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miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 05:44

‘Testigo clave’ del caso respiradores: Mi declaración fue armada para ‘salvar` a la presidenta Añez

En una entrevista con el programa Antes del Mediodía, Humérez dijo que fue secuestrado en Cochabamba y obligado, bajo amenazas contra sus familiares, de implicar al MAS, al exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y a Walter Zuleta.

Humérez, cuando apareció en La Paz en mayo pasado.

/ 16 de octubre de 2020 / 18:54

Desde la cárcel de San Pedro el identificado como testigo clave del caso respiradores españoles, Luis Fernando Humérez, reveló en una entrevista telefónica que armaron sus declaraciones para “salvar” a la presidenta Jeanine Áñez de la denuncia e implicar al MAS y a otras exautoridades del Ministerio de Salud.

“Me dicen: Señor Humérez hay malas noticias, el Ministerio de Gobierno le ha dado una orden a los fiscales para que cambien su detención domiciliaria por una detención preventiva, el problema es que el fiscal de distrito Marco Cossio, perdón por la palabra, está muy preocupado de salvarle el c… a la presidenta Jeanine Áñez porque ella sí está implicada hasta el cuello”, aseguró en su declaración difundida por Radio Fides.

El 21 de mayo fue presentado por la Policía como el “testigo clave” del caso de sobreprecio en la compra de respiradores españoles.

Dijo, el jueves, en una entrevista con el programa Antes del Mediodía que fue secuestrado en Cochabamba y obligado, bajo amenazas contra sus familiares, de implicar al MAS, al exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y a Walter Zuleta.

“El 20 de mayo a mí me secuestran, me llevan a la FELCC de Cochabamba, cuando yo estaba allá, en teoría me llevaron por el tema de la pandemia, pero fue otro el motivo. Se acercó un policía de civil, me dio los nombres completos de mis niñas que tienen ocho años, de mi hijo de ocho años (…) y también algunos datos precisos de mis hermanos, de mi padre y me dice: a buen entendedor pocas palabras, si no vas a declarar en el tema respiradores tu familia va a sufrir las consecuencias”, relató, visiblemente afectado.

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Según su testimonio, en Cochabamba ya le “dieron el libreto” para que declare sobre la compra de respiradores con precios fueron inflados.

“Me pidieron que implicara a Fernando Valenzuela, al señor Walter Zuleta. Yo les dije nunca firme nada, no soy de la empresa, no soy intermediario, no soy funcionario público, no hay un audio que me implique, no hay un mensaje de texto que me implique, mis cuentas están impecables, no hay una sola prueba y ahí ellos, el policía me dijo: ya te di detalles de tu familia, sino quieres que les pase algo tienes que hacer todo lo que digamos”, reveló Humérez.

Involucró en la trama al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas. Es más, aseguró, que cuando estaba en celdas policiales le traen al abogado Moisés Ponce de León para que lo defienda, como sucedió.

“Me dice (Ponce de León), tranquilo, no le van a hacer nada a tu familia mientras sigas las instrucciones del coronel Rojas y de los fiscales. Los fiscales están metidos hasta el cuello en este contubernio”, añadió.

Según contrato de compra de los respiradores, cada equipo fue adquirido en $us 28.080, cuando los precios de GPAinnova, la fabricante, es de $us 7.234. Intermedio la firma española, IME Consulting. El exministro Marcelo Navajas y otras exautoridades del Ministerio de Saludos fueron acusadas. Valenzuela fue vinculado con el MAS e incluso de hablar con exautoridades del gobierno de Evo Morales.

“Me dieron el libreto donde yo tenía que aumentar los precios e implicar a otra gente sin una sola prueba en mi contra”, afirmó y aseguró que todo apuntaba a “embarrar al MAS” y a “tapar actos raros”.

(16/10/2020)

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Una mujer le dice en vía pública a Calvo que ‘no representa a nadie’ en Santa Cruz

Rómulo Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Calvo, en su vehículo, en increpado por una de las dos mujeres.

/ 7 de diciembre de 2021 / 22:56

“¡No representa a Santa Cruz!, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpó una mujer al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en una avenida de la capital cruceña, según un video difundido este martes en redes sociales.

Calvo estaba dentro de su vehículo y fue abordado por dos mujeres cuando se detuvo un momento. Solo atinaba a responder: “No he hecho nada”.

Mientras que una de las mujeres elevaba el tono del reclamo.

“Usted es el muerto de Senkata y Sacaba, usted ha sido el que estaba en el golpe de Estado, usted no sabe el dolor que he tenido por los muertos, usted me ha gasificado, usted llama a la confrontación (…) me ha dejado sin comer, usted Calvo me ha dejado sin comer, usted no representa a nadie, no representa a Santa Cruz, quiere ir otra vez al golpe de Estado”, increpa una de las mujeres a Calvo.

A pocos días de que Jeanine Áñez tomara el poder, tras la dimisión del expresidente Evo Morales, fuerzas policiales y militares intervinieron protestas en favor al exmandatario con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Sacaba y Senkata.

Según las imágenes del video, Calvo acelera cuando una de las que le increpaba echa al vehículo parte de la gaseosa que consumía.

Calvo tomó control de la protesta que gremiales y el transporte pesado declararon en contra de la hoy derogada ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. A convocatoria cívica, se cumplió nueve días de paro.

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Dan de baja a capitán de la Policía y superan los 10 los sancionados por el motín de 2019

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja sin derecho a reincorporación por su participación en el motín policial de 2019

Policías en una unidad en Cochabamba en el motín de noviembre de 2019.

/ 7 de diciembre de 2021 / 21:31

El capitán José Vargas Barrón fue dado de baja de la Policía, por su participación en el motín policial de 2019 que derivó, junto a otros hechos, en la dimisión del expresidente Evo Morales. A la fecha suman 11 los uniformados sancionados en procesos disciplinarios.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, informó del número de policías sancionados disciplinariamente por su participación en el motín que empezó en Cochabamba y se replicó en diferentes ciudades capitales, principalmente.

“A la fecha son 11 efectivos policiales que fueron dados de baja de forma definitiva por el caso motín policial”, explicó en parte de su informe de gestión.

Vargas aparece en fotografías junto a miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo operativo que actuó con violencia en la crisis de 2019 contra personas que se manifestaban en favor del expresidente Morales.

Hasta el 5 de octubre fueron sancionados con la baja sin derecho a reincorporación el mayor Jorge Salazar Ramírez; el mayor Edwin Silva García; la capitán Ivonne Barrenechea; el coronel Aníbal Rivas; el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales; el capitán Marcelo Gutiérrez; el coronel Nelson Flores Claros, el exdirector de la FELCC Iván Rojas y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

También corrió la misma suerte la suboficial Cecilia Calani.

El proceso fue abierto a denuncia del viceministro de Descolonización Despatriarcalización, Pelagio Condori. La autoridad denunció a 26 uniformados por haber participado en el motín policial de 2019.

Durante la crisis de 2019, a la protesta cívica alentada por denuncias de fraude electoral, después puestas en cuestión por diferentes estudios, se sumaron el motín policial y la “sugerencia” militar a Morales de dimitir.

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La Justicia niega cesación a la detención de Áñez por el caso Golpe de Estado I

La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra en la cárcel desde marzo. Antes del fallo, le pidió al juez actuar con valor y concederle libertad

La expresidente Jeanine Áñez en una fotografía de archivo.

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:26

Se le volvió a negar a la expresidenta Jeanine Áñez la solicitud de cesación a la detención preventiva en el caso Golpe de Estado I. El juez Luis Fernando García tomó la decisión a la conclusión de una audiencia de más de cuatro horas.

La defensa solicitó la detención domiciliaria de la expresidenta, quien se encuentra en la cárcel desde marzo. Fue detenida, justamente, por el caso Golpe de Estado I, planteado por la exdiputada del MAS Lidia Patty y que hace a una acusación por sedición, terrorismo y conspiración.

Antes de la decisión judicial, demandó al juez tomar una determinación apegada a la norma y devolverle su libertad, por su condición de detenida política.

“Me queda pedir a su autoridad que actúe con valor y a derecho ante esta crisis de objetividad y lealtad, donde se soslaya la Constitución Política del Estado, las leyes y tratados, donde existe un total sometimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público al gobierno. Soy una presa política y quiero que me devuelva mi libertad”, afirmó en su intervención.

También tiene en su contra otro proceso y detención preventiva por otros seis meses por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes debido a que tomó la Presidencia del Senado, lo que luego le permitió tomar la Presidencia de Bolivia, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates, según la acusación fiscal formal.

La defensa de la expresidenta apeló la decisión. De habérsele dado la libertad, hubiera permanecido en la cárcel en cumplimiento a la orden de detención preventiva en el caso Golpe de Estado II.

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Envían a la cárcel de Trinidad al contralmirante Bravo Méndez por el caso Senkata

Suman al menos 11 militares procesados hasta el momento por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas a días de que tomara el poder Jeanine Áñez

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez a su ingreso a dependencias de la FELCC en La Paz. Foto: Roberto Guzmán

/ 7 de diciembre de 2021 / 19:19

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez fue enviado por seis meses con detención preventiva a la cárcel de Mocoví, en Trinidad, en el marco de la investigación sobre la masacre de Senkata, ocurrida en noviembre de 2019 durante el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez.

Bravo Méndez fue sacado la tarde de este martes de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, para su traslado a Trinidad, Beni, donde fue aprehendido el 2 de diciembre en un operativo policial-fiscal.

El contralmirante fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Se lo acusó en el proceso abierto por los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales, con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Con Bravo Méndez suman al menos 11 los militares procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019 lo de Sacaba y Senkata. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales.

Fuerzas policiales y militares intervinieron el 19 de noviembre de 2019 un cerco tendido en apoyo a Morales a la planta de hidrocarburos de Senkata, en El Alto, lo que acabó con 10 muertos y decenas de heridos. Días antes, el 15, ocurrió algo parecido en Sacaba, cuando se intervino con el saldo de 11 muertos por bala la marcha de cocaleros.

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La Justicia en La Paz se declara competente para atender demanda contra el cívico Calvo

El representante del Comité Impulsor de Justicia Aldo Michel informó de la decisión judicial y recordó que se acusa a Rómulo Calvo por las consecuencias del paro de nueve días

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa.

/ 7 de diciembre de 2021 / 17:49

La Justicia en La Paz se declaró competente para atender la denuncia contra el dirigente cívico de Santa Cruz Rómulo Calvo y dio paso a que la Fiscalía continúe con la investigación sobre las consecuencias del paro que lideró contra la abrogada ley de lucha contra el lavado de dinero.

La información la proporcionó el representante del denominado Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, quien presentó la denuncia contra Calvo por los delitos de conspiración, incitación a delinquir y delitos contra la libertad de trabajo.

Calvo tomó el control del paro que convocaron inicialmente gremiales y transporte pesado en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Debía comparecer el 30 de noviembre ante la Fiscalía, pero no acudió con el argumento de que tenía otra convocatoria fiscal en Santa Cruz y porque se le notificó con menos de 24 horas.

Ahora, la justicia en La Paz, por determinación del juez Douglas Borda, se declaró competente para tramitar la denuncia contra el dirigente cívico que enfrenta varios procesos legales.

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