La izquierda brasileña convocó para el sábado una nueva jornada de protesta contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su caótica gestión de la pandemia, que ya ha dejado casi medio millón de muertos en el país.

Bajo el lema «#ForaBolsonaro», la jornada pretende mantener activa y ampliar la movilización del pasado 29 de mayo, la primera de gran envergadura desde el inicio de la pandemia.

Se prevén marchas en más de 300 ciudades, entre ellas las metrópolis Sao Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia. También hubo llamados a concentraciones de brasileños en varios países europeos, en Estados Unidos y Canadá.

«Marchas, tuitazos, actos simbólicos, pancartazos y caravanas tendrán lugar todo el día en Brasil y en el exterior», afirman los organizadores, que piden mantener lo máximo posible el distanciamiento social.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales, apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).

Las consignas estarán centradas en la pandemia, pero también se escucharán reclamos contra las privatizaciones, los recortes en la educación pública, el racismo y contra la deforestación en auge en la Amazonia local desde la llegada de Bolsonaro al poder en enero de 2019.

Grupos indígenas acampados desde hace días en Brasilia contra un proyecto de ley que busca regular la minería en sus reservas se unirán a la manifestación.

Lula, que según los sondeos derrotaría a Bolsonaro en las elecciones de 2022, indicó que podría no participar en las marchas, para evitar que los medios transformen «un acto político en un acto electoral».

Una comisión parlamentaria investiga las presuntas «omisiones» del gobierno frente a la pandemia. Varios dirigentes, entre ellos Lula, calificaron a Bolsonaro de «genocida» por su rechazo a las medidas de aislamiento social y del uso de máscaras y el retraso del gobierno en la campaña de vacunación.

Brasil registra actualmente un promedio de cerca de 2.000 muertos por día de covid-19.

Pese a ello, el país acogió este mes la Copa América de fútbol rechazada previamente por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

La Fiscalía apeló las medidas cautelares del alcalde de La Paz, Iván Arias, y anunció que pedirá a la Justicia su detención domiciliaria, debido a los incidentes desatados dentro y fuera de las oficinas del Ministerio Público. El alcalde es procesado por designación irregular cuando era ministro de Obras Públicas en 2019.

El fiscal Jhojan Muñoz informó que la apelación se la hizo en la audiencia cautelar de este viernes, pero la autoridad judicial la rechazó.

“Se han formado mitines dentro y fuera de la Fiscalía, incluso se ha llegado a romper algunos vidrios del piso cuatro, (por ello) el Ministerio Público ha solicitado la detención domiciliaria, no nos ha dado curso en esa primera instancia (cautelar), razon por la cual se ha apelado”, explicó.

En una audiencia virtual, la Justicia decidió el arraigo de Arias, el pago de una fianza de Bs 30.000 y que se presente cada 15 días ante la Fiscalía, en el caso de supuesta designación irregular cuando fue ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

La decisión fue cuestionada por el acusado. “En plena lucha contra la tercera ola del COVID-19, lucha por la salud y la vida de todos los paceños, cuando más se necesita de mi labor y desempeño en el ejercicio de mi cargo, la justicia ha decidido arraigarme, desconociendo que soy el alcalde de esta ciudad y que por tanto vivo en la misma y viviré en ésta los siguientes cinco años y siempre”, indicó.

Muñoz respondió que el arraigo no tendría que afectar ninguna gestión internacional para enfrentar la pandemia, aunque de ser necesario que Arias viaje al exterior –dijo- deberá demostrar ante la Justicia que su presencia es imprescindible.

“Si llegara a justificar (la necesidad de un viaje por vacunas), se le puede dar el permiso”, anunció.

“No renunciaremos nunca a nuestro salida por el Pacífico”, pero hay que fortalecer la presencia boliviana en el Atlántico porque es “una potencial vía complementara y alternativa” para llegar a ultramar, aseguró el presidente Luis Arce en Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz y puerta al Atlántico.

“Es fundamental para el país contar con puertos soberanos en el canal Tamengo, cabecera de la Hidrovía Paraguay-Paraná, para que eso haga posible incrementar cargas de importación y exportación hacia y desde el océano Atlántico”, explicó en alusión a la decisión de Estado de fortalecer las alternativas de acceso al mar.

Bolivia mantiene pendiente de solución su demanda a Chile de una salida soberana al Pacífico, arrebatada en 1879 tras la invasión y posterior guerra. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en contra de los bolivianos en la demanda para que Santiago honre sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al mar.

“No renunciaremos nunca a nuestra salida por el Pacífico, pero nuestra inserción nacional y mundial por el Atlántico es una potencial vía complementaria y alternativa para el país”, aseguró en el acto por el aniversario de este municipio fronterizo cruceño.

La Paz y Santiago empezaron a trabajar en una hoja de ruta para encaminar el diálogo bilateral.

Arce destacó la estratégica ubicación de este municipio en lo que se denominó el corredor bioceánico que fue impulsado por el gobierno de Evo Morales para unir por vía férrea los océanos Atlántico y Pacífico.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se reunió este viernes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, e informó que le pidió la aplicación de la Carta Democrática en Bolivia cuando llegue el momento para “evitar luto, dolor y la guerra en un país que solo busca libertad y democracia”.

Junto a una comitiva, Calvo viajó a Estados Unidos para concretar una serie de reuniones, entre ellas con Almagro. Consultado sobre el pedido de la aplicación de la Carta Democrática, explicó que se ha pedido su aplicación “en el momento que sea necesario, esperemos que no lleguemos, no queremos una Bolivia convulsionada, dividida”.

“La Carta Democrática está en manos de todos los hermanos que presiden que son representantes de todos los países para evitar el luto, el dolor y la guerra en un país que solo busca libertad y democracia”, insistió en una transmisión hecha desde el muro de Facebook de la organización cívica cruceña.

La figura de la Carta Democrática implica la suspensión del Estado de participar en el organismo internacional por hechos antidemocráticos.
Calvo informó que además de entregar a Almagro las “pruebas del fraude” de 2019 que recopilaron con apoyo ciudadano, aunque sin dar mayores detalles, pidió apoyo para el envío de vacunas contra el COVID-19.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz, en la gestión del hoy gobernador Luis Fernando Camacho, alentó las protestas con denuncias de fraude electoral que, junto al motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, derivaron en la renuncia de Evo Morales.

La administración de Luis Arce cuestionó la gestión de Almagro por el papel que jugó en la crisis del 2019 al denunciar un fraude electoral que fue puesto en cuestión por diferentes organismos externos.

La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, confirmó este viernes que el préstamo de gases lacrimógenos a Bolivia, durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, es parte de la “cooperación internacional” que se practica actualmente entre distintos países. Y pidió la devolución del material.

“Municiones no, municiones no (hemos prestado), únicamente lo que tiene que ver con armamento no letal, como son los gases, entonces esto es importante, la cooperación internacional existe bajo los protocolos que también están establecidos, más bien lo que queremos es que Bolivia nos devuelva”, dijo la jefa policial. 

El pasado 12 de junio, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también  en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.

Del Castillo explicó que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse todo ese material de Ecuador “para reprimir al pueblo boliviano en base al principio de la cooperación regional para represión”.

Del mismo modo, el ministro boliviano dio a conocer que el 27 de mayo de 2020, el Comando de la Policía de Ecuador ya solicitó “una vez más que se le devuelva los proyectiles y las granadas”, pese a que el gobierno de Áñez ya había hecho una compra de ese material, que actualmente es investigada por un sobreprecio.

Entretanto, el pasado lunes 14 de junio, el asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín Terán presentó una denuncia ante la Fiscalía de su país en contra del expresidente Lenín Moreno por el préstamo de material antidisturbios a Bolivia.

“He presentado, junto a @BancadaUNES, la denuncia respectiva, para que se investigue al Gobierno de Moreno por la entrega de material militar al gobierno de facto de Áñez. Mi solidaridad con el pueblo hermano de Bolivia. ¡Exigimos verdad y justicia! ¡Basta de justicia selectiva!”, escribió entonces en Twitter el legislador de Unión por la Esperanza, afín al expresidente de izquierda Rafael Correa.

Luego legisladores de ambos países empezaron a coordinar el seguimiento a las investigaciones del caso mediante reuniones virtuales e incluso se anticipó que comisiones de asambleístas viajarían a Ecuador y a Bolivia. 

“He escuchado con mucha atención todo lo que han manifestado los asambleístas y quienes se han referido a este tema de la prestación (y hasta) han hablado de material de guerra, han hablado de armamento que la Policía Nacional no utiliza para el control del orden público, nosotros no utilizamos armamento letal, utilizamos material contra motín, utilizamos gases lacrimógenos; (…) el desconocimiento de quienes hacen estas denuncias es realmente muy amplio”, lamentó Varela en una entrevista con Teleamazonas Ecuador.

Asimismo, la jefa policial ratificó que “la cooperación internacional entre las policías (de distintos Estados es habitual y para eso) tenemos asociaciones y organizaciones (de instituciones del orden que) no solo intercambian información, (sino también) si necesitan (se realizan) préstamos (de gases como) a Ecuador nos prestó Perú y Colombia”, para la crisis de octubre de 2019.