Nacional

Wednesday 17 Jul 2024 | Actualizado a 18:33 PM

Comisión legislativa: Las muertes en Sacaba y Senkata fueron por armas oficiales

El diputado Borda señala que hay documentos del IDIF y otros informes, testimonios y declaraciones de comandantes, que sustentan el uso de armamento letal en las “masacres” del año pasado.

/ 21 de octubre de 2020 / 09:23

La comisión legislativa que investigó las muertes en el conflicto poselectoral de 2019 tiene casi listo su informe. El diputado Víctor Borda adelantó que una conclusión es que los 20 fallecidos en Senkata y Sacaba fueron por balas de armas de las FFAA y la Policía.

Los operativos se activaron tras la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó el discurso del fraude en los comicios del 20 de octubre del año pasado.

El 15 de noviembre, en Sacaba, el operativo conjunto de policías y militares dejó 10 fallecidos al reprimir a una movilización que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba, todo bajo el paraguas de un decreto presidencial que eximía de responsabilidades penales a los efectivos. Cuatro jornadas después, otro operativo en Senkata (El Alto) dejó otra decena de muertes.

En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una resolución para la conformación de una comisión de investigación de estos hechos. “Según datos del Ministerio Público hay 31 personas que perdieron la vida en esta etapa, hemos verificado que existen 37 víctimas, de las cuales 27 fallecieron por impacto de bala”, explicó Borda a La Razón.

Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), es presidente de esa comisión. Afirmó que hay documentos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y testimonios que fundamentan ello, rebatiendo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, quienes negaron que los uniformados usaran armas de reglamento en los operativos, incluso Murillo planteó que las balas provinieron de los movilizados.

“Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos  (Potosí)  y  tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola”, añadió.

Según el legislador, el informe de balística que recibió la comisión determinó que los fallecidos fueron alcanzados por proyectiles letales cuyo armamento es de uso exclusivo de las FFAA y la Policía.

“Se ha verificado que el calibre de 5,5 milímetros es un armamento moderno que pertenece a las Fuerzas Armadas, es un armamento liviano que no se ha dotado a las tropas sino a oficiales. El calibre de 7,62 milímetros es un arma automática que usan exclusivamente las Fuerzas Armadas y el calibre 22 es armamento que es dotación de la Policía”, remarcó.

El ministro López, aseveró que “en noviembre, en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”.

Mientras que Murillo indicó que “la mayoría de los muertos son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son en el pecho, en la cara; son de frente”.

Borda rebatió esa hipótesis. “No hemos recibido ningún certificado médico forense de algún policía o militar que hubiera sido herido. Hemos recibido aproximadamente 150 declaraciones y tampoco se evidenció ese extremo que afirmó (Murillo)”.

En siete meses de trabajo, los legisladores recibieron varios informes, incluidos del IDIF y la Fiscalía, y visitaron Sacaba y Senkata. “Se han utilizado todos los procedimientos establecidos por ley, se ha convocado a varios comandantes departamentales de la Policía y hemos tenido declaraciones valiosas de comandantes del Ejército que nos han orientado sobre este tema (el armamento)”.

El informe está en la fase conclusiva y será presentado el lunes ante el plenario del Legislativo para su revisión y aprobación, tal como anunció a este medio la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS). Borda no quiso adelantar sobre los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, y dijo que esto se definirá el lunes.

(21/10/2020)

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Tras retiró de medida cautelar, Comisión Mixta de Justicia retomará el viernes la preselección

Padilla dijo que para el Consejo de la Magistratura se tiene más de 80 postulantes, en tanto, para el Tribunal Agroambiental hay más de 40.

Miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural

Por Boris Góngora

/ 17 de julio de 2024 / 18:29

Luego que la Sala Constitucional de Beni dejara sin efecto la medida cautelar que paralizó la preselección para las elecciones judiciales, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, informó que esta instancia de la Asamblea retomará la fase de las entrevistas orales desde el viernes.

“Hemos sacado una convocatoria para el viernes. A las 08.00 vamos a empezar como comisión y a partir de las 14.00 estamos notificando a los postulantes para tener el examen oral. Estamos listos para continuar con esta fase y se va a desprecintar el salón que tiene las preguntas. Es importante ir de manera transparente, por eso estamos convocando a todos los miembros de la comisión para continuar con esta etapa”.

Agregó que para el Consejo de la Magistratura se tiene más de 80 postulantes, en tanto, para el Tribunal Agroambiental hay más de 40. “El viernes, sábado y domingo trabajaremos en la preselección. Hoy estamos notificando para que estén presentes a partir del viernes a las 14.00”

La Sala Constitucional Segunda de Beni ordenó el miércoles 10 de julio la paralización del proceso de preselección, tras la acción constitucional interpuesta por la ciudadana Heidy Padilla contra la postulación de Jesús Martínez para una de las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Lea más: El director jurídico del Senado ratifica que se ganó el amparo constitucional y se reanuda la preselección

Entonces, la Comisión Mixta de Constitución rechazó la determinación de la Justicia y decidió continuar con el proceso, empero, ante este desacato, por información del presidente de esa instancia, la Sala Constitucional de Beni multó y congeló las cuentas de los legisladores de la Comisión Mixta de Constitución.

El director de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, Israel Quino, informó que tras una argumentación jurídica de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural se ganó el amparo constitucional y se reanuda el proceso de preselección.

“Se logró demostrar que la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantías era desproporcionada y que afectaba el derecho de más de 400 postulantes en el proceso de preselección; ganando así la acción tutelar que en su fase de admisión suspendía los exámenes orales de los aspirantes a altos cargos judiciales”, escribió Quino desde sus redes sociales.

Añadió que “en atención a la defensa técnica jurídico – constitucional; (la Sala Constitucional) dispuso dejar sin efecto la medida cautelar y con ello da continuidad con la preselección judicial en la sede de la Asamblea”.

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El director jurídico del Senado ratifica que se ganó el amparo constitucional y se reanuda la preselección

Según Quino, el fallo además instruye que la Comisión Mixta de Constitución emita una nueva resolución sobre la situación de habilitación de un postulante al TSJ por Beni.

El director de Asuntos Legales del Senado, Israel Quino, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 17 de julio de 2024 / 18:24

El director de Asuntos Legales de la Cámara de Senadores, Israel Quino, informó este miércoles que esa instancia de la Asamblea Legislativa ganó el amparo constitucional y «se reanuda el proceso» de preselección rumbo a las elecciones judiciales.

“Tras la argumentación jurídica, se logró demostrar que la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantías era desproporcionada y que afectaba el derecho de más de 400 postulantes en el proceso de preselección; ganando así la acción tutelar que en su fase de admisión suspendía los exámenes orales de los aspirantes a altos cargos judiciales”, escribió Quino desde sus redes sociales.

Añadió que “en atención a la defensa técnica jurídico-constitucional del Senado; (la Sala Constitucional) dispuso dejar sin efecto la medida cautelar y con ello dar continuidad con la preselección judicial en la sede de la Asamblea”.

El miércoles 10, la Sala Constitucional Segunda de Beni ordenó la paralización del proceso de preselección, tras la acción constitucional interpuesta por Heidy Padilla contra la postulación de Jesús Martínez para una de las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Entonces, la Comisión Mixta de Constitución rechazó la determinación de la Justicia y decidió continuar con el proceso, empero, ante este desacato, por información del presidente de esa instancia, la Sala Constitucional de Beni multó y congeló las cuentas de los legisladores de la Comisión Mixta de Constitución.

Lea más: El TSJ defiende la continuidad de los magistrados y espera que se realicen las judiciales

Según Quino, el fallo además instruye que la Comisión Mixta de Constitución emita una nueva resolución sobre la situación de habilitación de un postulante al TSJ por Beni, en tanto, a “la Comisión Mixta de Justicia Plural puede reanudar de manera inmediata al haber sido accionada sin que así correspondiera”.

Respecto a alguna sanción económica o congelamiento de cuentas de asambleístas nacionales, el jurista indicó que se esclareció que “no existe ninguna disposición que afecte el derecho al salario de legisladores”.

El martes, el presidente del TSJ, Marco Jaimes, indicó que están a la espera de que el Órgano Legislativo genere “de forma inmediata” las elecciones judiciales, pero además defendió la continuidad de los actuales magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial.

Indicó que “no se puede concebir” la idea de un Estado sin el funcionamiento del Órgano Judicial, el cual expresa, a través de las leyes, la representación que se le otorgó por medio del voto popular.

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Arce: Acabaron con la vida de Marcelo, pero no mataron sus ideales

Desde 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981, Luis García Meza y Luis Arce Gómez implantaron una dictadura marcada por un duro plan represivo.

El presidente Luis Arce, tras la Gran Marcha en Defensa de la Democracia.

Por Boris Góngora

/ 17 de julio de 2024 / 17:25

El presidente Luis Arce recordó este miércoles los 44 años de aquel nefasto 17 de julio de 1980, cuando Luis García Meza ejecutó uno de los golpes de estado más sangrientos de nuestra historia, que terminó con la vida del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes como Gualberto Vega y Carlos Flores Bedregal, en el asalto militar a la Central Obrera Boliviana (COB).

“Acabaron con la vida de Marcelo, pero no mataron sus ideales, que trascendieron en el tiempo y siguen guiando nuestra inquebrantable lucha por la democracia, por los más humildes y por más justicia social para nuestros pueblos. Hoy más que nunca, ¡Marcelo vive, la lucha sigue!”, destacó el mandatario, en sus redes sociales.

Desde 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981, Luis García Meza y Luis Arce Gómez implantaron una dictadura marcada por un duro plan represivo, periodo en el cual se registraron alrededor de 500 víctimas de asesinato, desapariciones forzadas y torturas, entre ellos, el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue político, escritor, docente universitario y promotor de la defensa de la democracia. También se registra 400 detenidos.

Ese 17 de julio, la asonada militar liderada por el general castrense derrocó a Lidia Gueiler, durante cuyo mandato constitucional no fueron desmantelados el aparato de inteligencia y los organismos de represión creados por el Plan Cóndor y socapados en la dictadura de Hugo Banzer, los cuales permanecieron activos.

Lea más: A 44 años del golpe de García Meza, Asofamd exige ‘verdad, justicia y garantías de no repetición’

Por estos hechos, el 21 de abril de 1993, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia señalando como autores de la masacre sangrienta de la calle Harrington a Luis García Meza, Luis Arce Gómez, Guido Benavidez Albizuri, Carlos Helguera Larrea, Gerardo Moldes, Juan Carlos García, Tito Montaño Belzu, Galo Rubén Trujillo Braun, Víctor Hugo Marcelli Pianezzi, Arturo Torrico Vásquez, Adhemar Alarcón Silva, Daniel (Dany) Cuentas Valenzuela, Víctor Barrenechea Aramayo, Juan Carlos Balda Peralta, Roberto Monroy Flores y René Humberto Chacón Tavera.

Por la comisión del delito de “Genocidio de la calle Harrington: masacre sangrienta y asesinato de los dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Artemio Camargo, Ramiro Velasco, Jorge Baldivieso, Ricardo Navarro, Gonzalo Barrón, Luis Suárez, Arcil Menacho y José Reyes, ocurrido el 15 de enero de 1981; y organización de grupos armados irregulares”

Se dictó sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto para García Meza y Arce Gómez junto a otros 13 paramilitares, constituyéndose este dictamen como el primer caso en América Latina que llegó a condenar el delito de genocidio perpetrado a un determinado grupo, con el objetivo de exterminarlos por razones políticas.

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‘Contribuirá favorablemente’: Sosa pidió a Almagro que Campero sea miembro de un tribunal de la OEA

Israel Campero será juez del Tribunal Administrativo de la OEA por seis años, desde enero de 2025.

El vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz, Israel Campero, brinda una conferencia de prensa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 17 de julio de 2024 / 16:45

La canciller Celinda Sosa pidió a principios de junio que el vocal Israel Campero, presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz, sea postulado como miembro del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Entonces, en una carta dirigida al secretario general de la OEA y fechada el 3 de junio, Sosa aseguró que la inclusión de Campero, “contribuirá favorablemente” a ese organismo internacional.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del Gobierno de Bolivia para presentar formalmente la candidatura del Dr. Israel Ramiro Campero Méndez al Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, de quien adjunto su destacada hoja de vida”, dice parte de una carta enviada al titular de la OEA, a la que tuvo acceso La Razón.

Israel Campero

Fechada el 3 de junio y con la clasificación de “urgente”, la misiva considera que la postulación de Campero “será considerada favorablemente y contribuirá significativamente” a dicho Tribunal.

“Cuenta con las cualificaciones necesarias y una distinguida trayectoria en el ámbito judicial”, señala otra parte.

“Solicitamos amablemente su colaboración para presentar esta candidatura ante las instancias pertinentes de la OEA y para mantenernos informados sobre el progreso de nuestra propuesta”, complementa el pedido de Sosa.

El 30 de junio, por aclamación, el vocal Campero fue reelegido como juez de dicho Tribunal, en ocasión de la 54ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción.

OEA

“Para el Tribunal Administrativo, los Estados Miembros reeligieron por aclamación a Israel R. Campero Méndez (Bolivia) para un período de seis años”, dice un boletín institucional.

Campero fue juez de esa oficina desde enero de 2019 y su mandato concluirá en diciembre de este año. Tras su reelección, su nuevo periodo comenzará en enero de 2025, hasta 2031.

La solicitud de Sosa se conoce luego de que, principalmente el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) emitiera duras críticas respecto del trabajo del vocal Campero, en su condición de presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz.

El primer hecho que despertó “el rechazo” a su trabajo, ocurrió el 2 de mayo, cuando la oficina de Campero ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso de la facción arcista del MAS, celebrado el 3, 4 y 5 de mayo en El Alto.

Sala Constitucional

Más adelante, el 23 de mayo, el mismo TSE resolvió rechazar las resoluciones de ese cónclave por “incumplimientos insubsanables”.

Otro hecho que se sorteó en la oficina de Campero es la acción de cumplimiento contra el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, por no convocar a sesión plenaria para tratar los proyectos de ley 073 y 075 contra la prórroga de magistrados.

El 21 de mayo, propiciada por los senadores evistas William Torrez y Lucy Escobar, esa solicitud fue admitida por la Justicia y derivada a la Sala de Campero.

Inmediatamente, los accionantes, junto al asesor jurídico del Senado, Israel Quino, decidieron trasladar la solicitud a una sala constitucional en Cochabamba, pero ésta se declaró incompetente y devolvió el caso a la sala de Campero.

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Abogado de la esposa de Marset dice que ésta se entregó voluntariamente

Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante Sebastián Marset, dijo que Gianina García “está cansada” de que la persigan por ser esposa del capo uruguayo.

El narco uruguayo Sebatián Marset y su esposa Gianina García Troche en un acontecimiento.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 17 de julio de 2024 / 16:40

Santiago Moratorio, el abogado de Gianina García Troche, esposa del capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset, afirmó que su cliente no fue detenida, en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España, sino que “se entregó”.

Según el diario uruguayo El Observador, el jurista dijo que la mujer está “cansada” de que la persigan “por ser la esposa” del narcotraficante uruguayo.

La mañana de este miércoles, medios españoles confirmaron la detención de García Troche, cuando llegó de un vuelo proveniente de Dubái y pretendía tomar otro a Montevideo, Uruguay. Según el reporte, usó su identificación uruguaya, pero, luego de la alerta de efectivos de la Interpol en ese país, fue capturada.

Sebastián Marset

El hecho causó revuelo internacional, pues se trata de la esposa de uno de los narcotraficantes más buscados en al menos seis países de la región, por su supuesta vinculación con delitos relacionados al narcotráfico.

En Bolivia enfrenta cargos por “doble identidad, uso de instrumento falsificado y falsedad material; tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación”, según detalló el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Además, la autoridad recordó que García Troche usó el nombre de Larissa Márquez, mientras estuvo en Bolivia, desde 2018.

Gianina García Troche

El caso Marset se conoció en Bolivia el 29 de julio de 2023, cuando el capo uruguayo burló un megaoperativo policial de 2.500 efectivos en Santa Cruz. Entonces, escapó junto con su esposa, sus hijos y el equipo encargado de su seguridad.

En un video publicado unos días después, Marset dijo que un jefe policial le alertó del plan para su captura y que, gracias a eso, pudo huir, pero tal información, no se corroboró.

Entretanto, la Justicia en Bolivia convocó a Marset a una audiencia para el 24 de julio, luego de su imputación por la comisión del supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

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