Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Bolivia para hacer seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los conflictos poselectorales de 2019.

La misión tiene previsto reunirse entre mañana y el jueves con las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata; además, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, y con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó la información y añadió que “la delegación ha empezado a llegar a partir de hoy (lunes)”.

La delegación “estará haciendo un trabajo el miércoles y jueves junto a las víctimas de (las masacres de) Sacaba y Senkata, reuniéndose con nuestro Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia”, detalló a los periodistas en puertas del Palacio de Gobierno.

La comisión está liderada por el comisionado relator de país, José Luis Caballero Ochoa, junto con la jefa de Gabinete, Patricia Colchero, y un equipo técnico.

“Esta visita es importante porque analiza y evalúa los avances y la manera de mejorar nuestro trabajo de protección y atención a las víctimas (de las masacres)”, agregó Lima.

Informe del GIEI

Los comisionados recogerán información con el objetivo de presentar el primer informe de la MESEG (Mesa de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe del GIEI) y socializar sus hallazgos respecto de los avances.

La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los conflictos sociales de 2019.

Entonces, una serie de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que el entonces presidente, Evo Morales, renuncie a su cargo.

Los movilizados vieron coronado su pedido el 10 de noviembre de ese año, cuando Morales se alejó del cargo.

Dos días después, el 12, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum necesario ni la presencia de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

De inmediato surgieron las movilizaciones que pedían “respeto a la democracia” y reclamaban por la renuncia de Morales.

En el afán de contener las protestas, Áñez emitió el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078. Esa norm eximía de responsabilidad penal a policías y militares por el posible uso excesivo de la fuerza. La norma fue abrogada el 28 de noviembre.

Violencia

“Blindados”, los uniformados reprimieron violentamente a los movilizados. Primero, el 15 de noviembre, fuerzas del orden provocaron la muerte de 10 personas, la mayoría a bala, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba.

Cuatro días más tarde, el 19, la historia se repitió. Esta vez en la zona de Senkata, en El Alto. La misma cantidad de personas perdió la vida debido a la violencia y el uso de armas de fuego por parte de los uniformados.

Tanto la CIDH como el GIEI, a su turno, establecieron que incluso hubo casos de ejecuciones extrajudiciales y que la violencia degeneró en masacres.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto llevará adelante el juicio ordinario contra la expresidenta transitoria por la masacre de Senkata, en noviembre de 2019.

“La sala penal del Tribunal Departamental de La Paz ha determinado que la masacre de Senkata debe realizarse en la vía ordinaria. El expediente está radicado en el Tribunal Primero de Sentencia de El Alto”, dijo la autoridad a los periodistas en puertas del Palacio de Gobierno.

Aclaró que dicho tribunal “está de turno en la vacación judicial” y debe preparar los actos para que el proceso se lleve a cabo las primeras semanas de enero de 2024.

El 23 de octubre pasado, el Ministerio Público acusó formalmente a Áñez y otras 17 personas por las masacres del 15 y 19 de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, respectivamente.

Esa acusación alcanzó a los entonces ministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo Prijic; de Defensa, Luis Fernando López Julio, y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo.

“Todos ellos por la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”, dijo entonces el fiscal general, Juan Lanchipa.

Jeanine Áñez

Algunos miembros del alto mando policial y militar también están señalados por las jornadas de violencia del 15 y 19 de noviembre.

Luego de la acusación, el 30 de octubre, el caso llegó al Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto, que se declaró incompetente para juzgar a la exmandataria en la vía ordinaria.

Durante los luctuosos hechos de noviembre de 2019, 20 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares y policiales; amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidad penal por el posible uso desmedido de la fuerza.

La comisión de fiscales de este caso determinó que Áñez y los demás acusados sean sometidos a un juicio ordinario. “Se solicitará una pena máxima sancionatoria con una pena máxima de 30 años de privación de libertad”, añadió Lanchipa.

El primer hecho ocurrió el 15 de noviembre, en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba. Una columna de manifestantes exigía el “respeto a la democracia”. Un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados.

El resultado dejó en total 10 personas muertas, algunas con signos de ejecuciones extrajudiciales, como determinó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Violencia

La segunda represión violenta ocurrió el 19 del mismo mes en la zona de Senkata, en El Alto. Ese día otra decena de personas perdió la vida luego de la violenta represión de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ambos hechos ocurrieron a los pocos días de que Áñez se proclamara presidenta, luego de la renuncia del presidente Evo Morales, que dejó el cargo en medio de una fuerte crisis social, un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas.

Áñez, entonces senadora, asumió el cargo el 12 de noviembre. Primero, se proclamó presidenta del Senado y, después, presidenta del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin el quorum reglamentario ni la presencia mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), que entonces tenía dos tercios en el Órgano Legislativo.

La diputada opositora Luisa Nayar pidió, a través de una carta, al flamante presidente de Argentina, Javier Milei, que declare en su país como persona no grata al exmandatario boliviano Evo Morales.

De Comunidad Ciudadana (CC), la legisladora participó de la posesión del nuevo mandatario libertario del país vecino, invitada por la misma autoridad.

“Vamos a provechar esta oportunidad (la posesión) para hacerle entrega de esta carta que establece la declaratoria de persona no grata para el dictador Evo Morales (sic)”, dijo la legisladora en un video publicado este domingo en su cuenta de X.

La carta también tiene una solicitud para que se investigue “cómo operó Evo Morales para (organizar) la campaña presidencial de (el presidente) Luis Arce en su condición de refugiado político”.

Luisa Nayar

“Advertimos al presidente Milei para que tenga cuidado con estos grupos desestabilizadores, porque tenemos probabilidades que detrás de estos grupos se encuentra operando Evo Morales, como lo hizo en Perú”.

De esa manera, la diputada se refirió, primero, a la designación de Luis Arce y David Choquehuanca como candidatos a las elecciones presidenciales del 18 de octubre de 2020. En esos comicios, el binomio definido por el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Argentina ganó con más del 55% de los votos.

Por otra parte, Nayar se refirió a la disposición del gobierno peruano de Dina Boluarte el 26 de enero de este año. En ella declaró persona no grata al líder cocalero «por sus constantes incitaciones en la política nacional» que, a juicio del Parlamento, buscan “desequilibrar el orden interno del país”.

Pese a la invitación que el mandatario argentino envió a Arce, el mandatario boliviano decidió no asistir al acto y, en su reemplazo, la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, viajó hasta Buenos Aires.

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) ofreció al nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, disculpas por la ausencia de Luis Arce a su juramento, este domingo.

“Tiene la enorme tarea de salvar #Argentina del desastre nacional, institucional y económico que le deja el Kirchnerismo. Además, debe liderar la lucha por la libertad en AmerLat (sic)”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Arce no viajó a la ceremonia, fue representado por canciller Celinda Sosa. Tampoco expresó sus sentimientos respecto de la asunción del polémico mandatario argentino.

Durante la campaña, Milei descalificó a gobiernos de izquierda de la región, especialmente los de Nicaragua, Venezuela y Brasil. Sobre este último, llamó a su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, “comunista corrupto” y “zurdo salvaje”.

Tampoco viajó a Buenos Aires y mandó sus saludos a través del canciller Mauro Vieira.

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Desde la cárcel de Chonchocoro, detenido por el caso Golpe de Estado I, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, congratuló también a Milei y a la vicepresidente Victoria Villarruel. Debemos “encender una luz de esperanza y libertada que va a recorrer el continente”, auguró.

¡Felicidades Presidente @JMilei! Tiene la enorme tarea de salvar #Argentina del desastre nacional, institucional y económico que le deja el Kirchnerismo. Además debe liderar la lucha por la libertad en AmerLat.

Disculpas por incomprensible ausencia de Presidente de #Bolivia. pic.twitter.com/YrcrkgewWs

— Tuto Quiroga (@tutoquiroga) December 10, 2023

También desde prisión, sentenciada por su autoproclamación en 2019 y acusada en el caso Golpe de Estado I, la expresidenta Jeanine Áñez afirmó que “el pueblo argentino celebra un cambio”. Felicitó a Milei y Villarruel, “dos baluartes de la promesa de libertad sin dobleces ni intereses”.

En tanto, Samuel Doria Medina le hizo saber en sus redes sociales que su corazón está con los argentinos. “Aunque prometió ser radical, al final está haciendo concesiones. Las preguntas son si le alcanzarán para lograr mayorías y si no lo alejarán de sus objetivos”, escribió sobre Milei.

Al menos desde sus redes sociales, ni Arce ni Carlos Mesa, menos Evo Morales, se manifestaron sobre el juramento de Milei, que sucede al mandatario saliente Alberto Fernández.

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce se pronunció respecto de los conflictos que se registraron la pasada semana por tierras fiscales entre dirigentes de Pailitas y San Julián. Estos hechos dejaron un fallecido y al menos nueve heridos.

“(…) No vamos a tolerar ningún tipo de actividad que esté al margen de la ley, venga de donde venga”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Arce convocó este domingo a un gabinete de emergencia, días después de los conflictos en esas regiones del oriente.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 2 de diciembre, durante la semana, algunos dirigentes de los interculturales lanzaron mensajes con amenazas de muerte contra comunarios y otras personas.

La Policía identificó la presencia de Sixto Canaza. El hombre es investigado por el secuestro y agresión a periodistas, policías y otras personas en Las Londras. Hechos que ocurrieron durante una inspección por un caso de avasallamientos, en pasados meses.

CONVOCADOS

Los ministros convocados fueron los de la Presidencia de la Presidencia, de Gobierno, de Justicia. Asimismo los de Desarrollo Rural y Tierras y de Medio Ambiente y Aguas.

También se convocó a los viceministros de Coordinación con Movimientos Sociales, de Tierras y Biodiversidad. Los directores del Instituto de Reforma Agraria (INRA), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización de Tierras y Bosques (ABT) también asistieron.

“Debido a lo delicado del tema de tierras y el último conflicto registrado en último conflicto registrado en #SantaCruz, hoy nos reunimos de emergencia en el Gabinete de Tierras con las autoridades del sector (…) añadió Arce.

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Afirmó que el trabajo será la coordinación para la implementación de políticas que den soluciones estructurales y definitivas a la situación.

Luego de las investigaciones, la Policía informó que hay 30 órdenes de aprehensión en contra de las personas que provocaron el conflicto.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que las órdenes de aprehensión son para dirigentes y algunos empresarios.