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lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 00:43

Comisión legislativa pide a la Fiscalía informe sobre procesos por sedición y alzamiento armado

El diputado Víctor Borda informó que una investigación estableció que al menos 1.500 personas son procesadas por delitos como sedición y alzamiento armado, durante el gobierno de Jeanine Áñez

Por Yandira Claros

/ 24 de octubre de 2020 / 12:31

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicitó a la Fiscalía General del Estado remitir un informe, de noviembre a la fecha, sobre los procesos judiciales abiertos por los delitos de sedición, terrorismo, alzamiento armado y daños contra la salud “para determinar la vulneración de derechos”, informó la diputada Sonia Brito.

“Hemos verificando una cantidad impresionante de persecuciones jurídicas en este periodo, que se caracteriza por una violación de derechos humanos. Han sido las persecuciones de algunas instancias jurisdiccionales que se han subordinado al poder político (del gobierno de Jeanine Áñez)”, explicó.

El presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga los hechos de Senkata y Sacaba, Víctor Borda, informó el viernes que “se ha verificado que unas 1.500 personas fueron procesadas por terrorismo y sedición”.

El dato surge de la investigación para establecer responsabilidades sobre los hechos de violencia en Sacaba y Senkata que acabaron con 19 muertos por impacto de bala.

Si bien la comisión de DDHH no concluyó su informe, la legisladora adelantó que las autoridades del Ejecutivo son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes por no presentar los informes solicitados.

“La mayoría de los casos han sido denunciados por instancias gubernamentales, lamentamos muchísimo que las autoridades del gobierno no presenten los informes que nos abran la posibilidad de actuar para que sean procesados por incumplimiento de deberes”, anunció.

Brito recordó que existen personas que denunciaron corrupción contra autoridades policiales y que en la actualidad están siendo hostigadas y procesadas.

“Por ejemplo, tenemos el caso de la capitana Cinthia Sandoval Peredo, responsable de la División Anticorrupción de la Policía, que denunció al comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por plantar pruebas contra militantes del MAS, robo agravado, vejaciones y torturas, ella ha sido amenazada, incluso habrían atentado contra su vida porque le cortado los frenos de su motocicleta”, denunció.

Para la legisladora, en esta etapa gubernamental se incitó y alentó la presencia de grupos “paraestatales” que, “pese a las denuncias ante la Policía y la Fiscalía, no se tiene ningún imputado”.

“Estamos hablando de una vulneración flagrante de los derechos humanos, todas las personas constitucionalmente, tenemos derecho a protestar, a opinar de manera diferente del otro, tenemos derecho a expresarnos libremente y en estos once meses el Gobierno no ha cumplido con el respeto de los derechos humanos”, aseguró.

La ALP conformó, en agosto, una comisión mixta para indagar la situación jurídica de las personas que fueron aprehendidas durante los bloqueos desarrollados por movimientos sociales.

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La marcha de las víctimas de Sacaba y Senkata llega a la ciudad de El Alto

La marcha exige justicia por las masacres de 2019 y su pliego petitorio consta de 22 puntos.

Arribo de la marcha. Foto: David Inca.

/ 24 de octubre de 2021 / 19:45

La marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 durante el gobierno de Jeanine Áñez, llegó la tarde de este domingo a la urbe alteña.

La movilización, que demanda justicia, partió el 19 de octubre desde la localidad de Cararollo, departamento de Oruro, y prevé ingresar este lunes al centro de la ciudad de La Paz.

El sábado, una delegación de la marcha dejó en la Casa Grande del Pueblo un pliego petitorio de 22 puntos y pidió una audiencia con el presidente Luis Arce.

“Nosotros solo pedimos justicia; ¿hasta cuándo vamos a caminar? Me duele mucho (esta situación); (espero) que estas lágrimas no sean en vano”, dijo entonces entre sollozos Roberto Jucumari, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba).

Luego, el director general del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero, aseguró que se atenderá el pliego petitorio. De hecho, “varios de los puntos ya están siendo atendidos o están en proceso de atención”, sostuvo.

Incluso, el viceministro de Justicia, César Siles, anunció este domingo que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños a las víctimas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en los hechos de Sacaba y Senkata –donde se registraron 20 muertos– hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.

Asimismo, en su informe final, el GIEI identificó el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Áñez, sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de “cobertura legal” a la represión del Estado en la crisis poselectoral de 2019.

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Al menos 250 efectivos logran controlar el incendio en el Parque Tunari

El Gobierno considera que fue provocado el incendio en la reserva ubicada en el departamento de Cochabamba.

El trabajo de sofocación del incendio. Foto: @EDelCastilloDC.

/ 24 de octubre de 2021 / 17:57

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó la tarde de este domingo que el incendio en el Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, fue controlado gracias a la movilización de unos 250 efectivos.

“Informamos al pueblo boliviano que el incendio en el Parque Nacional Tunari está controlado. En total se movilizó 250 efectivos entre personal policial, bomberos, Sar-Bolivia, municipal, etc.”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

El incendio se produjo en horas de la mañana y, según el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, fue provocado, al igual que otros similares hechos que se registraron en las últimas semanas en la misma reserva.

“Lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, señaló Calvimontes en un contacto con los medios estatales.

El viceministro consideró que todos esos incendios fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

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Un nuevo incendio se produce en Tunari, el Gobierno afirma que fue provocado

Calvimontes informó que es el sexto incendio registrado en la zona durante las últimas semanas y apunta a “personas con intereses muy marcados para generar zozobra”.

El incendio visto desde la ciudad de Cochabamba. Foto: Facebook/ Andrea Barrientos.

/ 24 de octubre de 2021 / 14:55

Un nuevo incendio se suscitó este domingo en una serranía del Parque Nacional Tunari, ubicado en el departamento de Cochabamba, y el Gobierno, en una primera evaluación, estableció que se trata de un hecho provocado.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, dijo que a las 10.00 se recibió el reporte del incendio e inmediatamente se movilizaron los equipos de bomberos, militares, funcionarios de la Gobernación y de otras instituciones.

“En este momento (13.00) todavía se encuentran en el lugar combatiendo el incendio, que efectivamente reviste cierta gravedad, tomando en cuenta que es un área protegida y lamentablemente el fuego ha sido provocado en una zona boscosa”, afirmó.

Sin embargo, la autoridad también aclaró que, a comparación de otros incendios, como los registrados en la Chiquitanía, “éste no es de gran magnitud”.

Tampoco “en este momento hay ninguna comunidad cercana donde actualmente está el incendio, (pero) lo que llama la atención y preocupa en el Parque Tunari es que es el sexto incendio que venimos sofocando, ya las anteriores semanas se han venido suscitando incendios muy continuos”, añadió en contacto con los medios estatales.

Calvimontes indicó que todos esos incendios también fueron provocados “por personas que tienen intereses muy marcados para que se pueda generar zozobra en el país”.

Entretanto, “en toda Bolivia ya hemos sofocado y controlado 170 incendios, de los cuales 148 (fueron) en Santa Cruz, nueve en Beni, cinco en Cochabamba y ocho en toda la región amazónica”, puntualizó.

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El Gobierno calcula que existen más de 5.000 víctimas del ‘golpe’ y alista una nueva norma

El viceministro César Siles anticipó que la nueva normativa, a diferencia del Decreto Supremo 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez, beneficiará incluso a las víctimas de 2020.

Una marcha de víctima de 2019 se acerca a La Paz. Foto: Rodwy Cazón-La Razón.

/ 24 de octubre de 2021 / 13:52

El viceministro de Justicia, César Siles, calculó este domingo que existen más de 5.000 víctimas del periodo de crisis en Bolivia, identificado por el Gobierno como un “golpe de Estado”, y anunció que se está trabajando en la redacción de una nueva normativa de alcance más amplio para la reparación de los daños.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia durante el último trimestre de 2019, recomendó realizar un “censo” de las víctimas conforme al principio de universalidad y Siles dijo que para eso “necesariamente primero se debe hacer una norma”.

“Esa norma va a determinar los criterios de calificación de la condición de víctimas (porque) calculamos que pueden ser más de cinco mil víctimas, pero (antes) tenemos que establecer los criterios de quiénes entran a la categoría de víctimas para ser beneficiarios de esta norma y de la reparación integral que pretendemos hacer”, afirmó.

La autoridad gubernamental, en contacto con medios estatales, agregó que esta nueva normativa ya se está trabajando con el diputado Juan José Jauregui en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, “lo primero (que establece) es el alcance, (es decir) no se va a circunscribir únicamente a los hechos de Sacaba y Senkata (como el 4176 de la expresidenta Jeanine Áñez), sino a otras víctimas” más, incluso, de 2020, señaló.

Según el funcionario, en 2020, también existieron “torturados, perseguidos y heridos”, que ahora, al igual que las víctimas de 2019, igualmente exigen justicia.

Por lo que anticipó que la nueva normativa, al igual que el decreto de Áñez, también contemplará una indemnización económica, además de la búsqueda de fuentes de trabajo.

Asimismo, “en materia procesal, después de una acción penal que no ha prosperado, (tiene que) venir la reparación del costo que le causó un proceso (a una determinada persona, ya sea por) detención domiciliaria o detención preventiva, y va a tener que responder el Estado”, indicó.

Además, en la normativa, según Siles, se trabajará en “temas de educación, de salud y principalmente en el principio de no repetición”.

Porque “no pueden repetirse estos hechos por ningún motivo y por eso igual queremos hacer una casa de la memoria para que todos los que visitemos ese lugar estemos conscientes de las cosas que han sucedido en el golpe de Estado y que no pueden volver a suceder”, apuntó.

Este anuncio surge, mientras una marcha de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata se acerca a la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

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Evo Morales defiende otra vez la continuidad de los gobiernos

El expresidente Evo Morales considera que la derecha no acepta la continuidad por “mezquindad”.

Evo Morales durante su reciente visita a México. Foto: @evoespueblo.

/ 24 de octubre de 2021 / 09:30

El expresidente Evo Morales, que en su momento fue cuestionado por buscar su cuarto mandato consecutivo pese al resultado de un referendo que le negó esa posibilidad, volvió a defender este domingo la continuidad de los gobiernos porque, según dijo, solo así se consiguen los “resultados”.    

“Se requiere pues, algunas políticas tienen que ser programas de Estado, políticas de Estado y ahí (en) nuestra experiencia ha sido importante la continuidad;  (aunque) la derecha repudia eso”, afirmó.

Morales, en su programa dominical que se emite por la radio Kawsachun Coca, remarcó que cuando cada gestión se cambia de gobernante no hay el mismo resultado que cuando existe continuidad.

“Cuando cada año se cambia, qué resultado (había), nunca había, y cuando uno continúa, por dos gestiones, tres gestiones, hay resultados y ahí se ve (como en) Alemania, (donde Angela) Merkel estuvo como 16 años de presidenta (canciller) y hay resultados, Alemania lidera toda Europa, (pero) la derecha mezquina no acepta eso”, justificó.

También puede leer: Líderes de la UE ovacionan a Merkel en su última cumbre.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia establece que “el periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

El oficialismo impulsó una consulta ciudadana para reformar esa disposición de la CPE y se realizó un referendo el 21 de febrero de 2016, cuyo resultado negó la posibilidad de ampliar el número de mandatos consecutivos del Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no se rindió y mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional logró que Morales vuelva a ser habilitado como candidato, alegando que era su “derecho humano”, para las elecciones de 2019, que finalmente fueron anuladas en medio de protestas y denuncias de supuesto “fraude”.

Y en agosto de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) determinó que la reelección presidencial indefinida “no constituye un derecho” protegido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

También puede leer: La Corte-IDH define que la reelección ‘no constituye’ un derecho humano.

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