Nacional

sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 05:32

Luis Arce considera que ‘nunca hay garantías’ ante un eventual ‘golpe’

En una entrevista con un diario mexicano, el presidente electo consideró que recomponer la economía del país demandará a su gobierno entre un año y medio, y dos años y medio.

Luis Arce, hace dos semanas en una entrevista con La Razón- Foto: José Lavayén

/ 3 de noviembre de 2020 / 00:05

El presidente electo Luis Arce consideró, en una entrevista con un diario mexicano, que nunca hay garantías ante un posible golpe de Estado, como el que dice que ocurrió en noviembre del año pasado con las movilizaciones políticas, los cuestionamientos a las elecciones, la renuncia de Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

El periodista comentó que en la crisis de 2019 el Ejército y la Policía jugaron un rol importante en el “golpe de Estado” y que “al parecer” se subestimó que “esos actores podían involucrarse en una iniciativa golpista”.

¿Qué garantías hay ahora de que eso no volverá a suceder? “Nunca existe una garantía cuando están las cosas así y además la Policía es endeble. Pero ahora las condiciones son diferentes”, respondió Arce al diario La Jornada de Baja California.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía han sido duramente criticadas por el pueblo de Bolivia por lo que ocurrió. Ellos saben que han dañado su imagen e institucionalidad. La población se está dando cuenta ahora de que en realidad estos minoritarios son los que buscan la violencia, no nosotros”, complementó el mandatario electo.

Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), ganó las elecciones del domingo 18 de octubre con el 55,1% de los votos. Dijo que tuvo una victoria inobjetable, “con un árbitro de ellos, designado por este gobierno, por la dictadura, por los partidos políticos que participaron en el golpe Estado”.

Cuando fueron anuladas las elecciones del 20 de octubre de 2018, por supuestas irregularidades halladas por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Áñez y la Asamblea Legislativa acordaron nombrar otro Tribunal Supremo Electoral (TSE) y llamar a una nueva votación.

Entonces, Áñez optó por nombrar a Salvador Romero como su representante en el TSE, años después de que el vocal ejerciera las mismas funciones en la antigua Corte Nacional Electoral (CNE).

Consultado sobre las posibilidades de recomponer la economía del país, Arce afirmó que “va a ser un duro trabajo”. “El deterioro es muy fuerte. Con las cifras que hemos visto, salir de la crisis, para retomar el nivel de crecimiento, nos va a demandar entre uno y medio y dos y medio años”, afirmó.

Contó que la proyección del Producto Interno Bruto (PIB) para este año es de -8% a -11%, cifra que tiende a “profundizar la crisis”. Afirmó que en relación al crecimiento de 8,2% de antes, será una caída de 15 o 16 puntos porcentuales.

Dijo que el desempleo del país supera el 30%, cuando —complementó— durante el gobierno de Morales era “de apenas 4%”. Sobre el déficit fiscal, dijo que el gobierno pasado había estimado llegar al 6%, pero que el gobierno de Áñez ya está en 9%, “¡50% más!”.

“El otro tema es la deuda; es un tema muy preocupante. La deuda la dejamos en 25% del PIB. Ahora ya está a más de 32%, acercándose a 38%”, soltó Arce.

Afirmó que el gobierno de Morales dejó una deuda de más o menos $us 3.000 millones, a diferencia de los $us 7.000 millones o $us 9.000 millones de este régimen. Calculó que la deuda del país es ahora de entre $us 11.000 millones y $us 12.000 millones.

“Estamos hablando que se habría cuadruplicado la deuda interna, con sus consiguientes riesgos sobre la inflación”, dijo.

Arce y el vicepresidente electo asumirán sus funciones en ceremonia especial en la Asamblea Legislativa el 8 de noviembre, para un periodo de cinco años.

(03/11/2020)

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Procuraduría concluye revisión de actas y descarta fraude electoral en justas de 2019

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo Wilfredo Chávez

El procurador Wilfredo Chávez durante el acto de este viernes.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:14

La Procuraduría General del Estado concluyó este viernes la revisión de actas de las anuladas elecciones de octubre de 2019 y aseguró que en 2019 no existió fraude electoral. El informe final será puesto a disposición de la ciudadanía, informó el procurador Wilfredo Chávez.

“En conclusión final, podemos decir al pueblo boliviano que el único engañado de todo ese proceso ha sido infelizmente el pueblo, la única burlada ha sido la democracia que la hemos recuperado en las elecciones de 2020”, afirmó Chávez, en el acto de cierre de la revisión de las actas, cuyo trabajo comenzó el lunes y estuvo a cargo de estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones de 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, puntualizó.

Fueron revisadas 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales de 2019. Chávez afirmó que criticará y observará el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que existió “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados”.

“Que nos diga (la OEA) si ha analizado las 34.555 actas electorales ¡mentira, no lo han hecho! Su observación llega a 226 actas, ni siquiera una muestra, algo ridículo para querer estigmatizar de fraude electoral”, sostuvo y criticó la ausencia de la oposición en la verificación de las actas.

La OEA denunció que la “manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.

Observó también irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible. “El informe detalla además un significativo número de errores e indicios”.

Chávez precisó que la revisión de las actas arrojó “datos interesantes” sobre la participación de delegados de mesa, sobre todo porque éstos podrían haber denunciado alteración de datos u otras irregularidades, “eso no lo han hecho porque no era cierto”, indicó.

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El Gobierno llama a ‘cerrar’ debate sobre fraude o golpe tras fallo del TCP y resolución fiscal

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el fallo del TCP estableció que en Bolivia hubo un golpe de Estado y recordó que la Fiscalía archivó el caso fraude electoral por falta de pruebas

El ministro de Justicia Iván Lima.

/ 15 de octubre de 2021 / 18:03

Para el Gobierno, el cierre del caso fraude electoral y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la presidencia de Jeanine Áñez demuestran que en Bolivia hubo un golpe de Estado. El ministro de Justicia, Iván Lima, llamó a “cerrar esta página de discusión y debate jurídico”.

“El Tribunal ha hablado, en el país ha habido un golpe de Estado, la Fiscalía también ha hablado, no existe ningún fraude electoral, el llamado del gobierno nacional es a cerrar esta página de discusión y debate jurídico, porque ya han hablado en su última instancia la Fiscalía y el Tribunal Constitucional”, afirmó.

Lima aseguró que el control constitucional emitió una sentencia en la que establece que en la crisis de 2019 no hubo un vacío de poder, que no correspondía la sucesión ‘ipso facto’ porque está reservado solo para el Vicepresidente y que las renuncias de las presidencias de Diputados y Senadores debieron ser formales y aceptadas en el pleno y por el ente electoral, como mandan las normas.

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado, y en una sesión sin quorum se autoproclamó Presidenta del Senado y luego Presidenta de Bolivia. Una reunión de líderes cívicos y políticos en la Universidad Católica Boliviana, a convocatoria de la Iglesia Católica y la Unión Europea, definió el curso de la sucesión.

“La decisión del Tribunal Constitucional no admite ninguna apelación, no hay ninguna instancia que pueda revisar esta decisión. Lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, e s una vulneración flagrante al artículo 169 (de sucesión) de la Constitución”, insistió y anticipó que la oposición, por falta de argumentos, dirá que es un fallo de un “tribunal azul”.

Por su parte, la Fiscalía archivó el proceso por fraude electoral activado contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Lima aseguró que el control constitucional también rechazó un recurso contra el archivo del caso.

Contrario al Gobierno y a las ahora decisiones de la Fiscalía y del TCP, la oposición aseguró que en 2019 hubo un golpe de Estado, apoyado en un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), puesto en duda por diferentes estudios externos. De hecho, la protesta cívica de ese entonces estuvo alentada por la denuncia de fraude electoral.

Lima espera que se acelere el proceso contra Áñez por la toma de la presidencia del Senado y se emita la sentencia respectiva.

Sobre la normativa aprobada en un gobierno que el control constitucional lo declaró fuera de la legalidad, explicó que serán revisadas las normas emitidas en esa administración y enviada al control constitucional, aunque aclaró que por seguridad jurídica otras permanecerán vigentes

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Gremiales ratifican paro de 48 horas y ahora piden la abrogación de la Ley 1386

La propuesta de abrogación de parte de los gremialistas coincide con el proyecto que este viernes anunció el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC).

Gremiales en Cochabamba anuncian un paro de 48 a partir del lunes 18 de octubre.

Por Mauricio Diaz

/ 15 de octubre de 2021 / 17:39

El sector gremial de Cochabamba anunció un paro de 48 horas a partir del lunes 18 de octubre, ahora en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una reunión en esa capital, dirigentes gremiales de al menos cinco departamentos aprobaron la medida para la siguiente semana.

“La primera ley que han aprobado es exactamente la misma que han retirado, pero la ley, que es la madre y la clave para arruinar al comercio minorista, está ahí”, explicó el dirigente Francisco Figueroa.

Afirmó que la medida de protesta será replicada por los sectores gremiales de todo el país y amenazó con que sumar piquetes de huelga de hambre, marchas y el cierre de fronteras si sus exigencias no son atendidas por el Gobierno.

La protesta coincide con la demanda planteada este viernes por Comunidad Ciudadana (CC). El diputado Carlos Alarcón presentó la mañana de este viernes un proyecto de ley para la abrogación de la Ley 1386, que consideró que es “atentatoria contra el sector informal de la economía”.

El jueves, el Gobierno retiró el polémico proyecto de ley contra las ganancias ilícitas, que en las últimas semanas generó molestia y movilizaciones por varios sectores que se sentían perjudicados por esa norma, incluso hubo la convocatoria de cívicos de varios departamentos a un paro nacional en rechazo a esa medida.

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Mesa advierte ‘incongruencia’ en el TCP y Doria Medina, ‘oportunismo’

Carlos Mesa señala que la posesión de Jeanine Añez “fue automática” por la “fuga de Evo Morales”.

Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Fotos de archivo: Kimera y La Razón.

/ 15 de octubre de 2021 / 17:02

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó este viernes que la “incongruencia y mala fe” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no tiene límites, después de que esa instancia judicial consideró que en la crisis poselectoral 2019 no hubo vacío de poder.

“La incongruencia y mala fe del T. Constitucional no tiene límites. La posesión de J. Añez fue automática, no por la renuncia, sino por la fuga de Morales a México que dejó vacante la presidencia. Por esa razón la posesión fue inmediata y automática (sic)”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

Por su parte, el empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, advirtió que hay “oportunismo” en el accionar del TCP.

“El Tribunal Constitucional ahora considera que la sucesión de Áñez no correspondía. Y entonces, ¿por qué emitió un comunicado el 11 de noviembre de 2019 validándola? ¡Qué manera de sumarse al más fuerte; qué oportunismo!”, expresó Doria Medina también en Twitter.

El 12 de noviembre, el TCP emitió un comunicado —su presidente, Petronilo Flores, aclaró que el texto no era vinculante— que invocaba una declaración constitucional de 2001, cuando avaló la sucesión del entonces vicepresidente Jorge Quiroga en reemplazo del dimisionario y convaleciente presidente Hugo Banzer.

El comunicado del TCP subrayaba en texto negro que correspondía sucesión “ipso facto” al Vicepresidente y “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, prevista en el orden constitucional”.

El Tribunal Constitucional emitió el pasado 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de “vacío de poder” y esa determinación fue conocida recién en las últimas horas de manera pública.

En noviembre de 2019, Áñez era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y, para asumir el mando del país, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias de los entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García Linera, presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y presidente de Diputados, Víctor Borda.

Es así que, tras varias reuniones extralegislativas, Áñez, primero, se declaró presidenta de la Cámara de Senadores y, luego, presidenta del Estado, pero sin quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, que entonces estaba constituida por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

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El TCP considera que en 2019 no hubo ‘vacío de poder’ y desahucia la proclamación de Áñez

El Tribunal Constitucional emitió el 29 de septiembre la Sentencia Constitucional 052/2021 que considera que en 2019 no hubo la figura de ‘vacío de poder’.

Jeanine Áñez en el balcón del Palacio de Gobierno, minutos de su autoproclamación, el 12 de noviembre de 2019.

/ 15 de octubre de 2021 / 14:25

A través de la Sentencia Constitucional 052/2021, del 29 de septiembre de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) consideró que en la crisis poselectoral 2019, tras las renuncias del Presidente y Vicepresidente del Estado, y de los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, no hubo vacío de poder.

En la sentencia referida a un recurso presentado por la entonces diputada Margarita del Carmen Fernández Claure, de Unidad Demócrata (UD), contra los entonces presidente y primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Susana Rivero, respectivamente, el TCP definió que no correspondía una sucesión ‘ipso facto’ salvo a las presidencias de las cámaras legislativas.

En los expedientes, la legisladora de minorías arguyó que “la sucesión ‘ipso facto’ no le correspondía a su excolega Rivero porque ‘publicó en su cuenta de Twitter una carta de renuncia irrevocable dirigida a todo el país’”. El TCP, con base en el Reglamento de la Cámara de Diputados, consideró que las renuncias de autoridades legislativas electas por voto popular solo corresponden si son consideradas en el pleno camaral.

Las renuncias de Borda y Rivero fueron consideradas el 14 de noviembre, dos días después de la proclamación de Áñez, de UD.

Entonces, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, alegó que se presentó un vacío de poder ante las renuncias sucesivas del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y la titular del Senado, Adriana Salvatierra. Borda, entonces presidente de la Cámara de Diputados, renunció antes de la dimisión de Morales.

En sendos actos legislativos, en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, Áñez se declaró, primero, presidenta de esa cámara y, luego, presidenta del Estado. No había quorum ni asistencia de la mayoría legislativa, entonces de dos tercios, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Debe entenderse que a diferencia de la sucesión presidencial que la recurrente exige sea aplicada de forma análoga en su caso, ésta se aplica efectivamente ‘ipso facto’ de la presidencia a la Vicepresidencia del Estado”, dice la sentencia del TCP a la que accedió La Razón.

Por tanto, la renuncia de la exdiputada Rivero “surtió efecto solo después de que el Legislativo conoció, trató y aceptó esa dimisión. No existe la figura de ‘vacío de poder’ para justificar el incumplimiento a este requisito legal”, dice el resumen de la sentencia.

En su resolución, el TCP declaró infundado el recurso de nulidad presentado por Fernández contra Borda y Rivero.

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