Al menos tres órganos del Estado desahucian la reforma constitucional, en el ámbito judicial, a través de una iniciativa ciudadana. Que es promovida por un grupo de juristas “independientes”.

Entre los principales argumentos, resalta el hecho de que se trata de un trámite moroso, cuyos resultados podrían aplicarse en 2029, cuando sean las siguientes elecciones judiciales.

Asimismo, afirman que, en lugar de un referéndum, se debe recurrir a otros mecanismos de consenso para impulsar una “efectiva” reforma judicial, una postura que incluso fue respaldada por el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé.

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Desde el Órgano Ejecutivo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que en el marco de los plazos procedimentales y la Constitución Política, la iniciativa de los juristas no podría llevarse a cabo este año.

Aseguró que el trámite para llegar hasta un referéndum debe seguir todo un proceso y es probable que se concluya en 2029.

Lima hizo esa alusión refiriéndose a la recolección de firmas que realizan juristas “independientes” que buscan una reforma constitucional, en el ámbito judicial, a través de un referéndum.

Órganos

“La elección de los magistrados es importante, pero no es el que hace estructuralmente a la reforma judicial en este momento. Son 26 altas autoridades que tienen que ser cambiadas el 31 de diciembre”, afirmó.

De acuerdo con los plazos previstos por el Legislativo, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la selección de candidatos debe realizarse hasta julio, con la proyección de ejecutar la elección hasta fines de octubre.

En enero, los juristas “independientes” iniciaron la recolección de firmas para impulsar un referéndum y así modificar parcialmente la Constitución. Deben reunir 1,5 millones de firmas.

La reforma se enmarca en la modalidad de iniciativa popular. Se requiere de las firmas del 20% del padrón electoral nacional para que el referéndum pueda concretarse.

Estado

En tanto, el TSE también ve “muy difícil” que este año pueda darse la reforma que buscan lo juristas, en función a los plazos que demanda el procedimiento.

“Este grupo de juristas está recolectando firmas para poder hacer posible un referéndum. Eso tiene algunas complicaciones”, afirmó el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

“Una vez que recojan las firmas, esas firmas deben ser verificadas en el TSE y luego debemos enviarlo al Tribunal Constitucional. No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año”, advirtió.

“Lo veo difícil, personalmente, y no es que esté en contra del proceso, pero lo veo bastante difícil”, remarcó la autoridad electoral.

Reforma constitucional

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó en febrero que ir a un referéndum para una reforma judicial es una “venta de ilusiones”.

A su juicio, la transformación de la Justicia implica otras cosas, además de la forma de elegir a los magistrados. Más bien, propuso una nueva Asamblea Constituyente para reformar la Justicia de forma integral.

También en febrero, el expresidente Rodríguez Veltzé afirmó que el “colapso del sistema judicial” no se resolverá con la elección de magistrados, en momento que inician los preparativos rumbo a los comicios judiciales.

En ese marco, el exmandatario instó a generar acuerdos políticos y ciudadanos para resolver la crisis judicial.

Juristas independientes

“El colapso del sistema judicial y la desatención a los DDHH en Bolivia exige acuerdos políticos y ciudadanos para reformas estructurales de largo aliento. La sola elección de magistrados de altos tribunales no resolverá la crisis”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante este escenario, los juristas “independientes” denunciaron el lunes una “conspiración” y obstaculización a la iniciativa del referéndum para la reforma judicial, por parte del Gobierno y otros órganos del Estado.

“Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral son absolutamente impertinentes. Nos ha dado cuenta de que seguimos, no sé si llamarla conspiración o frente a una acción del Estado en contra de esta cruzada nacional ciudadana”, dijo Juan del Granado, miembro de ese grupo de juristas.

Al respecto, José Antonio Rivera, otro miembro de ese grupo dijo que desde que impulsaron la iniciativa, el proceso atravesó por varios obstáculos.

Referéndum

“Hemos recibido en conjunto acciones obstaculizadoras, por una injustificada demora en la aprobación de la iniciativa y de las preguntas de referéndum popular”, lamentó.

Los anteriores comicios se llevaron a cabo en 2011 y 2017, en función a lo que establece la Constitución Política del Estado, que manda al Legislativo realizar la selección de precandidatos, por dos tercios de voto.

Así, la previsión es que las nuevas autoridades judiciales serán elegidas por voto popular y asumirán funciones desde enero de 2024.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, aseguró que, a pesar de la crisis interna que sufre el MAS, lo importante es apostar por la continuidad del proceso de cambio, por el bien del país.

“Se debe preservar en todo momento la continuidad del proceso por el bien de la nación, no de algunas personas. La nación ha sido la beneficiada de todo este proceso”, dijo en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

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Crisis

La crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) se profundizó en 2022 cuando legisladores denominados “evistas” tildaron de “traidores” y “vendidos” a sus colegas conocidos como “arcistas” en medio de la aprobación de la Ley del Censo.

También los “evistas” acusaron al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender dividir al MAS y postularse a las elecciones de 2025 por el Partido Socialista 1 (PS-1). Incluso, por eso, la dirigencia del MAS en el Trópico se insinuó la expulsión de ambos.

Los “arcistas” respondieron que los legisladores allegados al expresidente Evo Morales están intentando boicotear la gestión del Gobierno.

Las diferencias incluso llegaron al extremo de agresiones físicas entre militantes del MAS en varios ampliados y congresos, como el ocurrido recientemente en Santa Cruz.

Suicidio

El criterio del exvicepresidente Álvaro García Linera, esta crisis podría derivar en una derrota electoral en las elecciones generales previstas para 2025. Advirtió que sería un “suicidio electoral” una eventual división del MAS.

“Evo y Luis separados no llegan al 51% a las próximas elección”, vaticinó en una entrevista con Piedra, Papel y Tinta.

Lejos de limar asperezas, el sábado, en el noveno congreso del MAS en Yapacaní, el expresidente Morales volvió a atacar a Arce, a quien lo encaró con que la economía del país no está bien. El mandatario respondió dicha afirmación con una sonrisa y un movimiento de cejas.

Proceso

De acuerdo con el análisis de Arce Zaconeta, el proceso no debe ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia, y la forma de protegerlo y defenderlo es trabajando con base en la unidad, con respeto a parámetros y mecanismos que hoy generan la estabilidad del país.

“El presidente Luis Arce gobierna la nación y, al mismo tiempo, es presidente de un proceso de cambio. De alguna manera, está continuando el proceso de grandes transformaciones”, afirmó.

Dijo que la grandeza del proceso de cambio supera las visiones personales; es patrimonio de la nación boliviana y que será el legado que se dejará a las nuevas generaciones.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce pidió saber en qué condiciones falleció el denominado “testigo protegido del caso Coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“(Era) un joven profesional, con una vida que proyectó (y que) solo pordenunciar se fue al exterior y perdió la vida”, dijo el legislador en conferencia de prensa.

La pasada semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, develó que el testigo protegido de ese caso había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos. Además, pidió al diputado Arce “decir toda la verdad” sobre ese caso.

Al respecto, Arce aseguró que tomó conocimiento del hecho a través de los medios. “No soy la persona indicada para informar al pueblo boliviano (ni) a su familia sobre una situación trágica”, apuntó.

Fue el diputado quien denunció, a principios de septiembre del año pasado, una supuesta coima de Bs 18 millones en adjudicación de la construcción de un tramo de la carretera Sucre-Yamparáez, en Chuquisaca. Entonces basó sus acusaciones en las declaraciones de un “testigo protegido”.

El diputado oficialista invocó la Ley 458, que establece los procedimientos ante una declaratoria de testigo protegido. “Ministro Lima, lo que ha hecho usted es poner la Ley de Protección de Testigos en la basura; ninguna persona, ahora va a denunciar un hecho de corrupción”, reclamó.

Lima y el testigo del caso

Por su parte, en otra conferencia de prensa, Lima aseguró que ese caso surgió con la intención de perjudicar al titular de la ABC, Henry Nina.

“Siempre dijimos que no era un testigo protegido, sino una parte de la organización criminal que pretendió dañar la honra y honorabilidad de Henry Nina”, defendió.

Además, informó que las investigaciones de ese caso derivaron en otras dos. La primera, sobre una supuesta corrupción por parte de “malos funcionarios” de la estatal de carreteras; la segunda alcanzó al gerente de la China Harbour Engineering (Chec), la empresa que se adjudicó la construcción de la vía en Chuquisaca.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que, a diferencia de las anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017), en los próximos comicios, previstos para fin de año, el expresidente Evo Morales no decidirá quienes serán los nuevos magistrados y consejeros, sino los legisladores.

“A diferencia con las anteriores elecciones, esta vez no va a decidir Evo Morales, sino los miembros de la Asamblea Legislativa por dos tercios», afirmó este martes en conferencia de prensa.

«Y el MAS no tiene esos dos tercios”, complementó.

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Legislativo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene los dos tercios en la Asamblea Legislativa.

Esta situación le impide por sí solo aprobar, como antes, el reglamento de preselección de candidatos a magistrados y consejeros.

Para lograr este objetivo, requiere de acuerdos con Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).

El diputado Erwin Bazán advirtió hace unos días que Creemos no otorgará su voto en la Asamblea Legislativa para alcanzar los dos tercios.

Ello si el MAS insiste en aprobar, sin consenso y de manera unilateral, dicho reglamento.

Los actuales consejeros y magistrados culminan sus funciones este 31 de diciembre.

Antes de esa fecha deberán ser elegidas las nuevas autoridades judiciales previo consenso legislativo.

Oposición

En ese sentido, Lima pidió a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho, líderes de las fuerzas de oposición, evitar la prórroga del mandato de los actuales magistrados y consejeros.

Aseguró que desde el Órgano Ejecutivo se busca la renovación de la justicia.

Por ello dijo que, junto con el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, se insistirá en la aprobación del reglamento de convocatoria y elecciones judiciales.

“Exhortamos a la clase política a que trabaje con nosotros para lograr la renovación de los tribunales de justicia”, dijo.

Se prevé que la primera etapa —selección de precandidatos por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa— se lleve a cabo hasta el 15 de julio.

Serán elegidos 23 magistrados, nueve para el Tribunal Constitucional Plurinacional, nueve para el Tribunal Supremo de Justicia, cinco para el Tribunal Agroambiental .

También tres consejeros del Consejo de la Magistratura.

El viceministro de Justicia, César Siles, informó que la visita de la CIDH tendrá carácter integral sobre la situación de los derechos humanos en el país, cuyas recomendaciones y observaciones deberán ser cumplidas por el Estado.

“Esta visita será una observación en el lugar de los hechos y tiene un carácter más integral y no es específico. No vienen a verificar una denuncia específica o a referirse a una posible vulneración de derechos humanos denunciada”, aclaró en entrevista con La Razón Radio.

De esta manera, descartó que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), compuesta de 25 personas, llegue a Bolivia para atender temas específicos, como los casos de la expresidenta Jeanine Áñez o del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ambos en prisión.

“Camacho y Áñez son dos privados de libertad que también tendrán acceso a los comisionados con los demás privados de libertad; por tanto, esta visita no es específica”, aclaró Siles.

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Comisionados

Los altos comisionados realizarán en Bolivia una visita in loco o “in situ”, que es un mecanismo de protección de derechos humanos de la CIDH.

Las 25 personas, entre ellas cinco de siete altos comisionados, dos relatores especiales, tres secretarios ejecutivos y personal de apoyo, estarán en el país entre el 27 al 31 de marzo.

Visitarán La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

De acuerdo a su agenda, sostendrán reuniones con los cuatro órganos del Estado, además de la sociedad civil y grupos vulnerables.

Harán un monitoreo de la situación de derechos humanos de los privados de libertad y para ello visitarán las cárceles de San Pedro y Chonchocoro (La Paz).

También se reunirán con los grupos LGTBI, indígenas como los ayoreos, adultos mayores, mujeres, activistas, feministas y persona con discapacidad; entre otros.

De igual manera se pretende que se reúnan con las víctimas de las masacres de 2019 y de las dictaduras.

“Las reuniones serán con todas las instituciones del sector público que tienen que ver con la defensa de derechos humanos como el Defensor del Pueblo, la Policía y demás”, dijo Siles.

Derechos Humanos

Siles aclaró que Bolivia es respetuosa de los derechos humanos; por ello, anteriormente ha permitido y viabilizado la visita del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán.

También la implementación de una mesa de seguimiento y cumplimiento de recomendaciones.

“Ahora propiciamos esta visita in loco. Todas las observaciones y recomendaciones son vinculantes y se van a cumplir”, aseguró.

La delegación se reunirá este lunes con el vicepresidente David Choquehuanca y el próximo viernes, antes de irse, con el presidente Luis Arce.

Posteriormente, habrá una etapa de socialización de su informe de situación de los derechos humanos y etapa de cumplimiento y priorización de las recomendaciones, en un plazo aproximado de tres meses o más.

Visita

Siles dijo que la llegada de los altos comisionados es resultado del diálogo permanente entre el Estado boliviano con la CIDH y Naciones Unidas. “En ese diálogo surge la voluntad de la CIDH de visitar Bolivia y del Estado de querer recibirla”, precisó.

El funcionario expresó su confianza en que luego de la visita de la delegación haya un diagnóstico “de un tercer imparcial” para que en el país se deje el discurso referido a que el Estado hace su propia radiografía sobre derechos humanos.