delito es considerado de orden político, y nos hizo conocer que ellos no van a poder llevar adelante la detención en tanto no se levante la tipificación de ese delito considerado según la normativa de Interpol de orden político”, informó el fiscal Lanchipa en inmediaciones de la Asamblea Legislativa.

Una de las demandas de extradición de Morales es la presentada por el Gobierno por el audio en que se escucha al expresidente hablar de bloqueo de caminos y cerco a las ciudades, en noviembre del año pasado.

El gobierno de Jeanine Áñez consideró que aquélla es una prueba de sedición y terrorismo, razones por las cuales acusó al exmandatario.

(30/09/2020)

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Elección sorpresiva: Reivindican la legitimidad del nuevo Defensor

Los opositores, sin embargo, insisten en que la legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo está dañada ya de origen, no solo por la forma en que fue electo el viernes, sino por ser el “Defensor del masismo”.

El bochorno en la elección del Defensor del Pueblo, el viernes.

/ 26 de septiembre de 2022 / 06:39

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé coincidieron en que la verdadera legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo estará en lo que haga y no tanto en su origen. La oposición cuestiona la legitimidad del origen.

Aparte de la legalidad de la elección, el viernes 23, el debate que ahora se abre es la legitimidad del electo defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro.

El expresidente Rodríguez Veltzé (2005-2006) afirma que, en perspectiva, la principal prueba de legitimidad de una autoridad es su desempeño y no tanto la forma cómo fue elegida o designada.

“La principal prueba de legitimidad de una autoridad pública es su desempeño y vocación de servicio a la colectividad, antes que a partido político alguno. No es solo la modalidad de su elección o designación”, posteó el expresidente en Twitter.

También le puede interesar: ¿Por qué 34 legisladores no estuvieron en la elección del Defensor del Pueblo?

La opinión del exmandatario sucede luego de la elección del nuevo Defensor, el viernes, cuando la bancada de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) sorprendió a la de la oposición con la elección en el puesto de Callisaya Aro.

Sucesión

Hay que recordar que también el mandato de Rodríguez Veltzé fue producto de un azaroso proceso de sucesión presidencial: fue la quinta y última autoridad que según la anterior Constitución tuvo que asumir la Presidencia, tras las renuncias de los presidentes del Senado (Hormando Vaca Díez) y de Diputados (Mario Cossío).

El desafío “no está en el origen sino en su mandato, en lo que haga y que dé legitimidad a su gestión”, dijo de la nueva designación el ministro Lima mediante una nota de prensa de Justicia.

El ministro fue más allá: consideró legítimo el golpe de timón que de todos modos fue el modificar de manera abrupta el orden del día de la sesión del viernes 23.

Fue una respuesta política imprevista para sortear un bloqueo de hecho, dijo. “Había que romper con el cerco impuesto por Luis Fernando Camacho (de Creemos) y Carlos Mesa (de Comunidad Ciudadana). Había un bloqueo sistemático y un interinato de bastante tiempo”, subrayó.

Los opositores, sin embargo, insisten en que la legitimidad del nuevo Defensor del Pueblo está dañada ya de origen, no solo por la forma en que fue electo el viernes, sino —como desde el principio le acusaron— por ser el “Defensor del masismo”.

“Este Defensor del Pueblo no tiene ninguna legitimidad; es el Defensor del MAS; apócrifo. Es una persona que definitivamente estaría aceptando, si es que asume el cargo, ser un azul que ha golpeado al Parlamento y a la democracia”, señaló airada la senadora de Creemos Centa Rek.

Callisaya Aro fue elegido con 95 de 97 votos, que hicieron dos tercios suficientes.

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Prada refuta a Camacho y le exige que ‘deje de mentir’ sobre la ejecución presupuestaria

Camacho dice que su ejecución es de 48%; eso se obtiene sumando indebidamente gasto en sueldos e inversión, deploró la ministra María Nela Prada.

La ministra María Nela Prada, en BTV

/ 25 de septiembre de 2022 / 14:55

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, demandó este domingo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que «deje de seguir mintiendo» sobre la ejecución presupuestaria de la Gobernación.

En declaración a Bolivia Tv, la funcionaria hizo el llamado al comentar la respuesta que dio la Gobernación cruceña a la observación que había hecho ella la anterior semana.

En respuesta al discurso en que Camacho llamó «traidores» a varios cruceños, Prada dijo que la ejecución de la inversión pública de santa Cruz a agosto apenas llegaba a 17%.

Cifras de Camacho

Camacho reclamó en sentido en que la ejecución presupuestaria de la Gobernación en realidad era de 48%.

Sin embargo, Prada deploró que el Gobernador obtenga esa cifra sumando el gasto corriente (pago de salarios y servicios regulares de la Gobernación) y la ejecución en inversión.

Puede leer: Prada fustiga a Camacho: Machito peleador, flojo, incapaz y con la peor ejecución

En gasto corriente, claro, que tiene que estar al día, apuntó Prada, porque cada mes se tiene que pagar sueldos.

Solo sueldos

Pero pasa que hoy día Santa Cruz la Gobernación está haciendo gestión «solo en el pago de sueldos», denunció Prada.

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Según datos del Servicio de Gestión Pública (Segip), a septiembre Santa Cruz tiene la cuarta mejor ejecución presupuestaria de gasto corriente, con 34,9%, 759 millones de bolivianos de un presupuesto de Bs 2.174 millones.

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Solo una fiscalía autónoma le hará bien a la democracia

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

Estuvo de visita en La Paz el máximo ejecutivo de la asociación que reúne a las fiscalías de 22 países de la comunidad iberoamericana

Por Iván Bustillos

/ 25 de septiembre de 2022 / 06:38

El punto sobre la i

La semana pasada estuvo de visita en Bolivia el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa Delgado, pero llegó al país sobre todo como el nuevo presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (fiscalías), AIAMP, una de las instituciones de justicia más antiguas de la región, que nació en 1954; que reúne a las fiscalías de 22 países, incluidos España y Portugal; que trabaja mediante siete “redes especializadas de fiscales”, a saber: contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; de ciberdelincuencia; de fiscales antidroga; contra la corrupción; de cooperación penal internacional; de protección ambiental; y, la especializada en temas de género. Lo que hace diferente a esta asociación, destaca su presidente (desde el 29 de julio), es que es operativa, ayuda a la colaboración práctica de las fiscalías, en los casos que se requiera.

—Uno de los fundamentos de la Asociación es trabajar por la autonomía y la independencia de los ministerios públicos. ¿Cómo están materializando esto?

—Hay un reto en la región para fortalecer los principios de autonomía e independencia de los ministerios públicos, cada país tiene sus propias dinámicas. Pero lo importante es que en la medida en que existan mejores y más autónomos ministerios públicos, vamos a tener una mejor justicia y una mejor salud de la democracia.

—¿Qué problemas comunes ven para la autonomía e independencia de las fiscalías?

—Uno de los primeros es, en algunos países, la injerencia o enfrentamiento que existen entre los Ejecutivos y los ministerios públicos. Lo hemos visto recientemente en el caso de Perú, donde hay una investigación de la Fiscalía General del Perú a un Presidente en ejercicio. Ese es uno de los temas gruesos que tenemos en el continente. Y, por supuesto, diferentes aspectos que tienen que ver con el procesamiento o investigación de personas que han ejercido cargos públicos, que utilizan todo tipo de mecanismos para oponerse y atacar a los ministerios públicos. Creo que lo importante de esta asociación es ponernos de acuerdo para no solamente defender esa autonomía del Ministerio Público, sino al mismo tiempo plantear la idea de que los ministerios públicos pueden también colaborar armónicamente con los diferentes órganos o poderes de los países. En la medida en que dialoguemos más, las condiciones de salud de las democracias serán mejores.

—¿Cuánto pueden colaborar entre fiscalías, dada la normativa que tiene cada Estado? ¿Es un problema esto?

—No. Nosotros tenemos en este momento el Convenio de Palermo, que permite la cooperación judicial, rápida y efectiva entre las diferentes fiscalías. Esta es una asociación que permite hacer cosas como las siguientes: tener redes de fiscales en diferentes temáticas; por ejemplo, una red sobre tráfico de migrantes; la lucha contra el narcotráfico; contra la minería ilegal, de protección al medioambiente. Lo que nos permite tener operaciones judiciales conjuntas contra la criminalidad; acciones conjuntas que han permitido la captura y el enjuiciamiento de personas en diferentes países. Mientras que normalmente los tratados internacionales de los (poderes) Ejecutivos se dan sobre una base de intenciones, nosotros vamos sobre una base de resultados. Hoy tenemos resultados concretos de interdicción de narcóticos, de trabajo contra el tráfico de migrantes, de lucha contra el contrabando, contra la minería ilegal, contra la corrupción.

Francisco Barbosa Delgado, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) Foto. Rodwy Cazón

—Es más operativa ¿no?

—Es más operativa.

—En narcotráfico, que es un tema que toca a todos, ¿cuánto han podido avanzar en cuanto a operaciones? Es intercambio de información, de operativos…

—De operaciones conjuntas. Por ejemplo, las redes de Centroamérica y el Caribe y toda la zona de los países andinos, hemos venido haciendo cooperación conjunta en diferentes tipos de acciones, más de 30 operaciones conjuntas entre diferentes fiscalías. Hay resultados concretos, como el compartir información de inteligencia judicial que surge en uno u otro país.

—Ya se hace eso.

—Ya se hace eso. Estamos compartiendo esa información, lo que nos permite operar dentro de nuestros estados; si hay una información que la Fiscalía de Bolivia considera relevante en un caso, se le entrega a la Fiscalía colombiana, y nosotros ya podemos operar con esa información en nuestro país. Eso es vital, nos ha permitido tener unos vínculos muy serios con las diferentes redes de lucha contra la criminalidad en nuestra región.

—¿Cuál ha sido el avance de la red contra la corrupción?

—Sobre la red de corrupción, estamos sobre la base de una serie de patrones comunes que se han venido consolidando a través de Andorra, que es el que encabeza ese grupo, y los resultados han sido concretos. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la extinción de dominio y lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente lo que se establece es la persecución penal; pero hay que acompañarla con la búsqueda de los bienes que sustentan esas actividades criminales. En ese sentido ya hay mecanismos de cooperación que se han venido estableciendo, muchos bilaterales. Si existen bienes de personas que ejercen cargos públicos que están en otro país, es posible iniciar procesos conjuntos de extinción de dominio, para solicitar el origen de esos recursos y proceder a la extinción de los bienes. Los bienes tienen un componente: si los perseguimos, estamos rompiendo la base delictiva de las organizaciones criminales.

—La fuente.

—La fuente. En Colombia, en los últimos dos años y medio hemos extinguido bienes por más de 6.000 millones de dólares, y bienes que tienen diferentes orígenes, colombianos, pero también de otros países.

—¿Mismas cifras de la red…?

—No. Parte de lo que se pretende hacer es consolidar una secretaría técnica o unas unidades de trabajo técnico permanentes, para poder hacer monitoreo, y darle concreción a una asociación que nació en 1954; vamos a cumplir 68 años, es una asociación que tiene seis años menos que la misma Organización de Estados Americanos (OEA).

—¿Desafíos que tienen como asociación?

—Estamos con grandes desafíos. No solamente (ante) los Ejecutivos. En algunos países tenemos, por ejemplo, lo que se rechazó por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador, la creación de comisiones internacionales para menoscabar la autonomía de las fiscalías; también enfrentamos ideas que han surgido en algunos países de querer mutilar las competencias de los ministerios públicos, para que éstas dependan de los Ejecutivos o de otros intereses. Tenemos un gran reto: que los ministerios públicos puedan contar con policía judicial propia y no una policía judicial que dependa de la Policía Nacional, que al mismo tiempo depende de los Ejecutivos.

—¿Corrupción entre los fiscales?

—Como en todas las organizaciones públicas (en la Fiscalía), también existe corrupción. Siempre hay riesgos, pero lo importante, más allá de pensar en el angelismo institucional, tenemos que pensar en el mejoramiento, crear mecanismos de control interno, tener mejores presupuestos, mejores remuneraciones; tener una mejor vinculación con la ciudadanía. Hay que contarle a la gente qué es lo que hacen los ministerios públicos; y al mismo tiempo hay que pensar en las nuevas ciudadanías, como, por ejemplo, pensar en la protección a la mujer, en las poblaciones históricamente discriminadas, como las poblaciones indígenas, afro, LGBTI, la protección a los animales. Las fiscalías también tienen que estar entendiendo los discursos ciudadanos.

—¿Cómo la Fiscalía puede ser parte de la reforma de la justicia?

—Cualquier reforma que exista en un país sobre la justicia tiene que ser siempre buscando que se sostenga la administración, que se fortalezca y que no se atente contra la autonomía y la independencia.

—En su visita conoció el sistema de gestión informática de la Fiscalía, en Colombia debe haber algo similar.

—Existe un trabajo similar, pero yo quiero resaltar el trabajo del fiscal general Juan Lanchipa; creo que es un funcionario excepcional, que ha venido innovando; creo que el proyecto Justicia Libre es un proyecto muy interesante, porque le da la posibilidad al Fiscal General de poder hacer una gerencia inteligente en la lucha contra la criminalidad, a partir de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la información y comunicación. Si el país hace un tránsito, como lo está haciendo, creo que Bolivia entrará en una dinámica de un país que puede compararse con cualquier otro en términos de justicia. Yo rescato y celebro el esfuerzo del Fiscal General para poner a Bolivia en sintonía mundial con el tema de estas tecnologías.

—Usted fue propuesto por el presidente Iván Duque; trabajó en su gobierno; tiene su propia opinión sobre el proceso de paz…

—Fui uno de los que construyó el proceso de paz.

—Ahora debe seguir en funciones bajo el gobierno de Gustavo Petro, opuesto al de Duque. Con todo esto, ¿cómo está el proceso de paz y al final qué perspectivas tiene?

—Mire, es un trabajo muy interesante, porque como Fiscal General de Colombia me tocó trabajar con un gobierno, y me toca trabajar con este gobierno. Para responder su primera pregunta, yo creo que el proceso de paz va hacia adelante; debe seguirse implementando. Yo creo que el proceso ha venido complementándose con la idea del presidente Gustavo Petro, de una paz total. Según lo que él ha señalado, es necesario involucrar ya un proceso que quiere iniciar con el ELN, y un proceso con las disidencias y con diversos grupos delictivos que hay en Colombia. Frente a lo primero, el ELN, la posición del Fiscal General fue simple y rápida: acompañamos el proceso que el Presidente de la República en virtud de sus facultades constitucionales tenga. Yo soy un colaborador en la política pública del presidente Petro. Hemos conversado largamente con él. Eso hace que el país haya tenido un buen ámbito y una buena temperatura, en la medida en que muchas personas creen que porque uno viene, que fue enternado (propuesto en una terna) por otro Presidente no va a tener una buena relación con el presidente Petro.

—Larga vida a la paz en Colombia, fiscal.

—Larga vida a la paz. Yo fui uno de los que ayudó a concebir la jurisdicción de paz en 2016-2017; luego fui consejero presidencial en Derechos Humanos; posteriormente, muy poco tiempo estuve durante el gobierno del presidente Duque; fui elegido unánimemente, por primera vez en la historia de Colombia, por la Corte Suprema de Justicia, como Fiscal General, y créalo que la Corte Suprema me eligió por ser un amigo de la paz, por ser un constructor de paz.

Francisco Barbosa Delgado Las materias de sus investigaciones han girado en torno al derecho penal internacional, la justicia transicional, la historia constitucional colombiana, el derecho constitucional, el derecho administrativo, la contratación pública y el derecho internacional de los derechos humanos.

DATOS

Nombre: Francisco Roberto Barbosa Delgado

Nació: en Bogotá, Colombia, el 11 de enero de 1974.

Profesión: Jurista e historiador. Ocupación: Fiscal General de Colombia; presidente de la AIAMP

PERFIL

Algunos de sus libros son: ¿Justicia Transicional o Impunidad? La encrucijada de la paz en Colombia (2017); Del derecho de gentes al derecho humanitario en Colombia, 1821-1995 (2013).

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Detienen a Apaza; hay polémica sobre la fuerza que se usó

Julio César Apaza Tintaya, presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, antes de ser detenido.

Por Iván Bustillos

/ 23 de septiembre de 2022 / 06:05

Alrededor de las 02.40 de la mañana del jueves, en Villa Fátima, fue detenido el presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, César Apaza. Mientras familiares denunciaron hasta “tortura” en su contra, la Policía negó este extremo.

En cuanto fue aprehendido, Apaza fue trasladado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de El Alto, “por un tema de seguridad”, reconoció a la prensa el director departamental de la FELCC, coronel Rolando Rojas.

La denuncia de que Apaza fue “torturado” provino tanto de su hermana como del abogado Gualberto Cusi. La primera dijo que su hermano habría sido golpeado por 6 u 8 personas encapuchadas; Cusi, en cambio, dijo que Apaza habría dicho que en la FELCC de La Paz “más de 15 encapuchados” le habrían aplicado varios “actos de tortura”.

En un audio, según recogió Erbol, Apaza, desde la prisión, habría dicho: “No puedo respirar bien, porque tengo moretones bajo la costilla. Tengo la mano hinchada, moretones por el cuerpo. Desde que me han aprehendido me han empezado a golpear”.

La dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) sector Freddy Machicado, Rosalba Vargas, incluso mostró una zapatilla, que sería de Apaza y que la habría perdido en el forcejeo.

En conferencia de prensa, ayer por la mañana, el coronel Rojas negó los extremos descritos desde el sector cocalero. “En ningún momento esta persona ha sido sujeta a ningún trato inhumano, degradante ni mucho menos una tortura, como están señalando algunos familiares; de eso podemos dar fe y plena garantía”, dijo el policía a los periodistas.

En una “Aclaración pública” hecha ayer a eso de las 22.00, la Policía dio su versión sobre el hecho.

En una parte de la cita del “Acta de aprehensión”, la Dirección Departamental de la FELCC La Paz señala que la detención de Apaza fue en circunstancias en que él se resistió a ser detenido: “De acuerdo (con el) acta de aprehensión, el sindicado habría intentado darse a la fuga, resistiéndose a su traslado, llegando, inclusive, a agredir físicamente a los servidores policiales intervinientes; situación que fue controlada respetando en todo momento su integridad física, derechos y garantías constitucionales”.

Pero, donde más pone énfasis el comunicado policial es en la negativa de que a Apaza se le habría torturado.

“Asimismo, negamos enfáticamente que el aprehendido haya sido objeto de algún tipo de ‘tortura’ o ‘uso innecesario de la fuerza’ en su traslado ni cuando se encontraba en dependencias de la FELCC, más aún en presencia del director departamental de esta dirección especializada”, detalla la citada Aclaración.

De acuerdo con el protocolo y en coordinación con el Ministerio Público y “actuando con total objetividad”, la FELCC paceña asegura que “dispuso que el aprehendido sea valorado por un profesional médico forense en la FELCC del municipio de El Alto, permaneciendo en celdas de esta dependencia hasta su audiencia de medidas cautelares”. Fue Rojas quien precisó que la detención fue a las “dos cuarenta de la mañana”. Dayner Quispe, el otro abogado de Apaza, informó que ayer mismo la Fiscalía interpuso la imputación formal contra Apaza, y que hoy viernes a las 08.45 tendrá lugar la citada audiencia de medidas cautelares.

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Arce: 14 años sin embajadores. Por lo que pasó con EEUU, no habrá mayores progresos

El 14 de septiembre se cumplieron 14 años de la partida de Goldberg.

El presidente Luis Arce Catacora, en entrevista con la periodista Helena Villar, de Rusia Today (RT).

Por Iván Bustillos

/ 22 de septiembre de 2022 / 04:55

En entrevista con Rusia Today en Nueva York, el presidente Luis Arce afirmó que en la relación con Estados Unidos duda que haya algún “progreso” en lo inmediato, dado el apoyo que ese país dio — según el MAS— a la instalación del gobierno de Jeanine Áñez.

Una vez que la periodista de Rusia Today (Rusia Hoy) Helena Villar le preguntó al mandatario que cómo están las relaciones con Washington después de que “explícitamente Estados Unidos y Europa apoyaron ese golpe” (el derrocamiento del Evo Morales en noviembre de 2019), Arce señaló: “Con Estados Unidos continuamos sin tener embajadores. Estados Unidos es un país con el cual podemos conversar temas comerciales y otros, pero definitivamente no tenemos embajadores”.

INVARIABLES

El Jefe de Estado continuó: “Creo que las relaciones como están, así se van a mantener. Nosotros no pensamos que haya mayores progresos en nuestra relaciones, por esos antecedentes (en referencia a 2019) y otros históricos que tenemos”.

Si bien no existe constancia de la participación directa y pública de la delegación estadounidense en el cambio de gobierno de 2019, también fue inocultable el giro de 180 grados que dio la Cancillería del gobierno de Jeanine Áñez (bajo el mando de Karen Longaric) en la política exterior: se rompió relaciones con Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán y se afianzó la relación con el Gobierno de Estados Unidos, además de restablecerse el nexo con Israel.

En entrevista con el suplemento Animal Político, en enero de 2020, la nueva canciller Longaric afirmó que se había intensificado la relación con Estados Unidos.

RETIROS.

Con el pasado 10 de septiembre se cumplieron 14 años de la declaratoria de persona “non grata” que hiciera pública el entonces presidente Evo Morales en 2008, aludiendo al embajador estadounidense Philip Goldberg, quien abandonó el país cuatro días después. Luego vendría la respuesta de Estados Unidos, con el retiro del embajador boliviano en ese país, Gustavo Guzmán.

A fines de 2011 se llegó a firmar un acuerdo para la normalización de las relaciones, se enfatizaba al “respeto mutuo” y hasta la posible reposición de embajadores, lo que finalmente no se concretó.

Como ya se registró en la prensa, sí fue pública la participación en la crisis de noviembre de 2019 de la Unión Europea, a través de su embajador León de la Torre.

Junto con los representantes de Brasil y del Reino Unido, De la Torre propició reuniones entre el oficialismo y la oposición de entonces para una salida política a la crisis, tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García, el 10 de noviembre de 2019.

La UE fue una de las primeras instancias en reconocer la presidencia interina de Jeanine Áñez, por evitar el “vacío de poder”.

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