El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramos calificó de “político” el conflicto por el litio en Potosí y denunció que el gobernador Jhonny Mamani manipula sectores para “tapar irregularidades”.

“Hay sectores que están siendo manipulados, hacen caso al Gobernador, y el interés del Gobernador es tapar varias irregularidades dentro de la gestión del gobierno departamental”, dijo Ramos en una entrevista con La Razón Radio.

También señaló que esa protesta es contradictoria y que no tiene una sola “cabeza”. Explicó que, por un lado, están las organizaciones campesinas que comenzaron un bloqueo de carreteras hace una semana, y, por el otro, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que convocó a un paro regional de 72 horas.

Pero lo que cuestionó en el fondo Ramos es que ambas protestas, de manera separada, tengan coincidencias. Por ejemplo, en la demanda de aprobación de una ley del litio y la construcción de carreteras, entre otros puntos.

“Varios sectores que conforman Comcipo no están de acuerdo (con el paro), porque ya no tienen representatividad. (La dirigencia) solamente está ahí por intereses personales. Es un paro que ha fracasado”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Gobierno “ya ha comprometido obras para esa región” y consideró innecesario incluir ese tipo de demandas en el pliego.

Entretanto, la Asamblea Legislativa debate un proyecto de ley sobre el litio en la Cámara de Senadores y otra en la de Diputados. Esta última considera la propuesta de Comcipo.

El Gobierno encamina el proyecto de industrialización del litio a través de la instalación de plantas para la producción de cloruro de potasio, inicialmente.

La administración de Luis Arce apuesta por la industrialización para conseguir la diversificación de la economía nacional.

El mayor desacuerdo que hay en la Asamblea entre las tres propuestas de reglamentos de selección de los candidatos a las judiciales, sigue siendo quién debe calificar a los postulantes a las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

En la Comisión Mixta de Justicia Plural, presidida por la senadora Patricia Arce (MAS), se habían presentado tres propuestas de reglamento; una del Movimiento Al Socialismo (MAS), y dos de Comunidad Ciudadana (CC). Además de una presentada por el diputado Carlos Alarcón a nombre de la alianza. Otra ingresada por la senadora Silvia Salame (también de CC), a nombre personal.

El MAS restituye a plenitud el rol central que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa Plurinacional de convocar, calificar y seleccionar a los postulantes a los más altos jueces del país.

Se trata de un giro, pues, en el reglamento para las elecciones judiciales de 2017. Tuvo especial protagonismo la universidad pública, que elaboró las más de 700 preguntas para el decisivo examen escrito en las cuatro instancias de competencia; el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Selección

En la propuesta de reglamento del MAS, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral seleccionará a los candidatos a los tribunales Constitucional y Supremo de Justicia.

Mientras que la de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado se encargará de elegir a los candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

En la propuesta de la senadora Salame, se crea una suerte de asistencia técnica especializada conformada por 16 “profesionales abogados” provenientes del Sistema Universitario Nacional. Se mantiene la conducción del proceso en los diputados y senadores de las comisiones mixtas,

Específicamente docentes universitarios, ocho propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), en representación de la universidad pública, y ocho enviados por la Asociación Nacional de Universidades Privadas. Son estos “asesores técnicos” que en la práctica dirigirían la calificación de los postulantes.

En una posición más radical al respecto se encuentra la propuesta de Comunidad Ciudadana, que directamente plantea la creación de un Comité Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática, “instancia competente” (artículo 4 del proyecto) que está en el mismo nivel que las dos comisiones legislativas mixtas de Constitución y Justicia Plural.

COMITÉ.

Este comité está compuesto (artículo 9) por “11 notables”; un miembro designado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB); tres representantes designados por el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab); tres representantes designados por los decanos de las Facultades de Derecho del Sistema de Universidades Públicas, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; un miembro designado por los presidentes de los nueve comités cívicos departamentales, “mediante el voto de dos tercios de sus integrantes”; dos “representantes de la institucionalidad de la justicia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (un representante de las tierras altas y otro de las tierras bajas), reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, designados en el marco de sus usos y costumbres”; y, dos representantes de la Asociación Nacional de la Prensa.

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Este comité prácticamente es autónomo, pues define la “metodología, evaluación y puntuación mínima de aprobación” de los postulantes (artículo 10) .

Así, las comisiones legislativas mixtas solo se dedicarán a revisar la documentación de los postulantes, resolver las impugnaciones, y remitir la lista de los postulantes al Comité de Méritos.

La presidenta del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Roxana Graz, anunció para el 23 de marzo la realización de un consejo consultivo que definirá las acciones a seguir si es que no se aprueba el proyecto de ley de “recursos evaporíticos”.

“En ese consejo se definiría acciones futuras a tomar en las próximas movilizaciones y solo participarán ejecutivos y delegados”, dijo este miércoles por la noche, luego de una reunión donde se evaluó los resultados del paro de 72 horas que se cumplió en ese departamento.

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Paro

Entre el lunes y miércoles se cumplió en Potosí un paro en demanda de obras y la aprobación del proyecto de ley de “recursos evaporíticos”.

Al respecto, Graz aseguró que todas las instituciones potosinas que se sumaron a la medida coincidieron en indicar que fue exitosa.

“Ahora hay el compromiso de todas las organizaciones que las resoluciones del consejo consultivo tienen que ser acatadas de forma obligatoria”, dijo.

Se definió además que a ese consejo consultivo se invitará a senadores y diputados potosinos para que informen sobre “el tiempo límite que se tiene para aprobar el proyecto de ley”.

“El paro ha sido exitoso porque se ha definido que los potosinos seguimos en unidad y las resoluciones del consejo deben ser acatadas con obligatoriedad. Es importante seguir luchando hasta que se apruebe el proyecto de ley”, insistió.

Paro Indefinido

Por su parte, el presidente del Comité de Movilizaciones, Ricardo Ramos, dijo que durante las 72 horas de paro hubo más de 90 puntos de bloqueo en la capital y en provincias.

Asimismo, no descartó el inicio de un paro indefinido si los potosinos no obtienen una respuesta concreta de parte del Gobierno.

“Destacamos la unidad de Potosí que se ha demostrado en las calles y en la pasividad. Los bloqueos fueron contundentes y sin altercados”, afirmó.

Reiteró que si el Gobierno no aprueba el proyecto de ley se asumirá el paro indefinido.

Camacho

Desde su celda en el penal de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alentó las movilizaciones de Comcipo.

“Los potosinos, como otras regiones, están reaccionando a la asfixia del centralismo, a la imposición de políticas impuestas por un gobierno autoritario”, escribió en una carta titulada “Carta a Potosí”.

Camacho está recluido preventivamente desde el 30 de diciembre. Está acusado de terrorismo en grado de autoría, en el caso Golpe de Estado I.

“La lucha del pueblo potosino, que, estoy seguro, será una lucha victoriosa, es una muestra de que ha llegado la hora de las regiones. El modelo de Estado centralista está asustado”, vaticinó en la nota.

“El Gobierno, y su modelo económico, ha centralizado los recursos del Estado, dejando migajas a los gobiernos departamentales y municipales”, se lee en otro párrafo.

Legislativo

El Gobierno recibió en consulta dos de tres proyectos de ley sobre el litio que fueron concertados en el Legislativo.

Se alista la respuesta conforme a la norma y los procedimientos.

La Asamblea Legislativa no solo tiene un proyecto de ley, hay tres proyectos de ley, dos de esos proyectos ya están en consulta. Nosotros, a cualquier consulta que se nos haga, remitiremos la información que se nos solicita conforme a norma y procedimiento.

El objetivo del proyecto de ley es establecer el marco legal para el desarrollo de las actividades de la cadena productiva de los recursos evaporíticos de todos los salares y lagunas saladas de Bolivia.

Mediante su cuenta en Twitter, el expresidente Evo Morales, denunció un intento de imputación en contra del diputado por Cochabamba Héctor Arce. Ante ese presunto propósito, el líder nacional del MAS brindó toda su solidaridad al legislador.

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Denuncia

De acuerdo con su denuncia, aseguró que están involucrados el ministro de Justicia, Iván Lima, y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entre otros.

“Denunciamos ante el pueblo que en una reunión con el Ministro de Justicia y el Fiscal de Distrito de Cochabamba, el alcalde sentenciado por corrupción Manfred Reyes Villa, aliado de la derecha interna, exigió que el hermano diputado Héctor Arce sea imputado”, sentenció Evo Morales.

Añadió que el legislador por Cochabamba es amenazado de manera constante.

Ello, por denunciar irregularidades en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) e intentos de negociados con los recursos naturales.

“Tenemos información de que mañana (jueves) piensan ejecutar ese atentado contra la libertad de un hermano diputado que es víctima de amenazas y persecución por denunciar intentos de negociados con los recursos naturales y corrupción en la ABC.

Denuncias

Según denuncias anteriores de Héctor Arce, el presidente de la ABC, Henry Nina, habría conformado una empresa en Yungas.

Además, utiliza a sus familiares como “palos blancos” para adjudicarse obras de manera irregular.

También involucró a Nina en presuntos actos de corrupción respecto a la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez en el departamento de Chuquisaca.

“Toda nuestra solidaridad con el hermano diputado Héctor Arce», escribio Morales.

«Las represalias contra la militancia del MAS-IPSP refuerzan la convicción de lucha contra la traición y la división que busca la derecha interna y externa”, acotó.

 El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, recordó al gobierno de Chile que no hay ningún acuerdo bilateral respecto a la expulsión de migrantes.

“Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, dijo en un mensaje transmitido por la Cancillería boliviana.

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Boric

Este miércoles, el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares sorprendidos atravesando la frontera común.

“He mandatado a nuestro nuevo canciller (Alberto van Klaveren) a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978″, afirmó.

«Y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera”, dijo desde la localidad fronteriza de Colchane.

Respuesta

El vicecanciller boliviano le recordó a Boric que el procedimiento de reconducción al que se refiere, es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional.

“En relación al tema de migración irregular, la posición de Bolivia ha sido y es que esos temas tienen que ser abordados con las autoridades de la nacionalidad de la migración de origen evitando la estigmatización negativa del migrante y cualquier acción que pueda vulnerar derechos humanos”, apuntó Mamani.

Boric anunció que su gobierno decidió fortalecer la presencia del Estado para contener y reducir la irregularidad migratoria.

Pero en particular, “para combatir de frente a las organizaciones criminales que aprovechan estos flujos para cometer delitos” como trata de personas, tráfico de armas y de drogas.

El vicecanciller aseguró que el Gobierno boliviano siempre está dispuesto al diálogo bilateral  para abordar temas de interés común, más aún con los países vecinos.

Pretexto

La secretaria de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados, Gloria Callizaya, considera que las declaraciones de Boric son un pretexto.

Ello para polemizar el 23 de Marzo, Día del Mar.

“Siempre nos están buscando pleitos. Estamos cerca al 23 de marzo y dentro de eso quieren (Chile) pleitear y no vamos a dar más explicaciones a ellos. Si tienen pruebas (entorpecimiento de expulsión de migrantes) que demuestren”, dijo.