Una vez aprehendido en Trinidad, Beni, el contralmirante y exinspector de las Fuerzas Armadas Aldo Bravo Méndez fue trasladado a la ciudad de La Paz. La noche de este jueves llegó hasta oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para declarar dentro de la investigación por la masacre de Senkata, de noviembre de 2019.

No hizo ninguna declaración a la prensa cuando descendió del vehículo que lo trasladó desde el aeropuerto de El Alto y era llevado por policías hasta oficinas de la FELCC, en la ciudad de La Paz, la noche de este jueves.

Bravo Méndez fue inspector de las Fuerzas Armadas cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Jeanine Áñez y hoy prófugo de la Justicia.

Deberá prestar declaraciones sobre los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron las protestas sociales en Senkata en apoyo al expresidente Evo Morales con el saldo de 10 muertos y decenas de heridos por impactos de bala. Días antes, similar acción militar-policial se dio en Sacaba, con el saldo de 11 muertos por impactos de bala.

Al menos 10 militares son procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres de 2019. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión de Morales.

Suben a 102 los feminicidios en lo que va del año en Bolivia, con la muerte de Viviana Ll. tras permanecer en estado vegetal y hospitalizada desde mayo como consecuencia de la golpiza que le propinó su pareja, ahora en la cárcel y a punto de salir porque se cumplió los seis meses de reclusión preventiva dispuesto por la Justicia.

Murió en horas de la madrugada de este jueves y dejó en la orfandad a dos niños de 4 y 7 años. Este caso no solo conmocionó a la sociedad por la brutalidad sino porque la víctima dejó un diario en el que describió todos los momentos de violencia que vivió al lado de su pareja, identificado como Rubén C.

El diario, con el relato de las agresiones que sufría, le entregó a un familiar que lo hizo público después que quedara en estado vegetal, por la brutal golpiza que le propinó su pareja.

“Me preguntó por qué estás oliendo fuerte, él se buscó su perfume y le dije, Rubén, el perfume está roto y él se ha enojado y en la cama me ha golpeado y yo le dije Rubén, no me pegues, te voy a pagar, cuánto cuesta y él me dijo, tu no me puedes pagar porque cuesta 100 bolivianos”, escribió Viviana en su diario.

En otra parte relata: “He visto una foto de él con una chica abrazado, y se lo mostré a su hermana Santusa, y ella no dijo nada, solo se sorprendió y esa noche el Rubén se había tomado y me dijo trae mi celular y se dio cuenta de que he leído y me pegó y al día siguiente su papá me vio que estaba toda pegada y le dijo Rubén por qué le has pegado, no la quiero ver así, anda a comprar una crema”.

El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto. Estaba internada en terapia intermedia del Hospital de Clínicas y en los últimos días su estado se agravó y se la internó en terapia intensiva.

“Que voy a hacer, mi hija ha muerto, no puedo creer que mi hija deje a sus dos hijos, solo pido justicia, estoy muy triste, mi hija tuvo que sobrevivir con oxígeno”, contó la madre de la víctima a la red Unitel.

Con la muerte de Viviana, los feminicidios suben a 102 en Bolivia.

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa acusó al MAS de promover los incidentes de los que fue víctima el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en Tarija, y demandó al Gobierno garantizar su seguridad.

A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, Mesa cuestionó que Camacho haya sufrido una serie de agresiones desde el momento que llegó a Tarija, por personas vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“La unidad del país está nuevamente amenazada por el discurso de odio del MAS y la violencia regionalista y fascista de sus grupos de choque en Tarija, que agreden al Gobernador de SCZ y le impiden el ejercicio de sus derechos. Exijo que se garantice seguridad de Luis Fernando Camacho”, demandó.

Grupos de sectores sociales impidieron la noche del martes que Camacho pueda salir de forma expedida del aeropuerto, porque se apostaron en las inmediaciones de la terminal aérea. El miércoles le lanzaron huevos y frutas cuando descendió de un vehículo frente a la plaza Luis de Fuentes.

Ese hecho desató insultos y hasta una pelea a puños por la presencia de Camacho. A pesar de los incidentes, cumplió con su agenda de socialización de su propuesta de federalismo.

“¡Salud con vino tarijeño! Porque a pesar de la desesperación de los masistas, el federalismo sigue avanzando”, escribió el miércoles en su muro de Facebook con una fotografía suya sosteniendo una copa de vino.

El primer convite en vista a la entrada del Carnaval de Oruro fue suspendido, ante la situación epidemiológica por el COVID-19. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Juan Carlos Challapa, informó de la decisión interinstitucional tomada, aunque resta conocer la posición de la Asociación de Conjuntos Folklóricos (ACFO).

“Por responsabilidad tenemos que asumir esta decisión que ha sido asumida por gran parte o la mayoría de las instituciones, sin embargo también es evidente que existe una molestia por parte de algunas instituciones que venían trabajando en temas de logística y organización institucional, pero la salud es lo primero”, explicó.

El primer convite estaba programado para este 5 de diciembre y los bailarines debían presentar su carnet de vacunación contra el COVID-19, como un requisito para participar de este evento cultural.

“El periodo de incubación contempla entre 14 y 21 días, esto hace entrever que si nosotros evidenciamos una cuarta ola para nuestro departamento y ciudad podríamos tener días muy delicados, principalmente, en Navidad y Año Nuevo. Ha sido una decisión conjunta”, insistió Challapa.

Sin embargo, explicó que este viernes se lo hará conocer de forma oficial.

El exinspector de las Fuerzas Armadas contralmirante Aldo Bravo Méndez fue aprehendido en Trinidad, Beni, en el marco de las investigaciones para esclarecer y establecer responsabilidades en las masacres de Senkata y Sacaba de noviembre de 2019, ocurridas a pocos días de haber tomado el poder la expresidenta Jeanine Áñez.

El canal estatal informó de la aprehensión del militar, quien deberá prestar sus declaraciones sobre los hechos de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron protestas sociales en apoyo al expresidente Evo Morales con el saldo de más de una veintena de muertos y decenas de heridos por impacto de bala.

Al menos 10 militares son procesados por lo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó de masacres. Este grupo de expertos formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó todo lo que pasó antes durante y después de la dimisión de Morales.

Bravo Méndez fue inspector de las FFAA cuando estaba bajo el mando del general Sergio Orellana, designado en el cargo por la expresidenta Áñez.

El contralmirante es trasladado a La Paz, donde radica el caso Senkata.