Una misión de la ONU insta al Estado a investigar las muertes de noviembre de 2019
Miembros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asistieron el miércoles a un acto religioso en el puente El Pedregal en memoria de los fallecidos en la represión del año pasado.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Estado a investigar las muertes durante la represión militar-policial de noviembre de 2019, luego de las elecciones, las protestas políticas y la renuncia de Evo Morales.
Miembros del organismo participaron el miércoles de un acto religioso en memoria de Beltrán Condori, Percy Conde y Juan Martín Pérez, asesinados el 11 de noviembre de 2019 en la zona Sur de La Paz.
“La Misión insta al Estado a investigar los hechos, reconstruir la verdad, garantizar la memoria y dignificar a las víctimas”, dijo el organismo a través de su cuenta en Twitter.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en los conflictos poselectorales de 2019 murieron 37 personas en Betanzos (Potosí), Norte Integrado (Santa Cruz), zona Sur de La Paz, Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). De ese total, 27 fallecieron por impacto de bala.
Con el fin de atenuar la crisis social luego de la renuncia de Morales, la entonces presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que permitió a las fuerzas de seguridad actuar bajo inmunidad penal.
Al día siguiente, una movilización de colonos y cocaleros se aprestaba a ingresas a la ciudad de Cochabamba. La marcha fue reprimida por fuerzas combinadas y al final de la trifulca resultaron nueve fallecidos, todos por impacto de bala. Un herido murió meses más tarde, con lo que el número fatal llegó a 10.
Cuatro días después, otra movilización cercó la planta de Senkata en En Alto, La Paz, e impidió la provisión de combustibles. Otra represión militar-policial terminó con nueve fallecidos; un herido murió después.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que en ambas protestas los movilizados se dispararon entre sí, y su colega de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que en ambos casos las Fuerzas Armadas no dispararon un solo cartucho.
Al final de su mandato, la anterior Asamblea Legislativa aprobó un informe sobre la represión de noviembre de 2019 y sugirió juicio de responsabilidades contra Áñez por delitos de genocidio y asesinato, especialmente, y juicios ordinarios contra 11 ministros que firmaron el decreto.
Una comisión legislativa estableció, con informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que las muertes de la crisis fueron ocasionadas por armas de reglamento, sean de la Boliviana o las Fuerzas Armadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que el resultado de la represión de los conflictos fueron masacres.
La misma oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que rige la expresidenta chilena Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la grave violación de derechos humanos en esos conflictos. Otras organizaciones de derechos humanos, como la Human Rights Watch, también se sumaron a las denuncias.
(12/11/2020)
