Hoy domingo el MAS-IPSP (Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) celebra el 28 aniversario de su fundación. Lo hace en un momento de crisis interna, con una disputa que ha derivado en un deplorable intercambio de insultos y acusaciones. En el gobierno desde 2006, constituye de lejos la principal fuerza política del país.

Fundado en 1995, con presencia local en el trópico de Cochabamba, el MAS ha tenido un vertiginoso crecimiento como organización política y fuerza electoral. Así, luego de obtener cuatro diputados como Izquierda Unida en las elecciones de 1997, se convirtió en la segunda fuerza electoral en los comicios de 2002, y ganó las elecciones de 2005 con mayoría absoluta de votos. Desde entonces ha estado en el gobierno como partido predominante, con apenas un año de paréntesis en el régimen provisorio de Áñez.

Hoy el MAS-IPSP es no solo el partido más grande en militancia, sino también el único con presencia en todo el territorio nacional. Hasta la coyuntura crítica de octubre y noviembre de 2019, su líder histórico indiscutible ha sido Evo Morales, presidente del Estado durante tres períodos de gobierno. Son relevantes como agenda del partidoinstrumento la nacionalización de los hidrocarburos y el proceso constituyente, seguidos de varias medidas de inclusión (en especial indígena) y de igualdad.

Tras el derrocamiento del presidente Morales en 2019 (esa derrota política) y la persecución de su dirigencia durante el gobierno inconstitucional de Áñez, no pocos opositores y sus operadores mediáticos declararon el fin del MAS-IPSP. Empero, obligado a renovar su binomio presidencial, volvió a ganar las elecciones generales de 2020. Lo hizo con mayoría absoluta de votos, aunque sin mayoría especial en la Asamblea Legislativa. Y su fortaleza electoral mermó en los comicios subnacionales 2021.

Hoy el MAS-IPSP llega a su aniversario 28 en el peor momento orgánico del partido-instrumento. El cálculo estratégico, las pugnas de poder e intereses, y la prematura competencia por la candidatura presidencial en 2025 han llevado a esta organización a un estado de confrontación abierta entre “evistas” y “arcistas”, bautizados como radicales y renovadores. Si bien Evo y Arce dicen lo suyo, son voceros de tercera línea de ambas facciones los encargados de sembrar discordia, acusaciones y desconfianza.

Este domingo en Ivirgarzama se espera festejo compartido y señales de fortaleza (“MAS unidos”, es el lema de la convocatoria), pero no pocas tensiones preceden al encuentro. Como sea, el MAS-IPSP, principal expresión de lo plurinacional popular en el país, afronta el gran desafío de redefinir tanto su estructura decisoria como su proyecto político. Solo el tiempo dirá si los incentivos de unidad son más fuertes que los intereses particulares y la activa campaña opositora que alienta la “implosión”.

Desde ayer y hasta mañana, delegados, representantes y jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo están reunidos en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York para hacer una evaluación de medio término de los avances y retos que afronta la humanidad respecto al uso y conservación del agua, elemento imprescindible para la vida en el planeta.

Se trata de la Segunda Conferencia sobre el Agua, convocada casi medio siglo después de la primera (Mar de Plata, Argentina, 1977) y justo a la mitad de la Década de Acción sobre el Agua, iniciada en 2018. El Presidente boliviano asiste a la reunión global y en su alocución llamó a todos los países a “hacer la transición hacia un sistema económico más sustentable y equitativo; que valore la salud a largo plazo de la Madre Tierra y de las personas, por encima de las ganancias o el lucro”.

El derecho humano al agua, idea impulsada por Bolivia en 2010, implica que todos los seres humanos deberían tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día), segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos). Previsiblemente, es en el sur global donde más difícil se hace garantizarlo, y Bolivia no es la excepción.

A diferencia de muchas otras reuniones de este tipo, esta conferencia no concluirá con la adopción de alguna declaración negociada entre los Estados miembros, sino con una colección, tan ambiciosa como sea posible, de compromisos libremente decididos por las partes y un renovado apoyo a la Agenda de Acción del Agua, que recoge dichos compromisos y se vincula explícitamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6: agua limpia y saneamiento para todos en 2030.

En un dramático llamado a los Estados miembros, el Secretario General de la ONU ha afirmado que la humanidad “vampiriza” los recursos hídricos del planeta “gota a gota” y que “se dirige ciega hacia un camino peligroso”. Los datos dados a conocer antes del inicio de la conferencia, iniciada al conmemorar el Día Mundial del Agua, revelan que una cuarta parte de la población mundial utiliza fuentes de agua potable no seguras; que casi la mitad de la humanidad vive sin un saneamiento gestionado de forma segura; que más del 80% de las aguas residuales se liberan al medio ambiente sin ser tratadas ni reutilizadas; y que las sequías podrían ser la próxima pandemia, entre muchos otros, igualmente alarmantes.

Es previsible que quienes asisten a la conferencia escuchen y pronuncien discursos llenos de dramatismo y contrición, pero cabe preguntarse si éstos se convertirán luego en verdadera voluntad de actuar y, sobre todo, de cooperar entre los que más tienen y los que más necesitan. En gran medida, la sobrevivencia de la especie humana depende de esta actitud. 

En las siguientes semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el nuevo reglamento de selección de postulantes para las elecciones judiciales. Con ese reglamento vendrá la convocatoria, que incluye dos fases. Hay señales de acercamiento entre el oficialismo y la oposición, pero también anticipos de una ruptura que podría malograr y hasta bloquear el proceso.

La noticia más reciente sobre las elecciones judiciales 2023 es que los asambleístas del MASIPSP, de CC y de Creemos estarían haciendo consultas internas a fin de lograr algún acuerdo en torno al controvertido Reglamento. Existe convergencia en los plazos y podrían ajustarse los requisitos (hoy con observaciones), pero el punto crítico es la instancia de selección de los postulantes. El proyecto oficial de reglamento fue enviado al sistema universitario para su examen. Y se anuncia su socialización.

El espacio decisorio sobre esta cuestión radica en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea. Además de la propuesta de reglamento presentada por la bancada del MAS-IPSP, hay proyectos elaborados por las fuerzas políticas de oposición. En general, tanto la presidenta de la comisión como sus integrantes expresaron voluntad de diálogo para buscar “el mejor reglamento”. Pronto sabremos si esa intención se convierte efectivamente en un reglamento concertado y, por tanto, se allanan las elecciones.

La experiencia reciente en la designación de autoridades en la ALP ha tenido diferentes caminos y resultados. En el caso del Defensor del Pueblo, se inició con un gran acuerdo político y reglamento de consenso. La selección de postulantes avanzó bien hasta la etapa final, donde hubo ruptura. El nuevo Defensor fue elegido solo con los votos del oficialismo. En el caso del Contralor General, no hubo acuerdo desde el principio. Hay postulantes, pero la elección está paralizada por ausencia de dos tercios.

¿Qué camino podría seguir el proceso de selección de postulantes para la elección popular de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura? No lo sabemos de cierto. Por ahora el MAS-IPSP parece haber descartado las propuestas de la oposición, que en esencia delegan a una instancia externa la fase de preselección. Los opositores, a su vez, parecen haberse atrincherado en sus propuestas: o las aprueban o vetamos todo.

En las próximas semanas sabremos si los representantes electos en la Asamblea tienen la voluntad y la capacidad política para concertar un reglamento y la convocatoria a las próximas elecciones judiciales. Si no hay acuerdo, es probable que la selección de postulantes avance a tropezones, pero se paralice a la hora de elegirlos por dos tercios. Ello, a su vez, podría bloquear la propia votación popular prevista para octubre, con terribles consecuencias para una administración de justicia en crisis.

El rumor de quiebra o intervención de un banco, cuya oficina principal está en Santa Cruz de la Sierra, disparó alarmas en todo el país y el martes, durante una agitada jornada, miles de ahorristas intentaron, muchos sin éxito, retirar sus ahorros en una corrida que pudo causar la quiebra de la entidad. Es apenas el último de los casos de deliberada desinformación para causar zozobra.

Días antes, las oficinas del Banco Central de Bolivia se habían visto atestadas de personas tratando de comprar dólares como reacción a un insidioso rumor de que el país se había quedado sin reservas y la todavía no esclarecida actitud de instituciones financieras y casas de cambio que se rehusaban a vender la divisa a las personas que lo pidiesen. El resultado: millones de dólares en efectivo están en manos de personas que probablemente luego tengan que venderlos a un precio menor al que pagaron.

Asimismo, de manera episódica los habitantes de la capital cruceña reciben a través de sus redes sociales alarmantes mensajes que advierten de escasez de alimentos en los mercados o de combustible en las estaciones de servicio, con la consiguiente movilización hacia los centros de abasto, donde se activa la especulación, o las gasolineras, donde se forman interminables filas.

Mientras tanto, en la Gobernación de Santa Cruz reina la incertidumbre debido a que las autoridades del ala ejecutiva y los miembros del legislativo departamental llevan semanas desconociendo lo establecido en el Estatuto Autonómico (y ni hablar de la Constitución Política), en franca vulneración de una institucionalidad que, al menos en el discurso de los dirigentes y jefes políticos, es de vital importancia para el proyecto cruceñista.

Súmese a eso alarmantes denuncias sobre injerencia y manejos poco claros en el negocio del litio por parte de exautoridades, que lejos de investigarse se diluyen en medio de los ataques y contraataques de militantes oficialistas hoy divididos en dos bandos en apariencia irreconciliables y evidentemente incapaces de reconocer su deber histórico.

El efecto en estos casos, y muchos otros que no se mencionan aquí por falta de espacio, es una sistemática erosión de la confianza que pudiese tener la población en las instituciones (al principio solo las estatales y hoy también las privadas) y en las instancias de mediación, como por ejemplo los partidos políticos y sus dirigentes. Así, es difícil avizorar mejores días para el país.

Quienes ganan con este estado de cosas son, por una parte, comerciantes que especulan y medran en medio de la confusión y, sobre todo, agentes políticos que se benefician de tener a la población en un estado de crispación y reactividad muy próximo a la violencia. Mientras tanto, las autoridades de gobierno parecen sobrepasadas por las circunstancias e incapaces de actuar de manera proactiva o por lo menos oportuna. Hay, pues, motivos para preocuparse por el futuro inmediato.

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de remitir antecedentes del juicio por la masacre de Senkata a un juez de instrucción de El Alto marca un hito en este proceso, pues la expresidenta Jeanine Áñez será juzgada por la vía ordinaria. Se cierra así formalmente el camino del juicio de responsabilidades, que de hecho estaba bloqueado por el veto minoritario de la oposición.

A reserva del debate político en torno a la autoproclamación presidencial de Áñez en noviembre de 2019 —que ya ha sido objeto de proceso penal y sentencia en el ámbito del caso Golpe de Estado II—, había incertidumbre respecto al procedimiento para juzgar a Áñez en su condición de expresidenta provisoria. Tanto la Constitución Política del Estado como la legislación correspondiente establecen la figura del juicio de privilegio en caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Fue en los primeros días de gobierno de Áñez y los suyos que se produjeron las masacres de Sacaba y de Senkata, con más de una veintena de personas asesinadas por bala (incluidas ejecuciones sumarias), cientos de heridos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos. La expresidenta y su gabinete ampararon esas masacres, en nombre de la “pacificación”, con un decreto supremo que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. Se esperaba un juicio de responsabilidades por estos hechos.

La reciente decisión del TSJ sobre el juicio por la masacre de Senkata despejó la vía ordinaria para juzgar a Áñez. Para la oposición y sus operadores mediáticos, ello implica “renunciar a su atribución”. El mismo camino está en curso en el proceso penal por la masacre de Sacaba (caso Huayllani), en el que se pide ampliar investigaciones en contra de Áñez, y luego seguramente también de sus ministros, por la probable comisión de los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

Estas decisiones jurisdiccionales, ciertamente polémicas, ¿implican desconocer el régimen transitorio de Áñez, que fue presidenta del Estado durante casi un año, aunque no puede acreditarlo formalmente? Por otra parte, el hecho de que Áñez haya tomado de facto la presidencia por fuera del marco constitucional, en una Asamblea Legislativa sin quorum, ¿niega el hecho de que las masacres de Sacaba y Senkata, ampliamente documentadas en el informe del GIEI, se produjeron en el ejercicio de sus funciones?

En medio de la disputa política y de interpretaciones jurídicas sobre el juzgamiento de Áñez en la vía ordinaria, lo evidente es que transcurridos más de cuarenta meses —nada menos— desde las masacres, todavía no hay justicia para las víctimas ni sanción para los responsables que dispararon, dirigieron los operativos militares-policiales, mandaron a matar, avalaron con un decreto. Es fundamental garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, pero sin impunidad ni privilegios.