En Potosí se cumplió este martes un paro de 24 horas exigiendo atención a demandas como la industrialización del litio y preservación del Cerro Rico. Para el Gobierno, la medida fue política y acatado en parte de la ciudad capital con un “forzado” cierre de algunos centros de abasto.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el paro convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se cumplió en 1 de los 41 municipios del departamento y restringido al centro de la ciudad.

“Es el centro de la ciudad, hay puntos de bloqueo y han forzado el cierre de algunos centros de abasta, hay normalidad”, evaluó antes de la finalización de esta jornada de protesta que estuvo caracterizada por bloqueos en los puntos de ingreso a la ciudad y calles del centro.

Según El Potosí, los comerciantes fueron obligados a cerrar sus negocios, mientras que las instituciones públicas trabajaron con normalidad.

La protesta planteó demandas como la industrialización del litio, preservación del Cerro Rico de Potosí, seguridad para el Salar de Uyuni ante intentos de pobladores de Salinas de Garci Mendoza de apropiarse de una parte del recurso, celeridad en la investigación de la compra anulada de 41 ambulancias y la construcción del aeropuerto.

El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, consideró que estas acciones con tinte político “generan una especie de inseguridad frente a lo que vamos a generar en cuanto a proyectos, porque la estabilidad social es lo que se busca”.

También recordó que hubo un proceso de socialización de la industrialización del litio, donde no acudió la dirigencia cívica. Sobre los ingresos, anunció que el próximo año se empezará a generar ingresos importantes por la puesta en marcha de la planta de industrialización.
Alcón aseguró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los sectores movilizados.

El expresidente Evo Morales saludó este martes la decisión del presidente Luis Arce de instruir la investigación de la carta atribuida al vicepresidente del MAS, Gerardo García, en la que agradece en 2017 a un acusado de narcotráfico por financiar la campaña electoral. Anticipó que “se comprobará la falsedad” de la denuncia hecha por el diputado Rolando Cuéllar.

“Saludamos que nuestro hermano presidente Luis Arce instruya investigar las falsas denuncias de supuesto financiamiento ilegal al MAS-IPSP. Que se investigue de cara al pueblo y con total transparencia ese y otros casos de audios, volteo de droga y protección al narcotráfico”, destacó el también dirigente cocalero del Chapare.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron indagar la denuncia de Cuéllar contra García.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, explicó en una entrevista con la red Unitel.

Morales destacó la iniciativa presidencial y anticipó que se comprobará la falsedad de la denuncia.

“Estamos seguros que se comprobará la falsedad y pediremos sanciones con todo el peso de la ley contra quienes intentan destruir al MAS-IPSP. Pedimos a nuestra militancia mantenerse en estado de alerta ante los ataques internos y externos contra el instrumento político del pueblo”, demandó.

García presentó este martes una denuncia penal contra Cuéllar, para que demuestre la veracidad de la misiva hecha pública y en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Negó conocer a Miguel Ángel Salazar Yavi y aseguró que la carta es falsa.

El mayor Álvaro Muñoz y el capitán Rubén Aparicio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) fueron puestos a «disposición», por su vinculación con el caso Misael Nállar, uno de los principales acusados en la ejecución de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip) en Porongo, el 21 de junio.

El inspector de la Policía, coronel Augusto Russo, confirmó en Santa Cruz de la suspensión de sus funciones de los dos uniformados, uno de ellos vinculado directamente a la detención de Nállar.

“Estos han sido suspendidos de sus funciones y esperan su nuevo destino, una nueva disposición o lo que pueda acontecer con sus personas, sin embargo, ya no están cumpliendo con sus funciones”, explicó en conferencia de prensa.

El 24 de junio y presionado por denuncias de estar involucrado en “protección” al narcotráfico, Muñoz salió a la luz pública y reveló que fue el responsable de la captura y entrega a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Nállar, quien se entregó -relató- con las manos en alto y pidiendo que “no lo peguen y que no lo maten”.

Su nombre, junto al de otro uniformado, aparece en denuncias de protección al narcotráfico y en particular a Nállar, yerno del extraditado y sentenciado por narcotráfico en Brasil Jesús Lima Lobo.

Muñoz fue fue reconocido con el ‘Premio a la Excelencia Policial’, por la detención de Nállar. El mayor reveló que un informante le comunicó de la decisión del principal acusado del triple asesinato de entregarse, como ocurrió finalmente.

Aparicio, por el contrario, es apuntado como el uniformado con quien supuestamente se comunicó la gente de Nállar en el día del triple asesinato.

Russo aseguró que se investigará a cualquier uniformado sobre el que pese alguna denuncia.

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia indagar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre financiamiento electoral por parte un acusado de narcotráfico, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, explicó en una entrevista con la red Unitel.

Cuéllar reveló una carta de 2017 firmada por García, en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Apoyada en esa misiva, la oposición política envió una carta al TSE, en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

“Hay competencia del Tribunal Supremo Electoral en la materia que han solicitado diputados de oposición, hay competencia del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, porque definitivamente este es un hecho que está sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y también existe la posibilidad que el Ministerio Público active los mecanismos que tiene”, sostuvo Lima y aseguró que ya está en curso una investigación.

García presentó este martes una demanda penal contra Cuéllar y lo relacionó con delitos de violación y tráfico de madera

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, formalizó una denuncia penal contra el diputado Rolando Cuéllar y negó la autenticidad de la carta en la que se le atribuye haber agradecido aportes económicos a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

La denuncia es por los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y asociación delictiva. García aseguró que se someterá a la investigación pertinente y desafió a Cuéllar a asumir similar actitud ante la demanda presentada, pero también en otros casos que había tenido en su contra relacionados –sostuvo- a violación de menor y tráfico de madera.

“Este señor no es santo ni es un señor limpio”, aseguró y negó la autenticidad de la carta de 2017 por la cual se lo vincula con una persona acusada de narcotráfico.

En la misiva se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

García negó conocer a Miguel Ángel Salazar Yavi.

A partir de esa misiva, la oposición pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) iniciar de oficio una investigación sobre el financiamiento a la campaña del MAS con vistas a anular su personería jurídica.