El Gobierno anunció este viernes que Bolivia, desde noviembre, será parte del proyecto de Vigilancia y Control de la Aviación General en la Ruta de la Cocaína (Colibrí), ejecutado en el marco del Programa de los Flujos Ilícitos Globales financiado por la Unión Europea (UE) en contribución a la lucha contra el narcotráfico

“Desde noviembre seremos parte de este gran proyecto para el intercambio de información, operaciones conjuntas, capacitación técnica y otros”, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a través de su cuenta de redes sociales. 

Lea más: Ministro Del Castillo asegura que se va por el ‘camino correcto’ en la captura de Marset

La autoridad indicó que se reunió en Bélgica con el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya, y el coordinador del proyecto Colibrí, Lorenzo Martínez Fernández, y con otras autoridades con el fin de intercambiar criterios y experiencias en temas vinculados a la seguridad en la lucha contra la delincuencia organizada.

El nuevo proyecto Colibrí se dirige específicamente a la Aviación General (AG), un vector que concierne a todas las operaciones de la aviación civil para fines distintos del transporte comercial.

En la página digital illicitflows.eu se informa que la aviación general no está sujeta a los mismos mecanismos de inspección policial o aduanera, y las medidas de seguridad de los vuelos se relajan sustancialmente, incluso en zonas altamente reguladas.

Esto significa que la AG representa una oportunidad para el crimen organizado y ofrece una serie de ventajas a los traficantes. Se trata de un medio de transporte discreto y rápido, que puede utilizar aeropuertos más pequeños donde las fuerzas del orden suelen estar ausentes.

El equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) denunció este viernes un “manipulación informática” en el sistema judicial de Santa Cruz. Indicó que se direccionó a una sala, de manera irregular, un amparo constitucional con el fin de frenar el congreso del partido, que se realizará del 3 al 5 de octubre en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. 

“Se ha intentado frenar por un amparo el congreso programado para los próximos días en la localidad de Lauca Ñ. Lo que nos llama la atención es que no se ha presentado un amparo, (sino) cuatro de manera simultánea. Lo grave de esta situación, te dicen por sorteo aleatorio qué sala te ha tocado, pero ayer han cometido una manipulación informática para que lo sorteen a una sala específica”, denunció Diego Jiménez, parte de equipo jurídico.

Agregó que esta acción está vinculada a un tipo penal y dijo que lo que llama la atención es que funcionarios del Consejo de Magistratura se presten ante esta situación.

“Implica que alguien ha dado esa autorización y ha instruido que se manipule el sistema de manera inmediata para que esa sala constitucional que estaría con la predisposición de emitir una medida cautelar (tome el amparo). Si esto es así, estaríamos con un prevaricato inminente de estos vocales de la Sala Constitucional”.

Además, señaló que de manera paralela a esta denuncia pública se presenta una querella penal en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz para que investigue e identifique a quienes han manipulado del sistema informático y si esa sala constitucional está “coludida” para dar curso a esta acción. 

Lea más: ¿Interesa la crisis del MAS a la población? El 43% está poco interesado

El martes, Jiménez aseguró que el congreso de esa organización, convocado en Lauca Ñ, estaba “blindado legalmente”.

El congreso del MAS es cuestionado por representantes de organizaciones sociales que respaldan al gobierno de Luis Arce. Incluso en días pasados, el ampliado del Pacto de Unidad determinó desconocer ese encuentro convocado por el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales.

Asimismo, el mandatario descartó su participación en este congreso, debido a que se está prescindiendo de las organizaciones sociales, que son dueñas del instrumento político.  

El jueves, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no definió aún el recurso extraordinario de revisión en contra de la supervisión al congreso masista.

“La Sala Plena del TSE ha considerado dos recursos extraordinarios que tienen el objeto que se deje sin efecto la supervisión autorizada para el congreso del MAS-IPSP que se va a realizar en Cochabamba, sin embargo, no se ha logrado la votación mínima para tomar una decisión de admisión o rechazo de estos recursos”, informó el secretario de la Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

La vocal del TSE Dina Chuquimia informó que fueron convocados para el lunes a las 16.00 a Sala Plena para tratar el recurso extraordinario de revisión presentados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’.

En su opinión, ¿cuán interesada está la mayoría de la población en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS)? El 43,4% de una muestra consultada consideró poco interesada y el 34,6%, algo interesada.

Así lo registra el último informe Delphi, de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), que consultó una serie de preguntas a un “grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”. El estudio se hizo entre 13 y 26 de septiembre con base a respuestas de 136 entrevistados.

De ese universo, el 8,1% se declaró “muy interesada” en la crisis del MAS, que, en puertas de su congreso de Lauca Ñ, del 3 al 15 de octubre, ha evidenciado la ruptura entre el presidente Luis Arce y el expresidente Luis Arce, militantes de esa organización.

Ante la consulta de quién de los dos líderes logra imponerse en la disputa interna, el 41,2% respondió que Arce y el 25%, Morales.

Siempre sobre la materia, el 64,7% de los entrevistados afirmó que el congreso partidario “se realizará y concluirá en un ambiente de tensión y conflicto”. Al contrario, el 4,4% consideró que se realizará y concluirá de forma ordenada y conforme al estatuto.

Puede leer: División en el MAS: Es ‘imposible’ una reconciliación, dice Gerardo García

Un dato interesante: el 9,6% dijo que el congreso “se suspenderá o postergará por una acción judicial”.

En relación a la probabilidad de que Evo Morales sea reelecto como jefe del MAS en Lauca Ñ, el 40% consideró como una probabilidad “muy alta”. Una cifra similar considera que la división del MAS es una “alta” posibilidad.

¿Quién sería mejor candidato del MAS sin la presencia de Evo Morales ni Luis Arce? El 40,4% respondió Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores.

En el caso de la oposición al MAS, el 41% consideró como una posibilidad “muy baja” el pretender construir un bloque político unitario.

El MAS está enfrentado en una grave crisis de división, al punto del quiebre definitivo entre Arce y Morales. Este último anunció su candidatura, “para salvar Bolivia”, en las elecciones generales de 2025.

El mandatario, en tanto, adelantó que no asistirá al congreso de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, al considerar que allí “no estarán los dueños” del partido, en referencia a los movimientos sociales.

El abogado estadounidense Thomas Becker, que defiende a los familiares y víctimas de la masacre de 2003, afirmó que el juicio Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín fue una victoria de los movimientos sociales.

En ese acuerdo, los acusados aceptaron un pago a las víctimas, aunque no se conoce sobre la cantidad, luego de un proceso civil en Estados Unidos que determinó que son culpables de “ejecuciones extrajudiciales”.

El jurista explicó que las víctimas fueron a “Gringolandia (Estados Unidos)”, a la cancha de Goni y han hecho algo histórico; le han ganado”.

“Y muestra un ejemplo muy lindo: los movimientos sociales, en las luchas colectivas, pueden ganar (procesos) y pueden terminar esta cultura de impunidad en cualquier país”, dijo en La Razón Radio.

Explicó, además, que ese proceso, que comenzó en 2007, “fue muy complicado”, debido a que hubo “apelación tras apelación” que dilató el proceso que buscaba justicia para las víctimas en Bolivia.

Sánchez de Lozada fue presidente durante la denominada “guerra por el gas” debido a las protestas de varios sectores que se opusieron a la exportación de gas a Estados Unidos mediante un puerto chileno.

Finalmente, Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2003 tras la masacre de más de 60 personas. Huyó del país y se incrustó en Estados Unidos desde entonces, junto a su lugarteniente, Sánchez Berzaín.

La toma ilegal de tierras prolifera. Cientos de personas son víctimas de organizaciones criminales que, ayudadas por consorcios de jueces, fiscales, policías, exfuncionarios de Derechos Reales, INRA, alcaldías, entre otras, se apropian de propiedades privadas y públicas.

Son cerca de 22 denuncias por mes que recibe el Gobierno por avasallamiento de tierras, según un informe de 2022 emitido por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó este viernes que se identificaron a “organizaciones criminales” que se dedican a este ilícito y las ciudades más afectadas son El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Potosí.

“Estas tomas se dan en contra de la propiedad privada pero también contra la propiedad pública. No hay respeto al derecho propietario y se está cometiendo el delito de avasallamiento ayudado por notarios, abogados, jueces, fiscales, policías y exfuncionarios públicos. Hay organizaciones criminales en este delito”, dijo Silva en entrevista en La Razón radio.

CUMBRE DE JUSTICIA

Esta problemática, abordada el jueves en una sesión de la Cumbre de Justicia, decidió crear dos subcomisiones: una para tratar de forma específica el problema de avasallamientos y otra sobre delitos sexuales.

Silva señaló que, de acuerdo con las investigaciones sobre este tema, se evidenció que, por ejemplo, un predio en disputa tenía 19 dueños, todos con derecho propietario y folio real.

También se hallaron planimetrías falsas con sellos y firmas falsificados de notarios que “supuestamente” otorgaron escrituras públicas falsas y con una serie de irregularidades.

También puede leer: Graves enfrentamientos entre avasalladores y vecinos en Mercedario, El Alto

Para hacer frente al ilícito, el viceministro sostuvo que una subcomisión se encargará de elaborar medidas de a corto, mediano y largo plazo para hacer frente a esta situación que afecta a miles de personas”.

“La comisión definirá otras medidas que sean necesarias tomar, sin descartar una normativa que nos permita tener respaldo legal para tratar estos avasallamientos. Tenemos una ley, pero se deben tomar otras medidas para proteger los derechos de la población”, dijo la autoridad.

INRA

Acotó que se investiga a funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) involucrados en los avasallamientos, ya que existen documentos saneados por esta institución.

“Son temas que se tienen que investigar y sancionar a aquellos funcionarios públicos que se están sirviendo de una institución, ya sea el INRA, Derechos Reales, juzgados, fiscalía, policía”, advirtió Silva.

Este ilícito se convirtió en un negocio de millones de dólares, según el viceministro, en el que incluso se apunta a exdiputados y exsenadores que se dedicaron al tráfico de tierras.

Otras denuncias que recibió el Ministerio de Justicia es que los avasalladores reclutan a jóvenes, los preparan físicamente en gimnasios y les pagan entre Bs 100 y Bs 200 para arremeter contra los dueños de propiedades.

“Hay videos donde, sin contemplación, atacan, golpean a niños, mujeres, adultos mayores. No tienen contemplaciones para cometer delitos”, enfatizó la autoridad.

El último hecho de avasallamiento ocurrió esta semana en El Alto. Allí, grupos armados con piedras y palos atacaron a vecinos de la zona Mercedario, en el Distrito 4. En el lugar también se incendiaron casas.

Silva dijo que entre Potosí, La Paz y Oruro hay 30 casos de avasallamiento de tierras en investigación, y otro tanto en Santa Cruz y Cochabamba.