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sábado 5 dic 2020 | Actualizado a 21:13

El TSE declara presidente electo a Luis Arce y defiende transparencia de las elecciones

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, cuestionó los intentos por “manchar el resultado” de las elecciones del 18 de octubre

/ 23 de octubre de 2020 / 18:49

A cinco días de las elecciones generales y con los resultados al 100% del escrutinio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró este viernes como presidente electo a Luis Arce y como vicepresidente electo a David Choquehuanca del Movimiento Al Socialismo (MAS) en un acto en el que defendió la transparencia y limpieza del proceso electoral.

El presidente del ente electoral, Salvador Romero, declaró a los ganadores de las elecciones y cuestionó “ciertos intentos por manchar el resultado”, en alusión a las denuncias de irregularidades que alientan grupos que no están de acuerdo con los resultados que dan como ganador al MAS.

Los resultados oficiales y finales otorgan el 55,10% de votos para el Movimiento Al Socialismo (MAS). Diferentes misiones de observación nacional e internacional como de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea respaldaron la transparencia del proceso eleccionario.

Romero también destacó el carácter paritario de la nueva Asamblea, “que mantiene a Bolivia en la vanguardia mundial por el porcentaje de parlamentarias”.

“Hoy, el Tribunal Supremo Electoral entrega los datos antes del plazo previsto por la ley y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país, y uno de los más ágiles de América Latina”, acotó.

Con el 88% de participación, “los bolivianos marcamos el segundo registro más alto de nuestra historia y uno de los mayores de América Latina en el siglo XXI”. “Ese porcentaje reiteró que la participación, representa uno de los principales capitales de la democracia boliviana y un motivo de legítimo orgullo”.

Ante las protestas de algunos sectores por el resultado de las justas, llamó a ceñirse al principio democrático de respetar el voto.

“En ese sentido, ciertos intentos por manchar el resultado del proceso o del cómputo a través de noticias falsas, distorsionadas o engañoso no dañan al Tribunal Supremo Electoral, suficientemente acreditado por las instancias técnicas y neutrales como las misiones internacionales con sólida trayectoria, en cambio, las denuncias vacuas sí afectan la esencia democrática que exige admitir un resultado aun cuando sea contrario a los deseos personales y respetar la voluntad de la mayoría”, destacó.

Romero aseguró que las elecciones del domingo 18 fueron un punto de inflexión en el proceso de confianza en el proceso y órgano electoral.

Reconoció que hubo errores aritméticos. «Los subsanables errores de aritmética no empañan su labor».

Con un padrón electoral de 7.332.926 habilitados, se registraron 6.483.893 votos con el 88,4% de participación; con 6.159.120 votos válidos; 91.426 votos blancos; 233.347 votos nulos. Los resultados finales son los siguientes: MAS con 55,10% obteniendo 3.393.978 votos; CC con 28,83% obteniendo 1.775.943 votos; Creemos 14,00% con 862.184 votos; FPV 1,55% con 95.245 votos; PanBol 0,52% con 31.770.

(23/10/2020)

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Novillo a las FFAA: No hay privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad

De esa forma respondió el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, a la reacción de los militares frente al procesamiento del comandante de la guarnición de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, por la violencia en sacaba en 2019

Militares disparan fusiles automáticos livianos (FAL) en el puente Huayllani, el 15 de niviembre de 2019. Foto: APG

/ 5 de diciembre de 2020 / 18:48

En un mansaje a las Fuerzas Armadas sobre la investigación por las muertes en Sacaba, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que no hay “privilegio ni fuero cuando se trata de delitos de lesa humanidad”.

De esa forma se pronunció por primera vez sobre la reacción que generó en la institución armada el proceso contra el comandante de la guarnición de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, por la violencia en Sacaba en noviembre de 2019.

“Todos los bolivianos respondemos por nuestros actos ante la justicia y es la justicia la encargada de realizar todas las investigaciones, yo creo que no hay fueros ni privilegios para ningún boliviano de manera excepcional cuando se trata de delitos de lesa humanidad”, advirtió.

Cuéllar fue beneficiado con detención domiciliaria -sin derecho al trabajo y con custodia policial-, en una audiencia de medidas cautelares realizada el 26 de noviembre. Se lo acusó por el delito de asesinato.

Un día después, las Fuerzas Armadas en un comunicado calificaron de “desconcertante” la situación del general Cuéllar y aclararon que no actúan “de forma arbitraria”, sino “cumpliendo acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las FFAA”, en ese entonces la expresidenta Jeanine Áñez.

Cuéllar se encuentra con detención domiciliaria y su defensa anunció acciones legales para lograr que su defendido sea juzgado en la jurisdicción militar, teniendo en cuenta que se lo acusa de hechos cometidos en su condición de militar.

“La situación del general Cuéllar es un tema que tiene que verse en el estricto marco de la justicia”, insistió Novillo en la ciudad de Cochabamba.

La Fiscalía avanza en la investigación para establecer responsabilidades en los hechos de violencia que se saldaron con ocho muertos por impacto de bala. Las fuerzas combinadas de policías y militares impidieron en noviembre de 2019 que una marcha de cocaleros en apoyo al ya expresidente Evo Morales llegue al centro cochabambino.

Una misión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en Bolivia para investigar lo ocurrido. Estará seis meses.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Bolivia y está encabezando este proceso investigativo. Nos han informado que va a estar investigando durante seis meses porque son delitos de lesa humanidad”, afirmó Novillo.

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Facundo Molares, argentino vinculado a la violencia en Montero, es repatriado en una aeronave militar

“La cesación de la prisión preventiva de Molares resulta urgente dado su estado de salud, a lo que se suma el impacto de las injustificadas y consecutivas cancelaciones de audiencias convocadas por el Juzgado con ese fin”, dijo el Gobierno argentino en octubre.

/ 5 de diciembre de 2020 / 15:46

En una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina fue repatriado el exmiembro de las FARC Facundo Molares, quien en noviembre se benefició con el cese a la detención preventiva tras permanecer detenido por haber sido vinculado a los hechos de violencia en Montero, en noviembre de 2019.

La estatal Bolivia TV informó en su muro de Facebook que “el fotoperiodista argentino, Facundo Molares, partió rumbo a #Argentina después de que la justicia boliviana dictó el cese de la prisión preventiva». El post fue acompañado de una fotografía en el aeropuerto.

No se conoce la fecha de su traslado, aunque el medio argentino Página 12 informó que ocurrió el miércoles.

Dan arresto domiciliario a Facundo Molares, argentino detenido tras violencia en Montero

Molares fue detenido el 11 de noviembre de 2019 cuando recibía atención médica en el Hospital Japonés. Se conoce que fue herido en los enfrentamientos ocurridos en Montero entre quienes apoyaban el paro cívico en contra de Evo Morales y gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esos hechos perdieron la vida Marcelo Salvatierra y Marcelo Terrazas, ambos respaldaban el paro cívico. La defensa de Molares aseguró que solo daba capacitación política y que no estaba vinculado a hechos de violencia.

El 26 de noviembre se conoció que el ciudadano argentino se benefició con detención domiciliaria en una audiencia de revisión de medidas cautelares. Ya antes el Ministerio de Justicia pidió que se le quitara las esposas que lo sujetaban a una cama de hospital.

El Gobierno argentino pidió en octubre la liberación de Molares. “La cesación de la prisión preventiva de Molares resulta particularmente urgente dado su estado de salud, a lo que se suma el impacto de las injustificadas y consecutivas cancelaciones de audiencias convocadas por el Juzgado con ese fin”, establecía el comunicado.

(05/12/2020)

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Abogado Becker al exembajador Aparicio: Hace declaración ‘increíblemente deshonesta y engañosa’

El abogado Thomas Becker refutó al exembajador Jaime Aparicio por sus cuestionamientos al trabajo del GIEI, que investigan los hechos de violencia de 2019.

El exembajador Jaime Aparicio y el abogado Thomas Becker

/ 5 de diciembre de 2020 / 11:47

El abogado estadounidense en materia de derechos humanos Thomas Becker cuestionó a Jaime Aparicio, embajador en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por sembrar dudas sobre el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEE).  “Tu declaración es increíblemente deshonesta y engañosa”, le dijo.

Aparicio denunció en su cuenta en Twitter que el grupo mostró “falta de independencia e imparcialidad al incluir inconsulta y arbitrariamente en su investigación a la activista norteamericana de Evo Morales, Katherine Ledebur del @AndeanInfoNet @Almagro_OEA2015” (sic).

Ante ese posteo, Becker, quien comprometió apoyo legal a las víctimas de la violencia y muerte en Senkata en noviembre de 2019, durante el mandato de Áñez, respondió que la afirmación del exdiplomático es “engañosa” y le recordó que fue testigo del exministro Carlos Sánchez Berzaín en el juicio que se le sigue en Estados Unidos por la masacre de octubre de 2003.

“El GIEI (se) ha reunido con una variedad de personas. Tu declaración es increíblemente deshonesta y engañosa… pero tú fuiste testigo de Sánchez Berzaín en su juicio y hiciste declaraciones falsas sobre las masacres de 2019, por eso no me (da) sorpresa. Stop politicizing human rights” (sic), escribió en Twitter.

Desde el grupo de expertos también se negó que Ledebur forma parte de su equipo a cargo de investigar los hechos de violencia y violación de derechos humanos en Bolivia desde septiembre hasta diciembre de 2019.

Aparicio fue embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA).

(05/11/2020)

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Comisión legislativa recibe proposición para un juicio contra Áñez

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados trata el caso. Según la normativa, se requiere de dos tercios de votos del Legislativo para viabilizar un juicio de responsabilidades.

La expresidente Jeanine Añez

/ 4 de diciembre de 2020 / 23:56

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya tiene en su poder la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez. Un informe legislativo sugirió el proceso por los hechos de violencia y muerte ocurridos en noviembre de 2019.

El presidente de la Cámara Baja, Freddy Mamani, del Movimiento Al Socialismo (MAS), confirmó que el Ministerio de Justicia derivó la proposición acusatoria en contra de Áñez. “El Ministerio de Justicia nos ha derivado a la Cámara Baja, inmediatamente nosotros hemos derivado a la Comisión de Constitución”, explicó, según la red Uno.

La ley de juzgamiento a altas autoridades fija que la Comisión Mixta de Justicia deberá conocer la proposición acusatoria y elaborará un informe para presentarlo al pleno del Legislativo en busca de su aprobación.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional, por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá todos los antecedentes a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, establece parte del artículo 16 de la norma.

Si en dos votaciones no se logra los dos tercios de votos, “se rechazará la autorización de juzgamiento y se procederá al archivo de obrados”. El MAS tiene mayoría, pero no los dos tercios.

El informe legislativo sugiere dos juicios de responsabilidades contra Áñez, uno por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa y resoluciones contrarias a la Constitución “por las muertes y la masacre ocurrida en El Alto y Sacaba”.

Y el segundo por el decreto 4078, que luego fue anulado, que libraba de juicios penales a los militares y policías que participaran de operativos para restablecer el orden. En dos de esos operativos perdieron la vida dos decenas de personas por impactos de bala.

(04/12/2020)

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La Fiscalía admite la denuncia contra Camacho y exjefes de las FFAA y la Policía

La denuncia fue presentada por la exdiputada Lidia Patty en contra del excívico Luis Fernando Camacho y otros denunciados por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la renuncia de Evo Morales

Los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari junto a la multitud que salió a las calles a festejar la renuncia de Morales. Foto: La Razón

/ 4 de diciembre de 2020 / 18:41

La Fiscalía de La Paz admitió este viernes la demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty en contra del excívico Luis Fernando Camacho, su padre José Luis Camacho y los excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía por los hechos de noviembre de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

Según el Sistema Integrado de Registro Judicial, la denuncia fue aceptada y está tipificada como terrorismo. Inicialmente, el memorial fue rechazado por observaciones de forma, pero después de ser subsanadas fue admitido y ahora la Fiscalía deberá iniciar la investigación sobre lo que Patty considera fue un “golpe de Estado”.

Además de Camacho y su padre están denunciados el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, el general Carlos Orellana, entonces comandante de Operaciones y luego comandante de las Fuerzas Armadas; Flavio Gustavo Arce San Martín, jefe de Estado Mayor, y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Fueron mencionadas como víctimas el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García y los expresidentes del Senado Adriana Salvatierra y de Diputados Víctor Borda. Cita como testigos a los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana; de Gobierno Carlos Romero; de Salud Gabriela Montaño; de Culturas Wilma Alanoca; y de Defensa Javier Zavaleta.

En noviembre de 2019 Morales se vio obligado a renunciar acorralado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un prolongado paro cívico y la “sugerencia” militar de dejar el cargo.

El caso radicará en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar 10, de acuerdo con elformulario publicado por la red ATB.

Camacho aseguró en la red Uno que se defenderá de las denuncias y que lo ocurrido fue una movilización ciudadana.

(04/12/2020)

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