Nacional

sábado 2 jul 2022 | Actualizado a 22:50

El TREP, la otra suspensión que generó la anulación de las elecciones de 2019

Desde la elección anulada de 2019, en el país hay una especial sensibilidad por los resultados preliminares; se los sobredimensiona.

/ 18 de octubre de 2020 / 01:43

En la víspera de la elección general 2020, siendo de por sí “la elección más compleja de la historia democrática del país” (Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, en entrevista con Animal Político), un nuevo hecho vino a terminar de complejizarla más todavía: se suspendió el nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre).

En los comicios de 2019, precisamente la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero esta vez cuando se encontraba en curso, fue el motivo del descalabro que devino después en la anulación de las elecciones.

En entrevista con Animal Político publicada el domingo 11, el asesor electoral principal del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martinez-Betanzos, apuntaba que en la elección lo esencial es el sistema de cómputo, el Direpre apenas era un añadido informativo para que “la población sepa, antes de irse a la cama, el día 18, qué es lo que ha pasado, más o menos”.

TREP de 2019

El TREP tenía ese mismo carácter. Según el reglamento para las elecciones generales de 2019 (aprobado en mayo de 2019), el TREP solo era “un sistema de información no vinculante, que permite transparentar el resultado de las elecciones dando a conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares de cada una de las mesas”.

Por este carácter no vinculante y meramente informativo (como iba a ser el Direpre), el 3 de noviembre, antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, el politólogo Jorge Richter (en Animal Político) reclamaba que por qué toda la narrativa del fraude se cargaba a la “modificación de la tendencia” de este sistema de datos preliminares: “Es inaceptable que una tendencia política pueda proclamar el resultado de una elección sobre un instrumento que es meramente informativo, hasta, como dice la norma, el escrutinio final (el cómputo oficial)”.

20 días antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019, el 30 de septiembre, el entonces vicepresidente del TSE, Antonio Costas, también informaba de la realización de simulacros internos en la implementación del nuevo sistema TREP; fue en esa ocasión que dijo que el TREP iba a dar el día de la elección hasta el 85% de los resultados preliminares, tal como se había logrado en las elecciones judiciales de 2017.

Aquella vez, Costas decía que el funcionamiento del TREP era “muy simple”: se iba a tomar la fotografía del acta de escrutinio y que dicha foto iba a ser enviada a una “nube”, en el sistema central, desde donde se expondría a la ciudadanía.

Suspensión en 2019

Pero, como se sabe, el sistema fue suspendido la misma noche del 20 de octubre, y al ser reanudado al día siguiente con un cambio de poco más de 3 puntos porcentuales, se vio esto como la primera prueba de un fraude electoral. Tal es la sensibilidad que se tiene con el sistema de resultado preliminar que una de las líneas de investigación de la Fiscalía en el caso Fraude I es precisamente ésa: quién mandó, y a órdenes de quién, a suspender la publicidad del TREP, el sistema de datos preliminares sin carácter vinculante. 

Un “añadido” que en 2020, sin embargo, fue tomado muy en serio por el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), al punto de haber sido concebido como un “diseño propio” del organismo electoral. La semana pasada, en entrevista el streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Romero reivindicaba la ventaja del Direpre sobre el TREP.

“Es un sistema confiable por dos razones: hemos partido de las observaciones que formularon al sistema anterior para trabajar, para tener un sistema de difusión de resultados preliminares y un sistema de cómputo, por un lado, diferenciado, que sean sólidos. Hemos trabajado los sistemas para brindar una máxima confianza técnica”, dijo.

El jueves 15, en el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la vicepresidenta del TSE, María Angélica Ruiz, destacaba que el Direpre esencialmente era para “dar información del comportamiento de la votación; es como si fuera un conteo rápido a gran escala; entonces, teniendo claro la finalidad, sabemos que es meramente informativo, que da resultados aproximados, que por eso se llama preliminar, tiene un carácter referencial; lo que busca es la rapidez de la información, por tanto, su alcance es limitado”.

Ruiz informó que los datos que iba a recoger el Direpre irán alimentando un “repositorio”, en el que incluso estará la imagen del acta; a dicho repositorio tendrían acceso sólo los delegados de los partidos políticos, los observadores internacionales y “los representantes de la sociedad civil que estén acreditados en el órgano electoral”.

Este repositorio iba a servir además para conocer algo que no había en el anterior sistema (TREP): la meta-data, información de quién ha tomado la imagen, dónde y a qué hora, lo cual sirve para control interno, destacó Ruiz.

Suspensión en 2020

La noche de este sábado, a horas del inicio de las elecciones, Romero informó que el Direpre fue suspendido debido a que las pruebas que se hizo sobre el sistema no permiten tener seguridad de una difusión óptima de los datos: “Los resultados de las pruebas no nos permiten tener la seguridad de la difusión completa de los datos que le ofrezcan certidumbre al país. Es por esto que, con seriedad técnica y motivados por la responsabilidad con el país, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido el retiro del Direpre de la jornada de votación”, afirmó en rueda de prensa.

Hasta el cierre de esta entrega, solo el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la alianza Creemos habían manifestado su protesta por la intempestiva suspensión del Direpre. Organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea tomaron nota de la decisión y respaldaron al TSE.

(18/10/2020)

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Golpe de Estado I: Mesa anuncia juicio a Evo por incumplir deberes

Morales dijo que le acusan con las manos manchadas de sangre

Ricardo Paz (de chamarra), llega a la Fiscalía paceña acompañado de Carlos Alarcón y Carlos Mesa.

Por Iván Bustillos

/ 30 de junio de 2022 / 02:09

Carlos Mesa anunció que procesará penalmente a Evo Morales por incumplimiento de deberes al dejar la presidencia en 2019; Morales le respondió que le señalan con las manos manchadas con la sangre de los muertos del gobierno de Jeanine Áñez.

El exmandatario Mesa (2003- 2005) manifestó su intención de enjuiciar a Morales luego de que se anunciaran dos denuncias contra él, por participar en la proclamación de Áñez como Presidenta y las consecuencias en muertes que tuvo esto; y lo hace luego de más de dos años y medio del derrocamiento de Morales.

Rechazando el hecho de que él tuviera que defenderse por lo sucedido en 2019, Mesa definió el objeto de su futura denuncia: “Nosotros no nos defendemos. Nosotros acusamos, acusamos a Evo Morales y a Álvaro García de ser responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se nos ha desechado, como no era pensable de otra manera, por el gobierno de Luis Arce; y acusaremos al expresidente Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo, no cumpliendo su responsabilidad básica, para escapar del país; el culpable es él”.

Sobre la fecha en que lo hará, Mesa solo dijo que “en el momento en que lo hagamos, ustedes lo van a conocer”. Mesa hizo este anuncio en puertas de la Fiscalía, antes de que su asesor Ricardo Paz entre a declarar como testigo en el caso Golpe de Estado I.

Sobre la acusación a Morales, adelantada ya por el diputado Carlos Alarcón, jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, el exmandatario respondió ayer en su cuenta de Twitter: “Carlos Alarcón, el abogado gonista defensor de la mal llamada Capitalización amenaza con enjuiciarnos por el golpe provocado por su jefe, el historiador golpista Carlos Mesa. Nos señala con sus manos manchadas por la sangre de 37 hermanos masacrados por el gobierno de facto”.

Ayer, Mesa volvió a desconocer el caso Golpe de Estado I que lleva adelante la Fiscalía, que el objeto del mismo es perseguirlo: “No reconocemos que este proceso sea legal, este es un proceso político que tiene como objeto perseguir a la oposición política y a mí como líder de la oposición”.

Tras descalificar la investigación fiscal como espuria, “un falso caso, con falsos testigos, falsos acusadores”, acusó al “equipo jurídico” que lo lleva adelante de solo responder a Evo Morales; recordó además los pronunciamientos en contra, dijo, del proceso por parte de organismos internacionales.

“Los golpistas piensan que con mentiras y acusaciones amplificadas por algunos medios que aplaudieron el golpe podrán cambiar la historia y conseguir impunidad. Las masacres y el robo al Estado no se borran con declaraciones políticas. Las víctimas demandan #MemoriaVerdadYJusticia”, publicó por su parte, también ayer, el aludido expresidente Morales.

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Jóvenes internos de Qalauma son rehabilitados mediante equinoterapia y canoterapia

En el Centro de Rehabilitación de Qalauma, Viacha, se desarrollará este miércoles una feria en la que se expondrá el trabajo de los jóvenes internos.

El mayor Fernando Susara junto a un recluso y su caballo. Foto: APG

/ 28 de junio de 2022 / 14:10

El director del Centro de Rehabilitación de Qalauma, mayor Fernando Susara, informó que en este recinto carcelario se practica la equinoterpia como un medio de rehabilitación de los jóvenes y adolescentes internos.

La equinoterapia es un tipo de tratamiento que gira en torno al caballo. Se utiliza como soporte terapéutico en enfermedades físicas y psíquicas. Es considerada como una terapia integral, pues incide positivamente al desarrollo cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional.

Qalauma cuenta con 360 reclusos, adolescentes en su mayoría.

En entrevista con La Razón Radio, transmisión digital en radio abierta a través de Monumental, Susara destacó que Bolivia es el segundo país en la región que aplica la equinoterapia como un tratamiento psicológico para la rehabilitación de internos.

El centro también recurre a la canoterapia para buscar la reinserción social de los reclusos.

Este miércoles, en inmediaciones del recinto carcelario para jóvenes, tendrá lugar una feria donde se expondrá el trabajo de los jóvenes internos. Susara invitó a empresas interesadas en contratar alguno de los tipos de producción que tienen los internos.

Habrá trabajos serigrafía, agronomía, metalmecánica, panadería, computación, marroquinería, carpintería, cocina, costura, artesanía y electrónica.

“Queremos promocionar lo que ellos están aprendiendo y produciendo”, invitó Susara.

El oficial mostró la producción de muebles modulares, catres, parrilleros, equipos de gimnasia, trabajos de serigrafía (impresión en poleras). En alimentos, incluso están en condiciones de proveer desayuno escolar.

«Este miércoles estamos inaugurando un ambiente para promocionar lo que producen los jóvenes, y que la población pueda comprar y las instituciones realicen contratos, porque aquí se puede producir a escala cualquier tipo de trabajo», destacó Susara.

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Hay nueve procesos por la vía ordinaria por los hechos de 2019

En al menos dos se pedirá incluir a Jeanine Áñez como denunciada por la vía penal ordinaria. 

Propondrán incluir a Jeanine Áñez en al menos tres futuros juicios ordinarios: casos EBA y Sacaba y Senkata

Por Iván Bustillos

/ 26 de junio de 2022 / 16:39

Raza Política

Hasta la fecha, a dos años y siete meses de la crisis política de noviembre de 2019, el Ministerio Público lleva adelante nueve procesos judiciales por la vía ordinaria de la Justicia relacionados con delitos cometidos durante dicha crisis, según la sistematización elaborada por el Ministerio de Justicia. Como es de conocimiento general, uno, el caso Golpe de Estado II, ya llegó a la sentencia en primera instancia, consistiendo este momento (26 de junio) la fase de apelación. Más o menos avanzados, los restantes ocho están en diferentes etapas de la fase preparatoria, previa a la imputación formal, que es cuando la Fiscalía concluye la sustanciación del caso. No será de extrañar, adelantan fuentes del Ministerio Público, que entre julio y agosto ocurran las imputaciones y, con ello, se instalen los “juicios públicos, orales y contradictorios”, como se suele designar a esta instancia judicial.

Los nueve procesos penales ordinarios que impulsa la Fiscalía son: 1) la muerte de un ciudadano en el barrio El Pedregal de la zona Sur de la ciudad de La Paz; 2) la masacre en la zona alteña de Senkata; 3) la masacre en el puente Huayllani, en Sacaba; 4) la aplicación de tortura a los detenidos por el régimen transitorio de Jeanine Áñez; 5) la designación contra la norma que hizo la expresidenta Áñez de una estudiante universitaria como gerente ejecutiva de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); 6) la introducción y distribución irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina; 7) el “préstamo” irregular de munición antidisturbios de la Policía ecuatoriana el 15 de noviembre de 2019; 8) el caso Golpe de Estado I, con la acusación por terrorismo, en el sentido de derrocamiento de un gobierno constitucionalmente establecido; y, 9) el caso Golpe de Estado II, el más avanzado, pues ya se llegó a la sentencia en primera instancia, estando a la fecha en la fase de apelación por ambas partes.

Los casos de mayor expectativa sin duda son los de las masacres de Sacaba y Senkata, de las que quedaron 20 personas asesinadas. En entrevista concedida a Animal Político, el ministro de Justicia, Iván Lima, explica que en ambos casos “ya se está para acusación; ahí están denunciados militares, policías y ministros, los que han actuado directamente” en la represión, incluidos los tres ministros Luis Fernando López, de Defensa; Arturo Murillo, de Gobierno, y Víctor Hugo Zamora, de Hidrocarburos. Son casos “con el proceso concluido”, hechas “todas las actuaciones” y ya presentadas las pruebas recolectadas hasta ahora.

Es en estos dos casos penales ordinarios que las partes impulsoras plantearán la ampliación de la denuncia hacia la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y su gabinete, por la firma y aplicación del Decreto 4078, que libraba de responsabilidad penal a los militares cuando éstos efectuaran labores de represión de movilizaciones sociales. Aquí lo que toca, insiste el ministro Lima, es que una vez presentada la denuncia contra Áñez, será la Fiscalía la que debe decidir si acepta o no incluirla en ambos casos.

En la provisión irregular de munición antidisturbios proveniente de Argentina y Ecuador en que incurrió el gobierno de Áñez, hay razones específicas para haberlos planteado por la vía ordinaria: “¿Por qué estamos siguiendo estos casos en la vía ordinaria? En el caso de Argentina, porque la aeronave (que traía la munición) llega el 13 de noviembre, pero se autoriza su ingreso antes de que Áñez asuma (la presidencia), el 12 de noviembre, o sea, la autorización de ingreso de la nave es cuando ella era todavía senadora”.

En el caso del material bélico proveniente de Ecuador, si bien ocurrió cuando Áñez ya era gobierno, de todas maneras “se trata de tráfico de armas, por lo que en opinión nuestra (del Gobierno, esta causa) también tiene que ir por la vía ordinaria”.

En el caso de los procesos Golpe de Estado I y II, la vía ordinaria se justifica, reiteró Lima, porque ambas causas tratan de los momentos previos a la toma de la presidencia por Áñez, cuando ésta aún era senadora.

Cuando se pregunta al ministro ¿de qué finalmente depende que Áñez sea incluida en estos procesos penales vía ordinaria?, el abogado en primer lugar insiste en que la posición del Gobierno es que “éste es un tema de la Justicia, no es un tema de los políticos”; el que los casos vayan por la vía ordinaria o por el juicio de responsabilidades, es una decisión que tomarán los jueces en medio del proceso.

Y esto vale tanto si la Fiscalía presenta el caso a un juez de ámbito ordinario como si lo hace ante la Asamblea Legislativa, para un juicio de responsabilidades: “Cuando, por ejemplo, el fiscal presente la acusación contra Áñez, sea en la vía ordinaria o en la de juicio de responsabilidades, la defensa de Áñez dirá que no está de acuerdo, ‘pienso que este tribunal es incompetente, yo no debo ser juzgada por un juez de El Alto o de Cochabamba (la vía ordinaria); a mí me debe juzgar el Tribunal Supremo de Justicia (juicio de responsabilidades, de privilegio)’. Este es el momento en el que la Justicia va a tomar una decisión”, una decisión que en última instancia llegará al Tribunal Constitucional Plurinacional.

Esto, que parece teoría, que algún rato pasará, en realidad ya está sucediendo en el caso EBA. Como ilustra el propio Lima: “Una juez, la juez Claudia Castro, que dijo ‘esto es vía ordinaria, voy a juzgar a Áñez por haber firmado la Resolución 26319 y haber designado a su prima como directora ejecutiva’; Áñez apela y la apelación le da la razón, la Sala Penal Cuarta del vocal Orlando Rojas dice ‘no, acá corresponde que esto vaya por juicio de responsabilidades, no un juicio ordinario, y remite el tema a la Fiscalía General para que ésta siga el proceso en la vía del juicio de privilegio. Pero el Fiscal General, que no está de acuerdo con el vocal, presenta un recurso de amparo constitucional, que actualmente está radicado en la Sala Constitucional Segunda de La Paz; y será esta Sala la que decidirá si se va por la vía ordinaria o por la del juicio de responsabilidades, y eventualmente esa decisión de primera instancia será objeto de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el cual aún podrá o confirmar o revocar lo que diga la Sala Constitucional Segunda de La Paz sobre este conflicto de competencias”.

Ahora, lo que diga el TCP sobre el caso EBA, si vía ordinaria o vía responsabilidades, sienta jurisprudencia; para el caso, “arrastrará” a todos los procesos con similar planteamiento, de aquí su importancia.

En lo relativo a la “injerencia” en la Justicia en que incurriría el Ministerio de Justicia, ésta se ha probado, según la oposición, en el hecho de que el ministro Lima “sabe de una decisión de los jueces antes de que ésta llegue a los oídos de las partes”. A esto, Lima asegura que en realidad si sabe algo es porque la entidad que patrocina legalmente a las víctimas de las masacres (y a pedido de ellas) es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), instancia bajo tuición del Ministerio; tal como está también el Sepdep, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que ahora está patrocinando y presentando la defensa de Kaliman y Calderón.

Los únicos procesos en que el Ministerio de Justicia es parte, dice, es en las cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidad que presentó contra Áñez y que hoy día está en la Asamblea Legislativa: los casos Fundempresa, crédito del FMI, decreto contra la libertad de expresión y las masacres de Sacaba y Senkata.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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MAS de Santa Cruz vuelve a mostrarse dividido

Hay una dirigencia regional que es desconocida por la nacional. Gerardo García suspendió su rueda de prensa por la irrupción de “choquehuanquistas”.

Dirigentes del MAS discuten entre sí sobre la línea del partido.

/ 24 de junio de 2022 / 02:35

El MAS no acaba de resolver sus tensiones. Ayer, en Santa Cruz, volvió a relucir la existencia de contrarios a, por lo menos, cierta parte de la dirigencia nacional. Gerardo García suspendió su rueda de prensa por la irrupción de “choquehuanquistas”, dijo.

Mientras García daba una conferencia de prensa en el edificio que ocupa la Brigada Parlamentaria cruceña —relató el periodista de LA RAZÓN en la capital oriental— un reducido grupo de manifestantes llegó para increparlo. Otro sector, de principalmente mujeres, salió a defenderlo y se generó una gresca con empujones, insultos y hasta agresiones con chancletas por parte de algunos militantes que defendían a García.

El jefe departamental del MAS en Santa Cruz, Marcos Fernández, rechazó que haya división en el partido oficialista y mostró una resolución firmada por las diferentes organizaciones sociales dando su apoyo tanto al presidente Luis Arce como al vicepresidente David Choquehuanca, y al jefe nacional del partido, el expresidente Evo Morales Ayma.

A quien más bien Fernández acusaba de “divisionista” era a García. “Es divisionista porque no coordina con las direcciones departamental ni urbana ni mucho menos con las organizaciones sociales”, argumentó el dirigente.

Para García, en cambio, ahora sí se reveló que el vicepresidente Choquehuanca hace tendencia dentro del MAS. A su conferencia, indicó, “no faltaron unos que siempre han estado entorpeciendo, confundiendo, pero creo que se ha esclarecido una cosa: empezaron a gritar ‘Choquehuanca, Choquehuanca’; por eso digo que ya se han desenmascarado”.

En cuanto a la dirigencia del MAS presidida por Fernández, García reveló que éste y otros dirigentes regionales que le siguen “están suspendidos, por una decisión orgánica y política desde la (dirección) nacional, porque solo se están avocando a pelear, dividir, cada quien hace su grupo, su congresito aquí por allá”.

ALCALDES.

García explicó que mientras en un departamento no haya dirigencia elegida, es la nacional la que asume el mando de la organización departamental; por eso, dijo, ayer él estuvo en Santa Cruz firmando los papeles necesarios para presentar candidatos a alcalde en los municipios de La Guardia y San Javier, que tendrán elecciones municipales este año, debido a la muerte de sus alcaldes.

El ampliado del MAS del miércoles 22 en Sacaba, determinó que el partido irá su Congreso Ordinario, en el que se elige a la dirección nacional, en los próximos meses; pero que para hacerlo, primero deben elegirse dirigentes departamentales. A la fecha, faltan direcciones en Santa Cruz, La Paz y Tarija. García adelantó que en los próximos días, “en conversación con organizaciones sociales, se convocará al congreso departamental en Yapacaní”.

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Masacre de San Juan, la del número incierto de muertos por bala

Los muertos conocidos eran del sindicato; había muchos eventuales.

Instantánea del velorio de algunos de los asesinados en la masacre en los centros mineros.

Por Iván Bustillos

/ 24 de junio de 2022 / 02:27

Entre el 23 y 24 de junio de 1967, hace 55 años, ocurrió la Masacre de San Juan, en Catavi y Siglo XX. Si bien se habló de 20 muertos, indagaciones posteriores aseguran que fueron muchos más; sin embargo, hasta hoy no se sabe cuánto más.

Y es que no solo cuentan los cadáveres encontrados, sino también los varios desaparecidos, acaso cuerpos secuestrados.

“Si bien se habla de 20 muertos, el número es indeterminado, porque se tiene información de la época de que después del ataque a Catavi y Siglo XX habrían ingresado caimanes, donde cargaron supuestos muertos y heridos; no existe un dato preciso”, señala a LA RAZÓN el exdirector ejecutivo de la Comisión de la Verdad Fernando Rodríguez.

La Comisión de la Verdad estudió la represión militar de 1964 a 1982. El que hasta hoy no haya una cifra cierta de los muertos a bala o heridos, también se debe, explica Fernández, a que una parte de los mineros, muy relacionada con el área rural, trabajaba a destajo; los muertos conocidos eran los sindicalizados, “pero de los no sindicalizados no se tiene un dato preciso”, afirma.

Además, si hay algo que tomar en cuenta en esta masacre es que el ataque militar no fue selectivo, contra alguna fuerza civil, sino que “alcanzó al conjunto de la población que estaba presente; fue un asalto, en el estricto sentido de la palabra, contra una población que no tuvo posibilidad alguna de reaccionar”, detalla Fernández.

Aunque existen investigaciones sobre la trágica jornada, el paso del tiempo va sellando la incertidumbre del número de muertos, “las fuentes ya resultan muy complejas para poder alcanzar datos más aproximados”.

VIOLENCIA.

También hay que considerar la ferocidad del ataque por parte del gobierno del militar René Barrientos, pues una de las causas de la matanza fue que jornadas antes los mineros habían decidido dar una “mita” (un día de haber) en apoyo a la guerrilla de Ernesto Che Guevara en el oriente- sur del país. Un monto de dinero considerable, si se tiene en cuenta que la minería estatal de la época era sostenida por lo menos por 30.000 trabajadores.

Para echar olvido sobre las muertes también conspiró el ataque a las radios mineras, una verdadera experiencia de voz alternativa a los grandes medios.

“Es importante señalar que era un sistema de radios, no una o dos radios, que se interconectaban entre sí, y que era su mecanismo de comunicación, muy eficiente en la época”, remarca el investigador social.

Ahora, apunta Fernández, el hecho también hay que ubicarlo como parte de la expansión del gran capital privado, de su necesidad de socavar la base de la poderosa clase obrera, fundamentalmente minera de la época, de la gran arremetida “neoliberal”, de desnacionalización de lo hecho por la Revolución del 52, lo cual representaba el régimen de Barrientos Ortuño. Proceso que alcanzó su cúspide precisamente en la dictación del Decreto 21060,

Con Barrientos, además, remarca, empezó una arremetida radicalizada de los poderes económicos conservadores.

“El peligro de la Revolución cubana (1959), el desarrollo de guerrillas en varios países de América Latina y la propia guerrilla en Bolivia, había radicalizado la actitud de los sectores más conservadores en Bolivia ligados a la embajada americana, para destruir los avances producidos con la Revolución del 52, especialmente en el área minera”.

Necesidad económica, cuestión de clase: “El desarrollo del sindicalismo minero era sumamente cuestionado por los sectores conservadores de nuestro país, porque para esa época, una huelga minera realmente paralizaba al país; hablamos de más de 30.000 trabajadores que entraban en huelga a la vez”.

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