Nacional

viernes 18 jun 2021 | Actualizado a 01:29

Alentados por la Unión Juvenil Cruceñista, cabildo define paro por resultado de las elecciones

La determinación surgió un día después de que el Comité pro Santa Cruz denunciara fraude y pida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión del cómputo nacional

Los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista en el cabildo del Cristo Redentor.

Por Paulo Cuiza

/ 22 de octubre de 2020 / 23:55

Bajo la convocatoria de la Unión Juvenil Cruceñista, el cabildo reunido este jueves en Santa Cruz decidió ir a un paro cívico desde este sábado en rechazo a los resultados de las elecciones que dan como ganador al candidato del MAS Luis Arce.

Recomendaron a la ciudadanía comprar lo necesario en cuanto a alimentos e invitaron al resto del país, según publicó la red Erbol, a sumarse a la protesta.

La determinación surgió un día después de que el Comité pro Santa Cruz denunciara fraude y pida al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión del cómputo nacional. Exigieron a las alianzas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos hacer llegar actas de escrutinio para comenzar una auditoría del proceso.

«Es hora de que salgamos a defender nuestro voto (…) La idea es que el sábado a las cero horas Santa Cruz este parada en pleno», sostuvo a la prensa un representante de la Unión Juvenil.

Creemos, que postuló al expresidente cívico Luis Fernando Camacho, presentó este jueves a esa entidad 7.527 actas para el respectivo seguimiento.

Según datos del TSE, hasta el 98,54% del escrutinio, el MAS logró 54,96% de los votos y una distancia de más de 26 puntos sobre su inmediato seguidor, Carlos Mesa, de CC. Este viernes presentará los resultados finales de las elecciones generales.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró en una conferencia de prensa que hay irregularidades y mostró como ejemplo un par de actas de las elecciones en Argentina. Una de ellas era de 2019.

(22/10/2020)

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Salvatierra dice que el 10 de noviembre ‘en menos de media hora’ se decidió presidencia de Añez

Evo Morales dimitió el 10 de noviembre, cercado por denuncias de fraude electoral, una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

/ 17 de junio de 2021 / 22:32

La expresidenta del Senado Adriana Salvatierra reapareció la tarde de este jueves y aseguró que el 10 de noviembre de 2019 en la reunión extralegislativa definieron “en menos de media hora” que Jeanine Áñez sea la presidenta del Estado, por lo que se buscó al MAS solo para avalar esa decisión tomada entre facilitadores, cívicos, políticos de oposición y el Conade.

“Me resulta extraño que Evo Morales presente su renuncia a las 17.00 (del 10 de noviembre); que a las 18.00 se apueste Carlos Mesa en las puertas de la Asamblea a decir que ningún parlamentario del MAS puede ser parte de la línea de sucesión presidencial. Yo presento mi renuncia a las 18.15 y en menos de 15 minutos o en menos de media hora ya definieron en la Universidad Católica que sea Jeanine Áñez, a las 18.45 Áñez se proclama presidenta”, recordó.

Morales dimitió el 10 de noviembre, cercado por denuncias de fraude electoral, una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

Salvatierra contó su versión de lo ocurrido en el programa por streaming Piedra, papel y tinta de La Razón y Extra. Detalló sucesos del 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, entre la renuncia de Morales y la toma de poder por parte de Áñez.

Recordó que el 12 se les propuso a su persona y a la diputada Susana Rivero, que habían asistido a la reunión convocada por el extinto monseñor Eugenio Escarpellini en la Universidad Católica Boliviana, que Áñez sea la presidenta por sucesión, esa opción –recordó- fue descartada por el MAS por ser ilegal.

“La presidencia del país le correspondía al MAS”, argumentó la expresidente del Senado, quien puntualizó que el 12 de noviembre lo que se buscó era que el MAS, con su presencia en la mesa de diálogo, viabilice la elección de Áñez.

“Ellos ya habían decidido el 10 de noviembre, el 11 retiraron la medalla presidencial del Banco Central de Bolivia y el 12 insisten en que la única línea de sucesión era Jeanine Áñez. El 11 de noviembre la reunión (con la Iglesia y delegados de oposición) fue por la tarde y nadie habló de sucesión, lo extraño es que el mismo 11 por la tarde extraen la medalla presidencial del BCB”, puntualizó.

En este contexto, Salvatierra cuestionó el documento “Memoria de los hechos del proceso de Pacificación Octubre 2019 – Enero 2020”, redactado por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB). Avirtió que el 10 de noviembre de 2019 la Iglesia se arrogó la tarea de interpretar la Constitución y resolvió que Áñez se hallaba legítimamente habilitada para asumir la presidencia.

“Ricardo Paz tuvo contacto con Áñez por teléfono y le preguntó si estaba dispuesta a asumir la presidencia del Estado”, recordó en alusión al entonces jefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC) que presentó como candidato presidencial a Carlos Mesa y quien fue parte de los encuentros.

Salvatierra precisó que el 11 de noviembre Escarpellini la contactó para entablar un diálogo y que ese día las únicas condiciones fueron garantías para los asambleístas del MAS y la salida del país de Morales.

“Me dice: es necesario abrir un camino de diálogo, que encontremos una salida a este conflicto (…) Lo extraño es que mientras los parlamentarios del MAS estaban siendo acosados y sus domicilios cercados Jeanine Áñez contaba con amplio resguardo militar y policial, no sabemos por qué”, afirmó.

También recordó que el empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, lanzó un comentario en sentido de que el “MAS vueltea mucho y que no se puede comprometer”, por lo que advierte que ante la indecisión existe un plan B para la posesión de Áñez.

Salvatierra aseguró que en noviembre de 2019 existió un Golpe de Estado porque se movilizó a la Policía, a las Fuerzas Armadas, la cúpula militar impidió que Morales siga como presidente y porque se obligó a renunciar a las autoridades para el cese de la violencia.

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La Defensora afirma que la Iglesia miente sobre las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata

Nadia Cruz asegura que el informe de la Conferencia Episcopal de Bolivia es ‘humillante porque habla de enfrentamiento en Sacaba y Senkata’.

/ 17 de junio de 2021 / 21:54

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó ayer que la Iglesia Católica miente respecto a los hechos violentos acaecidos en Bolivia en noviembre de 2019, porque en su “Informe-Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia” presentado el martes se afirma que las masacres de Sacaba y Senkata fueron “enfrentamientos”.

“Pondremos en conocimiento del Vaticano estas mentiras en que ha ingresado la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) y seguramente internamente el papa (Francisco) verá si asume o no una acción de vigilancia y de fiscalización de lo ocurrido en Bolivia durante el 2019 y 2020”, afirmó Cruz durante una entrevista en el streaming de La Razón Radio.

La Defensora fustigó asimismo la posición del clero boliviano durante el conflicto político-social tras las elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en su informe “tratan de tapar los delitos de quienes promovieron asesinatos” en Sacaba y Senkata.

“El documento carece de fundamentación. Lo que nos ha convocado no solo la atención sino también la indignación desde la Defensoría del Pueblo es que respecto a las masacres de Sacaba y Senkata no solo las invisibilizan, sino que continúan con una línea discursiva del gobierno de Jeanine Áñez impuesta por Arturo Murillo y Fernando López”, remarcó.

Protestó porque en el caso de las masacres se habla de enfrentamientos, “y eso nos parece algo para denostar, para repudiar porque no solamente es mentira esta afirmación, sino que es atentatoria contra la dignidad de los hombres que fueron asesinados”.

En el informe se señala que el 15 de noviembre de 2019 “se suscita un hecho lamentable: los enfrentamientos violentos en Sacaba. La Parroquia del lugar prestó atención a quienes sufrieron agresiones y acogió a los muertos y heridos. Estos eventos forzaban a los facilitadores a apresurar el proceso de diálogo”.

En cuanto a Senkata, la CEB afirma en su documento: “todos quienes participaban del diálogo (el 19 de noviembre de 2019) quedaron consternados por la violencia desatada en Senkata (Planta engarrafadora donde están los principales almacenes de gas licuado de petróleo de Bolivia). La Iglesia acogió a los muertos y heridos en la parroquia de la zona, donde el párroco y la población clamaban paz y justicia (…)”.

Cruz también anunció que se “recomendará al Ministerio Público no tomar en cuenta el informe de la Iglesia para las investigaciones en los diferentes procesos judiciales que están en curso”. Aclaró que como Defensoría del Pueblo, no tiene la competencia para abrir procesos.

“Esperemos que el sistema de justicia en Bolivia cambie, porque en el pasado vimos mucha retardación o en algunos casos ni siquiera fueron tomados en cuenta”, reclamó.

Indicó que los hechos acaecidos en Sacaba y Senkata fueron catalogados como “masacres” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hubo 27 asesinatos a bala y esto está confirmado”, recordó.

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Fiscalía: Se analiza tipificar como obstrucción el silencio de Mesa en el caso Golpe

El fiscal Omar Mejillones explicó que no correspondía que el expresidente Carlos Mesa recurra al derecho al silencio porque está como testigo

Carlos Mesa, al salir de la Fiscalía. Foto: Rodwy Cazón

/ 17 de junio de 2021 / 19:53

“No corresponde” que el expresidente Carlos Mesa haya acudido al derecho de guardar silencio en su declaración como testigo en el caso “golpe de Estado”, por lo que la comisión de fiscales analizará si corresponde tipificar esa actitud como obstaculización de la investigación, informó el fiscal Omar Mejillones.

Mesa acudió este jueves a declarar y se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal, aunque cuando se le preguntó qué hizo y dónde se encontraba el 11 y 12 de noviembre de 2019, días de negociación extralegislativa que terminaron con la toma del poder de Jeanine Áñez, respondió: “No voy a contestar la pregunta porque puedo incriminarme”.

Mejillones informó que se le explicó que no podía acogerse al derecho al silencio porque solo estaba declarando como testigo y recordó que solo se aplica esta figura cuando “los hechos de los cuales es interrogado puedan generar algún tipo de responsabilidad o cuando él mismo tuviera algún grado de parentesco con los imputados”.

Durante las negociaciones extralegislativas de noviembre, Mesa formó parte del grupo de políticos, cívicos y dirigentes del Conade que analizaron las vías de salida de la crisis y optaron por llevar al poder a Áñez. La propia expresidenta reveló que Mesa se opuso a la que exsenadora Adriana Salvatierra asuma el poder.

Mejillones anunció también analizar la posibilidad de ampliar la investigación al expresidente.

Por el caso “golpe de Estado” está en la cárcel Áñez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además de exjefes de las Fuerzas Armadas.

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Apoyada en versión de la Iglesia Católica, Áñez pide su libertad y a ‘facilitadores’ pronunciarse

“Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la UE, NNUU y la Embajada de Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica”, exigió en una carta publicada en sus redes sociales.

´La exmandataria Jeanine Áñez

/ 17 de junio de 2021 / 18:13

La expresidenta Jeanine Áñez acusó al MAS de promover la violencia en noviembre “frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”.

Apoyada en la versión de la Iglesia Católica sobre lo ocurrido en 2019, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a jueces y fiscales que atienden su caso disponer su libertad y demandó al resto de “facilitadores” de las negociaciones extralegislativas de noviembre corroborar la versión de la jerarquía eclesiástica.

“Solicito encarecidamente y en honor a la verdad, a la Embajada de España, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de Brasil, tengan a bien confirmar la plena veracidad de los hechos revelados por la Iglesia Católica”, exigió en una carta publicada en sus redes sociales.

El 15 de junio y en un documento de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión sobre los hechos de noviembre de 2019 y de su papel en las negociaciones que acabaron con la toma de poder de Áñez. Según su posición, “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir la presidencia del Senado y luego de Bolivia.

Según el relato cronológico que hizo, en las negociaciones del 12 de noviembre se planteó que “asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero. Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro”. Este hecho fue negado por Rivero y Salvatierra.

Áñez se encuentra detenida desde marzo en la cárcel por lo que hizo en su condición de senadora en 2019, cuando asumió la presidencia del Senado siendo de la minoría y en una sesión sin quórum. Tras tomar la presidencia del Senado asumió la presidencia de Bolivia en una sesión sin quórum, no juró en el Legislativo.

“Nunca existió golpe de Estado. Hubo un acuerdo desde el seno mismo de la Constitución Política del Estado, en el que el MAS fue un actor fundamental y decisivo para pacificar el país y poder convocar a nuevas elecciones generales con nuevas autoridades electorales que fueron elegidas por más de dos tercios de votos de la Asamblea”, aseguró la expresidenta.

Áñez aseguró que Bolivia se encontraba en un “vacío de poder” tras la renuncias de Evo Morales, Álvaro García y el resto de la cadena de sucesión, mientras que acusó al MAS de los hechos de violencia en noviembre de 2019.

“Se desató un desenfreno de la violencia promovida por el MAS, frente a pacíficas movilizaciones de ciudadanos que exigían democracia”, sostuvo.

Morales dimitió acorralado por las denuncias de fraude, protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.

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Murillo figura aún en la lista de detenidos del centro carcelario de Miami

La página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos lo tiene con el número de registro 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Miami. El periodista Arias dijo que fue liberado, el Gobierno señala que espera información oficial.

Foto: AFP

/ 17 de junio de 2021 / 18:07

De acuerdo con la página web de la Oficina Federal de Prisioneros de Estados Unidos, el exministro Arturo Murillo continúa preso en el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami, tras ser arrestado bajo los cargos de lavado de dinero y sobornos por la compra de proyectiles y gases lacrimógenos con un sobreprecio estimado en $us 2,3 millones.

En el sector “Encuentra un preso” de esta plataforma, sale que Murillo es el reo con número de registro 02358-506 en el FDC de Miami, tras la revisión realizada por La Razón. “Solo las personas condenadas por violar las leyes federales (es decir, las leyes de los Estados Unidos) son enviadas a prisiones federales”, explica la respectiva Oficina.

El ministro de Gobierno en la gestión transitoria de Jeanine Áñez fue detenido junto a Sergio Méndez, su exjefe de gabinete, y tres empresarios de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, que fue beneficiada con la provisión de los materiales tras comprarlos de la compañía brasileña Cóndor. Estados Unidos realizó las investigaciones del caso.

Este jueves, el periodista Junior Arias anunció desde Estados Unidos que Murillo fue beneficiado con libertad bajo fianza, tras el pago del 10% de los $us 500.000 definidos por la justicia estadounidense, y que se convirtió en un “testigo protegido”. El cónsul de Bolivia en Miami, Óscar Vega, rechazó la versión tras hablar con los abogados del país.

Sin embargo, el procurador general Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa en Bolivia, aclaró que no se tiene todavía información oficial sobre la situación jurídica del exministro, y que se consultó con el bufete contratado para el seguimiento de este caso en Estados Unidos para que aclare la información, lo que puede ser hasta el viernes.

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