Nacional

domingo 24 oct 2021 | Actualizado a 17:33

Propuestas desde impuestos a la coca y servicio militar de dos años a 450.000 empleos

Lo más curioso del foro de la FAM fue la propuesta de Chi Hyun Chung de crear en Uyuni centros de diversiones tipo Las Vegas para adultos, pero “sin promiscuidad”.

La FAM y la CUB lograron reunir a los siete candidatos (Camacho está fuera de la toma).

/ 3 de octubre de 2020 / 23:35

No fue debate, sino un foro de preguntas y respuestas; eso sí, planteadas específicamente para cada candidato. En el primer foro presidencial de esta noche de sábado, al que asistieron por primera vez el total de los candidatos luego de 18 años, las propuestas transcurrieron entre novedosas y conocidas.

A pesar de que casi todos los candidatos apuntaron al Movimiento Al Socialismo (MAS) y su figura, Luis Arce, no hubo roce alguno, aunque énfasis en la presentación de sus propuestas, como la postulante de Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, que como si estuviera en un mitin alzó la voz para señalar al gobierno del MAS y “poner en garantía” su vida para servir el país.

La candidata de ADN, partido del que fue militante Jorge Quiroga, ahora de la alianza Libre21, planteó una auditoría a la deuda externa del país, para encontrar el destino y los presuntos culpables de una eventual malversación, y garantizó que no devaluará la moneda nacional.

Además, Bayá planteó un impuesto a la coca del Chapare y la reinstitucionalización de las autonomías. Reivindicó la lucha de los jóvenes de Sacaba y Senkata, cuya masacre en noviembre de 2019 dejó al menos una veintena de muertos.

Dijo que si las autoridades no cumplen con el pueblo, deben someterse a un referéndum revocatorio.

Fue llamativa la presentación del candidato del Frente para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, quien, al pedir el voto en el final del foro desarrollado en un hotel de Santa Cruz a instancias de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Confederación Universitaria Bolivia  (CUB), cantó un himno cristiano: “Porque Él vive, triunfaré mañana”.

Otra vez candidato, Chi propuso un servicio militar de dos años, un estado federal, “contrato libre” para ahondar el libre mercado como la inversión de la empresa privada. Bolivia “tiene que ser un paraíso de la inversión”, dijo.

Planteó que el 70% de los recursos nacionales pase a las regiones y solo el 30% a la administración central.

Y lo más curioso de su propuesta fue impulsar el turismo en Uyuni con la creación de un parque tipo Disney y “Las Vegas para adultos”; de esto último aclaró que no será para la promiscuidad.

En tanto, Luis Fernando Camacho, candidato de la alianza Creemos, comenzó su participación con una particular “minuto de silencio simbólico”, del que usó solo unos 10 segundos para recordar a “los caídos por la democracia”.

Firme en sus respuestas, planteó también federalismo y la actualización de la Ley General del Trabajo.

El candidato de Libre21, Jorge Quiroga, dijo que preservará los 650.000 empleos en riesgo y creará otros 450.000 en los próximos cinco años, además que inyectará recursos para dar capital a las personas, bonos para el empleo y desempleo, alivio tributario.

Propuso generar acciones para los bolivianos con los recursos de las empresas estatales. “Estamos a favor de un estatismo eficiente”, aseguró.

Afirmó que los bolivianos deben llegar al 6 de agosto de 2025, el año del bicentenario de Bolivia, con un gobierno firme. Debemos comenzar el “tercer siglo de vida republicana” –lo dijo con énfasis, sílaba por sílaba— en democracia, afirmó.

Junto a Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), fue el más crítico del gobierno del MAS y del expresidente Evo Morales. Entre ambos no dejaron de atacar a ese partido, primero en las encuestas, en las respuestas que les tocó absolverlas.

Mesa, lo primero que dijo es que no renunciará esta vez, esto ante cuestionamientos respecto de sus actuaciones mientras fue presidente en sustitución de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 2003 y 2005, cuando dimitió presionado por conflictos que esa vez endilgó a Morales.

Como en otros espacios, el candidato ofreció propuestas contra “el fraude de la economía, de la salud y de la corrupción”. Propuso ser servidor de “primero la gente”, y consideró que las autonomías en el país nunca se desarrollaron debido al “hipercentralismo” del gobierno de Morales y que un eventual Estado federal deberá discutirse una vez que se encaren las autonomías reales.

Consultado sobre el asunto, Mesa dijo que “la jubilación tiene que ser un incentivo en la medida en que las condiciones sean mejores que el empleo».

Para Luis Arce, del MAS, la preocupación es la generación de empleo y la consiguiente generación de ingresos. «La tasa del desempleo es de 12%, se ha triplicado. (…) Tenemos la propuesta del ingreso y del desempleo», dijo.

Admitió que no todo fue bonanza económica en los últimos años; recordó las crisis de 2008 y 2014, y, como Mesa, propuso mantener el pago de los bonos.

Arce, del que se dijo en estos días que huye a los debates, popuso al “pueblo” recuperar el “camino del cambio” para generar empleos, estabilidad y certidumbre. La estabilidad económica depende también de la estabilidad social y política, ensayó.

Respecto de su política en el agro, anunció la creación del programa “Comunidades en Acción”, cuyo fin, en su explicación, es incentivar la producción en el campo para evitar la migración hacia las ciudades.

Feliciano Mamani, también protagonizó sonrisas cuando dijo que siempre fue Mamani, que será Mamani, “pero no mamón”. Así como Chi, propuso el destino del 70% de los recursos del Estado para la gestión de los territorios subnacionales.

Planteó un censo para establecer qué población real no tiene vivienda, esto para garantizar el equilibrio en la dotación de facilidades para ese fin.

Mesa y Bayá se animaron a cuestionar al gobierno de Áñez. El primero hizo énfasis en el caso de la compra con presunto sobreprecio de los 170 respiradores y otros asuntos, y Bayá consideró que el gobierno transitorio no tiene política de reactivación económica.

El de la noche de este sábado es el primer foro que reunió a la totalidad de los candidatos en carrera para las elecciones del 18 de octubre. Para este domingo está programado otro foro, al que comprometieron seis de los siete postulantes, menos Arce, que por eso es ahora blanco de críticas.

Faltan dos semanas para los comicios, cuyas encuestas otorgan ventaja a Arce, seguido de Mesa y Camacho, respectivamente.

(03/10/2020)

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Un nuevo incendio se produce en Tunari, el Gobierno afirma que fue provocado

Calvimontes informó que es el sexto incendio registrado en la zona durante las últimas semanas y apunta a “personas con intereses muy marcados para generar zozobra”.

El incendio visto desde la ciudad de Cochabamba. Foto: Facebook/ Andrea Barrientos.

/ 24 de octubre de 2021 / 14:55

Un nuevo incendio se suscitó este domingo en una serranía del Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el Gobierno, en una primera evaluación, estableció que se trata de un hecho provocado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que a las 10.00 se recibió el reporte del incendio e inmediatamente se movilizaron los equipos de bomberos, militares, funcionarios de la Gobernación y de otras instituciones.

“En este momento (13.00) todavía se encuentran en el lugar combatiendo el incendio, que efectivamente reviste cierta gravedad, tomando en cuenta que es un área protegida y lamentablemente el fuego ha sido provocado en una zona boscosa”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad también aclaró que, a comparación de otros incendios, como los registrados en la Chiquitanía, “éste no es de gran magnitud”.

Tampoco “en este momento hay ninguna comunidad cercana donde actualmente está el incendio, (pero) lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, añadió en contacto con los medios estatales.

Calvimontes indicó que todos esos incendios también fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

Entretanto, “en toda Bolivia ya hemos sofocado y controlado 170 incendios, de los cuales 148 (fueron) en Santa Cruz, nueve en Beni, cinco en Cochabamba y ocho en toda la región amazónica”, puntualizó.

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El Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista una nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

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Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

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Víctimas de Sacaba y Senkata repudian a Carvajal, Iglesia, Creemos, CC y periodistas

A través de un pliego de 22 puntos, los marchistas de Sacaba y Senkata pidieron audiencia con el presidente Luis Arce para el lunes.

Familiares de víctimas de Sacaba y Senkata con el pliego de demandas. Foto: Rodwy Cazón

/ 23 de octubre de 2021 / 18:40

A punto de llegar la marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata a La Paz, su directorio repudió la actuación del Conade, la Iglesia Católica, Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y medios de información, y demandaron reunión con el presidente Luis Arce.

A las 14.10 de este sábado, una comisión de la movilización que el lunes se inició en Caracollo (Oruro) presentó su pliego de 22 demandas al Gobierno, en el que plantean esencialmente justicia por la veintena de fallecidos durante la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19.

En el primer punto del comunicado de prensa de la columna, el directorio de las Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata, además de activistas de derechos humanos, repudia al Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Amparo Carvajal, Creemos, CC y jerarquía de la Iglesia Católica “por el encubrimiento a los autores de la firma del DS 4078”.

Al amparo del decreto aludido, el entonces gobierno de Jeanine Áñez ordenó la represión de las movilizaciones en ambos puntos del país contra la administración gubernamental y en reivindicación del derrocado presidente Evo Morales.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, habían justificado represión, que en criterio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019— resultaron en masacres, en ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Veinte manifestantes murieron en Sacaba y Senkata, todos con impactos de bala. El 17 de agosto, el GIEI presentó su informe y recomendó al Estado Plurinacional la reparación de daños a favor de las víctimas y justicia.

Áñez, encarcelada por el caso Golpe de Estado desde el 13 de marzo, deslindó responsabilidades. Tiene en su contra una proposición acusatoria instalada en la Asamblea Legislativa, que requiere dos tercios de votos para un eventual juicio de responsabilidades, que CC y Creemos no quieren apoyar mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido oficialista, no desarrolle antes una reforma judicial.

Carvajal, que se atribuye la presidencia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuestionó las investigaciones de los hechos que resultaron en la detención de jefes militares y policiales, por los que abogó y que dijo que en 2019 salieron “a defender al pueblo boliviano”.

Tanto en los sucesos luctuosos de 2019 como luego del informe del GIEI, el clero de la Iglesia Católica no se conmovió con las víctimas, aunque reivindicó la apertura de la parroquia San Francisco de Senkata a las víctimas de entonces. El párroco Gechi Rivelin Pucho fue quien de manera personal se ocupó de los heridos y los fallecidos.

El comunicado de las víctimas informó que en seis puntos del pliego describió la denominada «Alianza de las Víctimas de las Masacres de Senkata y Sacaba por Justicia».

En un tercer punto, recuerdan que pidieron una audiencia al presidente Arce, a quien le reclaman el “cumplimiento de las recomendaciones de informe de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa y del GIEI, sobre la reparación Integral”.

Exigieron dicha reunión para el lunes, con solo la asistencia de las víctimas marchistas.

Temprano, este sábado, el representante de las víctimas Roberto Jucumari lamentó que la movilización no haya sido atendida ni cubierta por los medios de información, y protesto indignado entre lágrimas. “Señores periodistas, estamos abandonados en la marcha, no hay ni un periodista que nos ayude y nos saque en la prensa; aquí (en La Paz) ahora veo (a muchos) periodistas, pero donde estamos caminando no hemos visto ni a un periodista», reclamó.

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El Gobierno convoca al diálogo a trabajadores de AASANA tras amenaza de nuevas protestas

El viceministro Israel Ticona calificó de “irresponsable” la advertencia de los trabajadores de AASANA de entrar en un “paro colectivo”.

Una pasada movilización de los trabajadores de AASANA. Foto: La Razón.

/ 23 de octubre de 2021 / 18:00

El viceministro de Transportes, Israel Ticona, convocó a los trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) al diálogo, después de que su dirigencia advirtió con volver a las protestas.

“Hago conocer que (el viernes) hemos hecho una invitación a la Federación de Trabajadores de AASANA para un diálogo abierto (el próximo martes con el fin de) abordar los 14 puntos de su pliego petitorio para encontrar una solución a este conflicto de la institución”, dijo. 

Este llamado surge después de que el Gobierno tomó conocimiento de un nuevo pronunciamiento de los trabajadores que advierten –según Ticona– con un paro colectivo inminente.

Ticona calificó de “irresponsable” esa amenaza porque, en su criterio, “si van a un paro colectivo habría incidentes y accidentes en las operaciones aéreas”.

Por tanto, “pedimos a los hermanos (trabajadores) ser un poco más serios con esta posición porque como Gobierno estamos en plena predisposición de encontrar soluciones a su pliego petitorio”, insistió. 

Arminda Choque e Israel Ticona en conferencia de prensa. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

En la misma línea, la directora nacional de AASANA, Arminda Choque, remarcó que la “seguridad operacional es responsabilidad de todos” y lamentó se realicen ese tipo de advertencias.

Deudas

Choque agregó que, de acuerdo al pronunciamiento de los trabajadores, “supuestamente se les adeuda sueldos y salarios”.

Sin embargo, “desmiento categóricamente este tema; nosotros no debemos sueldos y salarios a la fecha, (aunque sí hay deudas) por horas extras a una parte del personal, que no fue pagada en 2020 (y los tres primeros meses de 2021)”, admitió.

No obstante, según la Directora, desde abril no se debe “un solo centavo por sueldos, salarios ni horas extras”. 

Reestructuración

También Choque dijo que los trabajadores hablan de una imposición de reestructuración. Pero “esta autoridad jamás ha ido a imponer una reestructuración”, enfatizó.

La funcionaria señaló que tras el conflicto de agosto, ella hizo en reiteradas ocasiones invitaciones a los representantes de los trabajadores para tratar este tema, pero no fue escuchada.

“Ni siquiera el cronograma que establecimos se cumplió pese a mis invitaciones”, sostuvo.

“Acoso y hostigamiento”

Choque denunció que desde el momento que asumió su actual cargo en AASANA ha sido “constantemente hostigada, acosada y hasta discriminada”.

Pero “no voy a permitir que (ahora) se me acuse de malos manejos administrativos y menos de corrupción; hice todo para ahorrar y ser lo más austera posible (…); tampoco voy a permitir que me digan falsamente que estoy despidiendo al personal”, puntualizó.

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