Luego de que la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pusiera en evidencia “deficiencias” de los Institutos de Investigaciones Forenses (IDIF), el director nacional de esa institución, Andrés Flores, respondió a esas observaciones señalando que el informe es sesgado y no refleja los avances generados en los últimos años.

La Defensoría del Pueblo, a través de un informe titulado IDIFs no garantizan el acceso a la justicia, identificó una serie de “deficiencias y limitaciones” en esos institutos. Cruz puso en duda los informes forenses que realiza el IDIF, ya que “son elaborados por profesionales no especializados ni calificados en determinadas áreas, que a la vez pueden considerarse como pruebas poco confiables”.

Además de reportar las deficiencias profesionales, el informe de la Defensoría del Pueblo también señala que “no todas las dependencias de los IDIF cuentan con la división de Recepción y Custodia de Evidencias (RCE), ni tampoco se les dota de los instrumentos para la conservación de pruebas, lo que puede desembocar en que la prueba recolectada se deteriore”.

Ante esas aseveraciones, Flores aseguró que cuenta con el personal idóneo porque, a partir de 2019, mediante la actualización del manual de puestos y funciones del IDIF, cualquier persona relacionada al área de ciencias forenses debe cumplir con criterios específicos de especialización.

“Estamos avanzando de a poco, todos los estudios técnicos científicos requeridos al Instituto son cumplidos de manera eficaz, eficiente, oportuna y con celeridad, de acuerdo a las normas y protocolos internacionales, ya que pertenecemos a la Sociedad Iberoamericana de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, sostuvo.

También resaltó que “se tuvo una participación activa en la pandemia con el reconocimiento de cadáveres en vía pública y domicilios, exponiendo las vidas”, y que “a pesar que no es la función del IDIF, se ha mandado a los médicos forenses a atender los casos, pero el informe defensorial no hace ninguna mención al respecto”.

(30/11/2020)

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, denunció este lunes un “sabotaje” por parte de la anterior administración gubernamental con relación a los proyectos de instalación de redes de gas. Aseguró que la paralización de esas obras no se debió a falta de recursos económicos.

“Luego de un año de paralización de las actividades del sector hidrocarburos todos los proyectos de conexiones de redes de gas prácticamente han sido parados, y esto no necesariamente porque hayan faltado los recursos”, afirmó en conferencia de prensa.

Molina señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con aproximadamente $us 250 millones para ejecutar los proyectos de conexión de redes de gas y tildó de “sabotaje” la paralización de esas obras. “Es realmente un sabotaje al pueblo boliviano, a las necesidades de las distintas poblaciones que carecen del servicio de redes de gas o de conexiones de gas domiciliario, que no se haya impulsado ni ejecutado ningún proyecto”.

Dijo que actualmente la empresa estatal está en un proceso de rearticulación de esos proyectos, para así “reiniciar lo que ya se había planificado durante 2019 y que durante 2020 prácticamente ha sido paralizado sin ninguna explicación”.

“Es importante manifestar que YPFB tiene, a partir de su presidente, toda la predisposición y el equipo técnico como para ejecutar estos proyectos de conexiones de redes de gas domiciliario”, insistió.

(30/11/2020)

Conmemorando los 228 años del nacimiento del Mariscal Andrés de Santa Cruz, el vicepresidente David Choquehuanca participó este lunes de un acto desarrollado en la localidad de Huarina, donde resaltó la hermandad histórica de Perú y Bolivia, países que comparten idiomas, cultura y tradiciones.

“Hermanos, Perú y Bolivia compartimos el sagrado Lago Titicaca, hablamos aymara, hablamos quechua, compartimos nuestra música, nuestra cultura, somos hermanos y hoy nuevamente hemos venido a abrazarnos, a reavivar ese pensamiento de nuestro hermano Mariscal Andrés de Santa Cruz”.

El Vicepresidente señaló que el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana fue un intento de restauración del Tawantinsuyo, iniciativa que llevó adelante Santa Cruz. Aseguró que “un día las fronteras ya no van a ser limitantes para que nos podamos abrazar, para que podamos soñar juntos cómo podemos salir adelante, cómo podemos vencer el racismo, cómo podemos construir hermandad”.

Señaló que el 30 de noviembre se recuerda el “nacimiento de un gran visionario”, de un “gran integracionista” y de un “defensor de los derechos de nuestros pueblos”. Dijo que Santa Cruz quiso construir la unidad en el continente, comenzando por la unión de Bolivia y Perú.

“Ha sido presidente del Perú por un año y presidente de Bolivia por 10 años, el único mandatario boliviano que fue presidente de otra nación. Nuestro hermano Mariscal de Santa Cruz llegó lejos. Durante su gobierno, Bolivia fue el único país de América Latina sin deuda externa”.

Recordó que “el grado de respeto que alcanzó (Santa Cruz) en el ámbito internacional era tal que hasta el Cónsul de Bran Bretaña en Bolivia se refirió diciendo: ‘Confieso que me acerco a este indio, con más respeto que al Rey de Inglaterra’”.

En el acto también participaron otras autoridades de Estado como el canciller Rogelio Mayta; el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, además del embajador de Perú en Bolivia, José Manuel Boza.

(30/11/2020)

Los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvieron este lunes una reunión, en Sucre, con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en la que se comprometió la colaboración mutua para esclarecer los hechos de violencia suscitados entre septiembre y diciembre de 2019.

“Nosotros, como Ministerio Público, hemos hecho conocer la amplia y plena predisposición en el trabajo que ellos vienen desarrollando, vamos a coadyuvar”, afirmó el fiscal en conferencia de prensa.

Detalló que, en esta primera reunión, el grupo de expertos solicitó información general sobre el trabajo de investigación, sobre las pericias que realizó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y particularmente sobre las indagaciones que se hizo respecto a los hechos de Senkata y Sacaba.

“La agenda de trabajo va a ser amplia y nosotros vamos a brindar toda la información que la comisión requiera”, remarcó.

A su turno, el secretario ejecutivo de la GIEI, Jaime Vidal, destacó la importancia de esa reunión y remarcó la predisposición que tiene el organismo para colaborar al Gobierno y a las víctimas en el esclarecimiento de lo ocurrido en 2019.

“Tenemos toda la disposición de poder coadyuvar en estas investigaciones, poder ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a avanzar hacia la identificación de los hechos ocurridos en el periodo en cuestión”, sostuvo.

Acotó que “uno de los mandatos del GIEI será también apoyar al Estado en la elaboración de un plan de reparación integral a las víctimas de estos hechos de violencia”.

Según Vidal, tras concluir su agenda de trabajo en Sucre, el GIEI tiene previsto viajar a Santa Cruz para investigar los hechos suscitados en Montero.

(30/11/2020)

La semana pasada, entre el 23 y el 29 de noviembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizó 174 operativos que derivaron en la incautación de un total de 497 kilos de droga, informó este lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Desde el 23 de noviembre hasta el día 29 de noviembre hemos realizado 174 operativos, secuestrado un total de 447 kilogramos de cocaína y 50 kilogramos de marihuana, haciendo un total de 497 kilos. Hemos afectado al narcotráfico con casi 1 millón de dólares en los operativos realizados el fin de semana”, afirmó.

El ministro detalló que se secuestró vehículos que estaban siendo empleados para el tráfico de las sustancias controladas, entre ellos una flota que pretendía trasladar cocaína desde Cochabamba hacia La Paz.

Durante el fin de semana la FELCN realizó tres operativos. En el primero se aprehendió a tres personas y se incautó 221 kilos de cocaína; en el segundo se interceptó dos vagonetas que cargaban 40 paquetes de clorhidrato de cocaína; y en el tercero, desarrollado en la carretera La Paz-Oruro, se secuestró 90 paquetes equivalentes a 81 kilos de cocaína.

(30/11/2020)