El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este domingo que en los operativos realizados entre el 10 y 18 de abril se afectó al narcotráfico en $us 3,1 millones.

Señaló que, en ese tiempo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron nueve operativos “exitosos” que permitieron el secuestro de 264 kilos de clorhidrato de cocaína y 787,2 kilos de pasta base de cocaína.

“En una semana se ha secuestrado 1,05 toneladas de cocaína, 726 celulares, cuatro refrigeradores y 32 armas de fuego”, dijo Mamani.

Explicó que se realizó la destrucción e incineración de 43 fábricas de pasta base de cocaína, un laboratorio de cristalización y se aprehendió a 14 personas vinculadas a actividades ilícitas con el narcotráfico.

“Este trabajo ha sido en diferentes en lugares del país, y las 43 fábricas han sido en su mayoría distribuidas en la provincia Chapare del municipio de Villa Tunari, de Cochabamba”.

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Además, mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.

Indicó que en cuatro meses se superó la cantidad de droga decomisada respecto a gestiones anteriores, e incluso los resultados de un año de gestión. “Este dato demuestra que la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es prioridad de Estado”.

También dijo que se intensificaron los patrullajes antinarcóticos, esto con el fin de identificar plantíos de marihuana. “Como resultado se tiene el secuestro y la incineración de 119,17 toneladas”

En lo que va del daño, añadió que se secuestró 114,91 toneladas de hoja de coca, se destruyeron 24 laboratorios de cristalización, 500 fábricas de droga y se aprehendió a 1.048 personas dedicadas a la elaboración y movimiento de las sustancias contraladas.

El Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, pidió este domingo reflexionar al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ante su inasistencia a la invitación para limar asperezas y buscar salvar la personería jurídica del partido. Además, ratificó el congreso nacional del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que se convocó a Morales desde el año pasado para dialogar e intentar la unidad, por lo que le pidió “recapacitar” para no perder la personaría.

Señaló que el Pacto de Unidad, “sí o sí” tendrá que subsanar las observaciones del TSE y ratificó la realización del congreso, toda vez que “ya está programado” en El Alto. “Ahí vamos a decidir, no hay otra, por algo también está este directorio”.

“Hoy hemos convocado a Evo Morales, presidente del instrumento del MAS-IPSP. Ya le hemos invitado cinco veces, tengo la documentación. Las invitaciones vienen desde el año pasado. Ahí está su silla vacía. Creo que este instrumento nos ha costado, a veces sigue hablando el hermano (Evo) que somos ilegales, ilegítimos, pero quiero demostrar que soy el ejecutivo legalmente de la CSUSTCB, Guillermina Kuno (de las bartolinas) y (Esteban) Alavi (de los interculturales)”.

Agregó también que se cuenta con el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Viceministerio de Autonomías.

Kuno, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dijo que desde su organización se invitó a Morales para una reunión, pero “nunca ha venido”. Señaló que el MAS es de las organizaciones sociales y no de “unos cuantos”

“Nosotros buscamos la unidad y el partido ha nacido de tres organizaciones, no es posible que pretendamos adueñarnos. Nadie es dueño, las organizaciones son dueñas, el cargo es pasajero, y siempre vamos a respetar a nuestros fundadores del instrumento político y su directorio que está aquí”.

También solicitó a Morales que reflexiona, también a sus principales colaboradores que lo rodean, y remarcó que “hay intereses personales” en ese bloque. “No buscaremos intereses personales, porque la abuela Bartolina Sisa ha buscado la unidad”.

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Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pidió el jefe del MAS reflexionar y buscar la unidad de partido.

“Con todo respeto se ha invitado para que pueda asistir, para dialogar como dijo el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. Ayer hemos tenido un ampliado nacional y hemos elegido a nuestro representante para el congreso nacional del 3, 4, y 5 de mayo. No se puede postergar y dar un paso adelante para que se dé el congreso nacional”.

El Pacto de Unidad realiza este domingo una reunión de emergencia, ya que este lunes vence el plazo del TSE para que el MAS convoque a su congreso, bajo la advertencia de una amonestación. Las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de mayo para renovar sus directivas, si no pueden perder su personería jurídica.

Tras su retorno de Venezuela y al filo del plazo para la convocatoria a congreso, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó que este lunes se realizará una reunión de emergencia y anunció que se cumplirá con las observaciones del TSE.

“Las últimas observaciones, mañana tengo una reunión de emergencia. Hemos cumplido con toda la legalidad, nos hemos blindado jurídicamente. Van a haber novedades, estamos debatiendo, con apoyo externo inclusive”, dijo este domingo en radio Kawsachun Coca.

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Este lunes 22 vence el plazo dado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que el MAS convoque al congreso para renovar su directiva. Esto tras el rechazo de la entidad a una supervisión de los cónclaves que buscan organizar el bloque evista y el que apoya al presidente Luis Arce.  

Así, el partido oficialista continúa en el limbo en cuanto a la realización de su congreso, tras la anulación del realizado en Lauca Ñ, en el Chapare cochabambino, el año pasado; donde se reeligió jefe nacional a Morales y se lo nombró “único candidato” para las elecciones 2025.

Morales

Parece un callejón sin salida. Ya que las observaciones a evistas y arcistas giran en torno a las firmas necesarias de todos los integrantes de la dirección nacional y la coordinación del cónclave con las organizaciones matrices fundadoras de la organización política.

El MAS evista cuenta con la llave de la dirección nacional acreditada ante el tribunal electoral, mientras que el MAS arcista, respaldado por el Pacto de Unidad, cuenta con los dirigentes de tres sectores fundadores de, frente oficialista, léase campesinos, interculturales y Bartolinas.

Morales ratificó que no se reconoce a los representantes del Pacto de Unidad arcista. “Cómo vamos a consensuar (con ellos) una convocatoria; ni siquiera son militantes, según el estatuto, militantes son los que hacen vida orgánica en el MAS, con ellos tenemos que consensuar”.

Dijo que el TSE no tiene atribución para definir el reconocimiento de las organizaciones matrices de esta tienda política. “El MAS decide con quién consensuar”. Y denunció que hay un plan para proscribir al partido y su candidatura. “Aquí quieren un genocidio contra el MAS”.

El plazo fatal para la renovación de las directivas nacionales en las organizaciones políticas es el 5 de mayo y las que incumplan con ello corren el riesgo de perder su personería jurídica. El Pacto de Unidad arcista convocó a un congreso del 3 al 5 de mayo en El Alto, mientras que el MAS evista, para el 10 de junio en Villa Tunari, Cochabamba.

Mientras en América Latina 30 de cada 100 trabajadores son mayores de 65 años, en Bolivia ese promedio pasa de 56, y es el país más complicado pues denota falencias en su sistema de jubilación y no se da lugar a un recambio en la fuerza laboral.

Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022 la tasa de participación en el mercado laboral de esta población adulta fue de 28,7% en América Latina, mientras que en los países de altos ingresos o desarrollados fue de un 11,9%.

“En Latinoamérica hay casos extremos, como Bolivia, donde la participación laboral de los adultos mayores es del 56,5%, mientras que, en Perú, llega al 48,5%”, señalan los datos de la OIT recopilados por Bloomberg.

Mientras en los países desarrollados llegar a la edad adulta es sinónimo de descanso después de una larga vida productiva y se accede a una pensión, en América Latina los mayores de 65 no tienen ese mismo destino, o si lo tienen no lo toman pues lo consideran insuficiente y lo rechazan.

Esto explica, según la OIT, que en los últimos 30 años la tasa de participación laboral de las personas mayores de 65 años se mantuvo cercana al 30% y porque en Bolivia pasa del 55% y en Perú esta cerca del 50%.

En la región el 34,5% de los mayores de 65 años no tiene ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones, de acuerdo con la OIT, a esto se le denomina “deterioro de la cobertura de protección social en la vejez”. En Latinoamérica, un 46,8% de los mayores de 65 años recibe solo una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta solo ingreso laboral. Otros países con altas tasas de participación laboral de los mayores de 65 años son Ecuador (38,1%), seguido por Guatemala (36,3%) y Paraguay (35,4%), donde superan el 30%, cuando el promedio en Latinoamérica es de 28,7%.

BOLIVIA.

En Bolivia son varios los estudios que explican porque hay una gran cantidad de personas mayores de 65 años que deciden seguir trabajando. Uno de los primeros aspectos es el fenómeno de la informalidad laboral, donde están inmersos más del 70% de los bolivianos en edad de trabajar.

Es decir, este grupo no tiene seguros, menos tendrá una jubilación y por eso siguen tranbajando. Otro de los factores es que el Estado es tradicionalmente uno de los mayores empleadores en el sistema formal. Y son las entidades autárquicas, como las universidades, el sistema de salud (médicos) de educación (profesores), seguridad (militares y policías), y el sistema subnacional, como las alcaldías y gobernaciones, las que concentran trabajadores sin límites de edad. Se calcula que en Bolivia entre el 60% y el 70% de la formalidad la aporta el Estado y, por dentro, una gran cantidad de empleados pasan de los 65 años.

Reportes periodísticos sostienen que hay médicos que tienen más de 65 años, pero siguen en sus puestos; profesores de universidad o de colegio que todavía tienen su puesto laboral sin ningún tipo de control. Lo peor de todo es que este fenómeno viene acompañado de un sistema de jubilación poco atractivo, por tanto, la mayoría de estas personas deciden seguir en sus fuentes laborales y no se jubilan, porque las pensiones son muy bajas. Por eso, y otros factores más, hay tantos trabajadores mayores de 65 años.

En este contexto, el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó que la cantidad de personas jubiladas creció de 30.000 a 220.000 por efecto de la Ley 065, promulgada en 2010, que impulsa un fondo solidario. “Ha crecido en seis veces la cantidad de jubilados en nuestro país”, dijo a La Razón.

Informó que, de los 220.000 jubilados, 17.800 siguen trabajando, es decir, un 8%. “Esas personas no van a perder sus fuentes laborales porque esta ley no establece como causal de despido la edad”.

Explicó también que hay 10.211 personas mayores de 65 años que todavía no se jubilaron, pese a taner todas las condiciones y requisitos para hacerlo.

DEBATE.

Con este panorama y con la presentación de un proyecto para hacer ajustes en la Ley de pensiones, en los últimos meses en Bolivia se abrió el debate sobre una ‘necesaria o forzosa’ jubilación a los 65 años.

En la propuesta del Gobierno, se sugiere aplicar evaluaciones psicológicas y físicas, entre otras, para determinar si estas personas pueden seguir trabajando o comienzan a jubilarse.

Actualmente, los bolivianos pueden jubilarse a partir de los 58 años, pero pocos asumen esta determinación por las bajas pensiones a las que acceden.

El viceministerio Apaza, aclaró que el Proyecto de Ley 035, de modificación a la Ley de Pensiones 065, no ordena en ninguna de sus líneas la “jubilación forzosa o jubilación a los 65 años de edad”.

Al contrario, dijo que lo que propone es mejorar las pensiones con incrementos de hasta 1.000 bolivianos y fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario.

Pero la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y el Magisterio Urbano rechazaron el proyecto de ley y realizaron movilizaciones en rechazo de una presunta “jubilación forzosa” y en demanda de una “jubilación del 100%”.

De hecho, en las últimas semadas frealizaron sendos paros de labores de 24 y 72 horas.

Apaza lamentó que “algunos dirigentes” hayan difundido información falsa sobre la modificación a la ley de pensiones.

Con este panorama Bolivia se encuentra frente a un gran problema, porque mientras más gente mayor de 65 años siga dentro del mercado laboral, menos chances habrá para incorporar a los jóvenes prefesionales del país que esperan una oportunidad.

Cada día mueren más de 7.100 trabajadores por enfermedades laborales

La salud y la vida de los trabajadores es una preocupación en todo el mundo. Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) establecen que cada año cerca de tres millones de trabajadores mueren por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Es decir, unos 8.200 cada día.

La mayoría de estas muertes relacionadas con el trabajo, un total de 2,6 millones, se deben a enfermedades que aquejan al trabajador. Eso quiere decir que cada día mueren unos 7.123 trabajadores por males y una gran mayoría de los afectados son adultos mayores.

Otros más de 330.000 trabajadores pierden la vida en accidentes laborales cada año, esto quiere decir como 1.000 cada día.

Los datos de la OIT muestran que la mayor proporción de muertes actuales relacionadas con el trabajo (86 por ciento) son causadas por enfermedades.

Entre las principales causas de mortalidad entre los trabajadores están las enfermedades del corazón, cardíacas o circulatorias, con el 31 por ciento; después están los diversos tipos de cáncer relacionados con el trabajo, con 26 por ciento; y en tercer lugar están las enfermedades respiratorias, con 17 por ciento.

Si se trata de enfermedades o accidentes que no llegan a muerte, los datos muestran que cada año más de 374 millones de personas sufren lesiones o males a causa de hechos relacionados con el trabajo en el mundo.

Se estima que la pérdida de días de trabajo debido a causas relacionadas con enfermedades laborales representa casi cuatro por ciento del PIB mundial y, en algunos países llega incluso al seis por ciento, señala la OIT.

El reporte de la OIT añade también que son más los hombres que mueren por incidentes relacionados con el trabajo (51,4 por 100.000 adultos en edad laboral) y las mujeres menos (17,2 por 100.000 adultas en edad de trabajar). La región de Asia y el Pacífico registra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo (63% del total mundial) debido al tamaño de su población trabajadora.

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Entre los sectores más peligrosos para el trabajo están la agricultura, la construcción, la silvicultura, la pesca y la industria manufacturera, con 200.000 accidentes mortales al año, lo que representa el 63%.

Para impulsar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la OIT sostiene un plan denominado Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030. El objetivo es dar prioridad al bienestar de los trabajadores en consonancia con la dedicación de la OIT a la justicia social y la promoción del trabajo decente en todo el mundo.

La estrategia anima a los miembros de la OIT a actuar sobre tres pilares: Primero, mejorar los marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo mediante una mayor gobernanza, la promoción de datos fiables y el desarrollo de competencias.

En segundo lugar, reforzar la coordinación, las asociaciones y la inversión en seguridad laboral a escala nacional y mundial y, en tercer lugar, mejorar los sistemas de gestión en el lugar del trabajo mediante la promoción de los principios OIT-OSH 2001, el desarrollo de orientaciones que transformen la perspectiva de género y su adaptación a los peligros, riesgos, sectores y ocupaciones específicos de cada trabajo.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

• Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
• Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.