En el Día de Europa, el embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Michael Dóczy, remarcó que se votará por un nuevo Parlamento Europeo, como símbolo del ejercicio de la democracia; eso sí, indicó que no la dan “por sentada,” por regímenes autoritarios imperantes en el mundo.

Dijo que por esa elección parlamentaria, este 2024 es un año especial en lo concerniente a la democracia. “En junio, la población de nuestros 27 países miembros votará por un nuevo Parlamento Europeo; 400 millones de europeos están llamados a ejercer su derecho democrático”.

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En un acto en su residencia, el representante diplomático subrayó este jueves que “¡no damos por sentada la democracia! Vemos regímenes autoritarios en todo el mundo socavando y vaciando el significado de la democracia. Y vemos que la paz global está amenazada”.

Calificó como “terrible” el “sufrimiento de las poblaciones de Ucrania y del Medio Oriente. Pero la guerra de agresión rusa contra Ucrania, un país independiente, democrático e increíblemente valiente, no debe verse como una guerra limitada, limitada a Europa. Eso es una amenaza para todo el mundo que quiere la paz”.

Dóczy

Dóczy sostuvo que “como europeos estamos más unidos que nunca y apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario”.

Asimismo, resaltó que el apoyo europeo a Bolivia es “muy amplio”, en temas clave como el agua y el saneamiento básico, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la deforestación y las drogas, el desarrollo rural, la energía renovable, los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género, los parques nacionales, el manejo de cuencas, y otros.

“Solo en el periodo de 2022 a 2025 tenemos (la UE y todos los Estados miembros) un aporte de aproximadamente 1.600 millones de euros a Bolivia”, subrayó. “Pero estamos también interesados en invertir en la energía renovable de Bolivia y ayudar a desarrollar su producción de litio, en el contexto de nuestro instrumento de inversiones Global Gateway Investment Agenda”.

Y complementó que “la cooperación en estas áreas tiene el potencial de ser beneficiosa para todos, al reducir las dependencias de los lados tanto de Bolivia como de Europa, y mejorar el acceso de Bolivia al mercado de la UE. Por último, ambas partes saldrán ganando, ya que podrán dar prioridad a los objetivos de desarrollo sostenible. Al adherirse a las normas medioambientales y sociales, como las prácticas mineras responsables y la distribución equitativa de los beneficios, la asociación puede promover el crecimiento integrador y la conservación del medio ambiente en Bolivia”.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, a la cabeza de Jerges Mercado, del bloque arcista, solicitó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa.

La admisión de una acción popular derivó en que la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, anule lo avanzado en la preselección con miras a los comicios judiciales; que estaba en la fase de exámenes orales en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.  

El recurso fue planteado por la abogada y dirigente indígena Yeny Duri. Ella sustentó que las mujeres e indígenas de su departamento no contaban con las mismas posibilidades de ser parte de la preselección; con relación a los representantes de otras regiones del país.

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Ello derivó en que las judiciales vuelvan a estar sin rumbo; ya que en 2023 tampoco pudieron realizarse por la presentación de dos recursos ante la Justicia. Este año, fueron los amparos constitucionales de aspirantes inhabilitados, que ya totalizan 35, los que frenaron el proceso.

Bancada del MAS

En conferencia de prensa, rodeado de sus colegas de la bancada, Mercado dijo que se presentó un memorial al TCP, en Sucre, para “salvar la preselección y las elecciones judiciales”. “Hemos solicitado que nos otorgue la medida cautelar que permita continuar con el proceso”, añadió.

Otra de las solicitudes es que se acumulen todos los amparos constitucionales contra la preselección, para que sean resueltos de una vez. Se apunta a que el TCP “emita un fallo que le dé garantía al Estado de derecho y la sociedad boliviana, y que pronto tengamos elecciones”.

Todo está en contra del trabajo de la Asamblea. El proceso de preselección está frenado y el plazo otorgado por la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya se cumplió. Ahora, se pide que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión para que el pleno de los asambleístas defina el camino a tomar.

“No recuerdo”. “Me remito a la declaración en calidad de testigo”. Esas fueron respuestas del policía “amigo” del principal sospechoso de la desaparición de Odalys Vaquiata, a preguntas clave de la Fiscalía. Dijo que los padres de Joel P. lo contactaron para que indague sobre el caso.

La “amistad” fue revelada cuando se halló un celular en poder de la pareja de la madre de 28 años, en la requisa en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalauma, a fines de abril, donde cumplía detención preventiva; por las infracciones, se lo llevó al penal de Chonchocoro.

Desde el 30 de marzo, no hay rastros de Odalys, quien ese fin de semana salió de paseo con su novio al norte del departamento de La Paz. Búsquedas por tierra y aire, con policías, militares y canes especializados, no han dado resultados para despejar este misterio que ya lleva 39 días.

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Este miércoles, medios estatales develaron parte de la declaración del policía implicado ante los fiscales a cargo de la investigación, a quien el martes la Justicia le negó acceder a un arresto domiciliario. Una de las preguntas clave incidió en por qué habló sobre la muerte de la joven.

“Por qué usted refiere en la conversación que mantiene con el usuario Junior de manera textual ‘que la mina (muchacha) se habría suicidado’, haciendo uso del término 210”, señala la interrogante de la Fiscalía.

La respuesta del uniformado es un cortante “no recuerdo”.

De acuerdo con las pesquisas, hubo al menos tres contactos telefónicos entre Joel P. y el policía después de la desaparición de Odalys. Más aún, la madre de la víctima, Mabel Quispe, indicó la anterior semana en Bolivisión que en éstos se habla inclusive que su hija ya estaría sin vida.

“Tiene muchas conversaciones (Joel P.), demasiadas, que ya hablan de que mi hija está muerta, ‘hay que decir que ha sido un suicidio’, ‘lo único que podemos hacer es pedir que (te) manden a San Pedro y en San Pedro lo vamos a mandar a Chonchocorito, ahí vas a estar protegido”.

Los abogados de la familia de Odalys revelaron la anterior semana que el uniformado no solo guió al principal sospechoso tras su aprehensión, sino que se comprometió a gestionar su envío a un “sector privilegiado del penal de San Pedro” y “causó temor” en el investigador del caso.

En su declaración ante el Ministerio Público, el policía afirma que ya no tiene conversaciones con Joel P., ya que su celular fue decomisado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), y dice que “jamás tomaba contacto con él, yo no”, sino que el enlace eran los padres.

“¿Usted tomó algún contacto con algún funcionario policial en referencia al caso que se investiga?”, es otra pregunta. Y el uniformado señala lo siguiente: “Tomé contacto con la mayor Santander. Yo he trabajado con ella. Pregunté porque los papás (de Joel P.) preguntaron”.

— ¿Los papás en cada cuánto le preguntaban del caso?

— Varias veces preguntaron sobre el caso.

— ¿Cuál de los papás tomaba contacto con usted?

— Ambos padres de Joel.

— ¿Con quién más tomó contacto de los funcionarios policiales para averiguar del caso que se investiga, la desaparición de la señorita Odalys Vaquiata?

— Tomé contacto con el oficial Aspi Pucho, no recuerdo qué le referí.

— ¿Quién le proporcionó el número de celular del teniente Aspi P.?

— Me remito a la declaración en calidad de testigo.

— ¿Cuál era el objetivo de averiguar qué funcionarios estarían avanzando en la búsqueda de Odalys?

— Pregunté a los funcionarios policiales sin interés alguno. Lo hice por las preguntas que me realizaban los padres del supuesto sindicado.

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Así transcurrió el interrogatorio fiscal, que fue publicado por la red Unitel. La declaración del uniformado no arrojó muchas luces sobre el paradero de Odalys, aunque implica de mayor manera a la familia del principal sospechoso, sobre todo en cuanto a acceso de información.

El caso fue declarado en reserva. Y el abogado del policía detenido, Marco Mostajo, en un contacto con la red RTP, afirmó que Joel P. lo llamó para preguntarle “qué se podía hacer” tras no hallar a Odalys. Y negó que en algún momento su defendido dijo que ella está muerta.

Sin embargo, admitió que el uniformado habló con el investigador del caso, en “códigos”. “Los policías hablan en código. De que mi cliente ha tenido una conversación con el investigador, ha tenido una conversación. Los policías hablan en códigos, desconocemos el significado”.

¿Qué significa el término 210 que le preguntó la Fiscalía al policía sobre que Odalys? Por ahora, éste “no recuerda”. Así avanza esta investigación plagada de interrogantes, con dos personas encarceladas. Y con una búsqueda que sigue, todavía sin resultados, en el norte de La Paz.

Excesiva confianza. Error procedimental. Dos policías en la mira. Christian Emilio Gosen y su esposa fueron hallados muertos en un centro de hemodiálisis. El llamado “falso médico” se quitó la vida, y la de su esposa, con un arma de fuego. ¿Qué sucedió el martes 7 en la noche?

Las investigaciones preliminares, dadas a conocer por el comandante departamental de Santa Cruz, Érick Holguín, indican que el chileno, apuntado por medio centenar de víctimas de ejercer la medicina sin título que lo avale y de dejarles secuelas, padecía una enfermedad renal.

Por ello, asistía tres veces a la semana a un centro de hemodiálisis de la capital oriental, por lo cual gozaba de un permiso judicial para abandonar la penitenciaría de Palmasola, con dos policías que lo vigilaban. En ninguna de sus salidas tuvo un comportamiento sospechoso.

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Eso permitió que se ganase la confianza de sus custodios, por lo cual incluso podía encontrarse con su pareja, Betsabé Choque. Ella igual era investigada en el caso abierto por la Fiscalía, por uso de instrumento falsificado, ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material e ideológica.

‘Falso médico’

El martes en la noche, Gosen salió de la cárcel para su tratamiento. El falso gastroenterólogo se encontró con Choque en el centro de salud. Según las pesquisas, los policías a cargo de su cuidado no requisaron a la mujer, quien esa jornada había llevado un arma de fuego a la cita.

“Es un error procedimental, toda vez que quien vaya a tener contacto con un privado (de libertad), así sea para un estudio médico o diálisis, tendría que ser requisado para evitar que se produzca cualquier tipo de hecho”, remarcó el comandante Holguín, en conferencia de prensa.

Así, con el arma a disposición de Gosen y tras la finalización de la hemodiálisis, la pareja solicitó ir al baño. Y de repente se escucharon dos disparos. De acuerdo con las pesquisas, el “falso médico” disparó a Choque y posteriormente se quitó la vida. Un homicidio y un suicidio.

Se intentó salvar a la esposa malherida, pero murió camino a un hospital. “Se han encontrado proyectiles en el suelo, una caja con las municiones que habría llevado la mujer (…) y quien dispara dos veces fue el ciudadano chileno, primero a su esposa y luego él quitándose la vida”.

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Ahora, los policías que acompañaban a Gosen están en aprietos. “Se les pedirá los informes correspondientes. Se abrirá un proceso administrativo para establecer responsabilidades en el no cumplimiento de su trabajo”, subrayó Holguín. De esta forma, las indagaciones continúan.

El 26 de abril, el “falso médico” era enviado a Palmasola. Once jornadas después, terminó con su vida. Las justicias de Chile y de Brasil también lo buscaban. En Bolivia, se lo acusaba del fallecimiento de dos de sus pacientes estafados. Y al parecer, su caso quedará archivado.

A una semana del fallo que ordenó la anulación de la preselección de postulantes, la Asamblea no hallla consenso para acatar lo dispuesto o reencaminar el proceso. Así, las elecciones judiciales siguen sin rumbo.

El martes 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, admitió una acción popular de la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, y determinó que la preselección quede en foja cero. Ello implica la revocatoria de la Ley 1549 y del reglamento de convocatoria, lo que puso de cabeza lo avanzado por los asambleístas.

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JUDICIALES

Es la cuarta vez que las judiciales quedan en el limbo por decisiones judiciales. El anterior año, las elecciones no pudieron realizarse precisamente por dos recursos interpuestos por abogados que intentaron ser parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental o el Consejo de la Magistratura.

Un inédito acuerdo entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos permitieron la aprobación de la Ley 1549 y una nueva convocatoria que garantice comicios hasta septiembre. Así, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural asumieron el trabajo.

Sin embargo, las inhabilitaciones de postulantes derivaron en al menos 25 amparos constitucionales. Uno de ellos, ante la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz, provocó el primer parón del proceso que estaba a punto de realizar la evaluación oral de los aspirantes. Y luego vino la estocada final, con la acción popular ante la Sala Constitucional pandina.

DEMOCRACIA

Sin medidas claras para contrarrestar los fallos, con sesiones en cuarto intermedio y divergencia de opiniones, la Asamblea no puede dar una salida a este tema, cuando ya acabó el plazo determinado por la norma para la entrega de listas de postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la anterior semana advirtió que la demora es “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica”.

Esta indefinición es alimentada por la división interna en las bancadas legislativas, sobre todo en el oficialismo, entre los bloques que respaldan al presidente Luis Arce (arcistas) y el exmandatario Evo Morales (evistas). Eso no es todo. En medio se encuentra la polémica por la prórroga de los magistrados, con las trabas para el debate de los proyectos de ley 073 y 075 para anular esta extensión de mandato.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del MAS arcista, dijo que hay dos posibles salidas: la ampliación de los plazos con una ley corta o anular todo el proceso. Eso sí, subrayó que se esperará los resultados de los informes de los presidentes de las comisiones a cargo de la preselección. “De ellos depende”.

Sin embargo, hay un abanico de propuestas, sin consenso pleno. El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, del MAS evista, ratificó que sigue pendiente la presentación de procesos penales contra los jueces y los vocales que admitieron y emitieron sentencias ante los amparos constitucionales, las cuales rebasaron sus atribuciones.

 Ayer, se notificó a las comisiones con la resolución de la Sala Constitucional de Pando. Tras ello, se postuló un camino que gana apoyo: definir la salida en una sesión de la Asamblea convocada por el vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato del Legislativo. Al respecto, Mamani informó que le enviaron una carta con esta solicitud.

«Estamos esperando que Choquehuanca, de una vez, abra su boca para este tema de las elecciones judiciales, porque esto es para resolver en la Asamblea Legislativa, no es solamente de las comisiones mixtas», declaró a ANF.

DATO

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, del MAS evista, sostuvo que las propuestas son “sacar una ley corta de manera inmediata, y otra, es tal vez no obedecer esta resolución por el hecho de que estaría violando los derechos de los (más de 400) postulantes que están en carrera”.

“Volveríamos a reiniciar (el proceso) y eso es un retroceso para nosotros como Comisión Mixta de Constitución. Lamentablemente estos señores vocales de Sala Constitucional de Pando han hecho que en estos momentos nos paralicen el proceso y, por ende, no haya elecciones judiciales”.

Al igual que Padilla, anunció que se remitirá un informe a Choquehuanca sobre las actividades realizadas hasta ahora y se pedirá que convoque a una sesión del Legislativo. Esto fue apoyado por Andrea Barrientos, senadora de CC, sin embargo, su colega Wálter Arizaga lo rechazó, exigiendo que se continúe con la preselección.

La senadora y exmagistrada Silvia Salame, de la misma alianza opositora, explicó que hay suficientes razones para seguir con el proceso, más allá de las decisiones judiciales, empero, aclaró que ello requiere de una autorización congresal, ya que lo contrario abriría las puertas a que se presenten “más amparos de inconstitucionalidad”.

Así, todavía no hay humo blanco para saber si las judiciales siguen en curso. Para hoy se espera que las comisiones continúen en sesión y, al parecer, Choquehuanca tiene la palabra para una salida.

Fallo indica que ley ‘no promueve igualdad‘

Este martes se conoció el fallo de la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, que determinó la anulación de la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa, con miras a las elecciones judiciales. Fue notificado a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, seis días después de la decisión.

La resolución fundamenta la aceptación de la acción popular interpuesta por la abogada y dirigente indígena Yeny Duri, sobre que las mujeres e indígenas de ese departamento no pudieron participar en igualdad de condiciones en el proceso, con relación a los aspirantes de otras regiones.

Al respecto, la Sala Constitucional indica que hay una evidente vulneración al derecho a la igualdad reconocido en la Constitución, “a partir de la promulgación de la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) y el ‘Reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejo de la Magistratura’, puesto que ninguna de estas normas adopta medidas afirmativas o positivas que promuevan la igualdad real entre hombre y mujeres”.

“Por tanto: se deja sin efecto el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales y la inaplicabilidad de la Ley 1549 y el ‘Reglamento de preselección…’ disponiendo que se proceda a realizar uno nuevo, en base a normas que respeten la igualdad material de las personas basadas en la realidad de cada departamento, dictando medidas de acción afirmativa o positiva adecuadas de flexibilización en los requisitos habilitantes y calificación de méritos a los postulantes de Pando, mujeres e indígenas, mediante reglas diferenciadas acordes con la realidad del departamento, valoración de experiencia profesional de la mujer postulante de Pando” (sic), señala parte de la sentencia constitucional.

La Asamblea aún no definió si acatará el fallo, por lo cual se pidió al vicepresidente David Choquehuanca que convoque a sesión.

(08/05/2024)