Nacional

viernes 5 mar 2021 | Actualizado a 08:52

Juicio por las masacres de Sacaba, Senkata y más: Áñez y otros nombres y delitos

Los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, también deberán ser investigados en juicio ordinario por los delitos de genocidio, asesinato y desaparición forzada de personas, entre otros.

Víctor Borda, titular de la comisión legislativa, presenta el informe sobre Sacaba y Senkata: Foto: Álvaro Valero-La Razón

/ 30 de octubre de 2020 / 01:03

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el informe conclusivo de investigaciones sobre los sucesos ocurridos a partir del 21 de octubre de 2019 en Ovejuyo, Montero, Senkata, Sacaba, y Betanzos, en los que la principal señalada es la presidenta Jeanine Áñez.

Luego de una pausa en la consideración del informe dispuesta por una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, en atención a un recurso de medidas cautelares interpuesto por Rodrigo Guzmán, entonces ministro de Energías, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el documento al comenzar la noche.

Especialmente en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata, cuatro días después, el gobierno naciente de Áñez dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.

Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.

Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.

Además, el informe —según reveló a La Razón el titular de la comisión, Víctor Borda— no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.

Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):

Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes,  incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y  desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.

Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.

Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.

Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.

Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.

Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.

Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.

Además, la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, “porque teniendo conocimiento de los procesos por hechos de Betanzos no dio celeridad”.

(30/10/2020)

Comparte y opina:

Mamani se suma al pedido de ‘evaluación profunda’ de la autonomía universitaria

El Presidente de Diputados afirmó que la tragedia en la UPEA tiene que servir para “redireccionar" las instituciones de formación profesional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Foto de archivo: Diputados.

/ 5 de marzo de 2021 / 08:43

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, se sumó al pedido de realizar una evaluación de la autonomía universitaria, después de la tragedia con siete muertos registrada en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

“El tema de autonomías tal vez se está utilizando de mala manera, eso ya lo veremos después de la investigación (del caso UPEA) y llegaremos a hacer una evaluación profunda con relación a las autonomías (porque) creemos que no solo es el tema de estudiantes, sino también el tema de docentes, personal administrativo, el manejo económico, (entonces) hay muchas (cosas) que seguramente saltarán inmediatamente después de esta investigación”, dijo.

El legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), en entrevista con Cadena A, agregó que sobre este tema “no se descarta absolutamente nada” porque la tragedia en la UPEA tiene que servir para “redireccionar las instituciones de formación profesional”.

El jueves, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, fue el primer legislador en proponer la revisión de la autonomía universitaria, que se consolidó en el país desde 1930.

“Habría que revisar la autonomía universitaria; a título de autonomía no se (les) puede tocar, es una vaca sagrada definitivamente las autonomías del sistema universitario en todo el país”, afirmó Rodríguez.

Entretanto, las investigaciones sobre lo sucedido en la UPEA continúan, después de que el pasado martes –de acuerdo a informes preliminares de la Policía– entre 450 a 500 estudiantes fueron convocados por un grupo de dirigentes bajo amenazas de sanciones a una asamblea extraordinaria en plena pandemia.

Sin embargo, ese encuentro, que inicialmente se realizó en el patio de la universidad y luego en medio de protestas se trasladó hasta el quinto piso de uno de los edificios de la UPEA, terminó en tragedia, porque una de las barandas colapsó y un grupo de estudiantes cayó desde 16,7 metros de altura.

Tras el hecho se conoció que dirigentes de estudiantes se disputan el control en la casa de estudio superior y también surgieron varias denuncias públicas de supuestos abusos de parte de esos grupos de “poder” estudiantil.

Comparte y opina:

Justicia otorga tutela a José María Leyes para su retorno a la Alcaldía de Cochabamba

“No hay manera de evitarlo; podrán demorar uno o dos días, pero el fallo se cumple", dijo José María Leyes en relación al fallo judicial que lo restituye como Alcalde

/ 5 de marzo de 2021 / 01:16

La Justicia otorgó tutela a José María Leyes para su retorno a la Alcaldía de Cochabamba en un fallo que se conoció el miércoles, aunque la decisión fue rechazada por el concejo municipal que en enero pasado suspendió a Leyes por 60 días por “incumplimiento de resoluciones municipales”.

“Estas pataletas de estas personas que están obstruyendo a la justicia pues seguramente mañana acabarán porque este fallo se tiene que cumplir”, dijo Leyes durante una entrevista al programa Que No Me Pierda de la Red Uno.

“No hay manera de evitarlo; podrán demorar uno o dos días, pero el fallo se cumple y lo más importante, lo trascendental es que se está dejando un precedente histórico no solo para el municipio de Cochabamba sino para todo el escenario municipal para el país de que el voto del pueblo se respeta”, acotó.

Leyes, elegido Alcalde en 2015 y quien en los últimos dos años anduvo entre denuncias penales y suspensiones, puntualizó por el fallo judicial reasumió “jurídicamente” el cargo de Alcalde y que en lo que resta de la gestión dará continuidad a las tareas municipales “en los días que quedan”.

Una de las primeras acciones fue –según explicó- resolver una demanda de salarios atrasados a trabajadores municipales.

El miércoles, la Sala Constitucional No. 4 de Santa Cruz dispuso en una audiencia virtual “conceder la tutela solicitada por el accionante y reestablecer sus derechos y garantías a través de las dos resoluciones mencionadas” y “por tanto resuelve conceder la tutela presentada por David Domínguez en representación de José María Leyes”.

Comparte y opina:

Encuestas, debates y redes sociales, elementos centrales en la campaña a las subnacionales

La vacunación contra el COVID-19 a personas fuera de la lista priorizada y la violencia contra las mujeres fueron otros dos temas abordados en el programa de La Razón y Extra.

Los periodistas Junior Arias, José Pomacusi y Freddy Morales con la directora de La Razón y Extra Claudia Benavente en el programa Piedra, Papel y Tinta.

/ 5 de marzo de 2021 / 00:03

Encuestas, debates y redes sociales fueron parte central en el proceso de campaña electoral rumbo a las elecciones de este domingo, cuando los bolivianos elegirán a más de 4.000 autoridades departamentales y municipales, según análisis de periodistas.

“La mejor herencia (de estas elecciones) son los debates”, sintetizó el periodista cruceño José Pomacusi en el programa de La Razón y Extra “Piedra, Papel y Tinta”.

Mientras que para el periodista Freddy Morales, “las elecciones serán un segundo examen para las encuestadoras”. Su colega Junior Arias consideró que “las campañas se han trasladado a las redes sociales”.

“El año pasado tuvimos remedos de debates”, acotó Pomacusi en referencia a las elecciones presidenciales de octubre donde los debates tomaron un cariz de pregunta-respuesta sin preguntas o cuestionamientos entre los candidatos.

Asimismo, apuntó que un debate debe ser un “streape tease” político y desenmascarar a los postulantes charlatanes y violentos. “El debate es un ejercicio de respeto al ciudadano que emite su voto”.

Morales consideró que las encuestas tendrán en las elecciones del domingo “un segundo examen” para ver si en realidad se hacen en favor de quien paga ese trabajo.

“La manera tan grosera como han venido actuando las encuestadoras para beneficiar a algún candidato es inadmisible”, cuestionó el periodista.

Arias aseveró que las subnacionales dejan en claro dos aspectos: que las campañas se trasladaron a las redes sociales, un “elemento tremendamente poderoso”.

“El otro punto es el tema de las encuestas, hay que ver qué pasa el domingo y si las encuestadoras realmente han hecho bien su trabajo, si han aplicado bien las estadísticas o si otra vez se van a equivocar (…) Alguien decía que más fácil es contratar una encuestadora que tratar de demostrar su plan de gobierno. Esperemos que el domingo se acerquen a los datos que se dieron”, sostuvo.

Vacunas VIP y violencia contra la mujer

La vacunación contra el COVID-19 a personas fuera de la lista priorizada y la violencia contra las mujeres fueron otros dos temas abordados en el programa de La Razón y Extra.

Pomacusi afirmó que no le sorprende que haya una «vacunación VIP» en Bolivia, y advirtió que el Gobierno debería preocuparse por sancionar ese tipo de irregularidades.

Arias precisó que se debería identificar y sancionar a los implicados en “vacunaciones irregulares” contra el virus.

Morales afirmó que hay un intento de politización del tema de «vacunaciones irregulares», apuntando al Gobierno.

En relación a la violencia hacia la mujer, Morales afirmó que hay sectores de la sociedad a quienes no les interesa esta problemática.

Pomacusi recordó que en Bolivia existe una ley para luchar contra la violencia a la mujer, pero sostuvo que falla la comunicación para hacer conocer derechos y campañas informativas.

Arias centró su observación en el poder económico que tienen los autores de la violencia contra la mujer y el poco miedo a la justicia, porque gracias a su “poder económico” pueden estar impunes por agresiones a sus parejas.

Comparte y opina:

Diputados aprueba ley para canalizar Bs 43 millones que faciliten el acceso a la educación

Los recursos provienen de saldos no ejecutados del PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) hasta el 31 de diciembre del 2020.

El pleno de Diputados

/ 4 de marzo de 2021 / 22:28

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de transferencia de Bs 43 millones para elaborar material educativo digital e impreso, pagos de servicios a Entel y la Agencia Boliviana Espacial con la finalidad de contribuir al acceso a la educación en el Sistema Educativo.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, explicó en el plenario de Diputados los objetivos y alcances de la iniciativa legal que “autoriza la inscripción y transferencia de recursos que contribuyen al acceso a la educación de las y los estudiantes del Sistema Educativo».

Los recursos provienen de saldos no ejecutados del PRONTIS (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) hasta el 31 de diciembre del 2020.

“Es importante que las y los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a las diferentes modalidades educativas de atención a través de herramientas educativas escritas, medio de difusión tradicional (televisión y radio), o por la vía digital que permitan continuar con su formación integral, desarrollar sus potencialidades, capacidades intelectuales, teóricas, científicas, tecnológicas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional de Bolivia”, refiere un boletín institucional.

La norma pasó al Senado para similar trámite. Las clases educativas empezaron en febrero bajo alternativas de modalidad presencial, semipresencial y a distancia en medio de la pandemia. Padres de familia reclamaron porque no hay condiciones para acceder a las clases a distancia debido a que muchos no cuentan con acceso a internet o aparatos celulares o computadoras.

Comparte y opina:

La Justicia envía a la cárcel a los 7 universitarios detenidos por la tragedia en la UPEA

Los cinco varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y las dos mujeres, al penal de Obrajes. Los siete firmaron la convocatoria a una asamblea que acabó el martes con la muerte de siete estudiantes.

/ 4 de marzo de 2021 / 21:31

Al final de una audiencia de al menos ocho horas, la Justicia decidió enviar este jueves a la cárcel con detención preventiva a los siete dirigentes universitarios que convocaron a una asamblea que acabó con la trágica muerte de siete estudiantes en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Los cinco varones fueron enviados a la cárcel de San Pedro y las dos mujeres al penal de Obrajes de La Paz. Fueron aprehendidos el miércoles y tras prestar su declaración informativa se los imputó y remitió a una audiencia de medidas cautelares.

Se trata de Pablo C., Vladimir P., Wilson Q., Javier Yapu, Sergio B., Fanny V. y Nayeli Ch. El juez Ángel Medoza del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Pena de El Alto valoró que hay riesgo de obstaculización de la investigación, por lo que decidió enviar a los imputados a la cárcel por cuatro meses.

Fueron acusados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El fiscal Departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio, informó de la imputación y de la solicitud de detención contra los dirigentes que firman la convocatoria a un ampliado de los estudiantes de la Carrea de Administración de Empresas de la UPEA.

«Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría de los sospechosos, la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la Universidad Pública de El Alto, entre otros elementos que consideró la autoridad jurisdiccional, asimismo, se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización», explicó Cossío.

Los siete universitarios cayeron el martes de más de 16 metros al ceder la baranda de seguridad de un quinto piso, cuando decenas de estudiantes se concentraron en el lugar debido a un conflicto por el control del centro de estudiantes.

Wilson Q. es identificado como uno de los dirigentes que azuzó a subir al quinto piso tras la asamblea realizada en el patio principal.

Comparte y opina:

Últimas Noticias