En sus argumentos expuestos ante la CIDH, la expresidenta Jeanine Áñez consideró que es inocente de los cargos en su contra, reclamó juicio de responsabilidades y denunció que la “huida” de Evo Morales en 2019 dejó un vacío de poder “delictivo”.
Como parte de su visita in loco al país, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunieron el martes con reclusas de la cárcel de Miraflores, entre ellas la exmandataria.
Sentenciada a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en el caso Golpe de Estado II, Áñez difundió este miércoles extractos de sus argumentos ante los comisionados.
Consideró que una vez que Morales renunció, el 10 de noviembre de 2019, “abandonó” sus funciones, “dejando un vacío de autoridad no solo irresponsable, sino delictivo”.
Impunidad
“El régimen quiere tapar y esconder la verdad histórica de los hechos otorgando impunidad al autor intelectual y material del fraude electoral de 2019”, insistió.
Entonces, Morales renunció a sus funciones debido a la presión política que devino de las elecciones generales del 20 de octubre, consideradas “fraudulentas”. Ante el parón del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Carlos Mesa, calificó del proceso de un “fraude monumental”.
El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró las movilizaciones al punto de exigir la renuncia del mandatario. Entonces, como admitió luego, incluso pactó con los militares y policías la caída de Morales.
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El derrocamiento del Presidente se decantó luego de un motín policial, la sugerencia de renuncia de parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Sin embargo, un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los comicios fue su acabóse.
Sucesión
Esa vez, luego de reuniones extralegislativas en la Universidad Católica los días 10, 11 y 12 de nombre, en la que le sugirieron la sucesión, Áñez se proclamó presidenta en sendos actos en la Asamblea Legislativa. Primero tomó la presidencia de la Cámara de Senadores y luego, la sucesión.
Entonces, como informó el senador secretario Víctor Hugo Zamora, ahora prófugo, no había quorum ni asistencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), menos una resolución que homologue su proclamación.
Ante la CIDH, consideró que su condena fue “vergonzosa”. Dijo que cumplió “al pie de la letra lo que manda la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Senadores”.
Reglamento
Ante la renuncia de los miembros de la directiva de la Cámara de Senadores, el reglamento obliga la recomposición en función de mayorías y minorías; la presidencia corresponde a la mayoría. En tanto, la Constitución fija el orden de prelación en cuatro niveles: presidente del Estado, vicepresidente del Estado, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de Diputados.
Habían renunciado Morales y el vicepresidente Álvaro García, además de los presidentes de Senadores, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Este último lo hizo antes que todos, el domingo 10 de noviembre, debido a que su hermano estaba a punto de ser quemado por una turba en Potosí, que conminó por la decisión al diputado.
Esa acción en la Asamblea Legislativa fue nominada judicialmente caso Golpe de Estado II.
“Estoy dos años y semana encarcelada por causa de una imputación absurda por terrorismo, sedición y conspiración, estos dos últimos delitos expulsados de la legislación penal”, reclamó Añez ante la CIDH.
Ilegalidad de procesos
Además, reclamó la necesidad de ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades y cuestionó la “ilegalidad de los procesos ordinarios” en su contra. “Exijo juicio de responsabilidades y mi libertad para defenderme en el proceso justo que me corresponde como expresidente (sic)”, dijo.
“¿Qué harán la CIDH y la Organización de Estados Americanos para que en Bolivia se respeten mis derechos y de los presos políticos?”, desafió Áñez, detenida y encarcelada desde el 13 de marzo de 2021.
“¿Qué harán para que el gobierno del MAS no continúe esta persecución política totalitaria”, insistió.
Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021, cuando, según la Policía, estaba a punto de abordar una avioneta con rumbo a Brasil; se escondía en un somier. Días después fue recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz.
Otros casos
Además de estar sentenciada por el caso de su proclamación en 2019, es investigada en la justicia ordinaria en el caso de un nombramiento en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). Recientemente, un juez dio curso a otro proceso penal en su contra, relativo a la masacre de Senkata.
Este último caso está referido a las muertes de una decena de manifestantes en la movilización del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, en El Alto. Entonces, militares y policías, amparados en el Decreto Supremo 4078 firmado por Áñez y su gabinete, ejecutaron una represión violenta.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que el hecho fue una masacre, con víctimas alcanzadas por disparos de arma de parte del personal militar.
