La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) solicitó a la Fiscalía General del Estado remitir un informe, de noviembre a la fecha, sobre los procesos judiciales abiertos por los delitos de sedición, terrorismo, alzamiento armado y daños contra la salud “para determinar la vulneración de derechos”, informó la diputada Sonia Brito.
“Hemos verificando una cantidad impresionante de persecuciones jurídicas en este periodo, que se caracteriza por una violación de derechos humanos. Han sido las persecuciones de algunas instancias jurisdiccionales que se han subordinado al poder político (del gobierno de Jeanine Áñez)”, explicó.
El presidente de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investiga los hechos de Senkata y Sacaba, Víctor Borda, informó el viernes que “se ha verificado que unas 1.500 personas fueron procesadas por terrorismo y sedición”.
El dato surge de la investigación para establecer responsabilidades sobre los hechos de violencia en Sacaba y Senkata que acabaron con 19 muertos por impacto de bala.
Si bien la comisión de DDHH no concluyó su informe, la legisladora adelantó que las autoridades del Ejecutivo son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes por no presentar los informes solicitados.
“La mayoría de los casos han sido denunciados por instancias gubernamentales, lamentamos muchísimo que las autoridades del gobierno no presenten los informes que nos abran la posibilidad de actuar para que sean procesados por incumplimiento de deberes”, anunció.
Brito recordó que existen personas que denunciaron corrupción contra autoridades policiales y que en la actualidad están siendo hostigadas y procesadas.
“Por ejemplo, tenemos el caso de la capitana Cinthia Sandoval Peredo, responsable de la División Anticorrupción de la Policía, que denunció al comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por plantar pruebas contra militantes del MAS, robo agravado, vejaciones y torturas, ella ha sido amenazada, incluso habrían atentado contra su vida porque le cortado los frenos de su motocicleta”, denunció.
Para la legisladora, en esta etapa gubernamental se incitó y alentó la presencia de grupos “paraestatales” que, “pese a las denuncias ante la Policía y la Fiscalía, no se tiene ningún imputado”.
“Estamos hablando de una vulneración flagrante de los derechos humanos, todas las personas constitucionalmente, tenemos derecho a protestar, a opinar de manera diferente del otro, tenemos derecho a expresarnos libremente y en estos once meses el Gobierno no ha cumplido con el respeto de los derechos humanos”, aseguró.
La ALP conformó, en agosto, una comisión mixta para indagar la situación jurídica de las personas que fueron aprehendidas durante los bloqueos desarrollados por movimientos sociales.