La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este lunes la cooperación técnica con la Asamblea Legislativa respecto al procedimiento de preselección de candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional y demás instancias del Órgano Judicial.

Además, el organismo señaló la visita del comisionado José Luis Caballero con el objetivo de presentar el informe país, producto de la visita in loco realizada en 2023 y publicado en 2024 “enfocándose en las recomendaciones sobre el sistema de justicia de dicho informe”.

“El proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de un documento de sistematización de los estándares interamericanos relevantes al sector justicia, así como una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas que posteriormente será objeto de diálogo con el Relator de País, comisionado José Luis Caballero. Para tales efectos, se reunirá con representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con autoridades del Poder Judicial”, señala el comunicado de prensa de la CIDH.

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El documento añade que, en el informe país, la CIDH indicó que “los procesos de selección de las personas que forman el Poder Judicial deben tener cualidades tales como la publicidad, participación, y transparencia, que contribuyen a fortalecer la certeza sobre la integridad, formación e idoneidad de las y los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso”.

También el organismo llamó al Estado a “asegurar” que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, “no sean percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afectaría la convicción de independencia dentro de la ciudadanía”.

“La cooperación técnica que se inicia quiere contribuir a la incorporación de las recomendaciones generadas por las CIDH en el informe país”.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz decidió conformar una comisión especializada que investigará posibles violaciones a los derechos humanos y a la vida durante el operativo policial del hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.

El anuncio lo hizo este lunes en Santa Cruz la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, quien dio lectura al comunicado. El objetivo es “proseguir y continuar con todos los actos útiles y pertinentes que permitan el esclarecimiento de estos hechos y la imposición de las sanciones que correspondan”, justificó.

Se trata de la Comisión de Fiscales Especializados de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal.

Proceso

La intervención policial al hotel Las Américas, en Santa Cruz. ocurrió el 16 de abril de 2009. El argumento era que una banda terrorista organizaba un plan secesionista que tenía como objetivo el asesinato de los entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera.

La banda se encontraba armada, por lo que el operativo desembocó en un tiroteo. Tres hombres perdieron la vida: el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Dwayer Michael. Dos resultaron detenidos: Mario Tadic, croata-boliviano, y Elöd Tóásó, de nacionalidad húngara.

En 2015, estos dos últimos fueron condenados a cinco años de prisión en un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad.

Ambos, ahora en libertad, anunciaron la reapertura del juicio, esta vez contra quienes ordenaron la intervención. En su criterio, terminó con torturas y ejecuciones extrajudiciales.

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Investigación

El comunicado al que dio lectura Viveros aclara que no se trata de un nuevo caso, sino de la continuación de un proceso anterior. En 2020 el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) denunció el caso, pero ese mismo año se rechazó la denuncia. Sin embargo, la Resolución Fiscal Jerárquica RR.MM OR-054/23, del 8 de marzo de 2023, revocó la resolución del rechazo.

“En tal sentido, la investigación se encuentra en curso”, aclara el comunicado. 

Reacciones

Luego de conocerse la reapertura del caso, y debido a que se cumplen 15 años del suceso, las reacciones de los actores políticos no se dejaron esperar.

En las fuerzas opositoras se observa un pedido generalizado de llevar a la cárcel a Morales.

“Se debe alistar una cárcel para Evo (Morales). Debe ser citado y procesado por caso terrorismo”, exigió en conferencia de prensa Henry Montero, diputado de Creemos.

“Exigimos que de manera inmediata se sancione a estos delincuentes (…), sabemos que Evo Morales es un cobarde, tiene miedo, busca hacerse el parador cuando no tiene ningún poder”, criticó Luisa Nayar, diputada de Comunidad Ciudadana (CC).

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) denunció que el operativo del hotel Las Américas “manchó la democracia y la imagen internacional de Bolivia”. De acuerdo a la información de Quiroga, uno de los fallecidos recibió un disparo cuando se encontraba de rodillas en el suelo.

En el ala evista, el diputado Freddy López argumentó que quien ordenó el operativo fue el entonces vicepresidente García Linera. El abogado Wilfredo Chávez evadió las preguntas en conferencia de prensa y aseguró que en otra oportunidad hablará del asunto.

Si bien es cierto que Morales no estaba en el país cuando el operativo se llevó a cabo, a su llegada a Venezuela afirmó que él dio la orden.

Desafío

El domingo, el expresidente desafió a ser procesado. “Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, porfió en radio Kawsachun Coca.

El 23 de septiembre de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció el cierre del caso Terrorismo, en razón de que su despacho, que en la gestión de Morales se convirtió en parte acusadora, desistió de la acusación.

Ahora vuelve el caso a instancias de quienes en su momento eran acusados, Tadic y Tóásó, y ahora serán los acusadores.

“El Ministerio Público reafirma una vez más su compromiso constante de lucha contra toda forma de impunidad, más aún en los hechos vinculados a graves violaciones de derechos humanos”, insiste el comunicado leído por Viveros.

En 2009, el Ministerio Público abrió una investigación por el delito de terrorismo. Importantes figuras del escenario político y económico cruceño habían sido vinculadas con la banda terrorista.

El expresidente Evo Morales insistió en que lo metan preso por el caso hotel Las Américas. Pero afirmó que en aquella ocasión se defendió a la patria, ya que, considera, había una amenaza separatista. Ahora en su criterio, el separatismo retorna de forma encubierta y acompañado del latifundismo.

“Si quieren meterme a la cárcel por defender la unidad nuestra Patria ante la amenaza separatista, financiada por la oligarquía terrateniente, que lo hagan”, afirmó en su cuenta de X, como lo dijo el domingo en radio Kawsachun Coca.

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Hotel Las Américas

El 16 de abril de 2009, la Policía Boliviana intervino el hotel Las Américas, en Santa Cruz, bajo el justificativo de que en el lugar se encontraba una ‘célula terrorista’ que tenía objetivos separatistas. Además, Morales denunciaría que buscaban asesinarlo a él y a su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Debido a que los presentes estaban armados, se inició un tiroteo con la Policía. Finalmente, el operativo terminó con el saldo de tres fallecidos y dos detenidos. Fueron abatidos el croata-húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa, quien estaba a cargo de la ‘banda’; el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin.

Los dos detenidos fueron el boliviano-croata Mario Tadic y Elöd Tóásó, de nacionalidad húngara. En febrero de 2015, se los condenó a cinco años de prisión en un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad.

De acusados a acusadores

Precisamente, Tadic y Tóásó anunciaron la apertura de un nuevo juicio, esta vez contra quienes ordenaron la intervención, que, en su criterio, terminó con torturas y ejecuciones extrajudiciales. Pasaron de ser acusados a acusadores.

“Ahora, los agresores a nuestra integridad territorial, los que querían dividir Bolivia, pretenden aparecer como víctimas; y, además, son ‘premiados’ con decenas de miles de hectáreas. El pueblo boliviano no luchó tanto para que se encubra el separatismo y se retorne al latifundio”, denunció Morales.

Marinkovic

El lunes se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a favor de la familia de Branko Marinkovic, ministro de Economía del gobierno transitorio de Jeanine Añez (2019-2020).

Con ese fallo, se le reconoce de manera legal la posesión de poco más de 34.000 hectáreas a la familia Marinkovic, en los predios de Laguna Corazón y de Tierras Bajas del Norte (Santa Cruz).

Marinkovic fue investigado cuando se abrió el caso por terrorismo. Junto a Ruben Costas, exgobernador de Santa Cruz, fueron vinculados con la ‘banda terrorista’ como principales proveedores y financiadores.

Sin embargo, el 20 de septiembre, durante el gobierno de Añez, la Fiscalía cerró el caso. Se había vinculado a importantes figuras del escenario político y económico cruceño.

Morales, además, recordó el domingo que él no estaba en el país cuando el operativo se llevó a cabo, sino que García Linera fungía como presidente en ejercicio. Sin embargo, a su llegada a Venezuela, afirmó que él dio la orden para ejecutar la intervención del hotel.

El procurador general del Estado, César Siles, develó que la familia de Michael Dwyer, abatido en la toma del hotel Las Américas en 2009, demanda al Estado de Bolivia una indemnización de $us 3 millones, que considera un monto “demasiado alto”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos durante la intervención.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Siles aseguró que entre las recomendaciones de la CIDH está la reparación económica a los afectados, pero no establece un monto específico. Por ello, la familia de Dwayer pidió $us 3 millones a Bolivia. “Creemos que es reparación es demasiado alta”.

Recordó que, por ejemplo, en el caso del asesinato de Juan Carlos Flores Bedregal, desaparecido forzadamente durante la dictadura de Luis García Meza en 1980, la CIDH falló en contra de Bolivia e instruyó una reparación de $us 450.000.

“No condice $us 450.000 contra $us 3 millones”, aclaró Siles respecto de la demanda de la familia Dwyer.

Anunció que el Estado boliviano solicitará la asesoría de la CIDH para establecer un resarcimiento dentro de los parámetros normales. “Somos consecuentes con la CIDH y estamos informado lo que pasa con los casos”.

Asimismo, Siles confirmó que el caso Terrorismo fue reactivado en Santa Cruz contra los autores que ejecutaron el plan, entre ellos, Morales, quien ya adelantó que no se presentará al jucio y desafió ser arrestado. Además, adelantó que el día de la ejecución del plan, el exvicepresidente Álvaro García Linera se encontraba como presidente en ejercicio.

“El estado procesal es que, vía resolución, en marzo de 2023, la investigación fue reabierta. La fiscalía está en pesquisas”, añadió Siles.

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, los casos Terrorismo I y II fueron cerrados por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

La exautoridad, ahora presa en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno, argumentó que retiró la denuncia a modo de “regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride.

Al ser consultado sobre las razones del cierre de los casos Terrorismo I y II, Siles afirmó que las motivaciones fueron políticas. “El exministro retiró los dos casos, ante ello, las otras partes también lo hicieron”.

Por ello, anunció que es posible plantear una «revisión extraordinaria» de las sentencias que en 2020 cerraron los casos, debido a las excusas del Ministerio de Gobierno.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que ese órgano legislativo trabaja en los proyectos de ley referidos a créditos internacionales y estimó que esta semana se los tratará el pleno camaral.

Aseguró que no tienen la intención de obstaculizar o desestabilizar al Gobierno, como denunció en los últimos días el propio presidente Luis Arce.

“No estamos obstaculizando, mucho menos estamos con la intención de sabotear o desestabilizar la gestión del Órgano Ejecutivo. Somos la instancia revisora y estamos cumpliendo nuestra función. Haremos lo correcto sin presiones (…)”, dijo en su cuenta de X.

Afirmó que, en tanto se apruebe los informes de la comisión que considera los proyectos, éstos van a ser considerados en la sesión camaral.

Proyectos

Luego de tumultuosas sesiones, el 1 de marzo, la Cámara de Diputados logró aprobar siete proyectos. Tras su aprobación, se los remitió al Senado para que sean sancionados.

Sin embargo, solo dos proyectos fueron tratados: un contrato de préstamo para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacaní) y el contrato de préstamo para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz-Oruro, Tramo Senkata-Apacheta.

A inicios de marzo, Rodríguez argumentó que los proyectos remitidos tenían algunas irregularidades en la documentación. Sin embargo, otros senadores declararon que no se aprobaría nada mientras no se tratase los proyectos de ley 073 y 075. Esos proyectos buscan suspender los mandatos de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados este año.

Sin embargo, en el acuerdo del 2 de febrero, para viabilizar las elecciones judiciales, se establece que los proyectos de ley 073 y 075 se tratarán una vez que se hayan aprobado al menos cuatro proyectos referidos a los créditos.

A raíz de la no aprobación de los proyectos en Senadores, el Gobierno comenzó a denunciar que existía un “boicot” a la gestión del presidente Arce.

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Senado

Rodríguez respondió a las alusiones. “Ya lo manifestamos oportunamente, no es un favor al Órgano Ejecutivo, es nuestra obligación tratar los proyectos de ley que beneficien al pueblo”, afirmó.

Las declaraciones de Rodríguez coinciden con las del expresidente Evo Morales. “Solicito muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa, principalmente al Senado Nacional, aprobar las leyes que tienen que ver con los créditos internacionales, en estricto cumplimiento de sus normas y reglamentos”, escribió el 12 de abril el exmandatario.

En más de una ocasión el presidente Arce denunció que hay $us 900 millones en créditos bloqueados, de los que $us 800 millones están pendientes de aprobación en el Senado