La Cancillería de Argentina pidió al juzgado que lleva el caso del argentino Facundo Molares Schoenfeld, que fue vinculado con la violencia y muerte de dos personas en Montero tras la dimisión de Evo Morales, considerar la cesación de su detención preventiva por su delicado estado de salud y ante la “denegación de justicia” por las constantes suspensiones de audiencia.
Morales perteneció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según un comunicado de prensa, el Consulado argentino en Santa Cruz, solicitó la cesación de la detención preventiva. Se “suma el impacto de las injustificadas y consecutivas cancelaciones de audiencias convocadas por el Juzgado para ese fin”, refiere la nota.
Como violación de derechos humanos interpretó la Cancillería del gobierno de Alberto Fernández las “diferentes omisiones” en el trámite de las actuaciones judiciales en este caso.
“Se le solicitó al Juzgado que se adopten las medidas necesarias tendientes a hacer cesar la denegación de justicia descripta, garantizando al Sr. Molares su derecho humano fundamental de acceso a la justicia y al efectivo ejercicio de todas las garantías del debido proceso (Sic)”, establece el comunicado.
Morales o “Camilo», como se lo identificó en 2019, fue detenido por la Policía Boliviana el 11 de noviembre, después de que se diera parte de la internación de una persona herida. La información oficial dio cuenta que llegó el padre de Molares a Santa Cruz, lo que –según la pesquisa- sirvió para identificar al ciudadano y conocer las actividades que realizaba en Bolivia.
“Informar que se ha procedido a la identificación de una persona herida que ha sido trasladada al hospital Japonés (en Santa Cruz), que no estaba siendo identificado pero posteriormente se establece que se trataría de un súbdito argentino perteneciente a las FARC, quien estaría en calidad de instructor en el área”, informó el 13 de noviembre el entonces comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Miguel Ángel Mercado.
Por la gravedad de las heridas, Molares fue sometido a un coma inducido. Fue acusado de participar en la muerte de dirigentes cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra durante un enfrentamiento en Montero, en el puente de la Amistad.
(01/10/2020)